Victor Manuel Garrido Garrido

Expediente 746/2020 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de octubre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
746/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
16/10/2020

Partes del expediente

  • Victor Manuel Garrido Garrido
  • Victor Manuel Garrido Garrido y Otros.

Actuaciones

  1. Principal

    Ciudad de México, a dieciséis de octubre de dos mil veinte. .. Atento a lo anterior, agréguese a los autos el oficio 1420 firmado por el Secretario de Acuerdos del Decimosexto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, a través del cual devuelve el expediente principal del juicio de amparo 54/2019 en un tomo; y, remite testimonio certificado de la resolución dictada en la sesión de nueve de julio de dos mil veinte, en el R.A. 58/2020. Confírmese recepción al Tribunal Colegiado. Hágase saber a las partes que el órgano colegiado revisor determinó lo siguiente: "PRIMERO. En la materia de la revisión, se confirma la sentencia recurrida. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a José Luis Melquiades Soria Buitrón, por propio derecho, contra las autoridades y por los actos reclamados que se indican en el considerando tercero, por los razonamientos y para los efectos señalados en los considerandos sexto y séptimo de la sentencia recurrida." Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); glósese el cuaderno de antecedentes al cuaderno principal, previa destrucción de las copias simples con las que se ordenó formar dicho cuaderno, ya que su conservación resulta innecesaria. PROTOCOLO DE EJECUCIÓN DE SENTENCIA Ahora bien, en la resolución dictada por el órgano colegiado que resolvió confirmar la sentencia recurrida, en la que se determinó amparar a la parte quejosa para el efecto de que las autoridades responsables Director de Recursos Humanos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada de la Fiscalía General de la República y el Director de Pagos de la Dirección de la Dirección General adjunta de Administración de la Dirección General de Recursos Humanos y Organización de la Fiscalía General de la República: "[.] SÉPTIMO. Efectos. En ese orden de ideas, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa señalar que la protección constitucional que se concede es para el efecto de que las autoridades responsables dejen sin efectos, los oficios PGR-OM-DGRHO-DGAA-DPAGOS-6339-2018, de catorce de diciembre de dos mil dieciocho y DRH/5268/2018 de veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho respectivamente, sin que estén en posibilidad de emitir otros, es decir, deberán abstenerse de ordenar y de realizar descuentos en la nómina del promovente con motivo de las licencias médicas otorgadas, asimismo deberán reintegrar al quejoso el dinero descontado, ya que en términos de lo dispuesto en el artículo 124, párrafo último, de la Ley de Amparo, la falta de fundamentación de su competencia para emitir los actos reclamados, cuya justificación expresaron al rendir su informe de ley, se considera un vicio de fondo que impide su reiteración. [.]" Conforme a lo anterior, este órgano jurisdiccional determina que para el cabal cumplimiento del fallo protector, es necesario que las autoridades responsables lleven a cabo la siguiente actuación, en la etapa que a continuación se describe: ETAPA ÚNICA. El Director de Recursos Humanos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada y el Director de Pagos de la Dirección de la Dirección General adjunta de Administración de la Dirección General de Recursos Humanos y Organización, ambos de la Fiscalía General de la República, deben dejar sin efectos, los oficios PGR-OM-DGRHO-DGAA-DPAGOS-6339-2018, de catorce de diciembre de dos mil dieciocho y DRH/5268/2018 de veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho respectivamente, sin que estén en posibilidad de emitir otros, es decir, deberán abstenerse de ordenar y de realizar descuentos en la nómina del promovente con motivo de las licencias médicas otorgadas; asimismo, deberán reintegrar al quejoso el dinero descontado, ya que en términos de lo dispuesto en el artículo 124, párrafo último, de la Ley de Amparo, la falta de fundamentación de su competencia para emitir los actos reclamados, cuya justificación expresaron al rendir su informe de ley, se considera un vicio de fondo que impide su reiteración. En consecuencia, se ordena a la autoridad involucrada DAR INICIO DE INMEDIATO AL PROTOCOLO de ejecución descrito. ETAPA ACTUAL Ahora bien, de las constancias de autos se desprende que el procedimiento de ejecución de sentencia conforme al protocolo establecido en líneas anteriores, se encuentra en la ETAPA ÚNICA, para cuyo cumplimiento el Director de Recursos Humanos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada y el Director de Pagos de la Dirección de la Dirección General adjunta de Administración de la Dirección General de Recursos Humanos y Organización, ambos de la Fiscalía General de la República, deben dejar sin efectos, los oficios PGR-OM-DGRHO-DGAA-DPAGOS-6339-2018, de catorce de diciembre de dos mil dieciocho y DRH/5268/2018 de veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho respectivamente, sin que estén en posibilidad de emitir otros, es decir, deberán abstenerse de ordenar y de realizar descuentos en la nómina del promovente con motivo de las licencias médicas otorgadas; asimismo, deberán reintegrar al quejoso el dinero descontado, ya que en términos de lo dispuesto en el artículo 124, párrafo último, de la Ley de Amparo, la falta de fundamentación de su competencia para emitir los actos reclamados, cuya justificación expresaron al rendir su informe de ley, se considera un vicio de fondo que impide su reiteración, en concepto de este juzgado es razonable fijar un plazo de TREINTA DÍAS para cumplir con la presente resolución y remitir a este Juzgado las constancias que así lo acrediten. REQUERIMIENTOS En consecuencia, con fundamento en los artículos 192, 193 y 258 de la ley de la materia vigente, REQUIÉRASE a las autoridades responsables, Director de Recursos Humanos de la Subprocuraduría Especializada en Investigación de Delincuencia Organizada y el Director de Pagos de la Dirección de la Dirección General adjunta de Administración de la Dirección General de Recurso Humanos y Organización, ambos de la Fiscalía General de la República, para que dentro del término de TREINTA DÍAS, remitan las constancias en copia certificada con las que acrediten (i) haber dejado sin efectos, los oficios PGR-OM-DGRHO-DGAA-DPAGOS-6339-2018, de catorce de diciembre de dos mil dieciocho y DRH/5268/2018 de veintiséis de diciembre de dos mil dieciocho respectivamente, sin que estén en posibilidad de emitir otros, es decir, abstenerse de ordenar y de realizar descuentos en la nómina del promovente con motivo de las licencias médicas otorgadas; asimismo, (ii) haber reintegrado al quejoso el dinero descontado, ya que en términos de lo dispuesto en el artículo 124, párrafo último, de la Ley de Amparo, la falta de fundamentación de su competencia para emitir los actos reclamados, cuya justificación expresaron al rendir su informe de ley, se considera un vicio de fondo que impide su reiteración; o bien, para que dentro del mismo plazo, informen a este juzgado la razón objetiva y demostrable por la que no les es posible cumplir con ese requerimiento, acompañando en este caso las constancias que fehacientemente demuestren la verdad de su dicho. Asimismo, REQUIÉRASE al Fiscal General de la República, en su carácter de superior jerárquico de las autoridades requeridas, para dentro del plazo de DIEZ DÍAS, demuestre ante este Juzgado haber ordenado a éstas el cumplimiento de la etapa del protocolo de que se trata, o bien, para que igualmente, y dentro del mismo plazo, informe y demuestre la razón objetiva que se lo impide. Cabe señalar a propósito de lo anterior, que la emisión de oficios y su comunicación a éste órgano jurisdiccional no basta para que se consideren colmadas sus obligaciones en la etapa de ejecución de sentencia a cargo de los superiores jerárquicos de las autoridades responsables y vinculadas al cumplimiento del fallo protector, sino que deben demostrar haber hecho uso de todos los medios a su alcance, incluso de las prevenciones y sanciones que conforme a las disposiciones aplicables pueda formular e imponer para constreñir a la autoridad a que cumpla. Las autoridades requeridas deberán exhibir copias certificadas de las constancias fehacientes que acrediten el cumplimiento del fallo protector y su notificación a la parte quejosa. SE APERCIBE a las autoridades responsables, que de no dar cumplimiento a los requerimientos que anteceden, mediante las actuaciones descritas o mediante el informe de imposibilidad de referencia, se les impondrá una multa equivalente a cien veces el valor diario de unidades de medida y actualización. Lo anterior, sin perjuicio de que se remita el expediente en el que se actúa al Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, en incidente de inejecución de sentencia, para que éste a su vez, en caso de considerarlo procedente, emita la resolución respectiva en relación con el incumplimiento de la ejecutoria de amparo y envíe los autos a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con un proyecto de separación del cargo del titular de la autoridad responsable y, en su caso, de su superior jerárquico y de las autoridades vinculadas; además de la consignación ante el Juez de Distrito que corresponda por los delitos relacionados con el incumplimiento de una sentencia de amparo. SOLICITUDES DE PRÓRROGA Se hace del conocimiento de la autoridades responsables, vinculadas y superiores jerárquicos, que conforme a lo dispuesto en el artículo 192, último párrafo y 193 de la Ley de Amparo, este juzgado de oficio, no ampliará ni una sola vez el plazo otorgado en el presente acuerdo; y que sólo podrá conceder su prórroga por una sola ocasión, siempre y cuando se cumpla con lo siguiente: (i) que la autoridad lo solicite dentro del plazo otorgado en el presente acuerdo, y (ii) que la autoridad demuestre mediante constancias en original o copia certificada, la práctica oportuna (esto es, que comiencen al recibir la autoridad el presente requerimiento) de aquellas gestiones que a juicio de este órgano jurisdiccional, realmente sean las adecuadas e idóneas para conducir al acatamiento de los requerimientos respectivos, según la normativa aplicable. Se exhorta a las autoridades responsables para que, en caso de solicitar prórroga en los términos apuntados, en la solicitud respectiva indiquen a este órgano jurisdiccional cuántos días hábiles consideran que deben otorgárseles como prórroga, para la conclusión total de todos los actos que tienen que llevar a cabo por sí o mediante algún otro órgano, para dar cumplimiento completo al mandato de este juzgado. Lo anterior, a reserva de que este juzgado fije el plazo prorrogado conforme a un criterio de razonabilidad. Se les informa asimismo, que transcurrido el plazo otorgado o bien su prórroga en los términos descritos, sin que obre en autos el resultado perseguido mediante el requerimiento correspondiente a la etapa del Protocolo de que se trate, se impondrá a las personas físicas que ocupen en ese momento el cargo de las autoridades que en este sentido se consideren contumaces, y que por ende hayan cometido la infracción, las multas con la que se apercibe; mismas que deberán ser pagadas con el patrimonio de dichos funcionarios en lo personal, y no con el del órgano o institución pública a la que pertenezcan. SEGUIMIENTO Hágase del conocimiento de las partes que este órgano jurisdiccional tramitará el presente procedimiento conforme al Protocolo de Ejecución de Sentencia descrito en párrafos precedentes, para lo cual realizará los requerimientos y apercibimientos correspondientes a cada una de las etapas que lo conforman. Asimismo, que analizará el estado de autos para determinar el cumplimiento de las etapas del Protocolo, y en general, del fallo protector, así como la conducta que asuman las autoridades responsables, sus superiores jerárquicos o en su caso, las autoridades vinculadas en relación con el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, cada vez que transcurra uno de los plazos que se otorgue a dichas autoridades para que lleven a cabo determinada actuación, o bien, cuando se presente un oficio en el que la autoridad afirme haber dado el cumplimiento requerido, ya sea al fallo protector en su totalidad o a la etapa del Protocolo en que se encuentre el procedimiento, y haya transcurrido el plazo en el que se dé vista a la quejosa con las constancias respectivas. Por lo tanto, se exhorta a las autoridades responsable y superior jerárquico, para qué en el ámbito de sus respectivas competencias, comiencen las demás gestiones necesarias para dar cumplimiento a la siguiente etapa del Protocolo de Ejecución establecido en el presente proveído, con el fin de dar celeridad al debido acatamiento de la ejecutoria de amparo, en términos del artículo 17 constitucional. Lo anterior, en el entendido que, conforme al criterio del Pleno de nuestro más alto Tribunal, se considerará incumplimiento del fallo protector, el retraso en el cumplimiento de las distintas etapas del Protocolo mediante evasivas o procedimientos ilegales de las autoridades responsables, sus superiores jerárquicos o cualquiera que intervenga en el trámite de cumplimiento. CERTIFICACIÓN DE PROMOCIONES De conformidad con la interpretación sistemática, teleológica y conforme con el derecho a la tutela efectiva de la Ley de Amparo, este juzgado determina que los oficios que presenten las autoridades relativos a los trámites y gestiones para el acatamiento paulatino de la sentencia, con excepción de aquellos que versen y se acompañen de copias certificadas que demuestren el exacto y cabal cumplimiento del fallo protector, o bien, de alguna de las etapas del Protocolo de Ejecución a que este auto se constriñe, así como demás promociones de las partes de las que solamente deba tenerse conocimiento por estar transcurriendo algún plazo, solamente se glosarán en el expediente en el que se actúa, mediante certificación que haga el Secretario respecto del de su presentación, y el Secretario dará cuenta al titular de este Juzgado Federal únicamente con aquellas promociones con las que se acredite el cumplimiento de los requerimientos relativos a las etapas del Protocolo en los términos apuntados, o bien, con el estado que guarden los autos al fenecer los plazos de los requerimientos realizados durante el procedimiento de ejecución de la sentencia de amparo. En este sentido, las manifestaciones que expongan las autoridades oficiantes y las demás partes se tendrán por hechas desde el momento de la presentación del oficio o promoción de que se trate; y las partes podrán imponerse de tales promociones; pero serán objeto de valoración conjunta en la resolución que se dicte cuando este Juzgado tenga a la vista los autos en términos del párrafo que antecede. Lo anterior, persigue como finalidad que la etapa de ejecución sea lo más expedita posible, en acatamiento de lo dispuesto en los párrafos primero y cuarto del artículo 17 constitucional; que el juzgado haga una valoración conjunta de las promociones exhibidas por las partes; y que al mismo tiempo, el expediente se encuentre durante el mayor tiempo posible a disposición de las partes para su consulta.

  2. Principal

    Ciudad de México, treinta y uno de agosto de dos mil veinte. Vista la certificación secretarial que antecede, se advierte que el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, determinó levantar la suspensión de plazos y términos procesales señalados en los diversos Acuerdos Generales 4/2020 y 6/2020 del propio Pleno; asimismo, levantar la suspensión de los plazos y términos decretada del dieciocho de marzo al treinta y uno de julio de dos mil veinte, y reanudar el trámite y resolución de aquellos expedientes que se hayan tramitado con anterioridad al inicio de la contingencia derivada del referido fenómeno. Con la demanda de amparo presentada por ***; fórmese cuaderno de amparo, regístrese en el libro de gobierno con el número 746/2020 y dese de alta en el sistema correspondiente. Ahora, el artículo 113 de la Ley de Amparo, impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. Así, de la lectura integral a la demanda, se tiene que la parte quejosa reclama sustancialmente el corte del suministro de energía eléctrica que atribuye al Director De la Comisión Federal de Electricidad. En ese sentido esta juzgadora considera que en el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 103, fracción I, de la Constitución General de la República; y 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la ley de la materia, que establecen: Artículo 103. Los tribunales de la Federación resolverán toda controversia que se suscite: I. Por leyes o actos de la autoridad que viole las garantías individuales Artículo 1°. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Artículo 5°. Son partes en el juicio de amparo: II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la ley. De los artículos transcritos, se advierte que la acción de amparo procede únicamente contra actos o leyes dictadas por autoridad, que violen derechos fundamentales del gobernado, es decir, no es suficiente que se reclame una violación a dichos derechos, para que el juicio de amparo se vuelva procedente, sino que es necesario que la contravención de los derechos fundamentales se atribuya a una autoridad, pues, no todos los hechos que el particular estime contrarios a su interés, son susceptibles de impugnarse en el juicio de amparo, sino únicamente los actos de autoridad. En específico, el artículo 5°, fracción II, de la ley de la materia, establece que tendrá el carácter de autoridad responsable, únicamente aquélla que, con independencia de su naturaleza formal, ordena, ejecuta o trata de ejecutar un acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Luego, la noción de acto de autoridad ineludiblemente involucra la actuación y abstención de ésta frente al gobernado, en sus relaciones de supra a subordinación, cuyas características son la unilateralidad, imperatividad y coercitividad, debido a lo siguiente: son unilaterales, porque su existencia depende sólo de la voluntad de la autoridad; los actos son imperativos, en razón de que se imponen, aún en contra de la voluntad del gobernado; y son coercitivos, ya que si no se acatan voluntariamente, se puede lograr su cumplimiento coactivo, mediante el uso de la fuerza pública. Por tanto, el término de acto de autoridad involucra a un órgano del Estado constituido por una persona o por un cuerpo colegiado, quien ejecuta ciertos actos en ejercicio del poder de imperio, actos que modifican, crean o extinguen una situación de hecho o de derecho por medio de una decisión o con la ejecución de la misma. Sirve de apoyo la tesis de Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta: 1 AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del amparo son las siguientes: a) la existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de esa potestad; c) que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) que para emitir esos actos no requiera de acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado. Una vez fijados los elementos distintivos del acto de autoridad, para estar en posibilidad de establecer si los reclamados lo constituyen, es necesario tomar en consideración que la reforma constitucional publicada en el Diario Oficial de la Federación el veinte de diciembre de dos mil trece, sentó un parteaguas entre la naturaleza que se había discutido sobre los actos emitidos o imputables a la Comisión Federal de Electricidad, para concluir que a partir de esa reforma, sean los tribunales en materia civil o mercantil quienes se encarguen de conocer y resolver los conflictos inherentes a la prestación del servicio de suministro de energía eléctrica. Lo anterior, tiene sustento en los artículos 25, párrafos cuarto y último 27, párrafo sexto y 28, párrafo cuarto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, del tenor siguiente: Artículo 25. Corresponde al Estado la rectoría del desarrollo nacional para garantizar que éste sea integral y sustentable, que fortalezca la Soberanía de la Nación y su régimen democrático y que, mediante la competitividad, el fomento del crecimiento económico y el empleo y una más justa distribución del ingreso y la riqueza, permita el pleno ejercicio de la libertad y la dignidad de los individuos, grupos y clases sociales, cuya seguridad protege esta Constitución. La competitividad se entenderá como el conjunto de condiciones necesarias para generar un mayor crecimiento económico, promoviendo la inversión y la generación de empleo. Al desarrollo económico nacional concurrirán, con responsabilidad social, el sector público, el sector social y el sector privado, sin menoscabo de otras formas de actividad económica que contribuyan al desarrollo de la Nación. La ley alentará y protegerá la actividad económica que realicen los particulares y proveerá las condiciones para que el desenvolvimiento del sector privado contribuya al desarrollo económico nacional, promoviendo la competitividad e implementando una política nacional para el desarrollo industrial sustentable que incluya vertientes sectoriales y regionales, en los términos que establece esta Constitución. Artículo 27. La propiedad de las tierras y aguas comprendidas dentro de los límites del territorio nacional, corresponde originariamente a la Nación, la cual ha tenido y tiene el derecho de transmitir el dominio de ellas a los particulares, constituyendo la propiedad privada. En los casos a que se refieren los dos párrafos anteriores, el dominio de la Nación es inalienable e imprescriptible y la explotación, el uso o el aprovechamiento de los recursos de que se trata, por los particulares o por sociedades constituidas conforme a las leyes mexicanas, no podrá realizarse sino mediante concesiones, otorgadas por el Ejecutivo Federal, de acuerdo con las reglas y condiciones que establezcan las leyes, salvo en radiodifusión y telecomunicaciones, que serán otorgadas por el Instituto Federal de Telecomunicaciones. Las normas legales relativas a obras o trabajos de explotación de los minerales y substancias a que se refiere el párrafo cuarto, regularán la ejecución y comprobación de los que se efectúen o deban efectuarse a partir de su vigencia, independientemente de la fecha de otorgamiento de las concesiones, y su inobservancia dará lugar a la cancelación de éstas. El Gobierno Federal tiene la facultad de establecer reservas nacionales y suprimirlas. Las declaratorias correspondientes se harán por el Ejecutivo en los casos y condiciones que las leyes prevean. Tratándose de minerales radiactivos no se otorgarán concesiones. Corresponde exclusivamente a la Nación la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica; en estas actividades no se otorgarán concesiones, sin perjuicio de que el Estado pueda celebrar contratos con particulares en los términos que establezcan las leyes, mismas que determinarán la forma en que los particulares podrán participar en las demás actividades de la industria eléctrica. Artículo 28. En los Estados Unidos Mexicanos quedan prohibidos los monopolios, las prácticas monopólicas, los estancos y las exenciones de impuestos en los términos y condiciones que fijan las leyes. El mismo tratamiento se dará a las prohibiciones a título de protección a la industria. No constituirán monopolios las funciones que el Estado ejerza de manera exclusiva en las siguientes áreas estratégicas: correos, telégrafos y radiotelegrafía; minerales radiactivos y generación de energía nuclear; la planeación y el control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, y la exploración y extracción del petróleo y de los demás hidrocarburos, en los términos de los párrafos sexto y séptimo del artículo 27 de esta Constitución, respectivamente; así como las actividades que expresamente señalen las leyes que expida el Congreso de la Unión. La comunicación vía satélite y los ferrocarriles son áreas prioritarias para el desarrollo nacional en los términos del artículo 25 de esta Constitución; el Estado al ejercer en ellas su rectoría, protegerá la seguridad y la soberanía de la Nación, y al otorgar concesiones o permisos mantendrá o establecerá el dominio de las respectivas vías de comunicación de acuerdo con las leyes de la materia. El Estado contará con organismos y empresas que requiere para el eficaz manejo de las áreas estratégicas a su cargo y en las actividades de carácter prioritario donde, de acuerdo con las leyes, participe por sí o con los sectores social y privado. De la transcripción se advierte que la planeación y control del sistema eléctrico nacional, así como el servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, son actividades exclusivas de la Nación respecto de las cuales no se otorgarán concesiones; sin embargo, podrán celebrarse contratos con los particulares para que participen en las demás actividades de la industria eléctrica. El poder reformador de la Constitución habilitó al legislador para regular la forma y plazos para que el organismo descentralizado denominado Comisión Federal de Electricidad se convierta en empresa productiva del Estado, así como lo relativo a su administración, organización, funcionamiento, procedimientos de contratación y demás actos jurídicos que celebre. Lo expuesto evidencia que la reforma constitucional mencionada dispuso la transformación de la Comisión Federal de Electricidad de organismo público descentralizado a empresa productiva del Estado, así como la participación de los particulares en las actividades de la industria eléctrica distintas a la planeación y control del sistema eléctrico nacional y al servicio público de transmisión y distribución de energía eléctrica, las que desarrollará exclusivamente la Nación. La reforma fue reglamentada en la Ley de la Industria Eléctrica y su Reglamento, así como en la Ley de la Comisión Federal de Electricidad y su Reglamento, donde se fijaron la naturaleza de los actos que emita o resulten imputables a la Comisión Federal de Electricidad, en el contexto mercantil, de la forma siguiente: LEY DE LA INDUSTRIA ELÉCTRICA Artículo 5. El Gobierno Federal, los Generadores, los Transportistas, los Distribuidores, los Comercializadores, los Usuarios Calificados Participantes del Mercado y el CENACE, cada uno en el ámbito de sus competencias y responsabilidades, ejecutarán los actos que resulten necesarios para mantener la integridad y el funcionamiento eficiente del Sistema Eléctrico Nacional. En lo no previsto por esta Ley, se consideran mercantiles los actos de la industria eléctrica, por lo que se regirán por el Código de Comercio y, de modo supletorio, por las disposiciones del Código Civil Federal. Artículo 7. Las actividades de la industria eléctrica son de jurisdicción federal. Las autoridades administrativas y jurisdiccionales proveerán lo necesario para que no se interrumpan dichas actividades." LEY DE LA COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD Artículo 3. La Comisión Federal de Electricidad se sujetará a lo dispuesto en la presente Ley, su Reglamento y las disposiciones que deriven de los mismos. El derecho mercantil y civil serán supletorios. Artículo 7. Para cumplir con su objeto, la Comisión Federal de Electricidad podrá celebrar con el Gobierno Federal y con personas físicas o morales toda clase de actos, convenios, contratos, suscribir títulos de crédito y otorgar todo tipo de garantías reales y personales de obligaciones contraídas por sí o por sus empresas productivas subsidiarias y empresas filiales, con sujeción a las disposiciones legales aplicables. La Comisión Federal de Electricidad estará facultada para realizar las operaciones relacionadas directa o indirectamente con su objeto. Los contratos y, en general, todos los actos jurídicos que celebre la Comisión Federal de Electricidad para el cumplimiento de su objeto, podrán incluir cualquiera de los términos permitidos por la legislación mercantil y común y deberán cumplir con la regulación aplicable en las materias que corresponda. Artículo 82. Todos los actos que se desarrollen dentro del procedimiento de contratación que se regula en el presente Capítulo, hasta el momento del fallo, inclusive, serán de naturaleza administrativa. Una vez firmado el contrato, éste y todos los actos o aspectos que deriven del mismo serán de naturaleza privada y se regirán por la legislación mercantil o común aplicable. Artículo 118. Las controversias nacionales en que sean parte la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias, cualquiera que sea su naturaleza, serán de la competencia de los tribunales de la Federación, quedando exceptuados de otorgar las garantías que los ordenamientos legales exijan a las partes, aun en los casos de controversias judiciales. Sin perjuicio de lo anterior, la Comisión Federal de Electricidad y sus empresas productivas subsidiarias podrán pactar medios alternativos de solución de controversias, cláusulas o compromisos arbitrales, en términos de la legislación mercantil aplicable y los tratados internacionales de los que México sea parte. De las normas transcritas se desprende que el legislador dispuso expresamente que el Gobierno Federal, los Generadores, los Transportistas, los Distribuidores, los Comercializadores, los Usuarios Calificados Participantes del Mercado y el Centro Nacional de Control de Energía, cada uno en el ámbito de sus competencias y responsabilidades, ejecutarán los actos que resulten necesarios para mantener la integridad y el funcionamiento eficiente del Sistema Eléctrico Nacional. En esos términos, la regla general implica que tales actos consistentes en las actividades de generación, transmisión, distribución, comercialización y el control operativo del Sistema Eléctrico Nacional, compuesto por la red nacional de transmisión, redes generales de distribución, centrales eléctricas que entreguen energía eléctrica a las anteriores y equipos e instalaciones del Centro Nacional de Control de Energía, adquieren la naturaleza de administrativos. De esa manera, las actividades precisadas deben sujetarse a las obligaciones del servicio público que consisten en: a) otorgar acceso abierto a la Red Nacional de Transmisión y las Redes Generales de Distribución en términos no indebidamente discriminatorios; b) ofrecer y prestar el Suministro Eléctrico a todo aquél que lo solicite, cuando ello sea técnicamente factible, en condiciones de eficiencia, calidad, confiabilidad, continuidad, seguridad y sustentabilidad; c) cumplir con las disposiciones de impacto social y desarrollo sustentable, d) contribuir al Fondo de Servicio Universal Eléctrico, e) cumplir con las obligaciones en materia de Energías Limpias y reducción de emisiones contaminantes que al efecto se establezcan en las disposiciones aplicables, y ofrecer energía eléctrica, potencia y Servicios Conexos al Mercado Eléctrico Mayorista basado en los costos de producción conforme a las Reglas del Mercado y entregar dichos productos al Sistema Eléctrico Nacional cuando sea técnicamente factible. Sin embargo, también se dispuso como excepción que en lo no previsto en la Ley de la Industria Eléctrica, es decir, los actos diversos a las actividades enumeradas con anterioridad, deben considerarse mercantiles y se regirán por el Código de Comercio y supletoriamente por el Código Civil Federal. En esas condiciones, la Ley de Comisión Federal de Electricidad, prevé que a los actos que emita, le son aplicables las legislaciones mercantil y civil, por lo que serán de esa naturaleza. Excepcionalmente, los actos que emita en el procedimiento de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras tendrán naturaleza administrativa. Por tal motivo, sólo los actos administrativos son impugnables a través del juicio de nulidad y, en su caso, en vía de amparo. El resto de los conflictos nacionales en que participe dicha empresa, incluidos los derivados de la interpretación y cumplimiento de los contratos suscritos merced a un procedimiento administrativo, serán resueltos en vía mercantil o civil por los tribunales federales competentes en la materia, o bien, a través de los mecanismos de solución de conflictos, tales como el arbitraje, que pacten las partes. Así, resultan de naturaleza mercantil todas las actuaciones que realicen o se le imputen a la Comisión Federal de Electricidad, excepto los actos que emita en el procedimiento de contratación en materia de adquisiciones, arrendamientos, servicios y obras, lo cuales tendrán naturaleza administrativa. En resumen, por determinación del legislador, se estableció que las controversias en las que se involucre a la Comisión Federal de Electricidad tienen naturaleza mercantil; por tanto, no puede afirmarse que la relación entre las partes contratantes corresponde a la de supra a subordinación, ya que en realidad se trata de una relación de coordinación. Esto es así, porque la celebración del contrato de suministro de energía eléctrica implica que la Comisión Federal de Electricidad y el particular tienen obligaciones y derechos recíprocos, lo que evidencia que la relación jurídica existente entre las partes no corresponde a la de una autoridad y un gobernado, sino a una relación de coordinación y correspondencia entre el interés del organismo subsidiario y el particular usuario del servicio. En virtud de lo anterior, se actualiza la causa de improcedencia en estudio, principalmente, debido a que el acto materia del reclamo tiene su origen en un contrato mercantil o acuerdo de voluntades inherente a la prestación del servicio de energía eléctrica, de tal manera que el vínculo existente entre la parte quejosa y la Comisión Federal de Electricidad, verdaderamente se originó con motivo de una relación de coordinación a propósito del contrato de suministro de energía eléctrica. De acuerdo a la interpretación armónica de lo previsto en el artículo 1049, en relación con el 75, fracciones V y XXV, ambos del Código de Comercio, en el caso del suministro de energía eléctrica que proporciona la Comisión Federal de Electricidad a los particulares debe entenderse que el mismo es de naturaleza comercial, en consecuencia, las controversias que se susciten entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones que se generan en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil. Por tanto, los actos que aquí se reclaman no generan que la relación contractual entre el usuario y dicho organismo se transforme en acto de autoridad. Sirve de apoyo la tesis 2a./J. 30/2018 10a, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguientes:2 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO CONTRA ACTOS PREVISTOS EN EL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA. La interpretación teleológica del régimen jurídico especial que tutela esa actividad de la empresa productiva del Estado, lleva a considerar que su objetivo es garantizar que el servicio se preste, ello en un sistema de libre competencia. De ahí que no la ejerce en un plano de supra a subordinación porque el contrato de adhesión no somete arbitraria y unilateralmente la voluntad de los contratantes a las condiciones de la empresa; máxime que su contenido es verificado por la Comisión Reguladora de Energía y la Procuraduría Federal del Consumidor para asegurar que no contenga cláusulas leoninas, abusivas o inequitativas para el contratante, mientras se protege la actividad comercial de la sociedad. En esa virtud, tales actos, incluido el corte del suministro en términos del contrato, forman parte de esa relación comercial y la vía procedente para dirimir lo relativo es la ordinaria mercantil. Sin que esto impida que cuando la empresa realice actos que vulneren derechos humanos fuera de lo estipulado y aceptado por las partes, o cuando aplique normas que se estimen inconstitucionales, se le pudiera señalar como autoridad responsable. Cuestión que deberá ser analizada en cada caso concreto por el juzgador de amparo. También apoya lo anterior la tesis 2a./J. 2/2019 10a, que originó Contradicción de tesis 309/2018, la también de la referida Segunda Sala, cuyo contenido es: 3 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. LA EXISTENCIA DE JURISPRUDENCIA QUE DEFINA LA NATURALEZA DE SUS ACTOS, CONSTITUYE UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA, PARA DESECHAR LA DEMANDA DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDA EN CONTRA DE AQUÉLLOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha determinado que el Juez de Distrito debe desechar la demanda de amparo indirecto sólo cuando de ésta se advierta, sin lugar a dudas, un motivo manifiesto de improcedencia. Entonces, es factible el desechamiento de la demanda como causa notoria y manifiesta cuando se impugnen actos de la Comisión Federal de Electricidad cuya naturaleza ha sido definida mediante jurisprudencia por el Máximo Tribunal, pues dichos criterios son de observancia obligatoria en términos del artículo 217, párrafo primero, de la Ley de Amparo, para todos los órganos de menor jerarquía, vedando así cualquier posibilidad de que el obstáculo declarado por la Suprema Corte de Justicia de la Nación para entrar al estudio del fondo del asunto sea superado. Sostener lo contrario, implicaría admitir que un órgano de menor jerarquía puede revisar un criterio obligatorio que derivó de un ejercicio hermenéutico del contenido de una norma, lo que sería tanto como permitir distorsionar la certeza y la seguridad jurídica que genera la definición del tema vía jurisprudencia del máximo intérprete constitucional. En las relatadas circunstancias, al actualizarse de forma notoria y manifiesta la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los artículos 103, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; y 1°, fracción I, y 5°, fracción II, de la Ley de Amparo, con fundamento en los artículos 112 y 113 de ese ordenamiento legal, SE DESECHA POR IMPROCEDENTE LA DEMANDA, respecto del corte de suministro de energía eléctrica. Sirve de apoyo la Jurisprudencia 2a./J 156/2017 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:4 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. CONTRA LOS ACTOS DERIVADOS DEL CONTRATO DE SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA CELEBRADO BAJO LA VIGENCIA DE LA LEY DEL SERVICIO PÚBLICO RELATIVA PROCEDE LA VÍA ORDINARIA MERCANTIL. De la interpretación de los artículos 1049 y 75, fracciones V y XXV, del Código de Comercio deriva que el servicio de suministro de energía eléctrica proporcionado por la Comisión Federal de Electricidad a los particulares tiene origen en un acuerdo de voluntades de naturaleza comercial traducido en una relación de coordinación y, en consecuencia, las controversias suscitadas entre las partes derivadas de los derechos y obligaciones generados en el marco del contrato de suministro de energía eléctrica o con motivo de éste, celebrado bajo la vigencia de la Ley del Servicio Público de Energía Eléctrica, deben ventilarse y decidirse en la vía ordinaria mercantil. Asimismo la Jurisprudencia 2a./J. 44/2014 (10a.), de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación:5 COMISIÓN FEDERAL DE ELECTRICIDAD. EL CORTE O LA SUSPENSIÓN DEL SUMINISTRO DE ENERGÍA ELÉCTRICA NO CONSTITUYE NI ES EQUIPARABLE A UN ACTO DE AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013).El corte o la suspensión del fluido de energía eléctrica contratado por falta de pago oportuno, no puede ser considerado por esa sola circunstancia, un acto de autoridad ni uno equiparable a uno de tal naturaleza para efectos del juicio de amparo, porque tratándose de las relaciones contractuales, es común que se pacte que la parte que se vea perjudicada por el incumplimiento de su contraparte deje de otorgar las prestaciones a su cargo, lo cual se debe a que, por regla general, los contratos se rigen por la voluntad de las partes, así como por la bilateralidad, lo que genera que el incumplimiento de alguna de ellas actualice el derecho de la otra a no cumplir con la obligación a su cargo mientras subsista la falta de cumplimiento del acuerdo de voluntades. Por tanto, el corte del suministro de la energía eléctrica por parte de la Comisión Federal de Electricidad no genera que la relación contractual entre el usuario y dicho organismo se transforme en acto de autoridad o equiparable a éste Similar criterio tuvo el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito; al resolver el recurso de queja Q.A. 284/2017, en el que se confirmó el desechamiento de la demanda de amparo del juicio de amparo 1410/2017. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 13 de la Ley de Amparo, se tiene a *** como representante común de los quejosos. Vista la presente determinación, y a efecto de no dejar en estado de indefensión a la parte quejosa, en términos de los artículos 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 12 de la Ley de Amparo, respectivamente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que señala, y como autorizados en los términos amplios a las personas que tengan inscritas sus cédulas profesionales de licenciados en derecho en el registro correspondiente del Poder Judicial de la Federación; y sólo en términos limitados a las personas que menciona para tal efecto por así haberlo solicitado. No obstante, como lo solicita la quejosa y con motivo de las de las medidas de mitigación y control del virus SARSCoV2 (COVID-19), realícense las notificaciones de manera electrónica a través del medio electrónico que para el efecto señala. No obstante lo anterior, y hasta en tanto el Consejo de la Judicatura Federal no emita el acuerdo de reanudación de labores que fueron suspendidas con motivo de la pandemia originada por el virus SARS-Co2 (COVID -19), se ordena que el presente acuerdo se publique de manera temporal y únicamente con fines informativos bajo las pautas del artículo 29 de la Ley de Amparo,6 para lo cual, los actuarios de la adscripción deberán fijar una lista al exterior del inmueble -reja perimetral-, misma que podrá ser consultada por las partes interesadas, o bien, si así lo desean podrán ingresar a la página https://www.dgepj.cjf.gob.mx/internet/expedientes/ circuitos.asp?Cir=1&Exp=1. Se hace del conocimiento de las partes que se autoriza la expedición de copias simples o certificadas de las constancias que integran el presente asunto, con excepción de las que tengan el carácter de reservada o confidencial, a través de solicitud por escrito, mismas que serán expedidas a costa de la parte que las solicite y previa toma de razón que obre en autos; asimismo, se autoriza el uso de medios electrónicos y digitales para la reproducción de constancias, con la misma salvedad, y en la inteligencia que las reproducciones que se obtengan no tendrán validez de documento público, en términos del artículo 129 del Código Federal de Procedimientos Civiles, acorde con lo dispuesto por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de marzo de dos mil nueve, contenida en la circular 12/2009. También se autoriza a las partes el examen del presente juicio de amparo indirecto a través del portal de consulta de expediente electrónico en línea del Consejo de la Judicatura Federal, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo, previo registro. En caso de que las partes interpongan recursos previstos en la Ley de Amparo, se tendrá por agregado al presente expediente el acuse de recibo por parte de la Superioridad con la sola recepción del mismo en la oficialía de partes, previa certificación secretarial en la que conste la fecha y hora de recepción de la mencionada comunicación. HABILITACIÓN ACTUARIOS. De conformidad con el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se habilitan horas y días inhábiles a fin de que los actuarios de la adscripción realicen las notificaciones de carácter personal que se lleguen a ordenar en este asunto. A efecto de proteger la integridad de los actuarios que se encuentran adscritos a este juzgado, comisionados para realizar las diligencias de carácter urgente, se les conmina a que cuando resulte necesaria la práctica de una diligencia personal, ésta se realice en estricto cumplimiento a los protocolos y lineamientos emitidos por la Dirección General de Servicios al Personal, para resguardar la integridad y salud de quienes realicen la notificación y de las personas justiciables. Asimismo, se habilita a los actuarios adscritos a este órgano jurisdiccional para que, cuando se trate de un caso que por sus características implique un peligro de contagio de COVID-19, en las notificaciones que aquellos efectúen no se estampe la firma respectiva por la persona a notificar, y solamente se haga constar cómo se cercioró de que es la persona indicada y pormenorizar las circunstancias en que se encuentra. Finalmente, se hace necesario destacar que este acuerdo será firmado electrónicamente por la titular de este órgano jurisdiccional, así como por la Secretaria que firma y da fe de esta determinación, cuyas evidencias criptográficas habrán de imprimirse y agregarse al expediente; lo anterior tiene por finalidad contribuir con las medidas de prevención y sana distancia delineadas por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, a través de los diversos Acuerdos Generales que ha emitido durante el periodo de suspensión de labores con motivo de la contingencia sanitaria. NOTIFÍQUESE VÍA CORREO A LA PARTE QUEJOSA

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