Víctor Manuel Guzman Torres

Expediente 763/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 2 actuaciones registradas, la última del 8 de julio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
763/2022
Año
2022
Actuaciones
2
Última actuación
08/07/2022

Partes del expediente

  • Víctor Manuel Guzman Torres

Actuaciones

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, ocho de julio de dos mil veintidós. Causa estado auto de desechamiento demanda de amparo. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los presentes autos, de os cuales se desprende que ha transcurrido el plazo de cinco días que establece el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto el recurso de queja en contra del proveído de veintiuno de junio de dos mil veintidós, en el que se tiene por desechada la demanda de amparo promovida por Víctor Manuel Guzmán Torres; con fundamento en los numerales 355 y 356 fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles supletorio, en términos del precepto 2°, de la Ley de Amparo, se declara que el proveído de mérito ha causado estado para todos los efectos legales procedentes. Anotaciones en SISE y Libro de Gobierno Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); y en su momento, archívense las presentes actuaciones como asunto concluido. Se ordena archivo y destrucción. Se hace la indicación que el presente expediente es destruible por ubicarse en el supuesto contenido en el numeral 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales de diecinueve de febrero de dos mil veinte, una vez que transcurra el plazo de tres años que dispone el referido artículo. Por otra parte, una vez cumplido el término a que se refiere el párrafo anterior, dentro de los treinta días siguientes, se deberá destruir este expediente y remitir el acta de baja documental correspondiente, a la Dirección General de Archivo y Documentación. Asimismo, realícense las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en su momento en la relación que se integre para efectos de su destrucción. Notifíquese; y personalmente al quejoso.

  2. Principal

    Con fundamento en lo dispuesto por el artículo 26, fracción III y 29 de la Ley de Amparo, notifico por medio de lista a la parte quejosa, el contenido del proveído de veintiuno de junio de dos mil veintidós: Apizaco, Tlaxcala, a veintiuno de junio de dos mil veintidós. Radicación de demanda. Vista la demanda de amparo que promueve Víctor Manuel Guzmán Torres, por su propio derecho, contra actos del Juez Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc. Fórmese expediente y regístrese en el libro de gobierno con el número 763/2022-III. Se desecha demanda de amparo Ahora bien, del estudio integral de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa señala como acto reclamado el: auto de trece de mayo de dos mil veintidós y notificado con fecha nueve de junio del dos mil veintidós, deducido del expediente en lo principal con número 139/2021, por cuanto hace a la parte en la que se señala ". Que tomando en consideración que el promovente Víctor Manuel Guzmán Torres interpone RECURSO DE QUEJA en contra de la resolución de fecha diecinueve de abril de dos mil veintidós, que resolvió el incidente penal en negocio civil promovido por el ocursante, en el cual se decretó la validez de la firma de MICHELLELL ALINN GUZMÁN LÓPEZ, y en términos de lo previsto por el artículo 740 del código de procedimientos civiles, no ha lugar a acordar de conformidad su petición, toda vez que en contra de esa resolución no procede recurso alguno." Ahora bien, el artículo 113 de la Ley de Amparo establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". De la lectura del numeral referido, se desprende que el Juez de Distrito tiene la insoslayable obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la deseche de plano. En el caso concreto, de oficio este Juzgado de Distrito advierte que en relación al acto reclamado relativo al auto de trece de mayo de dos mil veintidós, dictado en el expediente principal 139/2021, del índice del Juzgado Segundo de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, a través del cual, determinó que no era procedente la admisión del recurso de queja interpuesto por el quejoso; se actualiza la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, y 107, fracción V, aplicado contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, los cuales disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: (.) V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)". Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de junio de dos mil once, se reformaron, entre otros, los artículos 103 y 107 constitucionales, que regulan la procedencia, trámite y resolución del juicio de amparo; reformas que entraron en vigor el cuatro de octubre siguiente, de conformidad con el artículo primero de tránsito del decreto referido. De tales disposiciones, cobra relevancia para efectos de este fallo, la fracción III, del artículo 107 constitucional, que dimensiona el concepto de actos de imposible reparación para la procedencia del juicio de amparo, la cual fue analizada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación al resolver la contradicción de tesis 377/2013, en la que consideró: Si bien la jurisprudencia cuya interpretación provocó la contradicción de tesis fue aplicada por dos Tribunales Colegiados de Circuito especializados en materia laboral, lo cierto es que dicho criterio está redactado para ser obligatorio en todas las restantes disciplinas. En el artículo 107, fracción III, de la Constitución se contiene como una de las bases que deberían reglamentarse en la legislación secundaria, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, pues el texto se limitó a enunciar su sola existencia, sin ofrecer alguna definición sobre los pormenores acerca de cómo habría de concebirse en la legislación derivada. Una de las motivaciones de la reforma constitucional al artículo 107 fue clara en la consecución de una estructura más ágil del juicio de amparo, y por otro lado, hubo la evidente intención de concentrar en un solo juicio de amparo directo el estudio del cúmulo de violaciones procesales posibles; por tanto, la interpretación más acorde con este propósito es aquella que propugne por evitar dentro de los procedimientos jurisdiccionales ordinarios la apertura de numerosos frentes litigiosos de índole constitucional que dificulten una pronta solución del asunto, de tal suerte que sólo de manera excepcional se susciten cuestiones de esa naturaleza. Con lo anterior, si bien se reafirmó la posibilidad de impugnar en amparo indirecto actos preliminares a la sentencia o laudo, dejó en manos del legislador ordinario la tarea de señalar cuáles serían los requisitos y condiciones para la procedencia de esta modalidad del medio de control constitucional. La expresión "actos de imposible reparación" data del texto original de la fracción IX del artículo 107 constitucional, y ha tenido a lo largo de la jurisprudencia de esta Suprema Corte de Justicia de la Nación diversas interpretaciones; sin embargo, a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, ofrece en dos de sus fracciones sendas precisiones para comprender el alcance de la expresión de los actos de "imposible reparación". La primera -fracción III- regula los supuestos de procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos emanados de un procedimiento administrativo seguido en forma de juicio. La segunda -fracción V- normar el mismo supuesto de procedencia, pero contra actos dictados en procesos jurisdiccionales propiamente dichos. Así, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, según se trate, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables. Interpretación que se deduce de las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación" no puede seguir siendo aplicable la jurisprudencia P./J. 4/2001, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que tal criterio se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión. En esta tesitura, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 325/2015, retomando lo analizado por el Tribunal Pleno al resolver la contradicción de tesis 377/2013, precisó que, un acto de autoridad para ser calificado como irreparable necesita producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además, debe recaer sobre derechos cuyo significado rebase lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Señaló que son dos las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento: a) La primera, la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto reclamado impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo. b) La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión opuesta a los derechos de naturaleza "formal o adjetiva" (en los que la afectación no es actual, sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva). Lo anterior, porque uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación inmediata que producen a "derechos sustantivos", aunado a la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión ?esta última? que se opone con la de "formal o adjetiva". Por lo que aun cuando un particular se duela de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional -violaciones a los artículos 14, y 16 Constitucionales-, no puede considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de un acto autónomo al procedimiento en que se encuentra el particular, ya que está dentro del mismo; por tanto, no se cumple con el requisito de procedibilidad del amparo consistente en la afectación a un derecho sustantivo o que deje sin defensa al accionante del amparo, pues no se trata de una transgresión autónoma al procedimiento sino que es en dicho contexto, por lo que tiene un carácter adjetivo y debe atenderse a las reglas establecidas en la legislación ordinaria para obligar a la autoridad a dar respuesta, a menos que el Juez de amparo, advierta del contenido de la demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o paralización total del mismo, pues en tal caso la demanda de amparo es procedente por excepción. Dichas consideraciones sustentan la jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, Décima Época, página 1086, de rubro "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS". En el caso, la parte quejosa reclama el auto de trece de mayo de dos mil veintidós, dictado en el expediente en lo principal 139/2021, del índice del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, a través del cual declaró que no ha lugar a acordar de conformidad la interposición del recurso de queja; sin embargo, dicho acto no es de imposible reparación, como a continuación se verá. Para efectos del juicio de amparo, acto de imposible reparación se entiende como aquél que afecta de modo directo e inmediato los derechos fundamentales consagrados en la constitución, como ejemplo de lo anterior, puede señalarse la admisión y desahogo de la prueba pericial en genética, actos que pongan en peligro la vida, la integridad personal, la libertad, la propiedad, entre otros, pues dada su especial naturaleza esa afectación o sus efectos, no se destruyen fácticamente con el sólo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. En este sentido, la determinación reclamada al tratarse de una cuestión meramente procesal no afecta materialmente alguno de los derechos sustantivos del gobernado y que tutela la Constitución; o bien, establecidos en los tratados internacionales en los que México es parte, no es reclamable a través del juicio de amparo. En efecto, como se indicó en los párrafos que preceden, en el auto de trece de mayo de dos mil veintidós, dictado en el expediente en lo principal 139/2021, del índice del Juzgado de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, a través del cual, no acuerda favorable la interposición del recurso de queja interpuesto en contra de la resolución incidental dictada en el incidente penal en negocio civil promovido por el quejoso, donde se resolvió la validez de la firma de Michellell Alinn Guzmán López; por lo que, siguiendo las consideraciones del Máximo Tribunal del País, el acto reclamado no cumple las condiciones que el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados dentro de un procedimiento, dado que el actuar de la responsable no afecta materialmente ningún derecho sustantivo de la parte quejosa, al no impedirle el libre ejercicio de alguna prerrogativa, toda vez que como se desprende del mismo los efectos del acto reclamado son meramente procesales, de ahí que se actualice la causa de improcedencia en estudio. Sustenta lo anterior, la tesis de jurisprudencia VI.2o. J/101, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo V, mayo de 1997, página 551, registro digital: 198761, novena época, materias (s): común, cuyo texto y rubro: "INCIDENTE PENAL, EL DESECHAMIENTO, ADMISIÓN O RESOLUCIÓN DEL, NO ES UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. Entendido el concepto de acto de ejecución irreparable para la procedencia del amparo indirecto, como aquel acto que tiene consecuencias que afectan directa e inmediatamente alguno de los llamados derechos fundamentales del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque esa afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga sentencia favorable a sus pretensiones en el juicio, debe concluirse que tal supuesto no se da cuando se reclama el desechamiento, admisión o resolución de un incidente penal, pues cualquiera de esas hipótesis únicamente afecta los derechos adjetivos o procesales del amparista, que sólo tienen consecuencias de carácter formal o intraprocesal, no afectando por sí mismas, directa e inmediatamente, ninguno de los derechos fundamentales del gobernado, y en todo caso, la afectación procesal que pudiera sufrir la parte quejosa puede quedar subsanada con el solo hecho de que obtenga un fallo benéfico a sus intereses, ya sea porque de acuerdo con determinadas razones que le favorezcan, el acto o la prueba impugnados de delictuosos sean o no tomados en cuenta, que existan pruebas diversas que revelen la ineficacia probatoria o corroboren el valor del acto o prueba combatidos, o motivos que se relacionen con la procedencia de la acción o con la personalidad de los litigantes, entre otros supuestos que beneficien las pretensiones del peticionario de garantías. Así como la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.) publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 7, de junio de 2014, Tomo I, página 39, Décima Época, de contenido: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". Por lo expuesto, se concluye que al no lesionar los actos reclamados ningún derecho sustantivo tutelado por la Constitución, no se actualiza la hipótesis de eventos de imposible reparación que hagan procedente el juicio de amparo. Consecuentemente, se actualizan de manera notoria y manifiesta las causa de improcedencia previstas en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo; por tanto, con apoyo en el precepto 113 de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO por notoriamente improcedente la demanda de amparo. Autorizados. Por otra parte, se tiene como autorizada en término amplios a Cristina Guzmán Torres, por contar con registro en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales del Circuito y Juzgados de Distrito y únicamente para oír y recibir notificaciones a Nadia Abigail Martínez Aguilar y Martha Contreras Espinoza, toda vez que así lo señala la quejosa en el escrito que se atiende. Domicilio para oír y recibir notificaciones. Asimismo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala para tal efecto, esto es, el ubicado en Fraccionamiento San Diego Crom, edificio ocho, departamento tres, Apizaco, Tlaxcala. Comunicación no procesal. Se tiene a la parte quejosa señalando como medio de comunicación correo electrónico y número telefónico, en consecuencia, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, con el fin de resguardar la salud e integridad de todos, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, aprobado en sesión extraordinaria de veintiocho de julio de dos mil veinte, téngasele señalando correo electrónico y número telefónico, a fin de entablar comunicación no procesal dentro del presente juicio de amparo. Habilitación de días y horas inhábiles. En otro orden ideas, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero de la Ley citada, se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales que se ordenen en la tramitación de este asunto, siendo que la razón de tal urgencia radica en la necesidad de que se tramite sin dilación alguna. Autorización para firmar oficios. Por otra parte, se autoriza a cualquier Secretario adscrito a este Juzgado a firmar los oficios que se expidan con motivo de la tramitación del presente juicio. Integración de expediente electrónico. Ahora bien, de conformidad con el artículo 3°, párrafos, sexto y octavo de la Ley de Amparo, se instruye a los secretarios a fin de que supervisen la debida integración y correspondencia entre los expedientes físicos y electrónicos que se tramitan ante este órgano jurisdiccional y que tienen a su cargo. Exhortación a las partes para el uso del portal de servicios en línea. Por otra parte, tomando en consideración que la pandemia originada por el virus COVID-19 subsiste, se exhorta a las partes, para que, en términos del artículo 22 del Acuerdo General 21/2020 ya invocado, con el fin de resguardar la salud e integridad de todos, de ser posible, hagan uso del Portal de Servicios en Línea, en su caso, propongan formas especiales y expeditas de contacto, tales como correo electrónico y servicios de mensajería instantánea, tanto propios como de los otros particulares que sean parte en el proceso, a través de los cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido en su caso, deberá registrarse y de ser necesario, incorporarse al expediente previa certificación correspondiente. En el entendido que, tal como lo señala el artículo 3 del Acuerdo invocado, a partir de la presente data, estará disponible en el Portal de Servicios en Línea, un micrositio sobre "servicios jurisdiccionales" dentro del cual las partes encontrarán los teléfonos, correos electrónicos institucionales y demás información de contacto de todos los órganos jurisdiccionales a cargo del Consejo de la Judicatura Federal; aunado a ello, debe resaltarse que el acceso a las instalaciones del propio juzgado, estará condicionado a una cita previa y con la asistencia no mayor de dos personas; máxime que las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme lo contempla el artículo 29 de la Ley de Amparo y en la ley adjetiva correspondiente. Atender protocolos y lineamientos de salud. Ahora bien, con el fin de llevar a cabo las diligencias encomendadas en estricto apego a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal y por la Dirección General de Protección Civil y Salud en el Trabajo, a fin de resguardar su integridad física así como de las partes, se instruye a los fedatarios judiciales para que, al momento de practicar las notificaciones que tienen encomendadas observen lo dispuesto en el artículo 23 del Acuerdo General 21/2020 precitado. Supresión de datos. Se hace notar que este asunto queda sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de enero de dos mil diecisiete, y los datos personales y sensibles que en su caso se integren a este expediente, quedan sujetos lo establecido en los artículos 1, 3 fracciones IX y XVII, 5, 22 fracciones IV y V, 25, 31 y demás disposiciones aplicables al caso de la legislación en cita, debido a que los datos que eventualmente se alleguen a este asunto, de ser necesario, sólo serán utilizados para el análisis de la cuestión jurisdiccional sometida a la potestad de este juzgador y que sea materia de este asunto, y a su vez, los mismos serán protegidos, por el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia, acceso a la información pública, protección de datos personales y archivos, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el seis de febrero de dos mil catorce, aplicando en las resoluciones que se emitan el Protocolo para la elaboración de versiones públicas emitido por la Unidad de Transparencia del Consejo de la Judicatura Federal, en lo que no se contravengan las disposiciones señaladas en la legislación en cita, hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal emita nuevos lineamientos sobre la protección de datos, de acuerdo al séptimo transitorio de la ley en cuestión. En ese sentido, si bien conforme al Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, el presente expediente también se encuentra sujeto a las disposiciones contenidas en la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como en la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, lo que implica que las resoluciones que se dicten estarán a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, se hace del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de los artículos 6, 73, fracciones II y V y 113 fracción V de la última ley en cita, y sobre todo atendiendo a lo señalado en el Título Tercero de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, lo que deberán manifestar expresamente siguiendo los lineamientos ahí señalados, en la inteligencia que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que las resoluciones que se dicten se aplique sin supresión de datos conforme a lo señalado en su artículo 21. Notifíquese personalmente. Así lo proveyó y firma el licenciado Carlos Alberto Ávila Muñoz, Juez Tercero de Distrito en el Estado de Tlaxcala, quien actúa asistido de Ciliany Álvarez Ayala, Secretario que autoriza y da fe.

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