Victor Manuel Garcia Cruz
Expediente 124/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México. 9 actuaciones registradas, la última del 15 de junio de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 124/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 9
- Última actuación
- 15/06/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Victor Manuel Garcia Cruz
Actuaciones
Las 4 más recientes de 9.
- Principal
Ciudad de México, a quince de junio de dos mil veintitrés. Vista la certificación que antecede y toda vez que ha transcurrido el plazo a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que a la fecha se haya interpuesto recurso de revisión en contra del auto de veintinueve de marzo del año en curso; en consecuencia, con fundamento en el artículo 356 fracción II del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley citada, se declara QUE EL AUTO EN EL QUE SE DECRETÓ EL SOBRESEIMIENTO FUERA DE AUDIENCIA, EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, HA CAUSADO ESTADO. Ahora bien, toda vez que en el expediente en que se actúa no existe nada más que cumplimentar, con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, a contrario sensu, archívese como asunto total y definitivamente concluido. 25/01/24 10:35:32 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.61.af JUAN DE DIOS GARCIA MUNGUIA Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés; se determina que este expediente es destruible, en virtud de que se ubica en la hipótesis contenida en el artículo 20, fracción I, del Acuerdo en cita, pues se trata de un asunto sobreseído. Aunado a lo anterior, este Juzgado Federal considera que el juicio en que se actúa no tiene ninguna relevancia documental, toda vez que no se encuentra dentro de los supuestos que establece el artículo 15 del Acuerdo aludido y no se determinó como de información reservada, con motivo de una solicitud de acceso a la información. Por lo tanto, una vez que haya transcurrido el término de tres años a que se refiere el párrafo primero del artículo 20 del multicitado Acuerdo, procédase a su destrucción. Notifíquese; y vía electrónica a la parte quejosa
- Principal
Ciudad de México, a treinta y uno de marzo de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido el oficio de cuenta signado por el titular de la unidad Jurídica del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, en la Zona Oriente, a través del cual, exhibe diversas documentales con la que pretende acreditar el cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En consecuencia, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con copia del oficio de cuenta y anexos, se da vista a la parte quejosa en el presente juicio, para que dentro del plazo de TRES DÍAS, contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, manifieste por escrito lo que a su derecho convenga, en relación con las manifestaciones que vierte la autoridad oficiante de haber dado cumplimiento a la ejecutoria dictada en el presente juicio de garantías, apercibida que en caso de no hacerlo así, este Juzgado de Distrito en el momento procesal oportuno, procederá a hacer el pronunciamiento respecto al cumplimiento de la ejecutoria de amparo, tomando en cuenta los elementos que obren en el expediente. Al respecto es aplicable la jurisprudencia número 2ª./J.26/2000, cuyo rubro es el siguiente. INCONFORMIDAD. EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO, DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, ÚNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGÓ LA VISTA CORRESPONDIENTE (INTERRUPCIÓN PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98, DE ESTA SEGUNDA SALA)(No. Registro: 192,174, Novena Época, Instancia: Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Fuente: Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, XI, Marzo de 2000, Página: 243.). Notifíquese vía electrónica a la parte quejosa
- Principal
Ciudad de México, a veintinueve de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que las autoridades responsables al cumplimiento del fallo protector han sido omisas en dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo. Ahora, el objetivo de la Ley de Amparo, es que el procedimiento de ejecución de sentencias protectoras sea simple, expedito y rápido; lo que hace patente que la ampliación del plazo que se otorgue a las responsables debe ser por una sola ocasión. Máxime que, el cumplimiento de una ejecutoria de amparo se trata de una situación extraordinaria, por lo que la autoridad responsable no debe darle, a las conductas exigidas, un tratamiento en condiciones ordinarias, esto es, no debe condicionar el cumplimiento a trámites burocráticos, administrativos, comunicaciones internas, ni pretender justificarlo con las cargas de trabajo pues, se insiste, se trata del cumplimiento de una ejecutoria dictada en un juicio de amparo, la cual constriñe a la responsable a la restitución de los derechos afectados por un acto declarado inconstitucional de manera inmediata para que el quejoso que ya obtuvo una sentencia favorable no tenga que estar soportando más la actuación de la autoridad declarada inconstitucional. Atento a lo anterior y considerando que el cumplimiento de una sentencia de amparo constituye una cuestión de orden público respecto del que las autoridades responsables están constreñidas indefectiblemente a cumplir sin dilaciones ni pretextos y en los términos perentorios de los que disponen, a fin de evitar que se les apliquen las sanciones que prevé el artículo 107, fracción XVI, Constitucional, sin que pueda discutir en forma alguna los alcances del fallo constitucional, y tomando en cuenta que en el fallo judicial se otorgó el amparo y protección de la Justicia Federal a la parte quejosa, es conveniente precisar lo siguiente: Ahora bien, los artículos 192; 193; 194 y 197, 238 y 258 de la Ley de Amparo, los anteriores preceptos disponen, respectivamente, el procedimiento que debe seguirse para lograr el cumplimiento de las sentencias en las que se concedió la protección constitucional, al efecto, en el artículo 192 de la ley de la materia, se prevé que una vez que haya causado ejecutoria, en la notificación que se haga a la autoridad responsable, se le requerirá para que cumpla con ella dentro del plazo de tres días, apercibida que de no hacerlo así sin causa justificada, se impondrá a su titular una multa con base en el artículo 258 de la ley referida y que, a su vez, se remitirá el expediente al Tribunal Colegiado de Circuito o a la Suprema Corte de Justicia de la Nación, según el caso, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y su consignación. Asimismo, prevé el citado artículo 192 que al ordenar la notificación y requerimiento a la autoridad responsable, el órgano judicial de amparo también ordenará notificar y requerir al superior jerárquico de aquélla, en su caso, para que le ordene cumplir con la ejecutoria, bajo el apercibimiento que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá a su titular una multa en los términos señalados dicho ordenamiento legal. Al respecto, en el presente juicio se otorgó el amparo solicitado para los efectos siguientes: "En ese orden de ideas, cabe concluir que la omisión apuntada, conlleva a CONCEDER EL AMPARO Y PROTECCIÓN DE LA JUSTICIA FEDERAL a la quejosa ARTURO CASTRO VARGAS, para el efecto de que la autoridad responsable PRIMERA SALA REGIONAL METROPOLITANA DEL TRIBUNAL FEDERAL DE JUSTICIA ADMINISTRATIVA, dentro de los VEINTE días siguientes a la fecha en que se le notifique el auto por el que cause ejecutoria la presente sentencia, abra el correspondiente incidente de cuantificación de cantidades, para determinar la cantidad liquida que corresponde pagar a la parte actora, hoy quejosa, toda vez que como se dijo, el pago de la misma representa parte del cumplimiento de la resolución, y una vez determinada, requiera a la autoridad demandada su inmediato cumplimiento. Se hace extensivo el amparo y protección de la Justicia Federal, para que una vez determinada la cantidad referida en el párrafo que antecede, el DELEGADO REGIONAL EN LA ZONA SUR DE LA CIUDAD DE MÉXICO DEL INSTITUTO DE SEGURIDAD Y SERVICIOS SOCIALES DE LOS TRABAJADORES DEL ESTADO, pague en un término que no exceda de diez días a partir de que sean notificados, la cantidad determinada, con lo cual quedará cumplida la presente sentencia. Es aplicable, la jurisprudencia número P./J. 113/2001, publicada en la página cinco, del Tomo XIV, Septiembre de 2001, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, Novena Época, que es del rubro y texto siguientes: "JUSTICIA, ACCESO A LA. LA POTESTAD QUE SE OTORGA AL LEGISLADOR EN EL ARTÍCULO 17 DE LA CONSTITUCIÓN GENERAL DE LA REPÚBLICA, PARA FIJAR LOS PLAZOS Y TÉRMINOS CONFORME A LOS CUALES AQUÉLLA SE ADMINISTRARÁ NO ES ILIMITADA, POR LO QUE LOS PRESUPUESTOS O REQUISITOS LEGALES QUE SE ESTABLEZCAN PARA OBTENER ANTE UN TRIBUNAL UNA RESOLUCIÓN SOBRE EL FONDO DE LO PEDIDO DEBEN ENCONTRAR JUSTIFICACIÓN CONSTITUCIONAL. De la interpretación de lo dispuesto en el artículo 17, párrafo segundo, de la Constitución General de la República se advierte que en ese numeral se garantiza a favor de los gobernados el acceso efectivo a la justicia, derecho fundamental que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas, y si bien en ese precepto se deja a la voluntad del legislador establecer los plazos y términos conforme a los cuales se administrará la justicia, debe estimarse que en la regulación respectiva puede limitarse esa prerrogativa fundamental, con el fin de lograr que las instancias de justicia constituyan el mecanismo expedito, eficaz y confiable al que los gobernados acudan para dirimir cualquiera de los conflictos que deriven de las relaciones jurídicas que entablan, siempre y cuando las condiciones o presupuestos procesales que se establezcan encuentren sustento en los diversos principios o derechos consagrados en la propia Constitución General de la República; por ende, para determinar si en un caso concreto la condición o presupuesto procesal establecidos por el legislador ordinario se apegan a lo dispuesto en la Norma Fundamental deberá tomarse en cuenta, entre otras circunstancias, la naturaleza de la relación jurídica de la que derivan las prerrogativas cuya tutela se solicita y el contexto constitucional en el que ésta se da". En estas condiciones, toda vez que la Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, tramitó el incidente de cuantificación y determinó la cantidad líquida que corresponde pagar a la parte actora en el juicio de nulidad 8683/18-17-01-7; entonces, para dar cumplimiento al fallo protector, fundamento en el artículo 192, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se REQUIERE a la Encargada de la Subdelegación de Prestaciones de la Delegación Regional en la Zona Sur de la Ciudad de México del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que dentro del término de DIEZ DÍAS, contados a partir de que surta efectos la notificación de este proveído, acredite ante este Juzgado de Distrito haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para lo cual debe realizar lo siguiente: ? Pagar a la actora, hoy quejosa, la cantidad que la Primera Sala Regional Metropolitana del Tribunal Federal de Justicia Administrativa, determinó en la resolución de siete de febrero de dos mil veintitrés, dictada en el incidente de cuantificación de cantidades tramitado en el juicio de nulidad 8683/18-17-01-7, es decir, pagar a Arturo Castro Vargas la cantidad de $1,035.09 (mil treinta y cinco pesos 09/100 moneda nacional). Así las cosas, con base en lo que prevé el tercer párrafo, del artículo 192 de la Ley de Amparo, y 297, fracción I, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, requiérase al Director General del Instituto de Seguridad y Servicios Sociales de los Trabajadores del Estado, para que en su calidad de superior jerárquico de la citada autoridad, la conmine en cumplir con el fallo protector y remita a este órgano jurisdiccional, dentro del término de diez días, contados a partir de la notificación del presente acuerdo, dada la naturaleza de los actos a realizar, las constancias con las que acredite haber ordenado a la responsable el cumplimiento a la ejecutoria de garantías, o bien, haber dado cumplimiento por sí mismo a la totalidad de los efectos precisados en la ejecutoria de amparo, en los términos indicados en el presente proveído; toda vez que con fundamento en el artículo 194 de la Ley de Amparo en cita, ejerce sobre ella poder o mando para obligarla a actuar o dejar de actuar en los términos forma exigidos en la ejecutoria de garantías, o bien, para cumplirla por sí mismo. Se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. Apercibidas que, en caso de no cumplir lo anterior, sin causa justificada, se realizará lo siguiente: a) Se emitirá el pronunciamiento respectivo, en acatamiento a lo establecido en el párrafo primero, del artículo 193 de la Ley de Amparo. b) En términos de los artículos 238 y 258 de la citada ley, se impondrá a las personas físicas que ostenten los cargos de las citadas autoridades, una multa por cien veces la unidad de cuenta vigente en la Ciudad de México. c) Con fundamento en el segundo párrafo, del artículo 192 de la ley citada, se remitirán los autos originales del expediente en que se actúa, al Tribunal Colegiado de Circuito en turno, para seguir el trámite de inejecución, que puede culminar con la separación de su puesto y sancionado penalmente por el delito de incumplimiento de sentencias de amparo, previsto en el artículo 267, fracción I, de la Ley de Amparo. Asimismo, con fundamento en el primer párrafo del artículo 193 de la Ley de Amparo, se hace del conocimiento de la totalidad de las autoridades requeridas en este proveído, que aun cuando dejen su encargo, seguirán siendo responsables del DESACATO AL FALLO CONSTITUCIONAL. En el entendido que, de acuerdo con lo ordenado en el segundo párrafo, del artículo 193 de la Ley de Amparo, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de cualquier autoridad que intervenga en el trámite relativo. Notifíquese
- Principal
- Ciudad de México, a veintitrés de marzo de dos mil veintitrés. Visto el estado procesal que guardan los autos, se advierte que por escrito recibido en la Oficialía de Partes de este juzgado el veintiuno de febrero del año en curso, la parte quejosa, solicitó entre otras cosas, copia certificada de la planilla de liquidación relativa al pago realizado por concepto de profesionalización, disponibilidad y perseverancia en el servicio, del periodo del uno de junio de dos mil dos al treinta de abril de dos mil diecinueve, por la cantidad de $733,063.70 (setecientos treinta y tres mil sesenta y tres pesos 70/100, moneda nacional), sin que se proveyera al respecto; en consecuencia a fin de evitar violaciones procesales, con fundamento en los artículos 278 y 279 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, expídase a su costa, copia certificada de las constancias referidas, en el entendido de que la persona que se presente a recogerlas, deberá exhibir original y copia de su identificación oficial vigente, provista de fotografía, la cual, previo cotejo que se realice será glosada en autos. Se hace de su conocimiento que el horario para la devolución de dichos documentos, será de las nueve horas con treinta minutos a las once horas con treinta minutos; lo anterior, con uso de la facultad con la que cuenta el suscrito para administrar éste órgano jurisdiccional, derivada de los artículos 17 y 94, constitucionales y, con la finalidad de agilizar el trabajo que se desarrolla en éste Juzgado Federal, permitiendo que la labor de los servidores públicos que gozan de fe pública en este órgano, se limite en la medida de lo posible, a la función jurisdiccional y no únicamente a la expedición de copias y entrega de documentos. Sin que el establecimiento de un horario para la entrega de copias y devolución de documentos, implique el desconocimiento de su derecho, sino únicamente un medio de agilizar las actividades de este Juzgado Federal con el propósito de lograr una impartición de justicia pronta y expedita en términos del artículo 17 constitucional. Notifíquese
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