Victor Manuel Guerrero Cruz

Expediente 18/2018 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Baja California. 7 actuaciones registradas, la última del 4 de mayo de 2018.

Datos del expediente

Expediente
18/2018
Año
2018
Actuaciones
7
Última actuación
04/05/2018

Partes del expediente

  • Victor Manuel Guerrero Cruz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, CUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO."MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, CUATRO DE MAYO DE DOS MIL DIECIOCHO. Vista la certificación de cuenta así como el estado actual de autos, se advierte que ha transcurrido el término de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes hayan recurrido la sentencia de seis de abril de dos mil dieciocho, dictada en este juicio; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia que no amparó en esta instancia, HA CAUSADO EJECUTORIA para todos los efectos legales procedentes. REMISIÓN DE CONSTANCIAS Y DISCO COMPACTO A LA AUTORIDAD RESPONSABLE Por otra parte, devuélvanse las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado el Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, en funciones de Juez de Ejecución, en esta ciudad, las cuales fueron agregadas mediante proveído de quince de febrero de dos mil dieciocho, así como un disco compacto que contiene audio y video de la audiencia revisión de cumplimiento de beneficio de tres de julio de dos mil trece; toda vez que la retención de dicho disco y constancias es innecesaria en el presente juicio de amparo, toda vez que a la presente data es un asunto totalmente concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y los lineamientos del Manual relativo. Se hace la indicación que el presente cuaderno es susceptible de depuración, de conformidad con el último párrafo del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo, al ser un juicio de amparo en el cual quedó firme el sobreseimiento decretado, en virtud de los razonamientos expresados en líneas que preceden. Atento a lo previsto por el punto décimo cuarto del Acuerdo General de trato, en concordancia con la observación contenida en la página 51 de su Manual, deberá transferirse el presente expediente, al Centro de Documentación y Análisis. Además, carece de relevancia documental en términos del último párrafo del citado punto, en atención a que en la litis constitucional no se analizaron delitos contra la seguridad de la Nación, el derecho internacional, la humanidad, la administración de justicia, y contra el ambiente y la gestión ambiental; no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; no se analizaron conflictos laborales colectivos trascendentes, ni relativos al patrimonio histórico, arqueológico o artístico; aunado a que el sentido del fallo no tuvo especial trascendencia jurídica, política, social o económica en la vida del país; ni al prudente arbitrio de este juzgador lo amerita [por causa del personaje involucrado]. Háganse las anotaciones pertinentes en el Libro de Gobierno de este Juzgado, notifíquese a las partes en el juicio, y archívense las actuaciones como asunto totalmente concluido. Asimismo, en cumplimiento al Manual antedicho anótese en el antedicho libro de gobierno, esta fecha en que se ordena el archivo; de igual manera, una vez que se realice la depuración o destrucción ordenada, anótese la fecha en que se practique la diligencia, ya sea que la realice este órgano jurisdiccional, o la fecha que informe al respecto el Centro de Documentación y Análisis, relativo al destino final del presente expediente. Hágase la captura en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, de lo anterior, levántese la certificación respectiva de esas circunstancias. NOTIFÍQUESE Y, PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma, Ramón Hernández Cuevas, Juez Segundo de Distrito en el Estado de Baja California, asistido de la Secretaria, Diana Reyes Amaya, quien autoriza y da fe."

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCION I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO A LA QUEJOSA LA SENTENCIUA DE SEIS DE ABRIL DE DOS MIL DIECIOCHO, EL CUAL DICE: ... SE NIEGA EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA DE LA UNIÓN SOLICITADA EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO POR VÍCTOR MANUEL GUERRERO CRUZ ...

  3. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, VEINTIDÓS DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese para que obre como corresponda el oficio que remite la Juez de Ejecución del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, mediante el cual remite copia certificada de la sentencia definitiva de dieciocho de enero de dos mil trece, dictada en la causa penal 00806/2012, número único de caso 02-2012-34093, misma que fue solicitada en términos del artículo 75 de la Ley de Amparo, la cual se agrega a los autos para los efectos legales a que haya lugar, y en términos del artículo 124 de la citada Ley, se hará su relación en la audiencia constitucional respectiva. Sin que sea necesario ordenar el emplazamiento de la víctima Francisco Javier Romero Rodríguez, toda vez que no le reviste el carácter de tercero interesado de conformidad con lo establecido en el artículo 5, fracción III, inciso c), de la Ley de Amparo, que de forma resumida refiere que la víctima del delito u ofendido, o quien tenga derecho a la reparación del daño o a reclamar la responsabilidad civil, cuando el acto reclamado emane de un juicio del orden penal y afecte de manera directa esa reparación o responsabilidad; en virtud a la naturaleza del acto que se reclama, a saber, la negativa de otorgar la audiencia general para resolver sobre la petición de reactivación del beneficio de la sustitución de la pena de prisión, por trabajo a favor de la comunidad, concedido en sentencia dictada dentro del procedimiento abreviado el dieciocho de enero de dos mil trece, dentro de la causa penal 806/2012, con número único de caso 02-2012-34093, del Juez de Garantía del Partido Judicial de Mexicali, Baja California, mismo que fue revocado por no cumplir con las jornadas de trabajo impuestas y se ordenó hacer efectiva la pena privativa de la libertad a la que fue sentenciado, previo librar la respectiva orden de aprehensión por parte del Juez responsable. Sentado lo anterior, resulta claro que no existe afectación en la esfera jurídica de la víctima por la emisión del citado acto reclamado, ya que en el caso no se trata de una solicitud del beneficio de la libertad anticipada, lo cual podría influir directamente en la duración de la pena privativa de la libertad que deba compurgar el quejoso; sino como lo señala el quejoso se trata de una reactivación del beneficio [jornadas de trabajo a favor de la comunidad] ya concedido. Sin pasar por alto que de las constancias allegadas como complemento del informe justificado se advierte que la reparación del daño fue cubierta (fojas 23 y 24 del legajo de pruebas), por lo tanto, se reitera, se estima el acto reclamado no afecta de manera directa esa reparación o responsabilidad civil alguna. Determinación que se hace extensiva respecto de las víctimas Ricardo Guadalupe Díaz Mendoza, la persona moral Petromax, Sociedad Anónima de Capital Variable, representada por conducto de Manuel Zamora Ramírez, por las razones y fundamento antes expuestas; excepto por cuanto hace al pago de la reparación del daño, ya que como se estableció en la referida sentencia el quejoso fue absuelto de su pago por lo que de ellas se refiere.

  4. Principal

    MEXICALI, BAJA CALIFORNIA, QUINCE DE FEBRERO DE DOS MIL DIECIOCHO. Agréguese para que obre como corresponda el oficio que remite el Juez de Control del Poder Judicial del Estado de Baja California, en funciones de Juez de Ejecución, con residencia en esta localidad, mediante el cual remite copias certificadas de diversas actuaciones que forman parte de la causa penal 00806/2012 de su índice, mismas que le fueron solicitadas en términos del artículo 75 de la Ley de Amparo, las cuales se agregan a los autos para los efectos legales a que haya lugar, y en términos del artículo 124 de la citada Ley, se hará su relación en la audiencia constitucional respectiva. Por otra parte, toda vez que la autoridad oficiante adjuntó al oficio de cuenta copia simple de la sentencia definitiva de dieciocho de enero de dos mil trece, dictada en la causa penal 00806/2012; en consecuencia, requiérasele de nueva cuenta, para que dentro del plazo de tres días, remita a este Juzgado Federal, copia certificada de la citada determinación, como le fue requerida en proveído de ocho de febrero del año en curso, toda vez que resulta necesaria para resolver el presente asunto; haciendo la aclaración que se reitera el apercibimiento decretado en el citado acuerdo. En otro aspecto, por lo que respecta al legajo de constancias que anexa la autoridad informante, se ordena la apertura de un tomo de pruebas, para su mejor manejo y cuidado de los autos, que se identificará como Tomo I de pruebas. En otro orden, toda vez que la autoridad oficiante, informa que dentro de la causa penal de origen compareció en su calidad de Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Delitos con Detenido Oriente, la licenciada Irma Mercedes Armenta Román. Ahora, tomando en consideración que el acto que se reclama en esta vía deriva de un procedimiento penal, con fundamento en el artículo 5, fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, se le reconoce el carácter de tercero interesado al Agente del Ministerio Público de la Unidad de Investigación de Delitos con Detenido Oriente, con residencia en esta localidad, al no tener la calidad de autoridad responsable. En consecuencia, mediante oficio que se le gire, de conformidad con el artículo 26, fracción II, inciso b), de la Ley de Amparo en vigor, córrase traslado con copia de la demanda, procédase a emplazarse al presente juicio de amparo al citado tercero interesado, para los efectos legales conducentes. Haciéndole de su conocimiento que se encuentran señaladas las diez horas con treinta minutos del trece de marzo de dos mil dieciocho, para que tenga verificativo la audiencia constitucional. Tiene aplicación la jurisprudencia XXVII.3o. J/29 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Libro 23, Octubre de 2015, Tomo IV, página 3407, del rubro y texto: "EMPLAZAMIENTO DEL MINISTERIO PÚBLICO -EN SU CARÁCTER DE TERCERO INTERESADO- AL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA OMISIÓN DE CORRER TRASLADO CON COPIA DE LA DEMANDA AL AGENTE QUE INTERVINO EN LA CAUSA PENAL DE ORIGEN, CONSTITUYE UNA VIOLACIÓN A LAS LEYES DEL PROCEDIMIENTO QUE AMERITA SU REPOSICIÓN. El artículo 5o., fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, implícitamente desconocía la calidad de tercero perjudicado al Ministerio Público que hubiera intervenido en el procedimiento penal del que se derivó el acto reclamado, pues sólo reconocía este carácter al ofendido o al beneficiario de la reparación del daño. En cambio, la función del representante social se limitaba a formular alegatos una vez que fuera notificado de la presentación de la demanda, de acuerdo con los artículos 155, párrafo cuarto y 180 del citado ordenamiento abrogado. Por su parte, el artículo 5o., fracción III, inciso e), de la Ley de Amparo, vigente a partir del 3 de abril de 2013, reconoce expresamente el carácter de tercero interesado al mencionado órgano acusador, siempre y cuando no tenga el carácter de autoridad responsable, con lo que le confiere todos los derechos procesales inherentes a la calidad de parte, como promover incidentes, interponer recursos e intervenir en los que inicien los demás justiciables; ofrecer, rendir y objetar pruebas; solicitar la suspensión y el diferimiento de audiencias; recusar juzgadores; plantear incompetencias, causas de improcedencia y argumentos de constitucionalidad; y, en general, realizar cualquier acto necesario para la defensa del interés que representa. Así, actualmente no basta que se informe al referido fiscal sobre la existencia del amparo para el único efecto de que formule alegatos, sino que resulta indispensable emplazarlo como tercero interesado, mediante la entrega de una copia de la demanda, en términos de los artículos 115 y 116 de la ley de la materia en vigor. Este requisito constituye una formalidad fundamental del procedimiento, pues garantiza que el tercero conozca completa y oportunamente los antecedentes y argumentos aducidos por el quejoso, cuente con los elementos necesarios para ejercer sus derechos procesales y pueda esgrimir una defensa adecuada. En consecuencia, la omisión de correr traslado con copia de la demanda al Ministerio Público que intervino en la causa penal de origen, al constituir una violación a las leyes del procedimiento, amerita que el órgano revisor ordene reponerlo conforme al artículo 93, fracción IV, del citado ordenamiento vigente, siempre que esta irregularidad trascienda o pueda trascender al resultado del fallo."

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