Victor Manuel Domínguez Maytorena
Expediente 724/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de junio de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 724/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 26/06/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Victor Manuel Domínguez Maytorena
Actuaciones
- Principal
"...CAUSA ESTADO AUTO Y SE ORDENA ARCHIVO DEFINITIVO..."
- Principal
CON FUNDAMENTO EN LA FRACCION I, INCISO B, DEL ARTICULO 27 DE LA LEY DE AMPARO, NOTIFICO POR LISTA EN VIA DE NOTIFICACION PERSONAL AL QUEJOSO VICTOR MANUEL DOMINGUEZ MAYTORENA, EL AUTO DE DIEZ DE JUNIO DE DOS MIL DIECINUEVE, QUE EN LO CONDUCENTE DICE: Auto. Hermosillo, Sonora, diez de junio de dos mil diecinueve. Personería Se tiene por recibido el escrito de cuenta presentado por Víctor Manuel Domínguez Maytorena, por su propio derecho, por el cual promueve juicio de amparo indirecto contra actos del Juez de Primera Instancia de lo Familiar de Guaymas, Sonora, y otra autoridad. Se ordena formar expediente, anotar su ingreso en el libro de gobierno de este Juzgado bajo el número 724/2019, y dar de alta en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Desechamiento Ahora bien, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de amparo, por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo prescribe: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano". Este precepto autoriza al suscrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. De la lectura integral de la demanda de amparo, se advierte que el quejoso señala como actos reclamados la ejecución de la orden de poner en posesión material y jurídica al albacea de la sucesión intestamentaria a bienes de Adelina Aguilar Martínez, respecto del bien inmueble que refiere es de su propiedad identificado como lote 2, manzana 10, casa S-16, en la colonia La Moderna, de la ciudad de Empalme. Bajo ese contexto, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 1°, fracción I, ambos de la Ley de Amparo, que estatuyen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: "." "XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: "I.- Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte." (.) "El amparo protege a las personas frente a normas generales, actos u omisiones por parte de los poderes públicos o de particulares en los casos señalados en la presente Ley" Como se puede advertir de la transcripción de los artículos anteriores, para que el juicio constitucional sea procedente, es necesario que se enderece contra actos de autoridad, o bien, de particulares en los casos señalados por la propia ley, pues por su naturaleza jurídica los derechos constitucionales constituyen en la generalidad de los casos, limitaciones al Poder Público, ya que los actos que ejecuten y molesten en su persona, domicilio, papeles o familia a otros particulares, encuentran sus sanciones en las disposiciones del derecho común. En ese orden, la concepción del "acto reclamado", es un tema medular dentro del análisis relativo a la procedencia del juicio de amparo, pues constituye un requisito indispensable para la procedencia de este medio de control constitucional, tal como lo disponen los artículos 103 de la Carta Magna y 1o. de la Ley de Amparo, preceptos en los que constantemente aparece el término de "actos u omisiones de autoridad". Dentro del campo del juicio de amparo, el acto reclamado, en general, consiste en un hecho voluntario e intencional, positivo (decisión, ejecución o ambas) o negativo (abstención u omisión) que implique una afectación de situaciones jurídicas abstractas (ley) o que constituya un acto concreto de efectos particulares (acto en sentido estricto) imputable a un órgano del Estado e impuesto al gobernado de manera imperativa, unilateral y coercitiva. De la definición que antecede, se desprende que el acto debe ser un hecho voluntario, no debido al azar, rasgo distintivo entre aquél y un acontecimiento cualquiera, cuya realización esté encaminada a la obtención de un fin, es decir, a la causación de la afectación o lesión a cualquier derecho o interés jurídico del gobernado, ocasionándole un agravio que puede provenir, indistintamente, de una ley o de un acto en sentido estricto, de índole decisoria, ejecutiva u omisiva que le otorgue la naturaleza de autoritario al ser coercitivo, unilateral e imperativo, formas o maneras como se realiza la mencionada afectación. De ahí que conforme al artículo 5, fracción I, de la Ley de Amparo, es quejoso quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo, individual y colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1° de la Ley de la materia, y con ello se producirá una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por su parte, la autoridad responsable es la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas, en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Como puede advertirse, los anteriores conceptos implican la idea de que el acto reclamado, por regla, debe existir al momento de la presentación de la demanda de amparo, pues solo en ese caso se estaría frente a la creación, modificación o extinción de una situación jurídica concreta, susceptible de generar una afectación real y actual en la esfera jurídica del quejoso, cuyo remedio se persigue mediante el juicio de amparo. Por ello, tratándose de actos u omisiones futuras, probables o remotas, respecto de los cuales no existe una certeza clara y fundada de su realización (actos inciertos), los mismos no producen ningún efecto de derecho, y contra ellos no procede el juicio de amparo. En apoyo a lo anterior se invoca la tesis XX.308 K, sustentada por el Tribunal Colegiado del Vigésimo Circuito, visible en la página 138, Tomo XV-I, correspondiente al mes de febrero de 1995, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Octava Época, de texto y rubro siguientes: "ACTOS FUTUROS DE REALIZACIÓN INCIERTA. NO PROCEDE EL JUICO DE AMPARO CONTRA LOS. Contra actos futuros de realización incierta no procede el juicio de garantías". Ahora bien, en el capítulo de antecedentes del acto reclamado, el promovente bajo protesta de decir verdad manifiesta que él es el propietario y poseedor del bien inmueble identificado como lote 2, manzana 10, casa S-16, en la colonia La Moderna, de la ciudad de Empalme. Asimismo, refiere que el viernes treinta y uno de mayo de dos mil diecinueve, llegaron a su propiedad dos personas y le manifestaron a su empleada que ellos eran los nuevos dueños del inmueble y que muy pronto regresarían a sacarlo de su propiedad, ya que eran los herederos de la señora Adelina Aguilar Martínez, que están tramitado el juicio sucesorio intestamentario a bienes de dicha señora en el Juzgado de Primera Instancia de lo Familiar de Guaymas, Sonora, bajo el expediente 608/2016 y que ya tenían la orden para desalojarlo, circunstancia que refiere le causó temor. De igual forma, manifiesta que su empleada le informó que las personas que llegaron a su propiedad no iban acompañadas de ninguna autoridad pero que adujeron que regresarían con la policía; sin embargo, ya que él no es parte en juicio sucesorio intestamentario 608/2016, refiere que no tiene la certeza de que sea cierto lo que dijeron dichas personas a su empleada. De ahí que el acto reclamado se considere como futuro de realización incierta, toda vez que, no existe dato alguno que genere certeza o por lo menos una presunción fundada de que se vaya a realizar, y que le pueda ocasionar el agravio que pretende evitar. Lo anterior se sostiene, porque del capítulo de antecedentes de la demanda presentada por el promovente, se advierte que funda el temor que refiere tener (la orden de desposesión del bien inmueble de su posesión emitida en el juicio sucesorio intestamentario 608/2016), con base a las manifestaciones que le realizaron dos personas a su empleada. Lo que trae como consecuencia la improcedencia de su demanda, debido a que el promovente acude a esta instancia sin que exista actuación alguna de autoridad que vulnere sus esfera de derechos, pues lo único que existe es una suposición de su parte, ya que la finalidad de promover un juicio de amparo es la obtención de la protección de la Justicia Federal a efecto de restituir al gobernado en el goce de los derechos humanos violados, y no prevenir actos que en lo futuro pudieran generar esa afectación (mera probabilidad), como sucede en la especie. Estimar lo contrario, generaría la posibilidad de permitir el ejercicio de la acción de control constitucional, apoyada en expectativas y no en contra de actos u omisiones concretas o de realización cierta e inminente. Tiene aplicación a lo anterior, el criterio sustentado por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Página 1384, Tomo XXXVI del Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, que es del rubro y tenor literal siguiente: "AMPARO IMPROCEDENTE. El juicio de amparo es improcedente contra actos futuros que sólo deben considerarse como probables." Domicilio y autorizados Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el ubicado en calle Emilio Beraud 125 entre Marsella y Campodónico, en la colonia Centenario, de esta ciudad. Ahora bien, se tiene a Jorge Luis Barrón Calderón, como autorizado de la parte quejosa en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, toda vez que tiene registrada su cédula profesional en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito. Por otro lado, se autoriza a Guadalupe Gámez Tarazón, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos, en términos de los artículos 12, párrafo segundo, y 24, párrafo segundo, ambos de la Ley de Amparo, por así haberlo solicitado el promovente; de igual forma, se autoriza en ese mismo carácter a Carlos Isaac Flores Fernández, hasta en tanto acredite contar con cedula profesional registrada en el sistema referido en el párrafo que antecede. Transparencia En cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 66, 67, fracción II, 68 y 71 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, así como los numerales 3, fracción XXI, y 111 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información, 20 de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, 8 y 9 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de protección de datos personales, se hace del conocimiento de las partes que tienen derecho a oponerse a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia que de no realizar manifestación alguna, se entenderá que se oponen a la publicación de éstos. Digitalización del expediente En cumplimiento a la circular 2/2014, de tres de octubre de dos mil catorce, y a los Lineamientos para la Integración del Expediente Judicial y su Modalidad Electrónica, se instruye al Secretario actuante, para efectos de que se digitalicen todas las promociones y documentos que presenten las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información relacionada con el presente asunto, asimismo, en caso de que las promociones y documentos se presenten en forma electrónica, se proceda a su impresión para ser incorporada al expediente impreso. Notifíquese personalmente.
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