Víctor Manuel Espinoza Martínez y Otros.
Expediente 861/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México. 17 actuaciones registradas, la última del 8 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 861/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 17
- Última actuación
- 08/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México · Estado de México
Partes del expediente
- Víctor Manuel Espinoza Martínez y Otros.
- Víctor Manuel Espinoza Martínez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 17.
- Principal
I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, ocho de abril de dos mil veintiuno. Téngase al Presidente de la Primera Sala Familiar Regional de Tlalnepantla, Estado de México, acusando recibo de los tres tomos de pruebas que le fueron remitidos, por lo que, se deja sin efectos el apercibimiento decretado en autos. Por otra parte, visto que este expediente se encuentra concluido y que obran agregadas las constancias de notificación, háganse las anotaciones respectivas y archívese. El cuaderno principal es susceptible de depuración, en términos del artículo 18, fracción I, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, en atención a que se negó la protección constitucional. El original del incidente de suspensión es depurable de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso b), del referido Acuerdo en virtud de que se concedió la suspensión provisional. El duplicado del incidente de suspensión es destruible con fundamento en el artículo 20, fracción II, inciso a), del citado Acuerdo General, por lo que una vez transcurridos más de seis meses a partir de esta fecha, en su oportunidad y previo desglose, este Juzgado Federal procederá a su destrucción conforme a los lineamientos que establece ese Acuerdo. Notifíquese; vía electrónica al quejoso y a la representante especial de los menores y por lista electrónica a la tercero interesada. Lo proveyó y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, en funciones de Juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme a lo dispuesto en el oficio CR./CJD./005/4324/2020, del Secretario de la Comisión de Receso del propio Consejo, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede y el estado de autos, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo que refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que el quejoso, la tercero interesada y la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita interpongan recurso de revisión contra la sentencia del veintidós de febrero de dos mil veintiuno, con fundamento en los numerales 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicha sentencia que negó el amparo en este juicio, ha causado ejecutoria. Realícense las anotaciones respectivas y glósense los cuadernos relativos al incidente de suspensión. Finalmente, devuélvanse a la Presidenta de la Primera Sala Familiar Regional de Tlalnepantla, Estado de México, las constancias que remitió en apoyo a su informe justificado, consistentes en los tomos de pruebas I, II y III. Asimismo, se requiere a dicha autoridad para que dentro del término de tres días legalmente computado remita el acuse de recibo correspondiente, bajo el apercibimiento que de no hacerlo así se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización; ello con fundamento en lo dispuesto en el artículo 237, fracción I, en relación con el 259, ambos de la Ley de Amparo. Notifíquese; vía electrónica al quejoso y a la representante especial de los menores y por lista electrónica a la tercero interesada. Lo proveyó y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, en funciones de Juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme a lo dispuesto en el oficio CR./CJD./005/4324/2020, del Secretario de la Comisión de Receso, del propio Consejo, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
I. En Naucalpan de Juárez, Estado de México, a las doce horas con treinta y dos minutos del veintidós de febrero de dos mil veintiuno, hora y día señalados para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el juicio de amparo 861/2020-I, promovido por *************************, por derecho propio y en representación del menor ********, Michel Navarrete Archundia, Secretario en funciones de Juez de Distrito, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien da fe, procedió a celebrar la misma sin la asistencia personal de alguna de las partes. Acto seguido, la secretaria hace una relación de los autos y, en obvio de repeticiones innecesarias, se tienen por reproducidas todas y cada una de las constancias que obran en este expediente. El Secretario en funciones de Juez de Distrito acuerda: Téngase por hecha la anterior relación para todos los efectos legales a que haya lugar. Abierto el período probatorio, la secretaria da cuenta al Secretario en funciones de Juez de Distrito con las pruebas ofrecidas por la parte quejosa en su escrito inicial y en las promociones con registros 7728, 7772 y 8249, así como por la Sala responsable al rendir su informe justificado. Acto seguido, el Secretario en funciones de Juez de Distrito acuerda: Con fundamento en el artículo 119 de la Ley de Amparo se tienen por ofrecidas, admitidas y desahogadas las citadas probanzas. Se cierra esta etapa. Abierto el período de alegatos, la secretaria hace constar que únicamente los formularon ************************* y la representante especial de los menores. El Secretario en funciones de Juez de Distrito acuerda: con fundamento en el artículo 124 de la Ley de Amparo, se tienen por formuladas las manifestaciones que en vía de alegatos hicieron valer. Al no existir alegatos que deban relacionarse, se cierra esta etapa. Sin diligencias pendientes por practicar. A continuación se pasa a dictar la sentencia correspondiente. Doy fe. V I S T O S, los autos para resolver el juicio de amparo indirecto 861/2020-I; y, R E S U L T A N D O: I. Mediante escrito presentado en línea, el diecisiete de noviembre de dos mil veinte, turnado al siguiente día a este Juzgado Tercero de Distrito, *************************, por derecho propio y en representación del menor ********, demandaron el amparo y la protección de la Justicia Federal contra actos de los Magistrados Integrantes de la Primera Sala Regional Familiar de Tlalnepantla, Estado de México y otra autoridad. II. Previa prevención y desahogo de la misma en auto del veintiséis de noviembre de dos mil veinte, este Juzgado Federal admitió a trámite la demanda y la registró con el número 861/2020-I; solicitó los informes con justificación a las autoridades responsables; dio la intervención legal a la Representante Social de la Federación adscrita. III. A partir del diecinueve de diciembre de dos mil veinte, se suspendieron en su totalidad las labores en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, con excepción de ciertos casos, conforme al Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, y fue el treinta y uno de diciembre pasado, cuando se ordenó reanudar el procedimiento de este juicio de amparo, al considerarse como asunto de carácter urgente puesto que el acto reclamado involucra el pago de una pensión alimenticia corriente, asimismo señaló fecha y hora para que tuviera verificativo la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede; y, IV. Se tuvo como tercero interesada a *************************. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. El Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, es legalmente competente para resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo previsto en los artículos 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo; 54, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación en relación con el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en virtud de que se reclama un acto dictado por una autoridad civil con residencia dentro de la jurisdicción donde este órgano de control constitucional ejerce su competencia. SEGUNDO. A fin de fijar la litis constitucional y con apoyo en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que la parte quejosa reclamó: La resolución del veintidós de octubre de dos mil veinte, dictada en el toca de apelación ***********, que confirmó la interlocutoria del treinta y uno de agosto pasado dictada por el Juez Décimo Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, Estado de México, en la que se condenó a *************************, al pago de pensiones alimenticias caídas y no pagadas y al pago de cantidades adicionales a la pensión alimenticia provisional para ser aplicada al pago de la renta. TERCERO. La Presidenta de la Primera Sala Familiar Regional de Tlalnepantla y la Juez Décimo Familiar de Tlalnepantla, con residencia en Huixquilucan, ambas del Estado de México, al rendir sus informes con justificación, aceptaron la existencia del acto reclamado, por lo que el mismo debe tenerse por cierto. Certeza que se corrobora con las constancias que fueron allegadas a este sumario constitucional. CUARTO. Al no advertirse la actualización de alguna causa de improcedencia, procede el estudio del fondo del asunto. a) La parte quejosa manifiesta en sus conceptos de violación que la determinación reclamada vulneró el principio de acceso a la justicia, a la dignidad humana, a la igualdad, y el principio de proporcionalidad, ya que se le expuso a la sala responsable la posibilidad de considerar el error cuando dictó la arbitraria sentencia, beneficiando parcialmente a su contraria, sin embargo, no realizó ninguna acción tendiente a subsanar los errores o ilegalidades contarios a la constitución y a los tratados internacionales. b) Añade que, la sentencia combatida incumple con los requisitos de congruencia y exhaustividad, por imponerle una carga alimentaria superior a su capacidad económica e imposibilitarle satisfacer sus necesidades básicas más elementales, violando con ello los principios de legalidad y seguridad jurídica. c) Argumenta que, existe un convenio elevado a categoría de cosa juzgada en el cual se pactó que cada parte sería responsable de los gastos de renta o hipoteca del inmueble en que habitara. d) Estima la combatida, carente de adecuada fundamentación y motivación, debido a que su determinación es desproporcionada, al poner en riesgo no sólo la subsistencia del quejoso sino la de su menor hijo ********., sin justificarlo y desatendiendo su verdadera capacidad económica, motivando que la sentencia recurrida vulnere en su perjuicio los artículos 14 y 16 constitucionales. e) Aduce que, debe ejercerse el control de convencionalidad ex officio y realizarse una interpretación de las normas más favorable y conforme, de acuerdo con el artículo 1o. constitucional, ya que la sentencia reclamada, le produce un daño irreparable, en infracción a sus garantías y derechos humanos de protección a la familia, al privársele de una parte del producto de su trabajo. f) Advierte que, dicha determinación vulnera su derecho humano a gozar del producto de su trabajo, a una vida digna y su derecho al mínimo vital e impedirle satisfacer su necesidades básicas de alimentación y vivienda, derecho reconocido en el artículo 21 de la Convención Americana de Derechos Humanos. g) Indica que, se transgrede en su perjuicio el principio de debido proceso y acceso a la justicia, ya que la Sala tenía que velar por prevenir conforme al control difuso constitucional y convencional, restablecer y reparar las violaciones, pues cualquier órgano jurisdiccional debe propiciar que la esfera de las garantías de los gobernados no sean vulneradas a través de ninguna terminación de autoridad. g) Concluye que, la responsable vulneró el derecho fundamental del menor a ********. a la dignidad humana, pues no existió un recurso adecuado y efectivo para salvaguardar sus derechos humanos, toda vez que si bien es cierto no existe una contienda o reclamación para proveer de alimentos a su menor hijo, consta la existencia del mismo y se solicitó que esa circunstancia fuera considerada. Antes de calificar los motivos de disenso, cabe destacar que en este juicio de amparo el acto reclamado que se estudia deriva de una controversia familiar; por tanto, involucra intereses de menores, por lo que resulta evidente que se debe atender al interés superior de éstos, pese a que tal circunstancia pudiere resultar contraria a los intereses del promovente del amparo. De ahí que los juzgadores de amparo se encuentren en la aptitud legal de analizar con toda amplitud la litis sometida a su consideración, con independencia de que ese estudio cause un perjuicio a los padres en lo individual, en virtud de que los derechos fundamentales de los niños guardan independencia con los derechos que les pudieran asistir a sus padres; de tal manera que los primeros no pueden entenderse subordinados a los segundos. Los conceptos de violación se estudiaran de forma conjunta debida a la estrecha relación conceptual que guardan entre sí, y por así permitirlo expresamente el artículo 76 de la Ley de Amparo. Son infundados los conceptos de violación hechos valer por el quejoso. Se arriba a tal aserto, pues la Sala responsable en la resolución del veintidós de octubre de dos mil veinte, dictada en el toca familiar **********, confirmó la interlocutoria del incidente de liquidación de pensiones alimenticias caídas y no pagadas y al pago de cantidades adicionales a la pensión alimenticia provisional para ser aplicada al pago de la renta, bajo los siguientes argumentos: "...Motivos de inconformidad que se estiman inoperantes, porque la sentencia interlocutoria pronunciada en el incidente de liquidación de pensiones adeudadas, deben limitarse a verificar si la planilla presentada por la parte acreedora se ajusta a la ejecutoria emitida por la Primera Sala Familiar del Distrito Judicial de Tlalnepantla, México, en fecha 13 de noviembre del 2018 en el toca de apelación número ********, la que se encuentra firme, por no haberse modificado o alterado de modo alguno por la autoridad federal; de ahí que haya adquirido firmeza para su cumplimiento. Es así, porque del contenido de las actuaciones judiciales que integran los autos que se revisan, se advierte que la obligación alimentaria provisional se encuentra subsistente, considerando que inexiste una determinación judicial posterior que modifique la misma; por tanto, el apelante está obligado a cumplir esa medida provisional en los términos en los que fue fijada. Precisamente por ello, no corresponde a este fallo verificar si la pensión alimenticia provisional cuantificada en la sentencia interlocutoria impugnada, la que fue razonada a través de operaciones aritméticas -que no fueron combatidas por el inconforme-; se apega o no al estatus económico del deudor o en su caso limita sus recursos económicos, sino únicamente su cumplimiento. Ahora bien, lo argumentado por el inconforme en el sentido que se están violentando sus derechos de su menor hijo de identidad reservada ********; tales motivos de inconformidad resultan inoperantes, considerando que la medida provisional determinada en los presentes autos y que sirvió de base para el dictado de la sentencia interlocutoria que ahora se combate, fue determinada para los acreedores procreados por el inconforme con la señora *************************; empero, los derechos del menor hijo procreado con diversa persona se encuentra a salvo para que quien ejerza la patria potestad de dicho infante los haga valer en la forma que estime pertinentes." Como se observa, la Sala responsable calificó como inoperantes los agravios planteados por el recurrente, en razón de que la controversia tenía por objeto determinar si el deudor alimentario había cumplido o no con la obligación alimentaria a su cargo y en caso de no ser así, precisar la cantidad a que ascendía el incumplimiento. Razonamiento que se estima legal, ya que el incidente de pago de pensiones adeudadas y no pagadas, es un procedimiento contencioso, en el que la cuestión a dilucidar consiste únicamente en determinar si efectivamente el demandado incidentista hizo o no pago de las pensiones reclamadas y establecer su monto, de manera que existe una pretensión, que no versa ya sobre la existencia del derecho de pensión o su disminución, sino sobre su cuantía. En ese sentido, la delimitación de la controversia incidental se ciñe a la determinación o no del pago de las pensiones, ya que de ello dependerán el estudio y sentido de su resolución; es decir, el fondo de la controversia incidental alude al contenido del acto cuya emisión debe ser congruente, exhaustivo y proporcional a la pretensión. Así las cosas, el incidente de pago de pensiones no es la vía idónea para estudiar la reducción, cesación o aumento de la pensión fijada, porque su materia está referida al cumplimiento o no del pago de pensión y la disminución del monto de pensión alude a un tema de cambio de la obligación fijada en sentencia; de ahí que si una persona promueve el pago de pensiones caídas no se podría analizar cuestiones relativas a anular o revocar la resolución que determinó su pago, dado que esas cuestiones no son materia de análisis de esa incidencia. En efecto, la sala responsable analizó las probanzas ofrecidas por *************************, en las cuales advirtió que omitió rendir prueba idónea para acreditar que ha pagado de manera puntual y completa la pensión provisional y cantidades adicionales a las que fue condenado, además verificó si la planilla presentada por la parte acreedora se ajustaba a la ejecutoria del trece de noviembre de dos mil dieciocho, emitida por los Magistrados que integran la Sala Familiar Regional de Tlalnepantla, Estado de México, en el toca número **********, en la que se resolvió lo siguiente: 1. Modificó la pensión alimenticia provisional decretada y en su lugar se determinó que *************************, otorgaría a favor de los acreedores alimentarios ******** y ********, ambos de apellidos ****************** la cantidad de $************ (****************** moneda nacional), mensuales. 2. Adicional a dicha cantidad el demandado tendría que continuar entregando a ************************* la cantidad de $******** (************************* moneda nacional), a fin de que la actora cubra el pago de la renta en que la misma habita junto con los acreedores alimentarios. 3. De igual manera, el progenitor tendría que cubrir todos y cada uno de los gastos escolares y extraescolares de los acreedores. Lo anterior, se considera ajustado a derecho, en virtud de que tal determinación se encuentra surtiendo debidamente sus efectos, es decir, se encuentra vigente. Ello es así, pues en contra de dicha determinación (trece de noviembre de dos mil dieciocho), no se interpuso o promovió algún mecanismo de defensa que lo haya dejado sin efectos, revocado o modificado. Además que lo determinado en la sentencia en revisión, incide en los derechos fundamentales de *************************, quien por ser una menor merece una protección integral, en la cual se contempla el proveerle de un conjunto de satisfactores necesarios para preservar su salud, subsistencia y sano desarrollo, lo que es tendente a salvaguardar el interés superior de su menor hija, dado que si el quejoso no cumplió con el pago respectivo, por un lapso de tiempo, la autoridad judicial debe velar porque se le restituya en ese derecho. Del mismo modo, el derecho alimentario de *************************, pues no obstante haber alcanzado la mayoría de edad durante la tramitación de dicho procedimiento, le asiste el derecho a recibir alimentos de sus progenitores, en esta económicamente inactiva en la cual se allegará de la preparación académica necesaria para alcanzar su independencia y desarrollar sus planes de vida como adulto, a la par que aquellos deben procúraselos en concepto de educación. Además, este órgano jurisdiccional, al revisar el acto tildado de inconstitucional advierte que no se vulneró en perjuicio del quejoso los derechos fundamentales de legalidad y seguridad jurídica previstos en los artículos 14 y 16 constitucional, ya que la autoridad responsable citó los preceptos legales que consideró aplicables al caso, tanto de naturaleza sustantiva como adjetiva (fundamentación); además, vertió los argumentos jurídicos por los que igualmente estimó improcedente el medio de defensa. En ese orden, contrario a lo señalado por el quejoso, la sentencia reclamada cuenta con una debida fundamentación y motivación, que para todo acto de autoridad pondera el artículo 16 constitucional, esto es, con el objeto de otorgar certeza y seguridad jurídica al particular frente al proceder de la autoridad que afecte o lesione su interés jurídico y, por tanto, asegurar la prerrogativa de su defensa ante un acto que no cumpla con los requisitos legales necesarios. De igual forma, las formalidades esenciales del procedimiento se vieron colmadas, ya que del sumario de origen, se advierte que el quejoso, fue llamado al incidente y compareció; se le dio oportunidad de alegar y ofrecer pruebas, así como de interponer los medios de defensa respectivos, tanto que contra la sentencia interlocutoria hizo valer el recurso de apelación. Respecto a los argumentos en el sentido que se debió realizar una interpretación de las normas más favorable y conforme al quejoso, de acuerdo con el artículo 1o. constitucional resultan ineficaces. Ello es así, dado que el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, impuso a las autoridades el deber de aplicar el principio pro persona como un criterio de interpretación de las normas relativas a derechos humanos, el cual busca maximizar su vigencia y respecto, para optar por la aplicación o interpretación de la norma que los favorezca en mayor medida, o bien, que implique menores restricciones a su ejercicio. Sin embargo, no debe pasarse por alto que los derechos humanos no son absolutos, tan es así que cuando en la Constitución haya una restricción expresa al ejercicio de éstos, se deberá estar a lo que indica la norma constitucional, ya que el principio que le brinda supremacía comporta el encuadramiento de la Ley Suprema como norma fundamental del orden jurídico mexicano, lo que a su vez implica que el resto de las normas jurídicas deben ser acordes con la misma, tanto en su sentido formal como material. Así, el ejercicio de control de constitucionalidad y convencionalidad, tiene como propósito fundamental que prevalezcan los derechos humanos contenidos en la Constitución Federal o en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, frente a las normas ordinarias que los contradigan. No obstante, a ese respecto la Suprema Corte de Justicia de la Nación, ha considerado que dicha obligación se actualiza únicamente cuando el órgano jurisdiccional advierta que una norma contraviene derechos humanos contenidos en la Constitución Federal o en los tratados internacionales, aun cuando no haya sido impugnada, porque con su ejercicio oficioso se garantiza la prevalencia de los derechos humanos frente a las normas ordinarias que los contravengan. De otra manera, el ejercicio de constitucionalidad y convencionalidad de normas generales no tendría sentido ni beneficio para el quejoso, y sólo propiciaría una carga, en algunas ocasiones desmedida, en la labor jurisdiccional de los Jueces de Distrito y Magistrados de Circuito. Sin que el caso, se observe que se haya actualizado una contravención de los derechos del quejoso tutelados en la Constitución Federal y tratados internacionales. También, es infundada la inconformidad en la que manifiesta que la responsable, omitió velar por el interés superior del menor ********, pues dicho infante no es parte de la contienda judicial de que se trata y la obligación alimentaria a su cargo es con sus hijos *********y *******, ambos de apellidos *****************, no obstante que el deudor no la ha proporcionado. En consecuencia, al resultar infundados, los conceptos de violación hechos valer por el quejoso, sin que se advierta queja deficiente que se deba suplir, en términos de los dispuesto en el artículo 79 de la Ley de Amparo; lo procedente es negar el amparo solicitado. Por lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E Único. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a *************************, por derecho propio y en representación del menor ******** contra actos de la Primera Sala Familiar Regional de Tlalnepantla, Estado de México y otra autoridad; por los motivos señalados en el último considerando de esta resolución. Notifíquese, vía electrónica al quejoso y a la representante especial de los menores y por lista electrónica a la tercero interesada. Así lo resolvió y firma electrónicamente Michel Navarrete Archundia, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, en funciones de Juez de Distrito, en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el diverso 56 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo, conforme a lo dispuesto en el oficio CR./CJD./005/4324/2020, del Secretario de la Comisión de Receso del propio Consejo, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
- Incidental
I. Naucalpan de Juárez, Estado de México, veinticinco de enero de dos mil veintiuno. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que a la fecha transcurrió el plazo de cinco días concedido al quejoso ***********************, para que otorgara la garantía que se le fijó en la interlocutoria del nueve de diciembre de dos mil veinte, y no lo hizo; con fundamento en el artículo 136 de la Ley de Amparo, se deja sin efectos la suspensión definitiva concedida. Comuníquese a las autoridades responsables, que queda expedita su jurisdicción para que obren conforme a derecho en relación a la ejecución del acto reclamado. No obstante lo anterior, mientras no se ejecute, el quejoso podrá exhibir la garantía, con lo cual, de inmediato, vuelve a surtir efectos la medida suspensional. Sirve de apoyo, la tesis I.15o.A.31 K del Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Circuito, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Tomo XXVI, Diciembre de 2007, materia Común, página 1823, de rubro: "SUSPENSIÓN. EL DERECHO DE EXHIBIR LA GARANTÍA EXIGIDA PARA QUE SURTA SUS EFECTOS NO SE PIERDE POR EL SOLO TRANSCURSO DEL PLAZO DE CINCO DÍAS FIJADO EN EL ARTÍCULO 139 DE LA LEY DE AMPARO". Notifíquese; vía electrónica al quejoso y a la representante especial de los menores y por lista electrónica a la tercero interesada. Lo proveyó y firma electrónicamente Juan Luis Carrillo Ramírez, Secretario del Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de México, encargado del despacho en términos del artículo 43, párrafo primero, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, por licencia médica del Secretario en funciones de Juez de Distrito designado mediante oficio CR./CJD.005/4324/2020 del Secretario de la Comisión de Receso del Consejo de la Judicatura Federal, en unión de Diana Ceballos Rojas, Secretaria quien certifica que las promociones que, en su caso, generaron el presente acuerdo y la propia actuación, se encuentran debidamente incorporadas al expediente electrónico. Doy Fe.
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