Victor Manuel García Ortega
Expediente 961/2022 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo. 3 actuaciones registradas, la última del 12 de julio de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 961/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 12/07/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · Hidalgo
Partes del expediente
- Victor Manuel García Ortega
Actuaciones
- Principal
Téngase por recibido el escrito signado por la parte quejosa; en atención a su contenido, de conformidad con el artículo 280 del Código Federal de Procedimientos Civiles que se aplica de manera supletoria a la Ley de Amparo, hágase la devolución que solicita, al ser innecesaria su retención, previa compulsa y certificada se deje en autos. Notifíquese.
- Principal
Visto el estado de autos y lo asentado en la cuenta secretarial de la que se advierte que por acuerdo de esta fecha emitido en el cuaderno principal del que deriva el presente incidente, se tuvo por recibida la ejecutoria emitida por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Noveno Circuito y se ordenó su archivo definitivo, por tanto, se determina que de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se determina que el presente asunto no es de relevancia documental, porque no está en el catálogo de los señalados en su artículo 15. En tal virtud, hágase del conocimiento de las autoridades responsables que en términos del artículo 154 de la Ley de amparo, queda si efectos la suspensión definitiva decretada en autos. Asimismo, con apoyo en lo dispuesto en los artículos 12, 14 y 18, fracción I, inciso a), se establece que el original de la presente incidencia es susceptible de depuración, toda vez que por una parte se concedió la suspensión del acto reclamado en su aspecto provisional y definitivo; debiéndose conservar todas las resoluciones relativas a su otorgamiento o violación. Asimismo, se establece que el duplicado es destruible al ubicarse en el supuesto contemplado en la fracción II, inciso a) del artículo 20 del referido acuerdo. Por tanto, realícense las anotaciones conducentes en el libro de gobierno y la captura relativa en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), así como en las carátulas del mismo. Finalmente, toda vez que no existe actuación alguna por realizar, ni promoción pendiente por acordar, con fundamento en el precepto 214 de la Ley de Amparo, remítase al archivo definitivo como asunto concluido.
- Principal
Vista la demanda de amparo que promueve ********************, por propio derecho, contra actos del Presidente Municipal de Apan, Hidalgo, por considerarlos violatorios de los artículo 8, 14, 16 y 17 de la Constitución Federal. Registro del expediente Fórmese expediente y regístrese con el número 961/2022-1, del índice de este juzgado federal; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expediente S.I.S.E. Determinación judicial Ahora bien, del análisis integral de dicha demanda, este Juzgado advierte que la misma es NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE, lo que conduce a desecharla de plano, sin suspensión del acto reclamado, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 113 de la Ley de Amparo, que dice: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Del anterior precepto normativo, se colige que el desechamiento de plano de una demanda de garantías sólo procede ante la concurrencia de estos requisitos: 1.- Que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional. 2.- Que este motivo sea manifiesto e indudable. Con relación a lo anterior, se impone precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo, de los escritos aclaratorios o de ampliación cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones y lo indudable de que se tenga la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de tal modo, que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no resultara factible formarse una convicción directa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. Analizada la demanda de amparo, se advierte que del análisis de la demanda en su integridad de conformidad con lo establecido en el artículo 74 fracción I de la Ley de Amparo reclama lo siguiente: La omisión que se le da a su solicitud realizada por escrito el tres de junio de dos mil veintidós, recibida en la oficina Catastral el mismo día, donde se solicita el traslado de dominio, requisito que es indispensable para para la inscripción del Registro Público de la Propiedad y del Comercio de la Ciudad de Apan, Hidalgo, respecto del predio urbano, ubicado en el número 24 de la Calle Morelos, esquina con Guerrero Sur en la Ciudad de Apan, Hidalgo. Asimismo, por las consecuencias que cita en los hechos del acto que reclama, se advierte que son motivo de la contestación que se le dé a su escrito el cual reclama, no se le ha dado contestación. De lo anterior se colige, que del análisis integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa reclama del Presidente Municipal y Directora del Catastro Municipal de Apan, Hidalgo, la falta de dar contestación a su escrito presentado y recibido el tres de junio de dos mil veintidós, considerando con ello que se transgredió el derecho humano consagrado en el ordinal 8 Constitucional. Luego, las manifestaciones del citado promovente destacadas en el párrafo precedente, constituyen una confesión expresa, que tiene valor probatorio pleno, de conformidad con los artículos 95, 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la materia, por disposición expresa de su numeral 2°, apta para acreditar plenamente ese extremo, al igual que la documental que exhibió como prueba, misma que contiene sello de recibido original por parte de la responsable, la cual tiene valor probatorio, de conformidad con los preceptos 133, 203, 207 y 208 del Código Federal de Procedimientos Civiles. Precisado lo anterior, se estima que en la especie se actualiza de modo manifiesto, la causa de improcedencia contenida en el arábigo 61, fracción XXIII, en relación con el diverso 217 de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "ARTÍCULO 61.- El juicio de amparo es improcedente: ... XXIII.- En los demás casos en que por la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "ARTÍCULO 217.- La jurisprudencia que establezca la Suprema Corte de Justicia de la Nación, funcionando en pleno o en salas, es obligatoria para éstas tratándose de la que decrete el pleno, y además para los Plenos de Circuito, los tribunales colegiados y unitarios de circuito, los juzgados de distrito, tribunales militares y judiciales del orden común de los estados y del Distrito Federal, y tribunales administrativos y del trabajo, locales o federales. En efecto, conforme a las disposiciones legales de previo anuncio, el juicio de garantías no sólo resulta improcedente en los veintidós casos que prevé el numeral 61 de la Ley de Amparo, sino también por las demás causas que deriven de algunos de los preceptos de la Constitución Federal y de la propia Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 Constitucionales. En tanto que lo establecido en el numeral 217 de la Ley de Amparo, determina la obligación que tienen todos y cada uno de los Tribunales y Juzgados de todos el país, integrantes de los Poderes Judicial Federal (incluyendo Juzgados de Distrito) como del Fuero Común, de aplicar la Jurisprudencia emitida por la Suprema Corte de Justicia de la Nación, como en el caso acontece. Ilustra a lo anterior, la tesis sustentada por la antigua Sala Auxiliar de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 23 del tomo 43, Séptima Época del Semanario Judicial de la Federación, que establece: "IMPROCEDENCIA, CAUSAL DE, PREVISTA EN LA FRACCIÓN XVIII DEL ARTICULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. LA JURISPRUDENCIA DE LA SUPREMA CORTE DE JUSTICIA ES APTA PARA COMPLEMENTARLA. Es correcto considerar que se surten los supuestos de la causal de improcedencia prevista en la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, si se invoca el artículo 193 bis de la Ley Reglamentaria de los Artículos 103 y 107 constitucionales, antes de sus últimas reformas (idéntico al 193 de la ley reformada), que se refiere a la obligatoriedad de observar la jurisprudencia establecida por este Alto Tribunal, e igualmente una tesis jurisprudencial, puesto que la indicada tesis jurisprudencial, relacionada con el artículo 193 bis de la ley en cita, constituye la "disposición legal" a que alude dicha fracción." Ello es así, toda vez que del sello de recepción de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, se aprecia que la demanda de derechos fue presentada el ********************, es decir, dentro del plazo de cuarenta y cinco días hábiles con que cuentan las autoridades responsables, a efecto de que las mismas estén en condiciones de dar una respuesta a ella, tal y como a continuación se observará. Precisado lo anterior, los ordinales 1, 3, 15, 16 y 45, todos de la Ley Estatal de Procedimiento Administrativo del Estado de Hidalgo, disponen textualmente lo siguiente: "Artículo 1.- La presente Ley, es de orden e interés público y se aplicará a los actos, omisiones, procedimientos y resoluciones de las Dependencias y Entidades de la Administración Pública Estatal y Municipal.---- El presente Ordenamiento también se aplicará a los Organismos Descentralizados de la Administración Pública Paraestatal, respecto a sus actos de autoridad y a los contratos que los particulares puedan celebrar con dichos Organismos." "Artículo 3.-Las peticiones que se presenten ante Autoridades Administrativas, deberán: --- I.-Constar por escrito con la firma autógrafa del peticionario y ser presentadas en forma personal o por conducto de representante legal; II.-Señalar nombre y domicilio para oír y recibir notificaciones y III.-Cumplir con los requisitos establecidos por las Leyes aplicables a la materia de la petición." "Artículo 15.-Las Autoridades Administrativas, deberán atender las peticiones que les sean formuladas dentro de los términos establecidos en la presente Ley. --- La respuesta o resolución al escrito inicial y a las promociones subsecuentes, que en su caso, se presenten, relativas al fondo de la petición, deberá dictarse dentro de los cuarenta y cinco días hábiles siguientes a la fecha de su recepción, obligándose la Autoridad a resolver positiva o negativamente, transcurrido el plazo aplicable, se entenderán las resoluciones en sentido negativo al promovente. A petición del interesado, se deberá expedir constancia de tal circunstancia dentro de los cinco días hábiles siguientes a la presentación de la solicitud respectiva. ---- Los escritos que no se refieran al fondo, deberán contestarse ó resolverse dentro del término de quince días hábiles." "Artículo 16.-En el supuesto de que el escrito inicial no contenga los requisitos previstos en el Artículo 3 de esta Ley, la Autoridad Administrativa prevendrá por una sola vez al peticionario o a su representante legal, para que dentro del término de cinco días hábiles siguientes subsane la omisión, cuando no se atienda la prevención, se tendrá por no presentado." "Artículo 45.-Los términos empezarán a correr a partir del día hábil siguiente, al en que surta efectos la notificación del acto administrativo que se trate. El desahogo de las actuaciones en que intervengan las partes, se harán en días y horas hábiles. --- Las diligencias o actuaciones del Procedimiento Administrativo, se efectuarán en días y horas hábiles. Serán horas hábiles las comprendidas entre 8:30 a las 16:30. Una diligencia iniciada en horas hábiles podrá concluirse en hora inhábil sin afectar su validez. ---- La Autoridad habilitará días y horas cuando haya urgencia para la práctica de diligencias. En este caso, se hará del conocimiento a las partes de tal habilitación, vía notificación." De los artículos transcritos, en lo que al caso concierne, se advierte: Que la Ley Estatal de Procedimientos Administrativos del Estado de Hidalgo, regula la justicia administrativa en dicho Estado, así como el procedimiento administrativo que deben seguir las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, Municipios y organismos descentralizados de carácter estatal y municipal; b) Que las peticiones de los particulares deberán hacerse por escrito de manera pacífica y respetuosa; Cuáles son los datos y documentos que deben contener los escritos de petición de los particulares; Que en el supuesto de que los escritos de petición de los particulares no contengan los datos o documentos necesarios, se requerirá al promovente para que, en un plazo de cinco días, los proporcione y Que no podrá exceder de cuarenta y cinco días hábiles posteriores a la fecha de su presentación o recepción el tiempo para que las autoridades del Poder Ejecutivo del Estado, de los Municipios o de los organismos descentralizados de carácter estatal o municipal resuelvan las peticiones de los particulares. En ese tenor, se tiene que el Presidente Municipal de Pachuca, Hidalgo, cuenta con un tiempo máximo de cuarenta y cinco días hábiles para resolver las peticiones de los particulares, contados a partir del día siguiente al de la presentación del escrito respectivo; término que se consideró prudente para que las autoridades administrativas de referencia, resolvieran las peticiones formuladas por los particulares. Por tanto, el plazo máximo de respuesta de cuarenta y cinco días hábiles aludido, integra válidamente el concepto de "breve término", previsto por el legislador en el artículo 8 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, al establecerse el número de días en que debe darse contestación a toda petición escrita, en tratándose del caso concreto. En su parte conducente, se invoca en apoyo la tesis I.4o.A.507 A, sustentada por Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página dos mil trescientos sesenta y uno, tomo XXIII, enero de dos mil seis, materia administrativa, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que estatuye: "DERECHO DE PETICIÓN. PARA DETERMINAR EL BREVE TÉRMINO DE RESPUESTA A UNA SOLICITUD, DEBE ACUDIRSE A LA ANALOGÍA SI NO EXISTE REGULACIÓN EXPRESA. El derecho de petición consagrado en el artículo 8o. constitucional implica la obligación de las autoridades de hacer recaer -a una petición escrita, pacífica y respetuosa- un acuerdo también por escrito que debe hacerse saber en breve término al peticionario. Por tanto, si no existe regulación expresa sobre el particular, debe acudirse a una disposición que asemeje material y sustancialmente la función de resolver una solicitud de tal naturaleza y el dictado de su resolución, es decir, ante esa laguna debe operar la integración análoga, de modo que se hagan extensivas las reglas básicas al caso semejante, atento al principio que reza "donde existe la misma razón debe regir la misma disposición". En esa tesitura la solicitud de un policía auxiliar en el sentido de que se le permita seguir prestando sus servicios hasta que se resuelva sobre su baja de la institución, debe aplicarse el plazo de diez días que prevé el artículo 56 de la Ley de Seguridad Pública del Distrito Federal para resolver el recurso de revisión promovido contra las resoluciones del Consejo de Honor y Justicia respectivo." De ahí que, si la solicitud de mérito fue presentada por el quejoso el día ******************** ante la autoridad responsable y la demanda de garantías, en la que se reclama la falta de dar respuesta a su petición, fue presentada el ********************, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad de Pachuca; se tiene que a la fecha de la presentación de la demanda de garantías, ******************** no ha transcurrido el mencionado plazo de cuarenta y cinco días hábiles de que disponen las autoridades responsables, para dar respuesta a la petición del aquí quejoso. Es aplicable, la tesis de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página doscientos setenta y tres, tomo I, primera parte, enero a junio de mil novecientos noventa y ocho, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTO RECLAMADO, EXISTENCIA DEL. DEBE ACREDITARSE RESPECTO A LA FECHA DE PRESENTACIÓN DE LA DEMANDA DE AMPARO. Si la parte quejosa tiene la carga de acreditar los actos que reclama ante la negativa de los mismos en el informe justificado rendido por las autoridades señaladas como responsables, las pruebas que para tal efecto rinda deben estimarse con relación a la fecha de presentación de la demanda de amparo, ya que esa es la fecha en que debe acreditarse la existencia de los actos reclamados, y no a una posterior, pues, de lo contrario, la sentencia tendría que ocuparse de actos posteriores y distintos de los que dieron lugar a la demanda." También resulta conveniente invocar, por analogía, la tesis de jurisprudencia XIX.1o.5 K, del Primer Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, visible en la página seiscientos treinta y tres, Tomo IV, septiembre de mil novecientos noventa y seis, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de refiere: "DERECHO DE PETICIÓN. SI NO HA TRANSCURRIDO EL TÉRMINO QUE LA AUTORIDAD TIENE PARA EL ACUERDO DE PROMOCIONES, NINGUNA VIOLACIÓN EXISTE AL. Cuando en la demanda de amparo se reclama la violación al derecho de petición por la falta de provisión de la solicitud relativa y se advierte que el promovente no dejó transcurrir ni siquiera el lapso necesario para que materialmente la autoridad pueda dar contestación a su escrito y hacerle conocer el acuerdo recaído, es indudable que no existe ningún acto de autoridad que pueda ser objeto del juicio de garantías. Por tanto, la demanda de amparo presentada en estos términos debe desecharse con fundamento en el artículo 145 de la Ley de Amparo." Así las cosas, dada la existencia de la causal de improcedencia invocada en el cuerpo de este proveído, con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede DESECHAR de PLANO la demanda de garantías, promovida por ********************, por su manifiesta e indudable improcedencia. Es aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, Instancia: Tribunal Colegiado de Circuito, tomo: XIV, agosto de 2001, tesis: I.13o.A.4 K, página: 1318, la cual es del texto y rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó, en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desechará de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e indudable significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, a la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita." Precisión criterios jurisprudenciales Asimismo, se considera que los criterios jurisprudenciales invocados se encuentran vigentes y, por tanto, son de observancia obligatoria, en virtud de que en términos del sexto transitorio del decreto por el que se expide la Ley de Amparo, publicado en el Diario Oficial de la Federación, el dos de abril de dos mil trece, no se opone con lo dispuesto en el ordenamiento vigente. Domicilio y autorizados Por otro lado, de conformidad en lo establecido por el artículo 108, fracción I, de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones de la parte quejosa, las listas que se publiquen en los estrados de este Juzgado por así haberlo solicitado expresamente y como autorizado en términos amplios del numeral 12 de la Ley de Amparo al licenciado Pablo Roberto Hernández Hernández, lo anterior por contar con registro en el sistema computarizado de los Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito que se lleva para tal efecto y a las demás personas únicamente para oír y recibir notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles. Por otro lado, con fundamento en el artículo 21, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento y por economía procesal se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de las notificaciones que de manera personal deban realizarse a las partes en el juicio de amparo en que se actúa.
Esta página es un solo expediente. El informe completo es otra cosa.
FichaJudicial reúne en un mismo informe antecedentes judiciales, expedientes, validación de identidad, listas de riesgo y personas políticamente expuestas en 16 países de América Latina.
- Antecedentes y expedientes
- Validación de identidad
- Listas de riesgo y PEP
¿No es la persona que buscabas?
Consulta antecedentes judiciales, expedientes y listas de riesgo de cualquier persona en México.
Otros expedientes del mismo órgano
Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Hidalgo · 11,460 expedientes
- Víctor Manuel de la Rosa Agis470/2022
- Victor Manuel Eladio Garcia Lozano921/2019
- Victor Manuel Flores Montiel823/2017
- Victor Manuel Galicia Zamora771/2016
- Víctor Manuel Garcés Rojo167/2021
- Victor Manuel Garcia Ortega1200/2022
- Victor Manuel Gomez Torres639/2012
- Victor Manuel Guevara Hernandez811/2022
- Victor Manuel Hernandez625/2019
- Víctor Manuel Maldonado Muñoz1687/2022
- Victor Manuel Mancera Gordilla999/2020
- Víctor Manuel Mancera Gordilla195/2022