Víctor Manuel González Camacho
Expediente 491/2019 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas. 3 actuaciones registradas, la última del 29 de mayo de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 491/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 29/05/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Tamaulipas · Tamaulipas
Partes del expediente
- Víctor Manuel González Camacho
Actuaciones
- Principal
Visto; el estado que guardan los presentes autos y la certificación Secretarial con que se da cuenta, de los que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98, en relación con el diverso 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, sin que la parte promovente hubiera recurrido en queja el auto de diez de mayo de dos mil diecinueve, a través del cual se tuvo por desechada la demanda de amparo indirecto; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que tal acuerdo HA CAUSADO ESTADO. Por tanto, archívese el presente expediente como asunto totalmente concluido. En otro orden, de conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción I, del punto Vigésimo Primero, Capítulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de una demanda que se desechó, la cual dio origen al presente asunto; además a juicio de la suscrita no tiene relevancia documental para su conservación. Por otra parte, como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Décimo Primero, segundo párrafo y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en los libros de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberá transferirse el expediente al Centro Archivístico Judicial.
- Principal
MESA V NOTIFIQUESE PERSONALMENTE
- Principal
MESA V SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA, CON FUNDAMENTO EN EL ARTICULO 27, FRACCIÓN PRIMERA INCISO B) DE LA LEY DE AMPARO, SÍNTESIS DEL AUTO DE DIEZ DEW MAYO DE DOS MIL DIECINUEVE: Vista la demanda de amparo promovida por Víctor Manuel González Camacho, contra actos del Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil del Segundo Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Altamira y otra autoridad; fórmese expediente, anótese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en el libro de gobierno respectivo con el número 491/2019-V-B. PERSONALIDAD Con fundamento en el artículo 10 de la Ley de Amparo, se reconoce la personalidad jurídica del promovente como albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de Carlos González Hernández, con la copia certificada de constancias que integran el expediente 157/2016, del índice del Juzgado Segundo Civil de Primera Instancia del Segundo Distrito Judicial en el Estado de Tamaulipas, con residencia en Altamira. DESECHAMIENTO A efecto de proveer respecto de la demanda, se debe considerar lo dispuesto en el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establecer: "113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El citado precepto impone, ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano. Así, el concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la jurisprudencia V.2o.J/75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, Tomo 68, agosto de 1993, página 77, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente, la indicada jurisprudencia explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir, cuando se advierte, en forma patente y absolutamente clara de la lectura del líbelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Así las cosas, en cumplimiento a lo dispuesto en la jurisprudencia P./J. 40/2000, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 32, del Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD.", se obtiene que, en la especie, la parte quejosa reclama: La resolución de diez de abril de dos mil diecinueve, dictada por el Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil, del Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en Altamira, en el juicio ordinario civil 157/2016, que resolvió infundado el recurso de revocación interpuesto por el ahora quejoso contra del auto de catorce de febrero de dos diecinueve, en el que a su vez se negó la sustitución del perito designado por el promovente en el juicio de origen. Sobre esa base, y en atención a que el análisis de las causales de improcedencia del juicio de amparo debe hacerse previamente y de oficio, dada su naturaleza de orden público, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 62, de la Ley de Amparo, se procede al estudio de la que, a juicio de este órgano jurisdiccional, se actualiza en el presente asunto. Respecto del acto reclamado la suscrita considera que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el precepto legal 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, que textualmente disponen: "ARTÍCULO 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley.". "ARTÍCULO 107. El amparo indirecto procede: . V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;..". Ahora, del análisis de lo dispuesto por dichos preceptos, se advierte que el juicio de amparo contra actos dentro del juicio, solamente procede cuando produzcan efectos de imposible reparación. Respecto de esos actos, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sustentado que son aquéllos cuyas consecuencias son susceptibles de afectar de manera directa alguno de los derechos sustantivos consagrados en la Constitución, tales como la vida, la integridad personal, la libertad en sus diversas manifestaciones la propiedad, etcétera, en virtud de que las afectaciones de esta naturaleza no se destruyen por el hecho de que se obtenga una sentencia favorable por parte de quien la sufrió. Esto es, son aquéllos que producen efectos materiales inmediatos sobre los derechos sustantivos de los gobernados. En cambio, los actos que en el juicio no tienen una ejecución de imposible reparación, se caracterizan porque la afectación relativa solamente incide sobre derechos adjetivos o procesales, en tanto que se vinculan esencialmente con las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vista a obtener una resolución favorable, por lo que al lograrse este objetivo, aquellas violaciones se extinguen sin haber originado afectación alguna a los derechos sustantivos del gobernado y, en caso de que no sea así, es decir, que el quejoso no obtenga un fallo favorable al resolverse el medio ordinario que proceda contra la sentencia definitiva, estará en condiciones de reclamarlas como tales en el amparo directo que se intente contra esa sentencia que pondrá fin al juicio. Ahora, en la Ley de Amparo, el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos dentro de juicio, ya que los actos, para ser calificados como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que con ello: a) Impidan el ejercicio de un derecho y no únicamente produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal que no necesariamente llegará a trascender al resultado de la sentencia definitiva; y, b) Recaigan sobre derechos cuyo significado rebasará lo estrictamente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no provenga exclusivamente de las leyes adjetivas. Al caso es aplicable la jurisprudencia P./J. 24/92, emitida por reiteración por el Pleno, publicada en la página 11, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, 56, Agosto de 1992, Octava Época, de registro 205651, que textualmente establece: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. El artículo 114 de la Ley de Amparo, en su fracción IV previene que procede el amparo ante el juez de Distrito contra actos en el juicio que tengan sobre las personas o las cosas una ejecución que sea de imposible reparación, debiéndose entender que producen "ejecución irreparable" los actos dentro del juicio, sólo cuando afectan de modo directo e inmediato derechos sustantivos consagrados en la Constitución, y nunca en los casos en que sólo afectan derechos adjetivos o procesales, criterio que debe aplicarse siempre que se estudie la procedencia del amparo indirecto, respecto de cualquier acto dentro del juicio.". Ahora bien, en la especie el acto que se reclama consiste en: La resolución de diez de abril de dos mil diecinueve, dictada por el Juez Segundo de Primera Instancia de lo Civil, del Segundo Distrito Judicial del Estado de Tamaulipas, con residencia en Altamira, en el juicio ordinario civil 157/2016, que resolvió infundado el recurso de revocación interpuesto por el ahora quejoso contra del auto de catorce de febrero de dos diecinueve, en el que a su vez se negó la sustitución del perito designado por el promovente en el juicio de origen. En ese tenor, resulta claro que la resolución impugnada no constituye un acto cuya ejecución sea de imposible reparación, que afecte materialmente derechos sustantivos, toda vez que sólo entraña una posible infracción a sus derechos adjetivos que únicamente produce efectos de carácter formal; es decir, meramente procesales, lo que hace improcedente el juicio de amparo indirecto solicitado en su contra. Por tanto, las violaciones que en un momento dado llegaren a cometerse con las actuaciones de las que se duele la parte quejosa, al constituir únicamente unas posibles infracciones a las leyes del procedimiento, pueden quedar subsanadas con posterioridad, si seguidos los trámites procesales respectivos, la autoridad responsable dicta una sentencia que resulte favorable a sus intereses, y aun cuando no sea así, podrá reclamar las violaciones aquí aducidas, en el amparo directo que, sin prejuzgar sobre su procedencia, y en su caso, interponga en contra de la sentencia, en la medida en que dicha infracción adjetiva trascienda al resultado del fallo, acorde a lo dispuesto por el artículo 172, fracción I, de la Ley de Amparo. No es óbice a lo anterior, que el debido proceso pueda considerarse como un derecho sustantivo, pues bajo esta línea de argumentación, se podría llegar a considerar que cualquier violación procesal afectaría ese derecho y, por ende, sería procedente el juicio de amparo contra cualquier acto intraprocesal que afecte el curso normal del procedimiento, como la resolución que declaró infundado el recurso de revocación interpuesto por el ahora quejoso contra del auto de catorce de febrero de dos diecinueve, en el que se negó la sustitución del perito designado por el inconforme en el juicio de origen, dado que ello incide de una u otra forma en su curso normal; extremos que se estima resultan jurídicamente improcedentes, al tenor del contenido del artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo que se analiza, que postula que el juicio de control constitucional, sólo procede contra actos que afecten derechos sustantivos; bajo los cuales, no puede considerarse el acuerdo impugnado; por tanto, los efectos y consecuencias de alguna trasgresión que pudiere ocasionarse, pueden desaparecer con motivo del dictado de una sentencia favorable. La anterior consideración tiene sustento en las jurisprudencias de rubro siguiente: "AMPARO IMPROCEDENTE. PRUEBAS. ADMISIÓN Y DESAHOGO. VIOLACIÓN PROCESAL RELATIVA A LAS DE LA CONTRAPARTE DEL QUEJOSO" ; y "PRUEBAS. LA VIOLACIÓN PROCESAL TRATÁNDOSE DE ELLAS, PUEDE COMETERSE AL PROVEER SOBRE EL OFRECIMIENTO O AL MOMENTO DE DESAHOGO." Por tanto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa contenida en el numeral 61, fracción XXIII, en relación con el precepto legal 107, fracción V, aplicado a contrario sensu, ambos de la Ley de Amparo, habida cuenta que no se está en presencia de aquéllos actos que puedan considerarse de imposible reparación, que trasgredan derechos sustantivos, y por el contrario, se consideran violaciones al procedimiento que afectan la defensa de la inconforme si trasciende al resultado del fallo, pero que en su caso pueden ser reclamadas en amparo directo. En consecuencia, SE DESECHA DE PLANO la demanda de amparo. Apoya tal determinación la tesis de Jurisprudencia I.1o.A. J/4 (9a.), sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, visible en la página ochocientos noventa y nueve del Tomo VII, mayo de mil novecientos noventa y ocho, del semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con número de registro 196196, de rubro y texto siguientes: "DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. De conformidad con el artículo 145 de la Ley de Amparo, el juez de Distrito está obligado a examinar el escrito de demanda y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación (cuando los haya) y de los documentos que se anexan a tales promociones; lo indudable resulta de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes." DOMICILIO Y AUTORIZADOS Téngase como su domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala, en el entendido que de no existir, encontrarse deshabitado o manifestar quien lo ocupa que no conoce a la parte promovente o a sus autorizados, se le practicarán las notificaciones, aún las de carácter personal, por lista de acuerdos que al efecto se publique en los estrados de este juzgado, lo anterior con fundamento en el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo. Se tienen como sus autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo a Inocente Valenzuela Luevano y a Sonia Montes García, en virtud de que se encuentran registrados en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Órganos Jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación y en términos restringidos, es decir, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, a Miroslava Andrade Cruz, en virtud de que no se encuentra registrada en dicho sistema y a Carlos Sabino Gone Limas, así como a María Elena García Núñez, por así haberlo solicitado expresamente el promovente. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal, se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el presente juicio de amparo. LEY GENERAL DE TRANSPARENCIA En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 73, fracción II, 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada el cuatro de mayo de dos mil quince, en vigor al día siguiente, que dispone que los Poderes Judiciales de la Federación, deberán poner a disposición del público y actualizar la información de las versiones públicas de las sentencias de interés público, es decir, con supresión de los datos de información clasificada; hágase saber que este órgano jurisdiccional, en lo que interesa, podrá adoptar el procedimiento respectivo para recibir y responder las solicitudes de acceso, rectificación, corrección y oposición al tratamiento de sus datos personales, asimismo, se hace de su conocimiento que únicamente se podrá permitir al público el acceso a dicha información, con su consentimiento expreso por escrito o por cualquier medio similar, ello en términos del artículo 116 de la citada ley. AUTORIZACIÓN PARA EL USO DE MEDIOS ELECTRÓNICOS Con apoyo en la circular 12/2009, emitida por el Secretario Ejecutivo del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, permítase a las partes y sus autorizados imponerse de los acuerdos o resoluciones pronunciadas en el presente expediente mediante el uso de aparatos como lo son las cámaras, grabadoras o lectores ópticos, así como todos aquellos aparatos aportados por los descubrimientos de la ciencia y la tecnología para copiar y reproducir algún acuerdo o resoluciones dictadas por este Juzgado; empero atendiendo al clima de inseguridad que prevalece en la zona, lo cual es un hecho notorio para los habitantes de la misma, debe decirse que, además por seguridad personal de quienes laboran en los órganos jurisdiccionales federales y de quienes acuden a ellos para realizar los diversos trámites que les incumben, la autorización que se trata, debe acotarse de la siguiente forma. La circunstancia que se permita a las partes y sus autorizados el uso de los ya citados dispositivos aportados por la tecnología, para la consulta de actuaciones en aras de una justicia pronta y expedita, en términos del artículo 17 constitucional, no debe entenderse en un sentido amplio, sino limitativo, es decir, debe cuidarse que esas herramientas sean utilizadas con lealtad y que no se produzcan documentos o textos cuya difusión esté reservada por disposición expresa de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental y del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la citada ley, o si previamente debe mediar una notificación personal a la parte interesada en obtener la reproducción. También por seguridad jurídica, debe dejarse constancia en autos del acto en el que las partes o sus autorizados utilicen medios tecnológicos para reproducir actuaciones, sin que esto implique que la fe pública del secretario quede comprometida respecto de la posterior reproducción o edición que hagan los interesados, sino que es con la finalidad de fijar la responsabilidad del interesado ante un mal uso que dé a la actuación obtenida, al no estarse en los supuestos previstos por el artículo 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente. La anterior determinación, tiene apoyo en la tesis sustentada por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XXIX, Marzo de 2009, Página 2847, cuyo rubro es el siguiente: "REPRODUCCIÓN ELECTRÓNICA DE ACTUACIONES JUDICIALES. LAS PARTES PUEDEN RECIBIR AUTORIZACIÓN AUNQUE NO EXISTA REGULACIÓN EXPRESA EN LA LEY DE AMPARO NI EN SU LEY SUPLETORIA." Bajo ese contexto, la autorización que se solicita tendrá efectos exclusivamente en el presente juicio de amparo. EXPEDIENTE ELECTRÓNICO Procédase en su momento a la digitalización del expediente electrónico.
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