Víctor Manuel Gilbert Isidoro

Expediente 1327/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 17 de enero de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1327/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
17/01/2022

Partes del expediente

  • Víctor Manuel Gilbert Isidoro

Actuaciones

  1. Principal

    Boca del Río, Veracruz, diecisiete de enero de dos mil veintidós. En atención a las certificaciones con que se me da cuenta, se obtiene que el once de enero del actual, feneció el plazo a que se refiere el artículo 98, primer párrafo, de la Ley de Amparo, sin que el promovente hubiera interpuesto el recurso de queja que establece el artículo 97, fracción I inciso a) de la citada ley de la materia, en contra del acuerdo de veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, por el que se desechó la demanda de amparo. En consecuencia, con apoyo en el precepto 288 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, de acuerdo con lo dispuesto por el artículo 2º de la citada ley de la materia, SE DECLARA QUE DICHO AUTO HA CAUSADO ESTADO para todos los efectos legales correspondientes. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) y, en su oportunidad, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el asunto como totalmente concluido. Por otra parte, con fundamento en el artículo 21, inciso d) del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se provee lo siguiente: a) El presente expediente ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN, por haberse desechado la demanda de amparo. b) Transcurridos más de tres años a partir de la fecha del presente acuerdo, previa acta que se elabore, procédase a la destrucción del mismo. c) Este asunto no se considera de relevancia documental, en los términos del artículo 15 del aludido Acuerdo General. d) Por último, háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente, la fecha del acuerdo por el que se ordena su archivo, así como indicando la valoración que corresponda (relevancia documental, conservable, depurable o destruible) como al efecto establece el artículo 35 de la normativa de mérito. Notifíquese en términos de ley.

  2. Principal

    Con ésta fecha se notifica a la parte promovente, el auto de veintiocho de diciembre de dos mil veintiuno, que dice: Vista la demanda de amparo promovida por Víctor Manuel Gilbert Isidoro, contra actos de la Fiscal Primera Especializada en la Investigación de Delitos de Violencia Contra la Familia, Mujeres, Niñas, Niños y Trata de Personas del XIX Distrito Judicial, con residencia en San Andrés Tuxtla, Veracruz, regístrese en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 1327/2021, y acuérdese lo conducente. DESECHAMIENTO Ahora, en términos del artículo 113 de la Ley de Amparo, al examinar el escrito inicial de demanda, el suscrito advierte que se actualiza una causa manifiesta e indudable la causa de improcedencia que resulta de relacionar la fracción XXIII del artículo 61, con la diversa V -interpretada en sentido contrario- del diverso 107 de la Ley de Amparo, en concordancia con la fracción III, inciso b) del artículo 107 de la Carta Magna, lo cual conduce a desecharla de plano. Para sustentar dicha afirmación, en primer lugar es conveniente citar el contenido de los aludidos preceptos: CONSTITUCIÓN FEDERAL Artículo 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) III.- Cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el amparo sólo procederá en los casos siguientes: (.) b).- Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan, y LEY DE AMPARO "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. [.] Artículo 107. El amparo indirecto procede: [.] V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." Conforme al primer numeral, es posible establecer que el juicio de amparo procede cuando se reclamen actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo; y, contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, fuera de juicio o después de concluido, una vez agotados los recursos que en su caso procedan. El segundo de los citados preceptos establece una ventana procesal que permite al juzgador de amparo apreciar, y en su caso tener por actualizada, alguna causa de improcedencia del juicio, más allá de las hipótesis concretas que se enlistan en las primeras veintidós fracciones del propio precepto, cuando dicha causa derive directamente de la Constitución Federal o de la ley de la materia. El segundo de los numerales reproducidos, sostiene que el juicio de amparo indirecto, tratándose de actos dictados dentro de juicio, sólo procede siempre y cuando dichos actos sean de imposible reparación, en, aquellos actos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. En ese sentido, nuestro más alto tribunal ha definido que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 14/2015 interpretó el arábigo 107, fracción V, de la ley de la materia, y sostuvo que el legislador impuso dos condiciones para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación. La primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", es decir, que el acto autoritario impida el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aún antes del dictado del fallo definitivo. La segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual ?a diferencia de los sustantivos? sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Tales consideraciones se encuentran plasmadas en la jurisprudencia P./J.1/2016(10a.) sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que informa: "CADUCIDAD DECRETADA EN LA PRIMERA INSTANCIA. LA RESOLUCIÓN QUE LA REVOCA NO CONSTITUYE UN ACTO DE IMPOSIBLE REPARACIÓN, POR LO QUE EN SU CONTRA NO PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. El artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, al prever que el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por éstos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, proporciona mayor seguridad jurídica para su promoción, ya que mediante una fórmula legal establece que los actos referidos, para calificarse como irreparables, necesitan producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deben ser de tal gravedad que impidan el ejercicio de un derecho, y no sólo que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegue a trascender al resultado del fallo; además de que deben recaer sobre derechos cuyo significado rebasa lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviene exclusivamente de las leyes adjetivas, de donde derivan las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para promover el amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el procedimiento, consistentes en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", equivalente a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de ser "sustantivos", expresión antagónica a los de naturaleza formal o adjetiva, en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, no pueden seguir aplicándose los criterios que admiten la procedencia del juicio de amparo indirecto contra violaciones formales, adjetivas o procesales, cuando los efectos que producen afectan a las partes en grado predominante o superior, como son los contenidos en las tesis del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación P. LVIII/2004 y P. LVII/2004, de rubros: "VIOLACIONES PROCESALES DENTRO DEL JUICIO QUE AFECTAN A LAS PARTES EN GRADO PREDOMINANTE O SUPERIOR. NOTAS DISTINTIVAS." y "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO."; ya que se generaron bajo una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretar lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual ya no acontece, de modo que en los juicios iniciados conforme a la Ley de Amparo vigente debe prescindirse su aplicación, al ser incompatibles con el nuevo texto legal y así evitar incurrir en desacato. En ese sentido, la resolución que revoca la caducidad decretada en la primera instancia no produce una afectación material a derechos sustantivos tutelados por la Constitución Federal o los tratados internacionales de los que México sea parte, sino que sólo afecta derechos procesales o adjetivos; de ahí que en su contra no procede el juicio de amparo indirecto, y únicamente podrá impugnarse cuando se promueva el juicio de amparo directo contra la sentencia definitiva dictada en el procedimiento respectivo". Asimismo, es necesario señalar que los numerales 211 y 213 del Código Nacional de Procedimientos Penales, disponen: "Artículo 211. Etapas del procedimiento penal El procedimiento penal comprende las siguientes etapas: I. La de investigación, que comprende las siguientes fases: a) Investigación inicial, que comienza con la presentación de la denuncia, querella u otro requisito equivalente y concluye cuando el imputado queda a disposición del Juez de control para que se le formule imputación, e b) Investigación complementaria, que comprende desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación; II. La intermedia o de preparación del juicio, que comprende desde la formulación de la acusación hasta el auto de apertura del juicio, y III. La de juicio, que comprende desde que se recibe el auto de apertura a juicio hasta la sentencia emitida por el Tribunal de enjuiciamiento. (.)." Artículo 213. Objeto de la investigación La investigación tiene por objeto que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño. (.)." De la interpretación sistemática y armónica de los numerales reproducidos se obtiene -en lo que interesa destacar- que el procedimiento penal comprende, entre otras etapas, la de 1. Investigación, la cual tiene por objeto que el Ministerio Público reúna indicios para el esclarecimiento de los hechos y, en su caso, los datos de prueba para sustentar el ejercicio de la acción penal, la acusación contra el imputado y la reparación del daño; además, comprende dos fases: a) investigación inicial y, b) investigación complementaria; esta última inicia desde la formulación de la imputación y se agota una vez que se haya cerrado la investigación. En el caso concreto, el promovente del amparo reclama: A) La omisión que está cometiendo la FISCAL PRIMERA ESPECIALIZADA EN LA INVESTIGACIÓN DE DELITOS DE VIOLENCIA CONTRA LA FAMILIA, MUJERES, NIÑAS, NIÑOS Y TRATA DE PERSONAS EN LA UNIDAD DE PROCURACIÓN DE JUSTICIA DEL XIX DISTRITO JUDICIAL EN SAN ANDRÉS TUXTLA, VERACRUZ, por negarse a determinar el no ejercicio de la acción penal dentro de la Carpeta de Investigación 234/2020-F1 a favor del denunciado, en virtud de que lleva más de 1 año y medio vulnerando el artículo 20 Apartado B, Fracción VII, debido a que esa carpeta aún no ha sido determinada y la Representación Social responsable está permitiendo pruebas falsas para incriminar al quejoso; y, B) La falta de fundamentación y motivación en cuanto hace a los escritos de fecha 10 de noviembre del año 2021 y 13 de diciembre del año 2021, por no quedar debidamente establecidos cuales son los elementos de convicción o datos de prueba pendientes de recabar ni porque razón se ha tardado más de 1 año y medio en recabarlos, retardando la impartición de justicia en todo momento, sobretodo porque el quejoso declaro desde el 8 de julio del presente año." [sic] Como se colige los actos reclamados en sede constitucional, surgidos durante la primera fase del procedimiento penal, lo cual no vulnera derechos sustantivos, pues -como se precisó en el marco normativo- la etapa de investigación tiene por objeto determinar si hay fundamento para iniciar un proceso penal, mediante la obtención de datos de prueba que permitan sustentar la acusación y garantizar la defensa del indiciado. Esto es, en aquella etapa procesal es facultad del Ministerio Público practicar las diligencias necesarias para la investigación del hecho punible y de sus autores o partícipes, pero no necesariamente se trata de un plazo donde el imputado deba aportar las pruebas que en su defensa podrá utilizar al momento del enjuiciamiento del asunto, ya que es en la intermedia donde el ofrecimiento y admisión de pruebas tendrá efecto, así como la depuración de los hechos controvertidos que serán materia del juicio oral. En tales condiciones, es claro que el acto reclamado no causa al quejoso una afectación material a algún derecho sustantivo, es decir, sus consecuencias no son de tal gravedad que le impidan en forma actual el ejercicio de un derecho, pues, en todo caso, únicamente produce una lesión jurídica de naturaleza procesal que no necesariamente llegará a trascender dentro del juicio. No se desatienden las cuestiones alegadas por el promovente, en relación a la transgresión al derecho que tutela el artículo 17 Constitucional, pues no se advierte que tal particularidad sea de una trascendencia que implique que se trata de un acto de imposible reparación, ya que el amparo interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos que se advierta una abierta dilación o paralización total. De manera que si el Fiscal responsable, ha omitido dar respuesta al escrito de trece de diciembre de dos mil veintiuno, a través del cual se le solicita indique cuáles son los datos de prueba que pretende desahogar dentro de la carpeta de investigación, que se aperturó según su dicho, hace más de año y medio, ello no constituye un acto de imposible reparación, al no atentar de manera cierta e inmediata derecho sustantivo alguno tutelado por la Constitución Federal. Máxime que tal omisión, no constituye una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues como ya se vio, la promoción ordinaria fue presentada el día trece de este propio mes y año; y la acción de amparo fue promovida catorce días después; por lo que ese contexto, se actualiza la causa de improcedencia analizada de forma notoria y manifiesta. En tales condiciones, con fundamento además, en el artículo 113 de la Ley de Amparo, se DESECHA la demanda de amparo por su notoria, manifiesta e indudable improcedencia. AUTORIZADOS Y DOMICILIO PROCESAL Se tiene como autorizado en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Gilberto Soto García, puesto que sí acredita la calidad de licenciado en Derecho, al tener su respectiva cédula registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito de toda la República Mexicana. Asimismo, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el precisado en la propia demanda. APERCIBIMIENTO DE NOTIFICACIÓN Hágase de su conocimiento que en caso de que el domicilio proporcionado resulte inexacto por no existir o, existiendo, no corresponda a la persona buscada, previa razón actuarial que haga constar dicha circunstancia, conforme al artículo 27, fracción III, inciso a), de la ley de Amparo, la notificación se practicará por lista de acuerdos, así como las subsecuentes, incluso las de carácter personal, hasta en tanto señale nuevo domicilio en esta plaza, cierto y exacto para tal efecto. EXHORTO PARA MEJORAR LA COMUNICACIÓN CON LAS PARTES En atención a lo establecido en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, publicado inicialmente en el Diario Oficial de la Federación el treinta y uno de julio de dos mil veinte y prorrogado en cuanto a su vigencia, en su numeral 22, fracción II, se invita a las partes para que propongan formas especiales y expeditas de contacto, como correo electrónico o servicios de mensajería instantánea que brinda la telefonía móvil, para entablar comunicaciones no procesales, en los casos en que se estime necesario. AUTORIZACIÓN DE COPIAS Y DE USO DE APARATOS ELECTRÓNICOS Hágase del conocimiento de las partes, que desde este momento se habilita la expedición de copias de las constancias que se deriven del presente asunto, sin que se requiera de previa promoción, en términos del artículo 3° de la Ley de Amparo, en relación con el 278 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, de acuerdo con lo establecido por el numeral 2° de esta última ley, en los términos que lo soliciten, previa constancia que por su recibo se deje en el expediente, conforme lo permitan las labores de este Juzgado, siempre y cuando obren en autos las constancias cuyas copias se soliciten, y que no preexista o sobrevenga algún impedimento material o legal para la expedición de dichas copias; asimismo, como lo dispone la Circular 12/2009, del Consejo de la Judicatura Federal, se les permite a las partes imponerse de los acuerdos dictados en el presente asunto, mediante el uso de aparatos electrónicos. Aunado a lo anterior, dado que el esquema trabajo dispuesto por el Consejo de la Judicatura Federal al emitir el Acuerdo General 21/2020 abandona las guardias para la atención de casos urgentes y, en consecuencia, reanuda la actividad jurisdiccional ordinaria, incluido el desahogo de diligencias que requieran la presencia de las partes. No obstante, se adoptan diversas medidas para controlar la presencia física en los inmuebles del Poder Judicial de la Federación, como el control de asistencia de personas justiciables y sus representantes y autorizados mediante un programa para la generación de citas. En ese sentido, se indica que a efecto de comparecer a este juzgado de manera presencial, deberá generar anticipadamente la cita correspondiente ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación y cuando acuda a este juzgado de manera presencial, deberá presentar el código QR generado con motivo de la cita, para los efectos legales procedentes. LEY DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. De conformidad con lo previsto en los artículos 68 y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el diverso 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicados en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil quince y nueve de mayo de dos mil dieciséis, respectivamente; se hace del conocimiento de la parte quejosa, que se requiere de su consentimiento para permitir el acceso a información confidencial, en la inteligencia que de no hacer manifestación alguna, antes de dictarse sentencia, se tendrá por inconforme con la divulgación de sus datos personales. EXHORTO PARA LA PROMOCIÓN DEL JUICIO EN LÍNEA Tomando en consideración el presente asunto fue promovido físicamente, se exhorta a las partes a que, de ser posible, continúen la tramitación del presente mediante el esquema de juicio en línea, de conformidad con el artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal. En mérito de lo anterior, se indica a las partes que a fin de poder consultar las constancias de este asunto, notificarse y promover electrónicamente es necesario que se registren ante el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación (https://www.serviciosenlinea.pjf.gob.mx/juicioenlinea) y soliciten el acceso al expediente electrónico proporcionado el usuario establecido, y contar con "e.firma" o "FiREL".

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