Victor Manuel Gonzalez Jimenez

Expediente 459/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen. 7 actuaciones registradas, la última del 18 de julio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
459/2023
Año
2023
Actuaciones
7
Última actuación
18/07/2023

Partes del expediente

  • Victor Manuel Gonzalez Jimenez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 7.

  1. Principal

    MESA I..."Ciudad del Carmen, Campeche, dieciocho de julio de dos mil veintitrés. Vista la certificación de cuenta, se advierte que el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa, interpusiera recurso de revisión contra el auto de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, transcurrió del cuatro al diecisiete de julio de dos mil veintitrés, con exclusión de los días ocho, nueve, quince y dieciséis de julio del año en curso, por ser inhábiles (sábados y domingos) en términos de artículo 19 de la Ley de Amparo, sin que dentro de dicho plazo interpusieran el aludido medio de impugnación. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria de la Ley de Amparo, se declara que el auto de veintiséis de junio de dos mil veintitrés, que sobreseyó el presente juicio de amparo fuera de audiencia, HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales procedentes. Por otro lado, de la certificación secretarial de cuenta se desprende que en este juicio de amparo no obran documentos originales exhibidos por las partes, por tanto, remítase al archivo definitivo como asunto concluido. En razón de lo anterior, con fundamento en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, se determina que este juicio de amparo no es considerado de relevancia documental. Asimismo, transcurrido el plazo de tres años contados a partir de la fecha en que se dicta este proveído, procédase a su destrucción, conforme a los artículos 20, fracción I y 3 del referido Acuerdo General. Realícense las anotaciones en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. De igual forma, hágase constar la valoración documental en la carátula del expediente principal, mediante la leyenda "destruible", de conformidad con lo dispuesto por el artículo 34 del citado Acuerdo General. Notifíquese por lista a las partes.

  2. Principal

    MESA I..."Ciudad del Carmen, Campeche, veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio **** de ****, en su carácter de delegada del Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Campeche del Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante el cual, en vía de alcance a su informe justificado, hace diversas manifestaciones a manera de alegatos y ofrece pruebas. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley Amparo, se tienen como pruebas de la delegada del Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Campeche del Instituto Mexicano del Seguro Social, las siguientes: I. Copia certificada de la resolución de negativa de pensión de vejez *** de trece de junio de dos mil veintitrés, expedida a *** por el Instituto Mexicano del Seguro Social. II. Copia certificada de la constancia de notificación realizada a ***, de la resolución de negativa de pensión de vejez **** de trece de junio de dos mil veintitrés, por el Instituto Mexicano del Seguro Social. III. Presuncional en su doble aspecto, legal y humana. IV. Instrumental de actuaciones. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Mientras que, el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento. Por su parte, el precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. A partir de lo anterior, se concluye que si de las constancias de autos se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Bajo ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión 3387/97, 393/98, 363/98, 2685/98 y 348/99, sostuvo que para que exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a la jurisprudencia 2a./J. 59/99, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta. Tomo IX, junio de 1999, página 38, Novena Época, intitulada: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso que nos ocupa, mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito el diez de mayo dos mil veintitrés, ****, promovió demanda de amparo contra actos de las siguientes autoridades: I. Del Instituto Mexicano del Seguro Social, le reclamó la omisión y/o negativa de ordenar a la Subdelegación Ciudad del Carmen y a la Delegación Campeche, ambas del Instituto Mexicano del Seguro Social para darle trámite a la solicitud de pensión (cesantía en edad avanzada o vejez), con número de folio *** de tres de febrero de dos mil veintitrés a nombre de ****. II. De la Subdelegación Ciudad del Carmen del Instituto Mexicano del Seguro Social, le reclamó la omisión y/o negativa de realizar el trámite correspondiente a la solicitud de pensión (cesantía en edad avanzada o vejez), con número de folio *** de tres de febrero de dos mil veintitrés a nombre de ***. III. De la Delegación Campeche del Instituto Mexicano del Seguro social, le reclamó la omisión y/o negativa de realizar el trámite correspondiente a la solicitud de pensión (cesantía en edad avanzada o vejez), con número de folio *** de tres de febrero de dos mil veintitrés a nombre de ****. Ahora bien, la autoridad responsable Titular de la Subdelegación Ciudad del Carmen, Campeche del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social en Campeche, por conducto de su delegada ***, mediante oficio ****, en vía de alcance a su informe justificado, hizo del conocimiento de este juzgador que se actualiza la causal de improcedencia por cesación de efectos del acto reclamado, establecida en la fracción XXI del artículo 61 en relación con las fracciones IV y V del artículo 63, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que el trece de junio de dos mil veintitrés, se dio contestación a la omisión y/o negativa de realizar el trámite correspondiente a la solicitud de pensión (cesantía de Edad Avanzada o Vejez) con número de folio ***, con fecha de emisión tres de febrero de dos mil veintitrés, a nombre de ****. Para acreditar lo anterior, proporcionó copias certificadas de la resolución de trece de junio de dos mil veintitrés, expedida por Clemencia Yanira Carretino Cano, Jefa de Departamento de Pensiones de la Subdelegación Ciudad del Carmen del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal, Campeche del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como de la constancia de notificación al quejoso ***. Copias certificadas a las que se les confiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que tienen la naturaleza de documento público en razón de que fueron expedidas por servidor público en ejercicio de sus funciones, cuenta con signos exteriores que les da esa calidad, como son el nombre, cargo y firma del servidor público que las expidió, así como el sello del Departamento de Pensiones Subdelegación Ciudad del Carmen de la Delegación Estatal en Campeche del Instituto Mexicano del Seguro Social. Bajo ese contexto, si el diez de mayo de dos mil veintitrés, el quejoso ****, promovió demanda de amparo contra actos del Instituto Mexicano del Seguro Social y de otras autoridades, a quienes les reclamó la omisión y/o negativa de realizar el trámite correspondiente a la solicitud de pensión (cesantía de Edad Avanzada o Vejez) con número de folio ****, con fecha de emisión tres de febrero de dos mil veintitrés. Y, de las constancias remitidas por el Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Campeche del Instituto Mexicano del Seguro Social, por conducto de su delegada ****, se advierte de forma clara y manifiesta que el trece de junio de dos mil veintidós la autoridad responsable, emitió el acuerdo correspondiente respecto de la solicitud de pensión de cesantía de edad avanzada o vejez, realizada por el quejoso. Resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, pues desaparecieron los motivos que concreta y específicamente originaron la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos reclamados no hubieran invadido la esfera jurídica del particular, ya que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por las razones expuestas, por haber sobrevenido causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, de ese mismo ordenamiento legal, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la constitucional, programada para las NUEVE HORAS DEL VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, es dable precisar que no procede otorgar la vista correspondiente para que el quejoso amplíe su demanda de amparo contra la respuesta del Instituto Mexicano del Seguro Social, toda vez que cuando en un juicio de amparo se reclama la omisión del Instituto Mexicano del Seguro Social, de dar respuesta a una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición que debe responder en su carácter de ente asegurador, no procede la ampliación de la demanda de amparo indirecto contra la respuesta otorgada de dicho Instituto, sino que una vez conocida y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario debe acudir a la vía laboral, en materia de Seguridad Social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 31, tomo II, junio de 2016, página 898, Décima Época, que dice: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo." Notifíquese personalmente a la parte quejosa y a la Agente Público de la Federación adscrita; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma José Elías Pacheco Martínez, juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, ante Aletza Vanessa Riofrio Martínez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.

  3. Principal

    EN CUMPLIMIENTO AL AVISO DE VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, SE NOTIFICA A LA PARTE QUEJOSA POR MEDIO DE LISTA, EL PROVEÍDO DE VEINTISÉIS DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: MESA I..."Ciudad del Carmen, Campeche, veintiséis de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio **** de ****, en su carácter de delegada del Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Campeche del Instituto Mexicano del Seguro Social, mediante el cual, en vía de alcance a su informe justificado, hace diversas manifestaciones a manera de alegatos y ofrece pruebas. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley Amparo, se tienen como pruebas de la delegada del Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Campeche del Instituto Mexicano del Seguro Social, las siguientes: I. Copia certificada de la resolución de negativa de pensión de vejez *** de trece de junio de dos mil veintitrés, expedida a *** por el Instituto Mexicano del Seguro Social. II. Copia certificada de la constancia de notificación realizada a ***, de la resolución de negativa de pensión de vejez **** de trece de junio de dos mil veintitrés, por el Instituto Mexicano del Seguro Social. III. Presuncional en su doble aspecto, legal y humana. IV. Instrumental de actuaciones. Ahora bien, el artículo 62 de la Ley de Amparo, establece que las causas de improcedencia deben analizarse de oficio por el órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo. Mientras que, el numeral 63, fracción V, de la Ley de Amparo, establece que el sobreseimiento en el juicio de amparo procede, entre otros supuestos, cuando durante el juicio se advierta o sobrevenga alguna de las causales de improcedencia a que se refiere el artículo 61 de ese mismo ordenamiento. Por su parte, el precepto 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, dispone que el juicio de amparo es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. A partir de lo anterior, se concluye que si de las constancias de autos se advierte que cesaron los efectos del acto reclamado, debe decretarse el sobreseimiento en el juicio de amparo, sin necesidad de esperar hasta la celebración de la audiencia constitucional. Estimar lo contrario, traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que iría contra el espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. Bajo ese contexto, cabe precisar que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver los amparos en revisión ***, sostuvo que para que exista cesación de efectos del acto reclamado, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque el acto reclamado, sino que es necesario, además, que sus efectos queden destruidos de manera absoluta, completa e incondicional, como si se hubiese otorgado el amparo, es decir, como si se hubiese restituido al quejoso en el pleno goce del derecho violado, de tal manera que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional. Ejecutorias que dieron lugar a l*** De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso que nos ocupa, mediante escrito presentado en la Oficialía de Partes de este Juzgado de Distrito el diez de mayo dos mil veintitrés, ****, promovió demanda de amparo contra actos de las siguientes autoridades: I. Del Instituto Mexicano del Seguro Social, le reclamó la omisión y/o negativa de ordenar a la Subdelegación Ciudad del Carmen y a la Delegación Campeche, ambas del Instituto Mexicano del Seguro Social para darle trámite a la solicitud de pensión (cesantía en edad avanzada o vejez), con número de folio *** de tres de febrero de dos mil veintitrés a nombre de ****. II. De la Subdelegación Ciudad del Carmen del Instituto Mexicano del Seguro Social, le reclamó la omisión y/o negativa de realizar el trámite correspondiente a la solicitud de pensión (cesantía en edad avanzada o vejez), con número de folio *** de tres de febrero de dos mil veintitrés a nombre de ***. III. De la Delegación Campeche del Instituto Mexicano del Seguro social, le reclamó la omisión y/o negativa de realizar el trámite correspondiente a la solicitud de pensión (cesantía en edad avanzada o vejez), con número de folio *** de tres de febrero de dos mil veintitrés a nombre de ****. Ahora bien, la autoridad responsable Titular de la Subdelegación Ciudad del Carmen, Campeche del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada del Instituto Mexicano del Seguro Social en Campeche, por conducto de su delegada ***, mediante oficio ****, en vía de alcance a su informe justificado, hizo del conocimiento de este juzgador que se actualiza la causal de improcedencia por cesación de efectos del acto reclamado, establecida en la fracción XXI del artículo 61 en relación con las fracciones IV y V del artículo 63, ambos de la Ley de Amparo, toda vez que el trece de junio de dos mil veintitrés, se dio contestación a la omisión y/o negativa de realizar el trámite correspondiente a la solicitud de pensión (cesantía de Edad Avanzada o Vejez) con número de folio ***, con fecha de emisión tres de febrero de dos mil veintitrés, a nombre de ****. Para acreditar lo anterior, proporcionó copias certificadas de la resolución de trece de junio de dos mil veintitrés, expedida por Clemencia Yanira Carretino Cano, Jefa de Departamento de Pensiones de la Subdelegación Ciudad del Carmen del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal, Campeche del Instituto Mexicano del Seguro Social, así como de la constancia de notificación al quejoso ***. Copias certificadas a las que se les confiere valor probatorio pleno de conformidad con los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, ya que tienen la naturaleza de documento público en razón de que fueron expedidas por servidor público en ejercicio de sus funciones, cuenta con signos exteriores que les da esa calidad, como son el nombre, cargo y firma del servidor público que las expidió, así como el sello del Departamento de Pensiones Subdelegación Ciudad del Carmen de la Delegación Estatal en Campeche del Instituto Mexicano del Seguro Social. Bajo ese contexto, si el diez de mayo de dos mil veintitrés, el quejoso ****, promovió demanda de amparo contra actos del Instituto Mexicano del Seguro Social y de otras autoridades, a quienes les reclamó la omisión y/o negativa de realizar el trámite correspondiente a la solicitud de pensión (cesantía de Edad Avanzada o Vejez) con número de folio ****, con fecha de emisión tres de febrero de dos mil veintitrés. Y, de las constancias remitidas por el Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Campeche del Instituto Mexicano del Seguro Social, por conducto de su delegada ****, se advierte de forma clara y manifiesta que el trece de junio de dos mil veintidós la autoridad responsable, emitió el acuerdo correspondiente respecto de la solicitud de pensión de cesantía de edad avanzada o vejez, realizada por el quejoso. Resulta evidente que han cesado los efectos del acto reclamado, pues desaparecieron los motivos que concreta y específicamente originaron la solicitud del amparo y protección de la justicia federal, porque las cosas volvieron a constituirse en una situación idéntica a la que imperaba antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos reclamados no hubieran invadido la esfera jurídica del particular, ya que resultaría ocioso examinar la constitucionalidad de un acto que ya no surte sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser subsanada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por las razones expuestas, por haber sobrevenido causa notoria, manifiesta e indudable de improcedencia, con fundamento en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 63, fracción V, de ese mismo ordenamiento legal, se decreta el SOBRESEIMIENTO fuera de audiencia en este juicio de amparo. Derivado de lo anterior, se deja sin efectos la celebración de la constitucional, programada para las NUEVE HORAS DEL VEINTISIETE DE JUNIO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Háganse las anotaciones respectivas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Finalmente, es dable precisar que no procede otorgar la vista correspondiente para que el quejoso amplíe su demanda de amparo contra la respuesta del Instituto Mexicano del Seguro Social, toda vez que cuando en un juicio de amparo se reclama la omisión del Instituto Mexicano del Seguro Social, de dar respuesta a una solicitud formulada en ejercicio del derecho de petición que debe responder en su carácter de ente asegurador, no procede la ampliación de la demanda de amparo indirecto contra la respuesta otorgada de dicho Instituto, sino que una vez conocida y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario debe acudir a la vía laboral, en materia de Seguridad Social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo. Al respecto, resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 66/2016 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro 31, tomo II, junio de 2016, página 898, Décima Época, que dice: "INSTITUTO MEXICANO DEL SEGURO SOCIAL. EL JUICIO DE AMPARO PROCEDE CONTRA LA OMISIÓN DE DAR RESPUESTA A UNA SOLICITUD FORMULADA EN EJERCICIO DEL DERECHO DE PETICIÓN QUE DEBE RESPONDER EN SU CARÁCTER DE ENTE ASEGURADOR. El Instituto Mexicano del Seguro Social constituye un ente público del Estado, independientemente de que su naturaleza formal sea de organismo descentralizado encargado de organizar y administrar el seguro social de conformidad con la ley que lo rige y, por tanto, facultado para emitir actos a través de los cuales resuelve sobre la procedencia de una pensión o demás prestaciones de seguridad social, con los cuales pueden crearse, modificarse o extinguirse situaciones jurídicas de los asegurados o beneficiarios. Por tanto, si el derecho de petición reconocido en el artículo 8o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos se sustenta en la obligación de todos los funcionarios y empleados públicos de contestar en breve término cualquier solicitud formulada por escrito por los particulares, entonces, cuando se atribuye la omisión de responder una solicitud en materia de pensiones, procede el juicio de amparo indirecto en su contra, debido a que en este caso es necesario garantizar la protección efectiva de ese derecho humano, con la única finalidad de que el funcionario o servidor público del Instituto dé respuesta a la petición; en el entendido de que contra ésta no procede ampliación a la demanda de amparo indirecto, sino que una vez conocida, y de estimar que no se satisface su interés, el asegurado o beneficiario deben acudir a la vía ordinaria laboral, en materia de seguridad social, acorde con los artículos 295 de la Ley del Seguro Social y 899-A de la Ley Federal del Trabajo." Notifíquese personalmente a la parte quejosa y a la Agente Público de la Federación adscrita; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma José Elías Pacheco Martínez, juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, ante Aletza Vanessa Riofrio Martínez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.

  4. Principal

    MESA I "... Ciudad del Carmen, Campeche, veinte de junio de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos el oficio *** del Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Campeche del Instituto Mexicano del Seguro Social, también denominado Delegado Estatal del Instituto Mexicano del Seguro Social en Campeche, mediante el cual, en atención a los oficios *** y ***, rinde su informe justificado en el sentido de que no es cierto el acto reclamado, en razón de que la autoridad oficiante tiene competencia estatal, por lo que el trámite de solicitud de pensiones le corresponde a los órganos operativos "subdelegaciones", en este caso, la ubicada en Ciudad del Carmen, Campeche, de igual manera, designa delegados y proporciona domicilio para oír y recibir notificaciones. Asimismo, con fundamento en el artículo 119 de la Ley Amparo, se tienen como pruebas de la autoridad responsable, las siguientes: (...) En cuanto a la instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, las mismas se desahogan dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de relacionarlas en la audiencia constitucional y en ese acto se tengan por recibidas, aunque no exista gestión expresa del interesado, toda vez que la instrumental de actuaciones se conformará con el cúmulo de actuaciones que obrarán en este expediente, mientras que la presuncional legal se constituye cuando expresamente así lo establece la ley, en cambio, la presuncional humana se integra cuando de un hecho debidamente probado se deduce otro que es consecuencia ordinaria de aquél. Sirve de apoyo a lo expuesto, la tesis aislada XX. 305 K del Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Tomo XV, enero de 1995, página 291, Octava Época, intitulada: "PRUEBAS INSTRUMENTAL DE ACTUACIONES Y PRESUNCIONAL LEGAL Y HUMANA. NO TIENEN VIDA PROPIA LAS. Las pruebas instrumental de actuaciones y la presuncional legal y humana, prácticamente no tienen desahogo, es decir que no tienen vida propia, pues no es más que el nombre que en la práctica se ha dado a la totalidad de las pruebas recabadas en el juicio, por lo que respecta a la primera y por lo que corresponde a la segunda, ésta se deriva de las mismas pruebas que existen en las constancias de autos." En consecuencia, con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, con el informe justificado rendido, dese vista a las partes para que manifiesten lo que a su derecho convenga. Asimismo, con fundamento en los artículos 9 y 28 fracción II, inciso a), de la Ley de Amparo, se tienen como delegados de la autoridad responsable Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Campeche del Instituto Mexicano del Seguro Social, a las personas que designó para tal efecto y como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala en el oficio de cuenta. Ahora bien, toda vez que del informe justificado rendido por el Titular del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Campeche del Instituto Mexicano del Seguro Social, se advierte la participación de una autoridad no señalada como responsable por el quejoso. En consecuencia, con fundamento en el artículo 111, fracción II, de la Ley de Amparo, se previene a la parte quejosa ***, para que en el plazo de quince días, contados a partir del siguiente en que surta efectos la notificación del presente auto, amplíe o aclare su demanda de amparo, por lo que hace al Departamento de Pensiones de la Subdelegación en Ciudad del Carmen, Campeche del Órgano de Operación Administrativa Desconcentrada Estatal Campeche del Instituto Mexicano del Seguro Social. En el entendido que de optar por ampliar su demanda de amparo respecto de la autoridad referida, deberá ajustarla a los requisitos establecidos en el artículo 108 de la Ley de Amparo. Resulta aplicable la jurisprudencia 2a./J. 112/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Diciembre de 2003, página 93, que dice: "INFORME JUSTIFICADO. CUANDO DE ÉL SE ADVIERTA LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE POR EL QUEJOSO, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE NOTIFICARLE PERSONALMENTE SU CONTENIDO, ASÍ COMO PREVENIRLO PARA QUE ACLARE O AMPLÍE SU DEMANDA. De la interpretación teleológica del primer párrafo del artículo 30 de la Ley de Amparo se advierte que el legislador estableció una facultad discrecional en favor del Juez de Distrito para ordenar que se realice personalmente una notificación; sin embargo, la notificación que se ordene durante la sustanciación del juicio de garantías únicamente procederá cuando se trate de determinaciones de importancia y trascendencia para la correcta integración de la litis constitucional, cuyo objetivo principal será no dejar en estado de indefensión a alguna de las partes, en tanto que todo rigorismo técnico estará subordinado a la observancia del fin supremo de impartir justicia, sobre todo en materia de juicios de amparo que, a diferencia de los del orden común, antes de los intereses recíprocos de las partes o de rigorismos procesales que obstaculicen el acceso a la defensa de los derechos constitucionales está la tutela de las garantías fundamentales del gobernado. En congruencia con lo antes expuesto, cuando al rendirse el informe justificado el Juez de Distrito advierta la participación de autoridades no señaladas como responsables por el quejoso, deberá notificarle personalmente el contenido de dicho informe, e igualmente prevenirlo para que aclare o amplíe su demanda, pues de lo contrario incurrirá en violación a las normas del procedimiento, la que en todo caso será corregida por el tribunal revisor al ordenar su reposición, de conformidad con el artículo 91, fracción IV, de la ley citada." Notifíquese personalmente a la parte quejosa y por lista a las demás partes. Así lo acordó y firma José Elías Pacheco Martínez, juez Tercero de Distrito en el Estado de Campeche, con residencia en Ciudad del Carmen, ante Aletza Vanessa Riofrio Martínez, Secretaria de Juzgado con quien actúa y da fe.

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