Victor Manuel Henandez Perez
Expediente 867/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 17 actuaciones registradas, la última del 15 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 867/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 15/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Victor Manuel Henandez Perez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
Mérida, Yucatán, quince de noviembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan estos autos, de donde se advierte que en proveído de siete de noviembre de esta anualidad se dio vista a la parte quejosa, con lo informado con relación al cumplimiento dado a la ejecutoria de amparo por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, con el oficio SSSP/DJ/46247/2022. Asimismo, se le apercibió a la parte quejosa que en caso de no hacer manifestación alguna, este Juzgado acordaría lo que en derecho correspondiera. La última notificación del acuerdo de mérito se efectuó personalmente a la parte quejosa el ocho de noviembre de dos mil veintidós; sin que a la fecha desahogara la vista concedida. En consecuencia, al haber transcurrido el término de tres días que fue otorgado para tal efecto, se procede a resolver si de acuerdo con las constancias que obran en autos y los datos aportados por la autoridad responsable, el fallo protector se encuentra o no cumplido en su totalidad. ANTECEDENTES En el caso, el cinco de octubre de dos mil veintidós se dictó sentencia, en la cual, en su primer punto resolutivo, se sobreseyó en contra del acto reclamado al encargado del depósito vehicular denominado "corralón uno-Canek", de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, y en su segundo punto resolutivo, se concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclamó del Director Jurídico y Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, ambos con residencia en esta ciudad, para el efecto siguiente: "...de que las autoridades responsables Director Jurídico y Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, en un término no mayor a tres días, emitan por escrito la contestación correspondiente a la petición que recibieron el tres de marzo de dos mil veintidós, y lo hagan del conocimiento de la parte quejosa." Posteriormente, por auto de veinticinco de octubre de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia concesora del amparo y se requirió su cumplimiento a las autoridades responsables. Así, a efecto de cumplir con la ejecutoria de amparo, el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, mediante oficio SSP/DJ/46247/2022, de treinta y uno de octubre del presente año, acreditó que mediante diversa misiva de veintisiete de octubre de dos mil veintidós, dio contestación a la solicitud que le formuló la parte quejosa; lo que hizo de su conocimiento el treinta y uno siguiente, según se advierte del acuse de recibo que obra al calce del oficio que en copia certificada remitió. ANÁLISIS Luego, analizando los efectos otorgados en la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 77, fracción II, de la ley de la materia, se advierte que la nombrada autoridad responsable, dio cumplimiento a la ejecutoria de amparo; de ahí que se encuentre destruido el acto que se le atribuyó, y por ende, la restitución de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional. DETERMINACIÓN En ese sentido, debe decirse que se ha restituido a la parte quejosa en el pleno goce de los derechos fundamentales que se estimaron vulnerados, en términos de lo que establece el numeral 77 de la Ley de Amparo; por tanto, se declara que EL FALLO PROTECTOR HA QUEDADO CUMPLIDO. ARCHIVO Previas las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, en su oportunidad, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido, ello con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo. DEPURACIÓN Por otra parte, de conformidad con lo establecido por el inciso b) de la fracción l, del artículo 18 del Acuerdo General sin número, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente expediente es DEPURABLE, en virtud de que versa de una sentencia en la que se concedió a la parte quejosa el Amparo y Protección de la Justicia Federal y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el párrafo final del artículo 21 del citado Acuerdo General. Hágase del conocimiento de las partes, lo anterior, para los efectos legales a que haya lugar. DATOS ADMINISTRATIVOS Fecha del acuerdo en que se da vista a las partes con el cumplimiento: siete de noviembre de dos mil veintidós. Fecha de la última notificación realizada a las partes de la vista de cumplimiento: ocho de noviembre del año en curso. Fecha en que la autoridad responsable comunicó el cumplimiento de la ejecutoria: tres de noviembre de dos mil veintidós. Fecha en que la autoridad responsable cumplió con la ejecutoria: treinta y uno de octubre de dos mil veintidós. DEVOLUCIÓN DE ANEXO Por otra parte, toda vez que no existe motivo legal alguno para que continúe en la Secretaría de este Juzgado el anexo consistente en las copias certificadas de la carpeta de investigación F1-F1/15/2022, que el Vice Fiscal de Investigación y Control de Procesos, por suplencia del Fiscal General del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, remitió en cumplimiento a los requerimientos efectuados; en consecuencia, por medio de oficio que al efecto se le gire, devuélvase el anexo de referencia, solicitando a dicha autoridad acuse de recibo del mismo. Finalmente, como quedó asentado en la certificación de cuenta, se advierte que este sumario y el expediente electrónico coinciden en su totalidad. Notifíquese personalmente y cúmplase.
- Principal
Mérida, Yucatán, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Vista la certificación Secretarial que antecede, de la que se advierte que la última notificación realizada a las partes de la sentencia dictada en este juicio el cinco de octubre de dos mil veintidós, se realizó por oficio el siete siguiente y por tanto, a la fecha ha transcurrido el término que señala el artículo 86 de la Ley de Amparo. En tal virtud, con fundamento en el artículo 2° de la invocada Ley, en relación con el 355, 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado en forma supletoria a la citada Ley de Amparo, se declara que la referida sentencia, en la que en su primer resolutivo sobreseyó en el juicio y en el segundo, concedió a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales correspondientes. En consecuencia, con fundamento en lo previsto en los artículos 192 y 258, de la Ley de Amparo, prevéngase al Director Jurídico y Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, ambos con residencia en esta ciudad, para que cumpla con la ejecutoria de mérito, respetando el derecho fundamental violado, cumpliendo con lo que el mismo exige, como lo dispone el artículo 77 fracción II, del propio ordenamiento legal, lo que deberá informar a este Juzgado dentro del plazo de tres días. Con el apercibimiento a dicha autoridad, que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá, a cada una, la multa de cien Unidades de Medida y Actualización, equivalente a $9,622.00 (nueve mil, seiscientos veintidós pesos 00/100 M.N) conforme a lo dispuesto en el artículo 258 de la Ley de Amparo, y en el párrafo sexto, del apartado B, del artículo 26 de la Constitución Federal; y se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de ejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Notifíquese y cúmplase.
- Principal
Visto para resolver el juicio de amparo 867/2022-III-A, promovido por Víctor Manuel Hernández Pérez; y ... TERCERO. No es cierto el acto reclamado al encargado del depósito vehicular denominado "corralón uno-Canek", con residencia en esta ciudad, precisado en el inciso b), pues al rendir su informe justificado, por conducto del Director Jurídico, éste solo admitió que el vehículo marca Honda, tipo CRV, modelo 2010, con número de motor K24Z6-1502986, con número de serie 3CZRE4876AG001095, con placas de circulación YYF-093-D del Estado de Yucatán, únicamente se encuentra resguardado en las instalaciones de dicha corporación; sin que la parte quejosa haya desvirtuado dicha negativa. Máxime que de las constancias que obran en este sumario, no se advierta algún mandamiento de cobro dirigido al aquí quejoso. En tales condiciones, ante la inexistencia del referido acto reclamado, sin que la parte quejosa lo hubiere desvirtuado, procede decretar el sobreseimiento en el presente juicio, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. CUARTO. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado precisado en el incido a), pues así lo manifestó al rendir su informe justificado el Director Jurídico, por sí y en representación del Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán; por lo que así debe tenerse para los efectos del presente juicio. Resulta aplicable en la especie, la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 231, del Tomo VI, Materia Común, Sección Jurisprudencia SCJN, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, que reza: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." QUINTO. Al no advertirse la actualización de alguna causa de improcedencia de las previstas por el artículo 61 de la Ley de la Materia, se procede al estudio de los conceptos de violación formulados por la parte quejosa, cuya transcripción se estima innecesaria, y además, porque no existe algún precepto que obligue a ello y no le causa perjuicio a la ahora amparista, pues en todo caso se observarán los principios de congruencia y exhaustividad. Lo anterior, de conformidad con lo dispuesto en la jurisprudencia por contradicción de tesis 2a./J. 58/2010, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su gaceta, Novena Época, tomo XXXI, Mayo de 2010, página 830, de rubro y texto: "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad SEXTO. Resultan fundados los conceptos de violación expresados por la parte quejosa, motivo por el cual deberá otorgársele el amparo y protección de la Justicia federal que solicita. Lo anterior es así, por las siguientes consideraciones. Para evidenciar lo anterior, se estima pertinente transcribir el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, mismo que dispone lo siguiente: "Artículo 8°.- Los funcionarios y empleados públicos respetarán el ejercicio del derecho de petición, siempre que ésta se formule por escrito, de manera pacífica y respetuosa; pero en materia política sólo podrán hacer uso de ese derecho los ciudadanos de la República. A toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, la cual tiene obligación de hacerlo conocer en breve término al peticionario". Del análisis del precepto constitucional antes transcrito se desprende que los requisitos que el gobernado debe observar para que se le respete ese derecho, son los siguientes: a) Deberá formularlo por escrito. b) De manera pacífica y respetuosa. Mientras que a la autoridad a quien se le haya dirigido, se le imponen las siguientes obligaciones: 1. Le deberá recaer un acuerdo escrito. 2. Deberá hacerlo conocer en breve término al peticionario. Al respecto, cabe señalar que el derecho fundamental consagrado en el artículo 8º aludido, es el derecho de petición, el cual es entendido como uno de los derechos públicos subjetivos del gobernado frente a la autoridad dotada de facultades y atribuciones por las normas legales en su calidad de ente del Estado, obligado como tal, a dar contestación por escrito y en breve término al gobernado, a una petición que en su caso, le haya formulado éste. Por lo que la posibilidad de hacer uso de tal derecho, está supeditado a la existencia de la petición dirigida al funcionario o servidor público en su calidad de autoridad, es decir en una relación jurídica entre gobernante y gobernado, que se vincula con la presencia de la petición formal. Ahora bien, del análisis del sumario, en especial de la documental ofrecida por la quejosa con su escrito inicial de demanda, se advierte que ésta realizó una petición al Secretario de Seguridad Pública del Estado, con sede en esta capital, el tres de marzo de dos mil veintidós. Por lo que al haber ejercido su derecho de petición en la forma que prevé la Constitución, la autoridad responsable estaba obligada a actuar en consecuencia; es decir, a dicha solicitud debió recaerle un acuerdo por escrito y hacérselo conocer en breve término a la parte quejosa, lo que no aconteció en la especie. Circunstancia que incluso la indicada responsable reconoció al rendir su respectivo informe de ley. Por tanto, si a la fecha de presentación de la demanda de amparo -veinticinco de marzo de dos mil veintidós- e inclusive a la en que se dicta la presente resolución, han transcurrido siete meses aproximadamente, sin que se haya dado respuesta al escrito de que se trata; es inconcuso que le asiste la razón al peticionario en el reclamo constitucional, que dio pauta al trámite de este juicio de amparo. En efecto, si como se explicó con anterioridad, la respuesta que recaiga a la petición del gobernado, debe realizarse por escrito dirigido al solicitante, debiendo notificarse a la parte interesada la misma, y que tales extremos, como se adelantó, no se encuentran demostrados en los autos del presente juicio de amparo, quedó debidamente demostrada la afectación al derecho fundamental reconocido en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Ello, porque, como ya se vio, los elementos que obran en el sumario han puesto de manifiesto la omisión en atender a lo solicitado por la parte quejosa. Siendo que la Constitución General en su artículo 8° señala expresa y claramente que a toda petición deberá recaer un acuerdo escrito de la autoridad a quien se haya dirigido, quien tiene la obligación de hacerlo conocer en breve término a la peticionaria. En la inteligencia de que la expresión "breve término", debe entenderse como aquél en que racionalmente pueda estudiarse y acordarse una petición, por lo que resulta inconcuso que el término transcurrido desde que se le formuló la petición hasta el momento de resolver el presente asunto, excede por mucho el término en que racionalmente puede estudiarse y acordarse la petición de la promovente, pues la misma consiste en la devolución del vehículo que refiere es de su propiedad; por ende, transgrede en su perjuicio el derecho consagrado en el artículo 8° de la Constitución Política de los Estados Mexicanos. En este orden de ideas y ante lo fundado del concepto de violación, lo procedente es CONCEDER a la parte quejosa el amparo y protección de la Justicia Federal, para el efecto de que las autoridades responsables Director Jurídico y Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, en un término no mayor a tres días, emitan por escrito la contestación correspondiente a la petición que recibieron el tres de marzo de dos mil veintidós, y lo hagan del conocimiento de la parte quejosa. En la inteligencia de que el amparo aquí concedido no las obliga a acordar de conformidad con lo solicitado, pues el derecho de petición consagrado en el artículo 8° constitucional, no implica que las autoridades emitan su resolución precisamente en el sentido expresado por los interesados, sino sólo las obliga a contestar oportunamente, en breve término, y por escrito, las promociones que se presenten. Apoya la anterior determinación, la tesis del Tercer Tribunal Colegiado del Segundo Circuito, visible en la página doscientos ochenta y cinco, Tomo XI, abril de mil novecientos noventa y tres, Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, número de registro 216689, de rubro y texto: "PETICION, DERECHO DE. NO CONSTRIÑE A RESOLVER DE CONFORMIDAD CON LO SOLICITADO. Las garantías consagradas en el artículo 8o. constitucional tienden a asegurar un proveído sobre lo que se pide y no a que se resuelvan las peticiones en determinado sentido". Así como la tesis del Primer Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Vigésimo Primer Circuito, localizable en la página mil ochocientos noventa y siete, Tomo XXII, agosto de dos mil cinco, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, número de registro 177628, que establece: "DERECHO DE PETICIÓN, SUS ELEMENTOS. El denominado "derecho de petición", acorde con los criterios de los Tribunales del Poder Judicial de la Federación, es la garantía individual consagrada en el artículo 8o. constitucional, en función de la cual cualquier gobernado que presente una petición ante una autoridad, tiene derecho a recibir una respuesta. Su ejercicio por el particular y la correlativa obligación de la autoridad de producir una respuesta, se caracterizan por los elementos que enseguida se enlistan: A. La petición: debe formularse de manera pacífica y respetuosa; ser dirigida a una autoridad, y recabarse la constancia de que fue entregada; además de que el peticionario ha de proporcionar el domicilio para recibir la respuesta. B. La respuesta: la autoridad debe emitir un acuerdo en breve término, entendiéndose por éste el que racionalmente se requiera para estudiar la petición y acordarla; tendrá que ser congruente con la petición; la autoridad debe notificar el acuerdo recaído a la petición en forma personal al gobernado en el domicilio que señaló para tales efectos; no existe obligación de resolver en determinado sentido, esto es, el ejercicio del derecho de petición no constriñe a la autoridad ante quien se formuló, a que provea necesariamente de conformidad lo solicitado por el promovente, sino que está en libertad de resolver de conformidad con los ordenamientos legales que resulten aplicables al caso; y, la respuesta o trámite que se dé a la petición debe ser comunicado precisamente por la autoridad ante quien se ejercitó el derecho, y no por autoridad diversa, sin que sea jurídicamente válido considerar que la notificación de la respuesta a que se refiere el segundo párrafo del artículo 8o. constitucional se tenga por hecha a partir de las notificaciones o de la vista que se practiquen con motivo del juicio de amparo. SÉPTIMO. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LAS UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN". Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. OCTAVO. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que acredite su registro. NOVENO. Finalmente, con apoyo en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente conforme al numeral 2º de la Ley de Amparo, deberá entregarse copia autorizada de esta resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Por lo expuesto y fundado, y con apoyo además en los artículos 73, 74, 75, 76, 77 y 217 de la Ley de Amparo, es de resolverse y se R E S U E L V E PRIMERO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por Víctor Manuel Hernández Pérez, en contra del acto atribuido al encargado del depósito vehicular denominado "corralón uno-Canek", de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, por las razones precisadas en el considerando tercero del presente fallo SEGUNDO. La Justicia de la Unión AMPARA y PROTEGE a Víctor Manuel Hernández Pérez, contra el acto reclamado al Director Jurídico y Secretario de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad, por los motivos y para los efectos señalados en la consideración sexto de este fallo. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en el considerando séptimo de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en el considerando octavo de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública y agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico respectivo. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, entréguese copia autorizada de la presente resolución a la parte que lo solicite y se encuentre legitimada para ello. Notifíquese y regístrese.
- Principal
Mérida, Yucatán, doce de septiembre de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan estos autos, se acuerda: toda vez que de las constancias que obran en autos se desprende que no ha transcurrido el término de ocho días hábiles, con relación a la vista que se dio del oficio signado por el Director Jurídico de la Secretaría de Seguridad Pública del Estado de Yucatán, con residencia en esta ciudad; mismo que se relacionó en proveído de ocho de septiembre del presente año. En mérito de lo anterior, se difiere la audiencia constitucional que debería tener verificativo este propio día y se fijan las DIEZ HORAS CON TRECE MINUTOS DEL CINCO DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, para su celebración. Notifíquese y cúmplase.
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