Víctor Manuel Garate Miranda
Expediente 388/2021 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de junio de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 388/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 25/06/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en Materia Civil en la Ciudad de México · Ciudad de México
Partes del expediente
- Víctor Manuel Garate Miranda
Actuaciones
- Principal
.."Vista la certificación que antecede, dado que transcurrió el término de cinco días a que se refiere el artículo 98, en relación con el artículo 97, fracción I, inciso a), de la Ley de Amparo, para interponer recurso de queja contra el proveído que desechó de plano la demanda de amparo, sin que se hiciera valer; en consecuencia, el proveído de mérito ha quedado firme. En tal virtud, archívese este expediente como asunto concluido, previas las anotaciones respectivas que se hagan en el libro de registro de juicios de amparo de este Juzgado. Notifíquese por lista en el portal de internet del Poder Judicial de la Federación.
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AVISO. SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A VÍCTOR MANUEL GARATE MIRAND, EL CONTENIDO DEL ACUERDO DE VEINTICINCO DE MAYO DEL AÑO ACTUAL.
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."Vista la demanda ."el juez de Distrito está obligado a examinar la demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia debe desecharla de plano. Cabe precisar que lo manifiesto se da cuando el motivo de improcedencia se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura de la demanda; y, lo indudable resulta de la certidumbre y plena convicción que se tenga de que la causa de improcedencia en estudio es operante en el caso concreto, de tal modo que aun cuando se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento no resultara factible formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. ."En el caso, el quejoso reclama el auto de diez de mayo de dos mil veintiuno, emitido por el Juez Quincuagésimo Octavo de lo Civil de esta ciudad, en el juicio ordinario civil 95/2013, en el que negó su petición de levantar la suspensión del procedimiento, argumentando que debía estarse al oficio de veintiséis de octurbe del dos mil veinte, remitido por la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, en el cual se lee que es procedente continuar con dicha suspensión. I. Analisis del acto reclamado. Del estudio integral de la demanda de amparo que se analiza se advierte se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, dado que contra del proveído diez de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio ordinario civil 95/2013, procede el recurso de apelación, cuya sentencia es recurrible a través de ese medio de impugnación y, por ende, participa de la regla general, al tratarse de una determinación correspondiente al impulso de los actos dictados en la etapa de ejecución. "XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo." Conforme a la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo es improcedente cuando la parte quejosa no hace valer, previamente a la promoción de dicho juicio, los recursos ordinarios o medios de defensa que establezca la ley del acto reclamado. Ello alude a uno de los principios fundamentales que rigen la procedencia del juicio de amparo, en la especie, el de definitividad, consistente en que por tratarse de un medio extraordinario de defensa, sólo puede acudirse a él cuando previamente se haya agotado el recurso previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. Luego, basta la simple lectura de la fracción en comento, para concluir que para su actualización, deben concurrir los requisitos siguientes: a) Que el acto reclamado sea una resolución proveniente de un tribunal judicial, administrativo o del trabajo; b) Que la ley conceda contra ese acto algún recurso o medio de defensa; c) Que ese recurso o medio de defensa se dé dentro del procedimiento en que emitió la actuación reclamada; d) Que por virtud de dicho medio, la resolución judicial pueda ser modificada, revocada o nulificada; y e) Que no se surta en la especie una de las excepciones al principio de definitividad, establecidas en el mismo precepto y/o cualquier otra parte de la ley. Lo anterior patentiza que el recurso que debe tener a su alcance la parte quejosa para impugnar la resolución del tribunal judicial, administrativo o del trabajo, es el que se otorga dentro del procedimiento del que proviene el acto reclamado; es decir, un recurso ordinario o medio de defensa, por el cual se puede revocar, nulificar o modificar la resolución impugnada. Así, el juicio de amparo es un medio extraordinario de defensa de carácter constitucional que procede contra actos definitivos, por lo que es imperativo para el agraviado acudir a las instancias comunes que puedan producir la insubsistencia del acto de autoridad que le produce afectación, antes de solicitar la protección de la Justicia de Federal, salvo los casos de excepción previstos en los artículos 107, fracciones III, IV, VII y XII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 61, fracción XVIII incisos a), b) y c), y 107 de la Ley de Amparo, así como los expresamente señalados en la jurisprudencia de los órganos del Poder Judicial de la Federación. ."De ese modo, al ser parte en el juicio el quejoso se encontraba constreñido a agotar todos los recursos y medios de defensa que correspondieran en contra de las actuaciones que, en su consideración, son contrarias a derecho. Ciertamente, los artículos 688, 691, 692 y 692 bis, del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, establecen: "Artículo 688. El recurso de apelación tiene por objeto que, el Tribunal confirme, revoque o modifique la resolución del Juez. La apelación procede en el efecto devolutivo o en ambos efectos. La apelación en efecto devolutivo podrá ser de tramitación inmediata, o bien, de tramitación preventiva. En la de tramitación inmediata los agravios deberán expresarse al interponerse el recurso y se sustanciarán en los términos previstos en el Artículo 693 de este Código. En la de tramitación preventiva bastará con que el apelante exprese su inconformidad al interponer el recurso, y la expresión de agravios deberá hacerse en los términos previstos en el segundo párrafo del Artículo 692 Quáter. La apelación de tramitación preventiva se sustanciará conjuntamente con la que se interponga en contra de la sentencia definitiva. Las apelaciones que se admitan en ambos efectos siempre serán de tramitación inmediata." "Artículo 691. La apelación debe interponerse por escrito y procede sólo contra aquellas resoluciones que no permitan su revocación o regularización. Los autos e interlocutorias serán apelables cuando lo fuere la sentencia definitiva. La apelación no procede en los juicios cuyo monto sea inferior a quinientos mil pesos, moneda nacional, por concepto de suerte principal, sin que sean de tomarse en consideración intereses y demás accesorios reclamados, a la fecha de presentación de la demanda, dicho monto se actualizará en los términos que establece el último párrafo de la fracción II del artículo 62. Los asuntos de cuantía indeterminada siempre serán apelables." "Artículo 692. Las apelaciones de tramitación inmediata, ya sea en ambos efectos o en el devolutivo, deben interponerse ante el juez que pronunció la resolución impugnada, expresando los agravios que considere le cause. Las apelaciones que se interpongan contra auto o interlocutoria de tramitación inmediata deberán hacerse valer en el término de ocho días, y las que se interpongan contra sentencia definitiva dentro del plazo de doce días, contados a partir del día siguiente a aquél en que surtan efectos las notificaciones de tales resoluciones." "Artículo 692 Bis. Además de los casos determinados expresamente en la ley, en la forma y términos que se establecen en este capítulo, se tramitarán de inmediato, en efecto devolutivo los supuestos previstos en las fracciones I a VI, y en ambos efectos la hipótesis prevista en la fracción VII, según proceda, las apelaciones que se interpongan contra: . VII. Las sentencias definitivas o de autos o resoluciones que suspendan o pongan fin al procedimiento, salvo disposición en contrario." Con base en lo anterior, se advierte que el proveído de diez de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el juicio ordinario civil 95/2013, impugnado en esta vía, debió ser combatido a través del recurso de apelación, conforme a la fracción VII, del artículo 692 bis del Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, toda vez que se trata de un auto concerniente a la suspensión del procedimiento. Sin que en el caso se esté en alguno de los supuestos de excepción al principio de definitividad previstos en la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, a saber: los actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; las órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; y, cuando se trate de personas extrañas al procedimiento. En ese contexto, como ya se vio, conforme a las disposiciones contenidas en el Código de Procedimientos Civiles para la Ciudad de México, el recurso de mérito procede en ambos efectos. En consecuencia, al haberse dictado el acto reclamado de un procedimiento con posterioridad a la sentencia emitida en un juicio ordinario civil, se considera que carece de definitividad para los efectos de este juicio de amparo, ya que en su contra procedía el recurso de apelación, medio de impugnación que tiene por efecto modificar o revocar la determinación combatida. Consecuentemente, al actualizarse de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia citada respecto del acto reclamado, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo que se analiza. Notifíquese personalmente al promovente.
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