Víctor Manuel Esparza Licon

Expediente 1756/2020 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua. 14 actuaciones registradas, la última del 28 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
1756/2020
Año
2020
Actuaciones
14
Última actuación
28/03/2022

Partes del expediente

  • Víctor Manuel Esparza Licon
  • Víctor Manuel Esparza Licon y Otros.
  • César Octavio Esparza Portillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Vista la certificación que antecede, de donde se advierte que a la fecha transcurrió el término a que se refiere el artículo 86, en relación con el 81, fracción I, inciso d), ambos de la Ley de Amparo, sin que se hubiere recurrido el auto mediante el cual se sobreseyó por auto en el presente juicio de amparo. II. Causa estado. En consecuencia, con fundamento en los artículos 354, 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que tal determinación ha causado estado para todos los efectos legales correspondientes. Sin que sea óbice a lo anterior, que respecto de las responsables no se haya realizado cómputo del plazo que establece el ordinal 86 de la ley de la materia, pues de conformidad con lo dispuesto por el artículo 87 de la ciada ley, estas solo podrán interponer recurso de revisión contra la sentencia que afecte directamente el acto que se les haya reclamado, lo que en el caso evidentemente no acontece, al haberse sobreseído en el juicio de amparo; idéntica consideración se aplica respecto al cómputo de la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita. III. Archivo y anotaciones. Por tanto, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno, captúrese esta información en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y archívese el expediente como asunto totalmente concluido. IV. Destino del expediente. Con fundamento en los artículos 21, inciso a) y 35 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, hágase constar en la carátula de este expediente que el mismo carece de relevancia documental, que no consta documento original, y que es susceptible de destrucción por haberse sobreseído en el presente asunto. Asimismo, de conformidad con lo que se dispone en el primer párrafo del numeral citado en primer lugar, consérvese este expediente por el término de tres años a partir de esta fecha; transcurrido dicho plazo, dentro de los treinta días siguientes procédase a su destrucción y remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. IV. Se comunica a las partes la adscripción de la titular. Por otra parte, infórmese a las partes que en sesión ordinaria celebrada el veinte de octubre de dos mil veintiuno, el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal acordó la primera adscripción de la Jueza Flor Verenisse Gómez Peinado a este Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Chihuahua, en lugar de la Jueza María Guadalupe Contreras Jurado, con efectos a partir del dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno; lo anterior a fin de que, de ser el caso, estén en posibilidad de promover recusación.

  2. Principal

    Agréguese a los autos el informe justificado rendido por la autoridad responsable Gerente del Registro Público de Derechos de Agua por conducto del Gerente de lo Contencioso de la Subdirección General Jurídica de la Comisión Nacional del Agua, residente en la ciudad de México, sin lugar a hacer mayor pronunciamiento al respecto, toda vez que el diecinueve de mayo del año en curso, se sobreseyó por auto el presente juicio de amparo.

  3. Principal

    Visto el estado actual de los autos, concretamente del informe justificado rendido por la autoridad responsable Director Local de la Comisión Nacional del Agua en el Estado de Chihuahua, con sede en esta ciudad, y de las constancias que remitió el siete de mayo de dos mil veintiuno, consistentes en copia certificada, la resolución del trámite administrativo CHI-L-2297-02-08-19, así como su registro y su notificación vía correo electrónico al promovente. Ahora, la improcedencia del juicio de amparo es una cuestión de orden público, que se debe analizar, incluso, de oficio, según lo preceptuado por el artículo 62 de la ley de la materia. En seguida, del examen integral de las constancias que integran el presente contradictorio constitucional, entre las cuales se encuentran las documentales allegadas por la responsable el siete de mayo del año en curso, el suscrito estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que se transcribe a continuación: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado." En relación con lo anterior, es de citarse la jurisprudencia 2a./J. 9/98, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 210, tomo VII, Febrero de 1998, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo". Del precepto y criterio transcrito, se colige que para la actualización de esta hipótesis de improcedencia del juicio de amparo, es menester que la revocación del acto reclamado o la cesación de sus efectos, sean incondicionales o inmediatos, de tal manera que las cosas vuelvan al estado en que se encontraban antes de la violación alegada, como si se hubiera otorgado al quejoso la protección constitucional en los términos ordenados por el numeral 77 de la Ley de Amparo. En efecto, en la porción normativa trascrita se prevé la imposibilidad de analizar en el juicio de amparo, un acto que ha cesado en sus efectos, cuestión que acontece una vez que el acto reclamado por parte del quejoso, sea destruido de manera total e indubitable, mediante diversa actuación, efectuada con posterioridad por la autoridad responsable, es decir, la ulterior actuación ha de tener como consecuencia que la primera no surta efecto legal alguno en la esfera jurídica de la parte disconforme, como si el acto primigenio no hubiese existido. En la especie, los actos reclamados consisten en la omisión de substanciar dentro del término de sesenta días hábiles, la solicitud que dio origen al expediente administrativo CHI-L-2297-02-08-19. Ahora, como quedó asentado en párrafos precedentes, la autoridad responsable allegó al presente juicio de amparo, copia certificada de las constancias que acreditan que la solicitud de prórroga de títulos de concesión, y autorización para la transmisión de títulos, registrada bajo el expediente administrativo CHI-L-2297-02-08-19, se resolvió de manera procedente mediante oficio BOO.0906.01.-1006 E de diecinueve de febrero de dos mil veintiuno, el cual se registró ante el Registro Público de Derechos de Agua de la Comisión Nacional del Agua, con residencia en la Ciudad de México, el veintiocho de abril de dos mil veinte y se notificó a la parte quejosa el diecisiete de marzo de dos mil veintiuno. En estas condiciones, si la parte quejosa reclamó, precisamente, la omisión de la responsable de dar trámite a su solicitud y su correspondiente notificación, y la autoridad procedió en esos términos, es dable concluir que han cesado los efectos del acto reclamado, volviendo las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si los actos no hubieren invadido la esfera jurídica de la moral inconforme, o habiéndola irrumpido, la cesación no ha dejado ninguna huella. Lo que evidencia que han cesado los efectos de la omisión reclamada, restableciéndose las cosas al estado que guardaban antes de la violación, de manera tal que se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos fundamentales trasgredidos. Por tanto, al haber cesado los efectos del acto reclamado y, por ende, la actualización de la causal invocada, procede sobreseer fuera de audiencia en este juicio, con fundamento en lo previsto en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 61, fracción XXI, de la referida Ley. Al caso, resulta aplicable la jurisprudencia ciento tres, aprobada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página ochenta y uno, del Tomo VI, Común, Sección Jurisprudencia S.C.J.N., del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, compilación 1917-2000, que establece: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal". Por tanto, se deja sin efectos la fecha y horas señaladas para que tenga verificativo la audiencia constitucional en el presente asunto, esto es, las NUEVE HORAS CON TREINTA Y TRES MINUTOS DEL VEINTIUNO DE MAYO DE DOS MIL VEINTIUNO. Sirve de apoyo a lo anterior, la tesis de jurisprudencia 2ª./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación Materia Común, página 386, Tomo XVII, marzo de 2003, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. De lo dispuesto en los artículos 74, fracción III y 83, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, se desprende que el legislador previó la posibilidad que durante el juicio sobreviniera alguna de las causales de improcedencia previstas por el artículo 73 de la ley de la materia, tan es así que en el segundo de los preceptos mencionados estableció la procedencia del recurso de revisión contra los autos de sobreseimiento; éstos son precisamente los que el Juez pronuncia cuando, durante el trámite conoce de la existencia de una causal de improcedencia. Conforme a lo anterior, cuando la causal de improcedencia sea notoria, manifiesta e indudable, de manera que con ningún elemento de prueba pueda desvirtuarse, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, sin necesidad de esperar la audiencia constitucional; estimar lo contrario traería consigo el retardo en la impartición de justicia, lo que es contrario al espíritu que anima al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en la parte que establece que toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por los tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial.".

  4. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, con apoyo en las disposiciones contenidas en el Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19 (en adelante AG 21/2020), este órgano jurisdiccional emite las determinaciones siguientes: 1. REGLAS DE ACTUACIÓN PARA EL PERSONAL JUDICIAL Y LAS PARTES. Con apoyo en los artículos 5, 6, 7, 12, 22 y 28 del AG 21/2020, póngase en conocimiento de las partes que, en cumplimiento a lo establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, el presente asunto estará sujeto a las reglas de actuación que se precisan a continuación: 1.1. Continuidad del trabajo a distancia o teletrabajo. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado continuará laborando de manera remota a través de medios electrónicos y sólo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente. 1.2. Cambio de modalidad a juicio en línea. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar la tramitación del presente asunto en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente, por lo que se les previene para que a la mayor brevedad posible, de no haberlo hecho, formulen la solicitud respectiva. 1.2.1 Datos de contacto que provisionalmente deben proporcionar las partes. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes. 1.2.2 Datos de contacto del juzgado para solicitar y obtener información. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, se brindará atención mediante llamada telefónica, mensajería instantánea o correo electrónico.

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