VÍCTOR MANUEL GARRIDO HERNÁNDEZ y Otros.

Expediente 1983/2013 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 31 de diciembre de 2014.

Datos del expediente

Expediente
1983/2013
Año
2013
Actuaciones
2
Última actuación
31/12/2014

Partes del expediente

  • VÍCTOR MANUEL GARRIDO HERNÁNDEZ y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Del estado procesal que guarda este asunto y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes, para que manifestaran lo que a su interés conviniera, en relación con el cumplimiento dado a la sentencia de amparo; en consecuencia, se procede al estudio de las constancias existentes en autos para determinar si está cumplida. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Ahora bien, para el indicado análisis, debe tomarse en cuenta lo siguiente: El acto reclamado, consiste en la orden de aprehensión de veinticuatro de junio de dos mil trece, emitida dentro de los autos de la causa penal 136/2013, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia, con residencia en Jalacingo, Veracruz, en contra del quejoso Víctor Manuel Garrido Hernández, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violencia familiar, cometido en agravio de Anay Fernanda Mora Campos. El veintiuno de marzo del año en curso se dictó sentencia en este asunto, en la que se concedido el amparo para el efecto de que el Juez responsable dejara insubsistente la orden de aprehensión reclamada y dictara otra con plenitud de jurisdicción, que podía ser en el mismo sentido que la anterior, o en uno diverso, pero subsanando los vicios formales que se destacaron en la sentencia de amparo; concesión que se hizo extensiva a los actos de ejecución. Resuelto el recurso de revisión interpuesto en este asunto, el cual no modificó en la parte que interesa, la sentencia de amparo, se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables. En cumplimiento a ello, las autoridades responsables informaron las medidas adoptadas para tal fin (fojas 358, 360-364 y 366-368); asimismo, el juez responsable remitió copia certificada de la resolución de veintiocho de octubre de dos mil catorce, que dictó en la causa penal 136/2013-II de su índice (foja 376-391). En acuerdo de diecinueve de noviembre del año en curso, se dio vista a las partes con el cumplimiento dado por las autoridades responsables (foja 399). Del análisis de las constancias, se advierte que el juez responsable dejó insubsistente la orden de aprehensión de veinticuatro de junio de dos mil trece, emitida dentro de los autos de la causa penal 136/2013 de su índice y, con plenitud de jurisdicción, dictó una nueva resolución en la que determinó girar orden de aprehensión en contra de la parte quejosa, subsanando los defectos formales que le fueron destacados en la sentencia emitida en el juicio de amparo en que se actúa, es decir, de la resolución reclamada se advierte que el juez responsable realizó lo siguiente: Indicó que el delito de violencia familiar se encuentra previsto y sancionado en el artículo 154 Bis del Código Penal del Estado de Veracruz, cuya penalidad máxima es de seis años. Estableció de manera específica las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución del delito, que permiten comprender la forma y condiciones en que se llevó a cabo la conducta delictiva. Precisó los elementos del cuerpo del delito imputado al quejoso, así como su probable responsabilidad, cuyo estudio realizó por separado. Explicó por qué consideró que quedaron acreditados cada uno de los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad, previo análisis y valoración del material probatorio. Expuso los razonamientos en los que basó su determinación al otorgar el valor probatorio que señaló. Indicó que el tipo de violencia que ejerció el quejoso fue física. Estableció la forma de intervención del quejoso en el delito que se le imputa. Tomó en cuenta los diversos instrumentos que protegen la equidad de género, así como los derechos de la víctima, tratándose de delitos de violencia contra la mujer y ratificó las medidas precautorias decretadas a favor de la ofendida en la investigación ministerial. Indicó que la conducta del quejoso se realizó de manera dolosa y que no se actualizaba a su favor alguna excluyente de delito por las razones que expuso. De ahí que se considera que la resolución emitida por el juez responsable si cuenta con los requisitos de fundamentación y motivación que refiere el artículo 16 Constitucional. Bajo las circunstancias narradas, PROCEDE TENER POR CUMPLIDA la sentencia dictada en este asunto; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese como concluido. En ese contexto, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de depuración, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. En otro aspecto, al resultar innecesario conservar la copia certificada de la causa penal 136/2013 remitida por el Juez Primero de Primera Instancia, con sede en Jalacingo, Veracruz, que fue anexada a su informe justificado y que obra en un tomo por separado; devuélvase a dicha autoridad, solicitándole que una vez que obre en su poder, acuse el recibo correspondiente.

  2. Principal

    CON FUNDAMENTO EN EL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C DE LA LEY DE AMPARO NOTIFICO POR LISTA DE ACUERDOS AL QUEJOSO EL ACUERDO QUE DICE: Del estado procesal que guarda este asunto y la certificación secretarial que antecede, se advierte que ha transcurrido el término concedido a las partes, para que manifestaran lo que a su interés conviniera, en relación con el cumplimiento dado a la sentencia de amparo; en consecuencia, se procede al estudio de las constancias existentes en autos para determinar si está cumplida. ANÁLISIS DE CUMPLIMIENTO Ahora bien, para el indicado análisis, debe tomarse en cuenta lo siguiente: El acto reclamado, consiste en la orden de aprehensión de veinticuatro de junio de dos mil trece, emitida dentro de los autos de la causa penal 136/2013, del índice del Juzgado Primero de Primera Instancia, con residencia en Jalacingo, Veracruz, en contra del quejoso Víctor Manuel Garrido Hernández, por su probable responsabilidad en la comisión del delito de violencia familiar, cometido en agravio de Anay Fernanda Mora Campos. El veintiuno de marzo del año en curso se dictó sentencia en este asunto, en la que se concedido el amparo para el efecto de que el Juez responsable dejara insubsistente la orden de aprehensión reclamada y dictara otra con plenitud de jurisdicción, que podía ser en el mismo sentido que la anterior, o en uno diverso, pero subsanando los vicios formales que se destacaron en la sentencia de amparo; concesión que se hizo extensiva a los actos de ejecución. Resuelto el recurso de revisión interpuesto en este asunto, el cual no modificó en la parte que interesa, la sentencia de amparo, se requirió el cumplimiento a las autoridades responsables. En cumplimiento a ello, las autoridades responsables informaron las medidas adoptadas para tal fin (fojas 358, 360-364 y 366-368); asimismo, el juez responsable remitió copia certificada de la resolución de veintiocho de octubre de dos mil catorce, que dictó en la causa penal 136/2013-II de su índice (foja 376-391). En acuerdo de diecinueve de noviembre del año en curso, se dio vista a las partes con el cumplimiento dado por las autoridades responsables (foja 399). Del análisis de las constancias, se advierte que el juez responsable dejó insubsistente la orden de aprehensión de veinticuatro de junio de dos mil trece, emitida dentro de los autos de la causa penal 136/2013 de su índice y, con plenitud de jurisdicción, dictó una nueva resolución en la que determinó girar orden de aprehensión en contra de la parte quejosa, subsanando los defectos formales que le fueron destacados en la sentencia emitida en el juicio de amparo en que se actúa, es decir, de la resolución reclamada se advierte que el juez responsable realizó lo siguiente: Indicó que el delito de violencia familiar se encuentra previsto y sancionado en el artículo 154 Bis del Código Penal del Estado de Veracruz, cuya penalidad máxima es de seis años. Estableció de manera específica las circunstancias de tiempo, lugar y modo de ejecución del delito, que permiten comprender la forma y condiciones en que se llevó a cabo la conducta delictiva. Precisó los elementos del cuerpo del delito imputado al quejoso, así como su probable responsabilidad, cuyo estudio realizó por separado. Explicó por qué consideró que quedaron acreditados cada uno de los elementos del cuerpo del delito y la probable responsabilidad, previo análisis y valoración del material probatorio. Expuso los razonamientos en los que basó su determinación al otorgar el valor probatorio que señaló. Indicó que el tipo de violencia que ejerció el quejoso fue física. Estableció la forma de intervención del quejoso en el delito que se le imputa. Tomó en cuenta los diversos instrumentos que protegen la equidad de género, así como los derechos de la víctima, tratándose de delitos de violencia contra la mujer y ratificó las medidas precautorias decretadas a favor de la ofendida en la investigación ministerial. Indicó que la conducta del quejoso se realizó de manera dolosa y que no se actualizaba a su favor alguna excluyente de delito por las razones que expuso. De ahí que se considera que la resolución emitida por el juez responsable si cuenta con los requisitos de fundamentación y motivación que refiere el artículo 16 Constitucional. Bajo las circunstancias narradas, PROCEDE TENER POR CUMPLIDA la sentencia dictada en este asunto; consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto por el párrafo cuarto del artículo 196 de la Ley de Amparo, archívese como concluido. En ese contexto, en cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hace la indicación que el presente asunto es susceptible de depuración, debido a que encuadra en la hipótesis de la fracción IV del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo concedido en el que no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental, en términos de lo dispuesto en el último párrafo del citado punto, por lo cual, una vez transcurridos tres años a partir de esta fecha, deberá transferirse al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. En otro aspecto, al resultar innecesario conservar la copia certificada de la causa penal 136/2013 remitida por el Juez Primero de Primera Instancia, con sede en Jalacingo, Veracruz, que fue anexada a su informe justificado y que obra en un tomo por separado; devuélvase a dicha autoridad, solicitándole que una vez que obre en su poder, acuse el recibo correspondiente.

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