Víctor Manuel Gamboa Del Toro

Expediente 637/2021 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Chihuahua. 5 actuaciones registradas, la última del 26 de octubre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
637/2021
Año
2021
Actuaciones
5
Última actuación
26/10/2021

Partes del expediente

  • Víctor Manuel Gamboa Del Toro

Actuaciones

Las 4 más recientes de 5.

  1. Principal

    Agréguese a los autos para que obre únicamente como corresponda el oficio firmado por el Presidente de la Junta Especial Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con residencia en esta ciudad; mediante el cual, remite copia con firmas autógrafas y sellos originales del convenio de veinticinco de octubre que transcurre y refiere que las partes actora y demandada llegaron a un arreglo conciliatorio en el juicio laboral 4/18/2580; sin necesidad de emitir mayor pronunciamiento, toda vez que en proveído de veinticuatro de septiembre del presente año, se sobreseyó fuera de audiencia en el presente juicio y el veintiuno de los actuales dicho acuerdo causó estado y se ordenó su archivo como asunto totalmente concluido.

  2. Principal

    Ciudad Juárez, Chihuahua, veintiuno de octubre de dos mil veintiuno. Vista la certificación de cuenta y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de diez días a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa, en su caso, pudiera interponer recurso de revisión contra el proveído de veinticuatro de septiembre del año en curso, en el que se sobreseyó fuera de audiencia en el juicio; en tales condiciones, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria de la ley de la materia, se declara que dicho auto causó estado. Ahora bien, toda vez que no existe actuación alguna por cumplimentar, archívese el presente asunto como totalmente concluido y en su oportunidad, remítase al área correspondiente para su resguardo en este juzgado. Se hace la precisión de que este expediente es susceptible de destrucción, una vez que transcurran tres años posteriores a la fecha de este acuerdo, por ubicarse en el supuesto previsto en el inciso b), del artículo 21, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y reguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales y manual para la organización de los archivos judiciales resguardados por el citado consejo, toda vez que en este asunto se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia; es decir, se dictó una resolución que sin decidir el juicio en lo principal lo dio por concluido; y al prudente arbitrio de este juzgador se considera que no tienen relevancia documental, de conformidad con lo dispuesto en el numeral 8.1.2, digito 2, del Manual para la Organización de los Archivos Judiciales resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado el veintiséis de agosto de dos mil veinte. Asiéntense los anteriores datos en la carátula respectiva del expediente mencionado; y háganse las anotaciones correspondientes en el libro de registro de juicios de amparo. Notifíquese.

  3. Principal

    SE NOTIFICA AL QUEJOS, POR MEDIO DE LISTA, EL AUTO DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO: Ciudad Juárez, Chihuahua, veinticuatro de septiembre dos mil veintiuno. Visto el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde su informe justificado y remite copia con firmas autógrafas del acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, emitido en el expediente laboral 4/18/2580, mediante el cual en cumplimiento a la ejecución del laudo ordenó señalar fecha para que tenga verificativo la reinstalación del trabajador aquí quejoso; en consecuencia, en acato a lo dispuesto en el artículo 62, de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a emitir de oficio el pronunciamiento que corresponde a las consecuencias jurídicas, que en el presente asunto acarrea la emisión de dicho acuerdo. En la especie, se estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece que es improcedente el juicio de garantías cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En efecto, dicho numeral dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". La cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la quejosa, al cesar su actuación o conducta omisiva, lo que debe entenderse que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, pues es patente que la razón que justifica la citada improcedencia no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia de la Unión. En efecto, la improcedencia en estudio se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Tiene aplicación la jurisprudencia número 2ª/J.9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, Materia Común, página 210, del literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". De esta manera, se insiste que si en términos del artículo 77, de la Ley de Amparo, la sentencia protectora persigue reparar las violaciones de garantías que el acto autoritario genere sobre la esfera jurídica del gobernado, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, es claro que la acción constitucional no tiene razón de ser cuando ha desaparecido ese objetivo. Ello es así, pues el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, remitió copia con firmas autógrafas del proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, emitido en el expediente laboral 4/18/2580, mediante el cual en ejecución de laudo se ordenó señalar las siete horas del dieciocho de octubre del año en curso, para que tenga verificativo la reinstalación del trabajador aquí quejoso a su fuente de empleo, con el apercibimiento a la demandada que de no hacerlo se procederá a fijar la responsabilidad que resulte de conformidad con el numeral 947 de la Ley Federal del Trabajo; por ende, la desaparición de los efectos del acto impugnado (omisivo), son incondicionales e inmediatos, de tal suerte que se restablecieron las cosas de modo total, a la situación anterior que tenía la parte quejosa antes de la promoción del presente juicio de amparo. Por tanto, es inconcuso, que la omisión en que había incurrido la autoridad responsable al no haber acordado lo necesario para ejecutar el laudo en el juicio laboral promovido por el aquí quejoso, ha cesado en sus efectos, toda vez que en auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, se ordenó la reinstalación del trabajador a su fuente de empleo, con apercibimiento a la parte demandada que de no hacerlo se procederá a fijar la responsabilidad que resulte de conformidad con el numeral 947 de la Ley Federal del Trabajo; circunstancia que provoca, que los efectos de dicha omisión o dilación en la ejecución del laudo, desaparecieron de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso. Por ende, es indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; en consecuencia, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 2ª./J.59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no esta surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En consecuencia se deja sin efectos la hora y fecha señaladas en autos para la celebración de la audiencia constitucional; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de juicios de amparo. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, Materia Común, página 386, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."

  4. Principal

    SE NOTIFICA AL TERCERO INTERESADO, POR MEDIO DE LISTA, EL AUTO DE 24 DE SEPTIEMBRE DE 2021, DE CONFORMIDAD CON EL ARTÍCULO 27, FRACCIÓN I, INCISO C), DE LA LEY DE AMPARO: Ciudad Juárez, Chihuahua, veinticuatro de septiembre dos mil veintiuno. Visto el oficio signado por el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, mediante el cual rinde su informe justificado y remite copia con firmas autógrafas del acuerdo de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, emitido en el expediente laboral 4/18/2580, mediante el cual en cumplimiento a la ejecución del laudo ordenó señalar fecha para que tenga verificativo la reinstalación del trabajador aquí quejoso; en consecuencia, en acato a lo dispuesto en el artículo 62, de la Ley de Amparo, este órgano de control constitucional procede a emitir de oficio el pronunciamiento que corresponde a las consecuencias jurídicas, que en el presente asunto acarrea la emisión de dicho acuerdo. En la especie, se estima que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia, prevista en la fracción XXI, del artículo 61, de la Ley de Amparo, que establece que es improcedente el juicio de garantías cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. En efecto, dicho numeral dispone lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado". La cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica de la quejosa, al cesar su actuación o conducta omisiva, lo que debe entenderse que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, pues es patente que la razón que justifica la citada improcedencia no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia de la Unión. En efecto, la improcedencia en estudio se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía individual violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la promoción y resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. Tiene aplicación la jurisprudencia número 2ª/J.9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, Materia Común, página 210, del literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". De esta manera, se insiste que si en términos del artículo 77, de la Ley de Amparo, la sentencia protectora persigue reparar las violaciones de garantías que el acto autoritario genere sobre la esfera jurídica del gobernado, con el fin de restituirlo en el goce pleno de sus derechos fundamentales que le hayan sido violados, es claro que la acción constitucional no tiene razón de ser cuando ha desaparecido ese objetivo. Ello es así, pues el Presidente de la Junta Especial Número Cuatro de la Local de Conciliación y Arbitraje, en esta ciudad, remitió copia con firmas autógrafas del proveído de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, emitido en el expediente laboral 4/18/2580, mediante el cual en ejecución de laudo se ordenó señalar las siete horas del dieciocho de octubre del año en curso, para que tenga verificativo la reinstalación del trabajador aquí quejoso a su fuente de empleo, con el apercibimiento a la demandada que de no hacerlo se procederá a fijar la responsabilidad que resulte de conformidad con el numeral 947 de la Ley Federal del Trabajo; por ende, la desaparición de los efectos del acto impugnado (omisivo), son incondicionales e inmediatos, de tal suerte que se restablecieron las cosas de modo total, a la situación anterior que tenía la parte quejosa antes de la promoción del presente juicio de amparo. Por tanto, es inconcuso, que la omisión en que había incurrido la autoridad responsable al no haber acordado lo necesario para ejecutar el laudo en el juicio laboral promovido por el aquí quejoso, ha cesado en sus efectos, toda vez que en auto de veintiuno de septiembre de dos mil veintiuno, se ordenó la reinstalación del trabajador a su fuente de empleo, con apercibimiento a la parte demandada que de no hacerlo se procederá a fijar la responsabilidad que resulte de conformidad con el numeral 947 de la Ley Federal del Trabajo; circunstancia que provoca, que los efectos de dicha omisión o dilación en la ejecución del laudo, desaparecieron de manera que las cosas volvieron al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, de tal manera que el acto ya no agravia al quejoso. Por ende, es indudable que se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo; en consecuencia, procede decretar el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio de garantías, con apoyo en la fracción V del artículo 63 de la ley de la materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia número 2ª./J.59/99, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, contenida en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, Materia Común, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, que dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aún sin hacerlo destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no esta surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". En consecuencia se deja sin efectos la hora y fecha señaladas en autos para la celebración de la audiencia constitucional; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno de juicios de amparo. Tiene aplicación al caso la jurisprudencia número 2a./J. 10/2003, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVII, Marzo de 2003, Novena Época, Materia Común, página 386, de rubro y texto siguientes: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial."

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