Victor Manuel Granados Trujeque
Expediente 606/2023 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 29 de agosto de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 606/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 29/08/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Victor Manuel Granados Trujeque
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Cuernavaca, Morelos, veintinueve de agosto de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Visto el estado de autos y la certificación que antecede de los que se advierte que ha transcurrido el término de diez días que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa, -a quien en dado caso le pudiera perjudicar las determinaciones que aquí se dicten-, haya interpuesto recurso de revisión conforme a los diversos numerales 88 y 89 de la citada legislación, en contra de la sentencia engrosada el ocho de agosto de dos mil veintitrés, dictada por este Juzgado de Distrito, en el cual se sobreseyó en el amparo y protección en el presente juicio de amparo; en consecuencia, con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357, ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria en términos del precepto 2°, de la Ley de la Materia, SE DECLARA QUE DICHA SENTENCIA HA CAUSADO EJECUTORIA, para todos los efectos legales a que haya lugar y toda vez que en el presente asunto únicamente fue formado el original del incidente de suspensión, glósese el mismo para que obre como corresponda. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno, así como en el sistema integral de seguimiento de expedientes y, con apoyo en el artículo 214 de la Legislación de Amparo, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el siete de junio de dos mil veintitrés; este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en el Capítulo Sexto, artículo 20 fracción I, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto sobreseído; además de que a juicio de la suscrita juzgadora no tiene relevancia documental para su conservación. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, desde esta fecha, procédase a la destrucción del expediente dentro del plazo de treinta días siguientes y a remitir el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Sin que haya lugar a ordenar notificar de manera personal el presente acuerdo, acorde al segundo párrafo del artículo 20 del acuerdo en cita, en razón de que no hay documentos originales en este expediente, por tanto, se ordena su notificación por lista. Finalmente, en razón de lo anterior resulta innecesaria la conservación de las constancias que hizo llegar con su informe justificado la autoridad responsable; por tanto, se ordena la devolución de las mismas, sin que sea necesario el acuse de recibo de estilo correspondiente, en virtud de que el sello de recepción del oficio y la anotación de lo que se recibe hará las veces del mismo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Rosa María Luna Mercado, quien autoriza y da fe.
- Principal
Con fundamento en el artículo 29 de la Ley de Amparo, se notifica a la parte quejosa y tercera interesada por medio de lista que se fija en los estrados la sentencia de ocho de agosto de dos mil veintitrés, que dice: Juicio de amparo: 606/2023 Quejosa: ******************** Jueza: Nadyelly López Guevara Secretaria: Erika de la Cruz Uribe S E N T E N C I A Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos ha tenido vistos los autos para dictar sentencia en el juicio de amparo indirecto 606/2023. R E S U L T A N D O 1. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el ocho de mayo de dos mil veintitrés, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Morelos y recibido el día siguiente, por razón de turno, en este Juzgado Primero de Distrito en la citada jurisdicción, ********************, por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra el [1] Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, por el siguiente acto reclamado: "IV.- ACTO RECLAMADO. - Lo constituyen: La OMISIÓN Y/O FALTA DE LEGAL EMPLAZAMIENTO del suscrito VÍCTOR MANUEL GRANADOS TRUJEQUE, en el juicio civil ********************, promovido por la señora VIRGINIA ROMERO AGUILAR en contra de la persona moral "DISTRIBUCIÓN Y MANUFACTURA SOCIEDAD ANÓNIMA DE CAPITAL VARIABLE", radicado en dicho órgano jurisdiccional. (sic) La ILEGAL Y/O INDEBIDA practica de todas y cada una de las actuaciones realizadas en el juicio civil número ********************. (sic) 2. Preceptos constitucionales que se estiman violados. Artículos 1, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. 3. Admisión de la demanda y trámite del juicio. Por auto de nueve de mayo de dos mil veintitrés, este juzgado admitió a trámite la demanda de amparo; pidió a la autoridad responsable su informe justificado; dio intervención a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita; se reservó proveer respecto la parte tercera interesada hasta en tanto obrara en autos el informe justificado respectivo; le hizo saber a las partes su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en términos de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, determinando que resultaban aplicables las disposiciones para la protección de los datos personales y sensibles que en su caso se integren al expediente, sin que las partes realizaran manifestación alguna al respecto; y se señaló fecha para el desahogo de la audiencia constitucional. Posteriormente, en auto de cinco de junio de dos mil veintitrés, una vez recibido el informe justificado rendido por la autoridad responsable, este juzgado en términos del artículo 5º, fracción III, inciso b), de la Ley de Amparo, reconoció con el carácter de tercera interesada a ********************, quien fue emplazada el nueve de junio de dos mil veintitrés, sin que se haya apersonado al juicio ni tampoco haya formulado alegatos. Finalmente, el seis de julio de dos mil veintitrés, fue celebrada la audiencia constitucional. C O N S I D E R A N D O I. Competencia. Este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en los artículos 33 fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como con el acuerdo general número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio nacional, fijándose la jurisdicción y competencia de los diversos Tribunales y Juzgados del Poder Judicial de la Federación, toda vez que el acto reclamado consistente en la orden de entrega del bien inmueble materia del juicio de origen, es atribuido a una autoridad materialmente jurisdiccional local, con ejecución en la circunscripción de este Juzgado Federal, dentro de la que ejerce jurisdicción en amparo en todas las materias. II. Fijación de los actos reclamados. Con fundamento en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que los actos reclamados en este juicio consisten en: Autoridad responsable ordenadora Acto reclamado [1] Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos. La falta de emplazamiento del quejoso, al juicio sumario civil ********************, del índice del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, relativo a la acción de otorgamiento y firma de escritura promovida por ******************** -aquí tercera interesada- en contra de ********************, respecto del bien inmueble identificado como ********************, del cual el quejoso aduce ser propietario, al ostentarse con el carácter de tercero extraño auténtico, así como todo lo actuado en dicho juicio. III. Existencia de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados al [1] Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, pues así lo aceptó al rendir su informe justificado. Además, la autoridad señalada remitió copias certificadas del juicio sumario civil ********************, a las que se les confiere pleno valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de documentos expedidos por autoridades en ejercicio de sus funciones, y de las que se desprende la existencia de los actos reclamados. IV. Oportunidad de la demanda de amparo. La demanda se presentó oportunamente, pues el quejoso se ostentó sabedor de los actos reclamados el trece de abril de dos mil veintitrés, cuando fue informado de la existencia del juicio civil de origen en la audiencia que se celebró en la carpeta penal ********************, sin que de las constancias del juicio se advierta que haya tenido conocimiento en data diversa a la manifestada; así, el plazo de quince días que señala el artículo 17 de la Ley de Amparo, transcurrió del catorce de abril al ocho de mayo de dos mil veintitrés, descontando el quince, dieciséis, veintidós, veintitrés, veintinueve y treinta de abril, así como uno, cinco, seis y siete de mayo, todos de dos mil veintitrés, por ser inhábiles, de conformidad con el artículo 19 de la Ley de Amparo y 143 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; por tanto, si la demanda de amparo se presentó el ocho de mayo de dos mil veintitrés, último día del plazo, es concluyente su oportunidad. V. Antecedentes del acto reclamado. En el caso, de las constancias que remitió la autoridad responsable con su informe justificado, relativas al juicio sumario civil ********************, derivan los siguientes antecedentes: Ante el entonces Juzgado Primero en materia Civil y Mercantil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, se radicó el juicio sumario civil ********************, instaurado mediante escrito inicial de demanda presentado el siete de julio de dos mil quince, por ******************** -aquí tercera interesada-, en contra de la persona moral ********************, en el que demandó la acción de otorgamiento y firma de escritura respecto del bien inmueble identificado como ********************. Una vez que se admitió a trámite la demanda y se emplazó a la persona moral demandada -quien no dio contestación a la demanda y se siguió el juicio en su rebeldía- y que fueron ofrecidas y desahogadas las pruebas, se emitió sentencia definitiva el dieciocho de marzo de dos mil dieciséis, en la que se resolvió que ******************** -aquí tercera interesada- probó la acción que ejercitó en contra de la persona moral demandada, por lo que se condenó a esta última a otorgar y firmar la escritura pública respecto del inmueble antes descrito, a favor de la vencedora, apercibido que en caso de no hacerlo el Juzgador procedería a firmarla en su rebeldía. 3. El veintiuno de abril de dos mil dieciséis se declaró ejecutoriada la sentencia y por acuerdo de veintiocho de abril del mismo año se ordenó remitir los autos a la ********************, para el efecto del otorgamiento y firma de escritura a favor de la parte actora -aquí tercera interesada-, y se requirió a la parte demandada para que acudiera en el plazo de cinco días a la notaría referida a firmar la escritura correspondiente, apercibida que en caso de no hacerlo, el Juez de origen la otorgaría en su rebeldía. 4. Por acuerdo de ocho de junio de dos mil dieciséis, se hizo constar que en razón de que la parte demandada no compareció a otorgar y firmar la escritura como fue ordenado en auto de veintiocho de abril de dos mil dieciséis, se hizo efectivo el apercibimiento decretado en dicho proveído por lo que se firmaría la escritura correspondiente por la titular de los autos, en rebeldía de la parte demandada. 5. Finalmente, el veinte de agosto de dos mil dieciocho se emitió la escritura pública número ******************** en la que se protocolizó la sentencia judicial a solicitud de ******************** -aquí tercera interesada-, en relación al expediente ********************, relativo al juicio sumario civil de origen, así como la adjudicación por mandato judicial que otorgó el Juez Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos en rebeldía de la persona moral ******************** -en su carácter de enajenante-, a favor de ******************** -como adquirente-, respecto del bien inmueble identificado como ********************. VI. Improcedencia del juicio de amparo. Previo al estudio del fondo de la cuestión planteada, se deben analizar las causales de improcedencia que hagan valer las partes, o bien las que de oficio se adviertan actualizadas, por ser una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de Amparo. Así, este órgano jurisdiccional advierte de oficio la actualización de la causa de improcedencia que surge de la interpretación entre el artículo 61, fracción XII, y el diverso 5°, fracción I, párrafo cuarto, de la Ley de Amparo, al considerar que la parte quejosa no acreditó su interés jurídico ya que las documentales que exhibió como pruebas de su parte son insuficientes para demostrarlo; tal como se expondrá a continuación. Si bien, el artículo 107, fracción I, Constitucional y 5, fracción I, de la Ley de Amparo, prevén que tendrá el carácter de parte quejosa quien aduzca un interés jurídico o legítimo, los mismos preceptos determinan que tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, la parte quejosa deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que le afecte de manera personal y directa, lo que implica que sea titular del derecho fundamental que estime violado y que esté dirigido en su contra. En ese sentido, el interés jurídico se vincula estrechamente con el concepto de perjuicio, pues este último supone un derecho legítimamente tutelado, ante cuya transgresión por una autoridad o por la ley, se concede a su titular la facultad de acudir ante la autoridad correspondiente demandando el cese de esa transgresión. Lo anterior considerando que el perjuicio se entiende como todo menoscabo ocasionado sobre la persona o bienes del peticionario que afectan de manera inmediata sus derechos sustantivos. Cabe destacar que el interés jurídico debe estar plenamente acreditado y no inferirse con base en presunciones, tal como lo establece la jurisprudencia 2a./J.16/94, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "INTERÉS JURÍDICO, AFECTACIÓN DEL. DEBE PROBARSE FEHACIENTEMENTE." Partiendo de lo anterior, es posible comprender que la parte quejosa tiene la carga procesal de demostrar de manera fehaciente que los actos que reclama afectan su interés jurídico de manera personal y directa, lo cual consiste en la acreditación de la titularidad sobre los derechos o posesiones afectados por los actos reclamados. En la especie, la parte quejosa acudió a la instancia constitucional ostentándose tercero extraño al juicio sumario civil ********************, del índice del Juzgado Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, bajo el argumento de que en la carpeta penal ******************** fue asegurado el bien inmueble del que se ostenta como titular, sin que le haya sido devuelto al quejoso, sino a diversa persona, propiedad que dice haber adquirido mediante contrato de cesión de derechos litigiosos celebrado en el diverso juicio ordinario civil ********************, sobre prescripción positiva, del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado de Morelos, en el que le fueron cedidos los derechos del litigio referido por el cedente ********************al ahora aquí quejoso, cesión que fue aprobada en acuerdo de ocho de septiembre de dos mil veintiuno y aclarado el nombre del cesionario en el diverso proveído de diecisiete de noviembre del mismo año, ambos emitidos por la Titular del último Juzgado en mención. Por tanto, con base en las circunstancias expuestas, para que el quejoso acredite su interés jurídico es necesario que concurran los elementos siguientes: i) Que tiene la condición de tercero extraño a la controversia de la que derivan los actos reclamados. ii) Que tiene la calidad de propietario del inmueble controvertido. iii) Que la afectación de ese derecho de propiedad tenga origen en los actos u omisiones reclamadas. Ahora, de las constancias obrantes en este juicio se observa que sí concurre el elemento i), pues el quejoso ********************, no es parte en el juicio sumario civil ********************. Sin embargo, el segundo de los elementos, marcado con el inciso ii) no está comprobado, pues el impetrante de amparo presentó un título que adquirió fecha cierta con posterioridad al acto que reclama y, por ende, no acredita que la omisión y actos reclamados le perjudiquen en su esfera jurídica, con lo que también se demuestra la falta de acreditación del inciso iii). Lo anterior es así, ya que el quejoso refiere ser propietario del inmueble identificado como ********************, por lo que para acreditar la titularidad de éste, exhibió copia certificada de los siguientes documentos: 1. Sentencia definitiva de ocho de agosto de dos mil dieciséis, emitida en el juicio ordinario civil sobre prescripción positiva ********************, del índice del entonces Juzgado Segundo Mixto de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado de Morelos, promovido por ********************en contra de la persona moral ******************** y del ********************, en la que se determinó que el actor antes indicado sí acreditó la acción de prescripción positiva, por lo que se convirtió en propietario por prescripción del bien inmueble identificado como ********************2. Resolución de veinticinco de junio de dos mil diecinueve, emitida en el juicio ordinario civil sobre prescripción positiva ********************, del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado de Morelos, promovido por ********************en contra de la persona moral ******************** y del ********************, en la que se aprobó el convenio de cesión de derechos litigiosos celebrado por ********************en su carácter de cedente y ********************en su carácter de cesionario. 3. Resolución de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, emitida en el juicio ordinario civil sobre prescripción positiva ********************, del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado de Morelos, promovido por ********************en contra de la persona moral ********************, en la que se aprobó la cesión de derechos litigiosos a favor de ********************, cesión que realizó ********************4. Acuerdo de diecisiete de noviembre de dos mil veintiuno, mediante el cual se regularizó el acuerdo de ocho de septiembre del mismo año, aclarando que lo correcto era la cesión de derechos litigiosos que realizó ********************cesionario a su vez de ********************, a favor del ciudadano ******************** -aquí quejoso-. 5.- Oficio número ********************, de diez de marzo de dos mil veintidós, mediante el cual la Jueza responsable ordenó al Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, realizar la anotación que dé cumplimiento al cuarto punto resolutivo de la sentencia definitiva emitida en el juicio ordinario civil de origen a favor de ********************, respecto del bien inmueble en cuestión. Tales medios de prueba, aun valorados de conformidad con los artículos 133, 197, 202 y 203, todos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, son insuficientes para acreditar la afectación al interés jurídico del quejoso, dado que únicamente se advierte la aprobación de un contrato de cesión de derechos litigiosos a favor del aquí quejoso en el diverso juicio ordinario civil sobre prescripción positiva ********************, del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado de Morelos, -sin que observe el contenido de dicho acto jurídico-, pues como ya se indicó, únicamente se advierte que dicho acto jurídico fue aprobado por la Titular del Juzgado citado en líneas que anteceden mediante acuerdo de ocho de septiembre de dos mil veintiuno. Por lo tanto, la data en que dicho documento adquirió fecha cierta, es posterior a aquella en que se emitió la escritura pública número ******************** -veinte de agosto de dos mil dieciocho-, en la que se protocolizó la sentencia judicial a solicitud de ******************** -aquí tercera interesada- en relación al expediente ********************, relativo al juicio sumario civil de origen, así como la adjudicación por mandato judicial que otorgó el Juez Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos en rebeldía de la persona moral ******************** -enajenante- a favor de ******************** -adquirente-, respecto del bien inmueble identificado como ********************. Se explica: La certeza de la fecha de un documento no tiene regulación en la ley, sino que deriva exclusivamente de la jurisprudencia, razón por la cual hay que atender al contenido expreso de los criterios que sobre el particular ha sustentado el alto tribunal. En relación con ese tópico, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación consideró en la jurisprudencia de la novena época, en materia civil, tesis: 1a./J. 46/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo X, diciembre de 1999, página 78, con número de registro digital 192662, que es del tenor siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO, INEFICACIA DEL CONTRATO PRIVADO DE COMPRAVENTA DE FECHA INCIERTA, PARA ACREDITARLO.- Si bien en términos del artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados no objetados en juicio hacen prueba plena, esta regla no es aplicable en tratándose de documentos privados en los que se hace constar un acto traslativo de dominio, los cuales para tener eficacia probatoria y surtir efectos contra terceros requieren de ser de fecha cierta, lo que este Supremo Tribunal ha estimado ocurre a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado, o son inscritos en el Registro Público de la Propiedad de su ubicación, o bien a partir de la muerte de cualquiera de los firmantes; por lo que es dable concluir, que con esa clase de documentos no debe tenerse por acreditado el interés jurídico del quejoso que lo legitime para acudir al juicio, pues la circunstancia de ser de fecha incierta imposibilita determinar si todo reclamo que sobre esos bienes realicen terceros, es derivado de actos anteriores o posteriores a la adquisición del bien litigioso, garantizándose de esta manera, la legalidad y certeza jurídica que debe imperar en este tipo de operaciones y evitando que el juicio de amparo sea utilizado con fines desleales. (Novena Época, Primera Sala, Apéndice 2000, Tomo IV, Civil, Jurisprudencia Suprema Corte de Justicia de la Nación, tesis 256, página 214)." También, la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció el criterio que aparece resumido en la siguiente tesis jurisprudencial: "DOCUMENTOS PRIVADOS, FECHA CIERTA DE LOS.- La certeza de fecha de un documento privado, depende de su presentación a un registro público, o ante un funcionario público en razón de su oficio, o de la muerte de cualquiera de los firmantes." (Sexta Época, Tercera Sala, Semanario Judicial de la Federación, Volumen LXVI, Cuarta Parte, página 63). De lo expuesto se advierte que nuestro máximo tribunal ha sustentado en reiteradas ocasiones que la fecha cierta de un documento privado, es aquella que se tiene cuando se da cualquiera de las hipótesis ahí previstas; es decir, ha establecido que los documentos provenientes de terceros que consignan contratos, para que tengan eficacia plena, deben tener fecha cierta y ello acontece: a) a partir del día en que se celebran ante fedatario público o funcionario autorizado; b) a partir del día en que se incorpore o inscriba en un registro público; y, c) desde la muerte de alguno de los contratantes. En ese sentido, se debe tener como fecha cierta de un documento privado aquélla a partir del día en que se incorpore o inscriba en un Registro Público de la Propiedad, porque del mismo tiene conocimiento un tercero digno de fe ajeno a las partes, dado que dicho registro es una institución pública que da certeza de que ese acto existe. Asimismo, adquiere fecha cierta cuando se celebra ante fedatario público o funcionario autorizado pues existe certeza sobre la fecha en que fue elaborado, ya que es un tercero ajeno a las partes que está investido de fe pública y cuenta con facultades para autenticar y dar forma en los términos que disponga la ley, a los instrumentos en que se consignen los actos y hechos jurídicos, por lo cual su intervención conduce así, a garantizar la certeza de la fecha de su realización, porque da fe de que existió el instrumento que le fue presentado. Finalmente, el fallecimiento de alguno de los contratantes también genera certidumbre en la fecha del documento, pues al ocurrir el deceso no existiría posibilidad de prefabricar un pacto de voluntades por no poder contrariarse el orden cronológico y natural de los eventos. Por tanto, únicamente bajo estos supuestos, puede ser considerado como de fecha cierta un documento, pues tales acontecimientos tienen como finalidad otorgar eficacia probatoria a la fecha que consta en él y con ello certeza jurídica, y así evitar actos fraudulentos o dolosos como serían que las partes que intervienen en un acto jurídico consignado en el instrumento señalado asentaran en éste una fecha falsa, esto es, anterior o posterior a la verdadera. Además de que, nuestro máximo tribunal ha sostenido que para que los documentos privados en los que se hacen constar actos traslativos de dominio tengan eficacia probatoria y surtan efectos contra terceros, requieren ser de fecha cierta; y, en el texto de la jurisprudencia 1a./J. 24/2008, de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "ARRENDAMIENTO. CUANDO EL QUEJOSO RECLAMA EL DESPOSEIMIENTO DE UN INMUEBLE QUE DICE POSEER EN CALIDAD DE ARRENDATARIO, OSTENTÁNDOSE COMO TERCERO EXTRAÑO AL JUICIO NATURAL, SI EL CONTRATO EXHIBIDO CARECE DE FECHA CIERTA, ES INSUFICIENTE POR SÍ MISMO PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO", se establece también que la circunstancia de que la legislación secundaria, en lo general, no exija que los contratos de arrendamiento se celebren o ratifiquen ante fedatario público o bien se inscriban ante un Registro Público, no implica que tales documentos, per se, adquieran autenticidad y eficacia probatoria frente a terceros. Lo anterior, porque ello significaría conferirles valor probatorio pleno, aun cuando dada su naturaleza de documentos privados, en los que únicamente intervienen las partes que los suscriben, es posible que contengan una fecha anterior o posterior a la verdadera, en perjuicio de terceros. Por tanto, señala que la exigencia mencionada debe prevalecer tratándose de documentos que consignan contratos traslativos de uso como el arrendamiento, independientemente de que lo requiera o no la ley, pues de otro modo únicamente surtirán efectos entre los contratantes, sin que lo anterior impida que el interés jurídico se acredite con otras pruebas. Ahora bien, en el caso que nos ocupa, como se dijo, el promovente exhibió copia certificada del acuerdo de ocho de septiembre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio ordinario civil ********************, del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado de Morelos, mediante el cual se aprobó la cesión de derechos litigiosos que realizó ********************a favor del aquí quejoso, por lo que su valoración debe atender a la fecha cierta a que alude nuestro máximo tribunal; y, como no se advierte el contenido de dicho contrato, ni mucho menos la data en que fue presentado ante la autoridad jurisdiccional que lo aprobó, la fecha cierta del mismo, para efectos del presente juicio de amparo, lo es el ocho de septiembre de dos mil veintiuno, considerando además que sólo si ésta es anterior al acto vulneratorio, se considera demostrado el interés jurídico. Así lo sostuvo la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 1ª./J. 21/2010, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, página 259, abril de dos mil diez, de rubro y texto: "DOCUMENTO PRIVADO QUE CONTIENE UN ACTO JURÍDICO TRASLATIVO DE DOMINIO. SU COPIA CERTIFICADA POR UN FEDATARIO PÚBLICO DEBE CONSIDERARSE DE FECHA CIERTA Y, POR ENDE, SUFICIENTE PARA ACREDITAR EL INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. Si bien es cierto que conforme al artículo 203 del Código Federal de Procedimientos Civiles, los documentos privados hacen prueba plena de los hechos mencionados en ellos, que pueden consistir, por ejemplo, en la celebración de un acto jurídico válido de traslación de dominio, también lo es que ello no es suficiente para tener por acreditado el interés jurídico en el juicio de amparo, acorde con los criterios emitidos por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, pues aquéllos además deben ser de fecha cierta, lo cual acontece desde el día en que se incorporan o inscriben en un Registro Público, desde la muerte de cualquiera de sus firmantes o desde la fecha en que son presentados ante algún funcionario público, por razón de su oficio. Por tanto, si el documento privado que contiene un acto jurídico traslativo de dominio es presentado ante un notario público, y en uso de sus funciones emite copia certificada de éste, constatando que en cierta fecha tuvo a la vista el documento para su compulsa, dicha copia certificada es un documento de fecha cierta, pues no deja duda de que el documento existía al momento en que el notario lo tuvo a la vista, de manera que si dicha fecha es anterior al acto reclamado, la copia certificada puede demostrar el interés jurídico de quien la presenta, siempre y cuando se acredite la afectación al derecho real de propiedad hecho valer, y sin perjuicio de que el tribunal de amparo, valorando el documento con las reglas de las documentales privadas, pueda determinar si en éste se contiene o no un acto jurídico válido y eficaz que produzca como consecuencia la creación o traslación del derecho subjetivo que el quejoso señala como transgredido por el acto reclamado a la autoridad responsable." De esa manera, como ya se dijo, el documento adquirió fecha cierta, concretamente cuando fue aprobado por la Jueza Segunda Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado de Morelos, esto es el ocho de septiembre de dos mil veintiuno; siendo que esa data es posterior a aquélla en que inició el juicio sumario civil de origen ********************, a la relativa al dictado de la sentencia definitiva (dieciocho de marzo de dos mil dieciséis) y a la emisión de la escritura pública número ******************** (veinte de agosto de dos mil dieciocho) en la que se protocolizó la adjudicación a favor de ********************, respecto del bien inmueble en cuestión; por tanto, es indudable que no se cumple con la exigencia descrita en el criterio jurisprudencial que antecede para tener por acreditado el interés jurídico. De ahí que, la copia certificada de los acuerdos de dieciocho de septiembre y dieciocho de noviembre, ambos de dos mil veintiuno, en los que, en el primero se aprobó la cesión de derechos litigiosos a favor del aquí quejoso, y el segundo regularizó el primero para aclarar el nombre del cesionario, el cual concuerda con el del aquí impetrante, mismos que anexó la parte quejosa con su demanda resultan insuficientes para acreditar su interés jurídico, al contar con una fecha cierta posterior al acto reclamado, sin que tampoco demostrara con las diversas pruebas que allegó, la existencia de un derecho a poseer el inmueble en cita, con base en un título sustentado en alguna figura jurídica o precepto de las legislaciones secundarias relativas. Asimismo, tampoco demuestra un derecho a favor del aquí amparista la copia certificada del oficio número ********************, de diez de marzo de dos mil veintidós, mediante el cual la Jueza Segunda Civil de Primera Instancia del Quinto Distrito Judicial del Estado de Morelos, dentro del juicio ordinario civil ******************** sobre prescripción positiva, ordenó al Instituto de Servicios Registrales y Catastrales del Estado de Morelos, realizar la anotación que dé cumplimiento al cuarto punto resolutivo de la sentencia definitiva emitida en el juicio ordinario civil de origen a favor de ********************, respecto del bien inmueble en cuestión, dado que no se advierte que dicho ente catastral hubiere inscrito la sentencia indicada, misma que serviría como título de propiedad. Aunado a que, la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con la figura jurídica consistente en el contrato de cesión de derechos, al resolver la denuncia de contradicción de tesis número 48/2007- PS, en lo conducente señaló que el contrato de cesión de derechos propiamente dicho, no es apto para transmitir la propiedad de un inmueble, pues sólo sirve para transmitir otro tipo de derechos que están directamente vinculados con un crédito, siendo que en la especie la parte quejosa funda su interés jurídico en una transmisión de un derecho real de propiedad, lo que no se advierte que haya acontecido, máxime que no exhibió el referido contrato. En este sentido, si la parte quejosa defiende el derecho de propiedad, lo cierto es que el contrato de cesión de derechos litigiosos resulta ineficaz para tal efecto, pues no es viable proteger ese derecho a través de este juicio de garantías, en tanto es necesaria la existencia de un título que se sustente en alguna figura jurídica o precepto legal que genere el derecho de propiedad. Por ende, con base en las anteriores consideraciones, es que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, por lo que con fundamento en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento, se sobresee en el presente juicio, respecto de los actos reclamados. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además en los artículos 74 a 76 de la Ley de Amparo, se R E S U E L V E: ÚNICO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo promovido por ********************, por las consideraciones contenidas en el considerando VI, contra los actos reclamados y la autoridad responsable precisada en el considerando II, ambos de este fallo. Notifíquese; y procédase a realizar las anotaciones correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Así lo resuelve y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, quien actúa asistida de Erika de la Cruz Uribe, Secretaria que autoriza y da fe, el ocho de agosto de dos mil veintitrés, en que lo permitieron las labores del juzgado.
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Audiencia Constitucional Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, la presente audiencia se genera de manera electrónica. En Cuernavaca, Morelos, a las once horas con treinta minutos del seis de julio de dos mil veintitrés, en audiencia pública Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, asistida de Rosa María Luna Mercado, secretaria con quien legalmente actúa, se inició la audiencia constitucional del juicio de amparo indirecto 606/2023, promovido por ********, sin asistencia de las partes. Luego, a fin de relacionar las constancias que obran en autos, la secretaria hace constar que se da lectura a cada una de ellas, entre las que se encuentran por su importancia, el escrito inicial de demanda, auto admisorio e informe justificado rendido por la autoridad responsable. Enseguida la Jueza acuerda: Se tiene por hecha la relación secretarial que antecede, para los efectos legales a que haya lugar. Acto continuo, la Jueza declara abierto el periodo probatorio: La secretaria procede a dar cuenta con las pruebas ofrecidas por el quejoso y la autoridad responsable con las constancias allegadas como anexo a su informe justificado. A lo anterior la Jueza acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo, se tienen por desahogadas por su propia y especial naturaleza jurídica las pruebas documentales, exhibidas por el quejoso y la autoridad responsable. Luego, la Jueza declara abierto el periodo de alegatos: En el que la secretaria hace constar que ninguna de las partes ejerció ese derecho ni la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita presentó pedimento. En esas condiciones, se procede a cerrar el período de alegatos y, al no haber diligencia que practicar ni escrito pendiente por acordar, se da por concluida la presente audiencia y en vista de lo actuado, quedan los autos en estado de resolución. Doy fe. (Firmado electrónicamente) Nadyelly López Guevara. Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos. (Firmado electrónicamente) Rosa María Luna Mercado Secretaria del Juzgado. En esta fecha se generaron los oficios Rosa María Luna Mercado, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Morelos, con sede en esta ciudad de Cuernavaca, Morelos, certifica: que la hora del cierre de la audiencia contenida en la evidencia criptográfica correspondiente a las firmas electrónicas, no coincide con la hora de la audiencia precedente, en razón de la carga de trabajo existente en este órgano jurisdiccional, tanto en audiencias como trámite y atención a las partes que asisten a consultar sus expedientes. Doy fe.
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Cuernavaca, Morelos, catorce de junio de dos mil veintitrés. Con fundamento en el artículo 253 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, el presente acuerdo se genera de manera electrónica. Visto el estado que guardan los autos de los que se advierte, que por auto de cinco de junio del año en curso se tuvo a la autoridad responsable Jueza Primero Civil de Primera Instancia del Primer Distrito Judicial del Estado de Morelos, rindiendo su informe justificado y se ordenó el emplazamiento de la tercero interesada ********************, a la cual se tuvo por emplazada el nueve de junio del presente año. En esas condiciones, a fin de dar oportunidad a que la tercero interesada se imponga del contenido de los autos, se difiere la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y se fijan nuevamente las ONCE HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL SEIS DE JULIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, para su desahogo. Notifíquese. Así lo acordó y firma Nadyelly López Guevara, Jueza Primera de Distrito en el Estado de Morelos, ante la secretaria Rosa María Luna Mercado, quien autoriza y da fe.
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