Víctor Manuel García Resendiz

Expediente 442/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Colima. 24 actuaciones registradas, la última del 27 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
442/2023
Año
2023
Actuaciones
24
Última actuación
27/11/2023

Partes del expediente

  • Víctor Manuel García Resendiz

Actuaciones

Las 4 más recientes de 24.

  1. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta por medio del cual el Secretario del Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán, devuelve lo actuado en el exhorto **************; en consecuencia, dese de baja la comunicación oficial en cita. Por otra parte, de la certificación de cuenta se advierte que se encuentra integrado el recurso de queja interpuesto por ********************, en su carácter de autorizada en términos amplios de la parte quejosa ********************, en contra del proveído de once de octubre de dos mil veintitrés por el cual se desechó de plano el incidente de nulidad de notificaciones interpuesto; por tanto, remítanse al Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito en el Estado de Colima, por separado el original y la copia del escrito de agravios de la queja, y testimonio certificado de las constancias que este juzgado estima necesarias para la substanciación del recurso, que incluyen algunas de las solicitadas por el promovente del recurso, que son conducentes para su substanciación. Ríndase el informe justificado en el sentido de que es cierto que este órgano jurisdiccional dictó conforme a derecho el proveído recurrido en queja. Notifíquese por lista.

  2. Principal

    Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta por medio del cual *******, en su carácter de autorizada en términos amplios de la parte quejosa ************, desahoga la vista otorgada mediante proveído de treinta y uno de octubre del año en curso, señalando que sean remitidos al Tribunal Colegiado de Circuito los autos del presente juicio para la resolución del medio de impugnación interpuesto en autos. En este sentido, una vez que obren en el presente juicio la totalidad de las notificaciones a la partes del auto por el cual se tuvo por interpuesto el recurso de queja promovido, será remitido al Tribunal Colegiado de este Trigésimo Segundo Circuito para su substanciación. Cúmplase.

  3. Principal

    Colima, Colima, treinta y uno de octubre de dos mil veintitrés. Agréguese a las presentes actuaciones para que surta los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustado al artículo 3° de la Ley de Amparo, el documento de cuenta por medio del cual ********************, en su carácter de autorizada en términos amplios de la parte quejosa ********************, interpone recurso de queja, en contra el proveído de once de octubre de dos mil veintitrés, en el que se desechó el incidente de nulidad de notificaciones promovido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 97, fracción, I inciso e), de la Ley de Amparo, se tiene por interpuesto el recurso de queja; por tanto, notifíquese a las partes. De conformidad con los artículos 100 y 101 de la Ley de Amparo, requiérase a las partes para que, dentro del plazo de tres días, contado a partir de su legal notificación, indiquen las constancias que deseen sean remitidas al Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito, para la substanciación del recurso de queja, apercibidos que, de no hacerlo, este órgano de control constitucional enviará las que estime pertinentes. Por otra parte, se comisiona al secretario encargado del trámite de este juicio de amparo, para que inmediatamente que esté debidamente integrado el asunto (que obren las constancias de notificación a las partes del auto recurrido y de este acuerdo), remita el original y copia del escrito de agravios y las constancias señaladas por las partes, debiendo rendir el informe materia de la queja al Tribunal Colegiado del Trigésimo Segundo Circuito. Sirve de apoyo la tesis de jurisprudencia número 1a./J. 26/2017 (10a.), publicada el viernes 09 de junio de 2017 10:15, de la Primera Sala, del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, con el rubro siguiente: "RECURSO DE QUEJA PREVISTO EN EL ARTÍCULO 97, FRACCIÓN I, INCISO B), DE LA LEY DE AMPARO. SU TRÁMITE ESTÁ SUPEDITADO A QUE EL JUEZ DE DISTRITO REMITA INMEDIATAMENTE LAS CONSTANCIAS RESPECTIVAS AL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, ACOMPAÑANDO LOS COMPROBANTES DE NOTIFICACIÓN A LAS PARTES DEL AUTO EN EL QUE SE TUVO POR INTERPUESTO AQUÉL." Finalmente, en atención a que la parte tercera interesada ******************** se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social número 17, "CPS-Michoacán", con sede en Buenavista Tomatlán, Michoacán; en esas condiciones, con fundamento en el artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo; 298 y 299 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria al primer ordenamiento citado, de aplicación supletoria a la ley de la materia y 74 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, aprobado en sesión extraordinaria de ocho de junio de dos mil veinte, gírese atento exhorto electrónico al Juzgado de Distrito en el Estado de Michoacán, con sede en Uruapan, en turno, a efecto de que, en auxilio de este órgano jurisdiccional, con plenitud de jurisdicción notifique al tercero interesado de mérito el acuerdo inserto en el presente exhorto.

  4. Principal

    Colima, Colima, once de octubre de dos mil veintitrés. Agréguense a las presentes actuaciones para que surtan los efectos legales correspondientes, por encontrarse ajustados al artículo 3° de la Ley de Amparo, los documentos de cuenta por medio de los cuales la parte quejosa Víctor Manuel García Resendiz, designa autorizados, solicita acceso y notificaciones en el expediente electrónico y promueve incidente de nulidad de notificaciones a partir de la notificación de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés. En este sentido, en relación al incidente de nulidad de notificaciones promovido por la parte quejosa, es necesario conocer el contenido de los artículos 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo y 68 de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 57.- Los tribunales no admitirán nunca incidentes, recursos o promociones notoriamente maliciosos o improcedentes. Los desecharán de plano, sin necesidad de mandarlos hacer saber a las otras partes, ni dar traslado, ni formar artículo. Artículo 68. Antes de la sentencia definitiva las partes podrán pedir la nulidad de notificaciones en el expediente que la hubiere motivado, en la siguiente actuación en que comparezcan. Dictada la sentencia definitiva, podrán pedir la nulidad de las notificaciones realizadas con posterioridad a ésta, en la siguiente actuación que comparezcan. Este incidente se tramitará en términos del artículo anterior y no suspenderá el procedimiento. Las promociones de nulidad notoriamente improcedentes se desecharán de plano. En este sentido, el mencionado numeral 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles, ha sido interpretado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en el recurso de reclamación 698/2013, en la que se estimó que el citado precepto normativo, dispone que los tribunales no admitirán nunca incidentes, recursos o promociones notoriamente maliciosos o improcedentes. Asimismo, se señaló que la malicia en las promociones presentadas por las partes, se identifica con la mala fe para lograr, por ejemplo, el retardo en la ejecución de alguna resolución o evitar que alguna decisión judicial se materialice, mientras que la notoria improcedencia se configura cuando de la simple lectura de la promoción se advierte en forma patente y absolutamente clara la certeza y plena convicción de que la admisión o acogimiento de lo pedido no dará lugar a una decisión diferente de la que se pueda tomar desde luego. Además, se expuso que lo que el precepto de mérito trata de evitar es la tramitación de promociones que resulten ociosas o intrascendentes, bien porque tengan un evidente propósito dilatorio, o porque se formulen peticiones infundadas por no concurrir los presupuestos de hecho o de derecho que las justifique, pues, en esas condiciones, no resulta indispensable la previa audiencia del interesado ni que se admita su promoción, por ser inútil su tramitación al carecer del derecho subjetivo o procesal correspondiente, por la improcedencia misma de la petición formulada dentro del procedimiento respectivo, esto, en aras de observar los principios de prontitud y expeditez procesal consagrados en el párrafo segundo del artículo 17 constitucional. Consideraciones que originaron la tesis 1a. XXXIV/2014 (10a.), publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en el Libro 3, Febrero de 2014, Tomo I, Décima Época, página 665, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y texto siguiente: "INCIDENTES, RECURSOS O PROMOCIONES NOTORIAMENTE MALICIOSOS O IMPROCEDENTES. SU CONNOTACIÓN. El artículo 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles prevé que los tribunales no admitirán nunca incidentes, recursos o promociones notoriamente maliciosos o improcedentes, y que los desecharán de plano, sin necesidad de mandarlos hacer saber a las otras partes, ni dar traslado ni formar artículo. Al respecto, la malicia en las promociones se presenta cuando en ellas se identifica la mala fe del promovente, por ejemplo, cuando busca retardar la ejecución de alguna resolución o evitar que una decisión judicial se materialice; por su parte, la notoria improcedencia se configura cuando de la simple lectura de la promoción se advierte en forma patente y absolutamente clara la certeza y plena convicción de que la admisión o acogimiento de lo pedido no dará lugar a una decisión diferente de la que pueda tomarse desde luego; de manera que lo que el citado artículo trata de evitar es la tramitación de promociones que resulten ociosas o intrascendentes, ya sea porque tengan un evidente propósito dilatorio, o porque se formulen peticiones infundadas por no concurrir los presupuestos de hecho o de derecho que las justifiquen pues, en esas circunstancias, no es indispensable la previa audiencia del interesado ni que se admita su promoción, por ser inútil su tramitación al carecer del derecho subjetivo o procesal correspondiente, por la propia improcedencia de la petición formulada dentro del procedimiento respectivo, esto, en aras de observar los principios de prontitud y expeditez procesal contenidos en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Por su parte, el taxativo 68 de la Ley de Amparo, establece que el incidente de nulidad de notificaciones es procedente en contra de actos dictados antes y después de emitida la sentencia, en el entendido de que sí el incidente se promueve de forma posterior al dictado de la resolución definitiva, sólo se podrá pedir las notificaciones realizadas con posterioridad a ésta, con la finalidad de no afectar la cosa juzgada mediante un acto procesal posterior. En esta tesitura, el incidente de nulidad de notificaciones que se promueve contra actuaciones desplegadas de forma anterior al dictado de la sentencia, se debe calificar como notoriamente improcedente, derivado de que los efectos que dimanan de la sentencia no pueden ser destruidos mediante un procedimiento incidental, pues de lo contrario nunca se alcanzaría la seguridad jurídica que emana de la cosa juzgada. Por ende, el incidente de nulidad de notificaciones se encuentra acotado a dos fases independientes, es decir, la de juicio y la de ejecución, por lo que, en cada una de ellas deben reclamarse actuaciones o notificaciones correspondientes a la etapa en la que se encuentre el medio de control constitucional, sin que una pueda afectar la seguridad jurídica que ha creado la otra. Por tanto, la nulidad de notificaciones en el juicio de amparo no constituye un medio por el cual pueda dejar sin efectos la sentencia que ha causado ejecutoria, sino que las notificaciones materia de dicho incidente sólo pueden ser atinentes a los emitidos de forma posterior al dictado de la sentencia, sin que puedan controvertir notificaciones previas a dicha resolución. Apoya lo anterior la tesis publicada en el Semanario Judicial de la Federación. Tomo VII, Mayo de 1991, Octava Época, página 237, emitida por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, de rubro y texto siguiente: "NULIDAD DE NOTIFICACIONES, INCIDENTE DE. ES PROCEDENTE CONTRA LA NOTIFICACION DE LA SENTENCIA DEL JUEZ DE DISTRITO, AUNQUE SE HAYA DECLARADO EJECUTORIADA. El artículo 32 de la Ley de Amparo que prevé el incidente de nulidad de notificaciones y, por consecuencia, de las actuaciones posteriores a la notificación cuya nulidad se pida, no es suficientemente claro y ha dado origen a diversos criterios de interpretación por los Tribunales Federales. De estos criterios destaca que no es la sentencia de primera instancia a la que se refiere el citado artículo 32 como límite de su promoción, sino la sentencia definitiva que puede ser la de segunda instancia; que, por tanto, una vez dictada la sentencia de primera instancia, sí procede la nulidad de notificaciones, siempre que éstas no sean anteriores a la sentencia misma o en su caso a la resolución de segunda instancia. También se ha establecido que procede la nulidad de notificaciones realizadas con posterioridad a la sentencia de segunda instancia. El problema se complica en los casos en que la notificación tachada de nula es aquélla que atañe a la sentencia del juez de Distrito, y con base en ella, en parte, el juez declara ejecutoriada la sentencia. En estos supuestos, lógicamente, no hay sentencia de segunda instancia. Y puede ocurrir que el auto de ejecutoria en unos casos se notifique personalmente; en otros por lista, y en otros más, aunque se notifique en forma personal, la parte interesada argumente que también esta última notificación es ilegal. De aceptarse el criterio de que el auto que declaró ejecutoriada la sentencia, es un obstáculo para la procedencia del incidente de nulidad, porque ese auto dio origen a una diversa situación jurídica, se llegaría a un extremo que implica una distinta cuestión: si el auto que declaró ejecutoriada la sentencia no se notifica personalmente a la parte que se dice perjudicada, y se adopta estrictamente la interpretación de que la nulidad de notificaciones solamente procede ya respecto de las actuaciones posteriores al auto de ejecutoria, y si se interpusiera el recurso de queja previsto por la fracción VI, del artículo 95 de la Ley de Amparo, como lo sostiene el juez, en la fecha en que la parte se hizo sabedora del propio auto de ejecutoria (extemporáneamente desde luego), tendría que considerarse que primero debió promoverse el incidente de nulidad contra la notificación de este auto; pero al decidirse el incidente podría argumentarse que la notificación de tal auto no debió ser, por necesidad, de manera personal, sino que sólo procedía hacerse de esa manera si el juez lo estimara pertinente en el uso de sus facultades discrecionales, creando así un estado total de indefensión al interesado, que alega la nulidad de la notificación de la sentencia. No se desatiende que hay casos en que, indudablemente, aun cuando implican un problema de notificación, sí debe interponerse el recurso de queja. Estos serán aquellos en que no existe notificación, correcta o incorrecta, a la parte afectada; aquellos en que se alegue que no transcurrió el término correspondiente, o a aquellos en que se afirme que el recurso de revisión se interpuso oportunamente, pues en estos supuestos indiscutiblemente que el auto de ejecutoria podría ser ilegal por vicios propios, mas no por derivarse de una notificación atacada de ilegal. Por ende, en los casos que se plantean en la primera parte de esta consideración, se concluye que lo procedente es el incidente de nulidad de notificación porque de otra manera, para la procedencia del recurso de queja, tendría que analizarse en este recurso la validez o invalidez de la notificación del auto que declaró ejecutoriada la sentencia y, como se dijo, en los supuestos en que esa notificación se hubiera hecho por lista, podría llevar a considerar que, por no ser necesariamente personal, el recurso fuera extemporáneo, situación a la que podría llegarse inclusive aunque se promoviera primero el incidente de nulidad contra la notificación del auto de ejecutoria. También hay que añadir que si se declara procedente la nulidad de la notificación de la sentencia, tendrá por consecuencia que se deje sin efecto el auto que declaró ejecutoriado el referido fallo, según la parte final del mencionado artículo 32 de la Ley de Amparo, que ordena que, en su caso, se reponga el procedimiento desde el punto en que se incurrió en la nulidad, mas no la sentencia misma." Ahora bien, en el presente juicio de amparo la parte quejosa, promueve incidente de nulidad de notificaciones a partir de la notificación de treinta y uno de agosto de dos mil veintitrés, es decir, fecha en que se le notificó por medio de lista el acuerdo con el que se da vista con el cumplimiento producido por la autoridad responsable a la sentencia ejecutoria emitida en el medio de control constitucional de mérito. En este contexto, dicho incidente de nulidad de notificaciones resulta notoriamente improcedente, en razón de que dicha notificación se efectúo por lista en cumplimiento al auto de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, en el que se hizo efectivo el apercibimiento con el que se le conmino en auto de diez de abril del presente año, al no haber señalado domicilio procesal en la residencia o zona conurbada de este órgano de control constitucional. Por tanto, el auto de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, en el que se determinó la forma en que se realizarían las notificaciones durante la secuela procesal, es la que rige la forma en que debe notificar a la parte quejosa durante la substanciación del proceso jurisdiccional, en atención a lo dispuesto en el taxativo 27, fracción III, inciso a) de la Ley de Amparo. Atento a lo anterior, el incidente promovido resulta notoriamente improcedente, pues se configura de la simple lectura de la promoción en forma patente y absolutamente clara la certeza y plena convicción de que la admisión o acogimiento de lo pedido no dará lugar a una decisión diferente de la que se pueda tomar desde luego, ya que la notificación controvertida deriva de que no atendió al requerimiento formulado en proveído de diez de abril de dos mil veintitrés, en el que se apercibió que de no señalar domicilio en la residencia o zona conurbada de este órgano jurisdiccional, las subsecuentes notificaciones se harían por medio de lista, y que como consecuencia en el auto de dieciocho de abril de dos mil veintitrés, se determinó la forma en que se debería notificar a la parte quejosa en el juicio de amparo de mérito. En consecuencia, se desecha el incidente de nulidad de notificaciones promovido por la parte quejosa, por ser notoriamente improcedente, en términos de lo dispuesto en los artículos 57 del Código Federal de Procedimientos Civiles y 68 de la Ley de Amparo. Autorizados. Se tiene al promovente designando como sus autorizados con las amplias facultades que establece el primer párrafo del artículo 12 de la Ley de Amparo a ********************y********************, al tener inscrita su cedula profesional en el Registro Nacional de Profesiones. Por su parte, en relación a la profesionista ********************, dígasele que deberá estar a lo acordado en auto de ocho de abril de dos mil veintidós, en el que se le tuvo por autorizada en amplios términos por la parte quejosa en el presente juicio de amparo. Acceso al expediente y notificaciones vía electrónica. Con fundamento en el artículo 26, fracción IV, de la Ley de Amparo, se ordena que las notificaciones de carácter personal se hagan vía electrónica, en el entendido de que la parte que así lo solicita quedará sujeta a las reglas que establecen los artículos 24, 30, fracción II y 31, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo; esto es, cuando la parte notificada no consulta el sistema indicado dentro del plazo máximo de dos días hábiles posteriores al envío de la actuación a notificar, la notificación debe entenderse hecha en el primer instante del día hábil siguiente al vencimiento de ese plazo de dos días (momento en el cual igualmente surte sus efectos). Sirve de apoyo a lo anterior la tesis de jurisprudencia 2a./J. 71/2019 (10a.), que dice: "NOTIFICACIONES REALIZADAS POR VÍA ELECTRÓNICA EN EL JUICIO DE AMPARO. CUANDO EL QUEJOSO O EL TERCERO INTERESADO NO INGRESA AL SISTEMA ELECTRÓNICO DENTRO DEL PLAZO MÁXIMO DE DOS DÍAS HÁBILES SIGUIENTES A AQUEL EN QUE EL ÓRGANO DE AMPARO ENVIÓ LA DETERMINACIÓN CORRESPONDIENTE, SE ENTIENDEN HECHAS Y SURTEN SUS EFECTOS EN EL PRIMER INSTANTE DEL DÍA HÁBIL SIGUIENTE AL VENCIMIENTO DE ESE PLAZO. En diversas ejecutorias, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido criterios en los cuales se ha sostenido que en el juicio de amparo los plazos inician a las cero horas del día respectivo y los términos para presentar promociones comprenden las veinticuatro horas naturales del último día, así mismo que cuando la ley que rige al acto no prevé el momento en el cual surten efectos las notificaciones, será en el mismo momento de su realización. Por su parte, la Ley de Amparo establece la posibilidad del quejoso o del tercero interesado que quisiera ser notificado por medios electrónicos, expresarlo así ante el órgano de amparo, quien queda obligado a enviar los acuerdos, resoluciones o sentencias a notificar de manera personal para que, por ese medio, el interesado pueda ser comunicado. A su vez, el solicitante adquiere el deber de ingresar en forma diaria (y hasta por el plazo máximo de dos días hábiles) al sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación para consultar las notificaciones correspondientes, con lo cual se genera la constancia a que se refiere la fracción III del artículo 31 de ese ordenamiento. A partir de lo anterior, de la interpretación armónica, sistemática y funcional de los artículos 24, 30, fracción II y 31, fracciones I, II y III, de la Ley de Amparo, se concluye que cuando el quejoso o el tercero interesado no consulta el sistema indicado dentro del plazo máximo de dos días hábiles posteriores al envío de la actuación a notificar, la notificación debe entenderse hecha en el primer instante del día hábil siguiente al vencimiento de ese plazo de dos días (momento en el cual igualmente surte sus efectos), pues de esa manera se respeta en forma integral el plazo otorgado por el legislador; ello en el entendido de que al vencimiento de ese plazo, el actuario debe levantar la razón a que se refiere la fracción II del artículo 31 de la ley de la materia a efecto de hacer constar el momento en que se realizó la respectiva notificación electrónica." Asimismo, con fundamento en el artículo 3º de la Ley de Amparo, y en el Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite del expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, en relación con el diverso 1/2013, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación y del Consejo de la Judicatura Federal, se autoriza la consulta del expediente vía electrónica con el usuario que indicó en su misiva.

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