Víctor Manuel Díaz Velasco
Expediente 94/2019 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes. 3 actuaciones registradas, la última del 13 de febrero de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 94/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 13/02/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Aguascalientes · Aguascalientes
Partes del expediente
- Víctor Manuel Díaz Velasco
Actuaciones
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que transcurrió el plazo de cinco días establecido por el artículo 98 de la Ley de Amparo, para interponer el recurso de queja contra el auto de veinticinco de enero de dos mil diecinueve, mediante el cual se desechó la demanda de amparo, sin que se haya hecho valer; por tanto, se declara que ha causado estado para todos los efectos legales a que haya lugar. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente y envíese al archivo. En cumplimiento a la fracción I del artículo vigésimo primero, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y el Consejo de la Judicatura Federal, se establece que este expediente es destruible. Asimismo, como se hizo constar en la certificación de cuenta, no obran documentos originales. Finalmente, de conformidad con el segundo párrafo del punto Décimo Primero, en relación con el último párrafo del punto Vigésimo Primero, ambos del Acuerdo General antes mencionado, al advertirse que el presente juicio no actualiza alguno de los supuestos previstos en el último de los puntos indicados, ni se observa que se trate de archivo de carácter histórico o se haya emitido alguna resolución de trascendencia jurídica, política, social o económica; por tanto, el presente asunto no es de relevancia documental.(II)
- Principal
Notifíquese personalmente al quejoso.(II)
- Principal
Se notifica por lista al quejoso, proveído de veinticinco de enero dos mil diecinueve...Vista la demanda de amparo promovida por Víctor Manuel Díaz Velasco, contra actos del Coordinación General de Movilidad del Estado de Aguascalientes; fórmese el expediente impreso y electrónico, asimismo anótese en el libro de gobierno respectivo con el número 94/2019-II. De conformidad con el artículo 113 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito examinará, ante todo, la demanda de amparo; y si encuentra motivo manifiesto e indudable de improcedencia la desechará de plano. Respecto del concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la tesis jurisprudencial 75 del Segundo Tribunal Colegiado del Quinto Circuito, localizable en la página 77, Tomo 68, agosto de 1993, Octava Época, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de rubro: "DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA. REQUISITOS". Esencialmente, la tesis en cuestión interpreta que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que haya un motivo de improcedencia del juicio constitucional, siendo este manifiesto, es decir, cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo constitucional; y finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. Esto, porque la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver de fondo la cuestión planteada. Así la improcedencia es de orden público y debe decretarse de oficio por tratarse de un asunto preferente, lo aleguen o no las partes, y da como resultado el sobreseimiento en el juicio o el desechamiento de la demanda. En el caso, de la lectura integral de la demanda, se aprecia que la parte quejosa reclama lo siguiente: "IV. ACTOS RECLAMADOS: La falta de emisión del acuerdo que actualice las tarifas del servicio de taxi, tomando en cuenta que de dichas tarifas proviene el salario de los trabajadores del servicio de taxi, teniendo como parámetro para el aumento principalmente tres elementos: 1) Un aumento que contemple y respete los aumentos anuales al salario, incrementos que se realizan de forma anual en términos del artículo 123, apartado A, fracción VI de la CPEUM. 2) Un aumento que proteja a los trabajadores de los efectos de la inflación. 3) Un aumento que contemple los incrementos en los precios de los gastos que debe hacer el trabajador, como la gasolina. 4) Un aumento que contemple una remuneración a la jornada nocturna, superior a la jornada diurna, a efecto de que el trabajador pueda reducir su jornada laboral, en términos del artículo 123, apartado A, fracción II, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos." Dicho acto lo atribuyó a la Coordinación General de Movilidad del Estado de Aguascalientes, pues adujo que en términos del artículo 13, fracción XX, de la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes, es la dependencia que autorizará y modificará el régimen tarifario a que se sujetará la prestación del servicio de transporte público de pasajeros. En el caso particular se surte la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, relacionada con el numeral 5, fracción I y artículo 6, todos de la Ley de Amparo, que dicen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley" "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico". "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta ley". De los artículos transcritos es posible advertir que el juicio de amparo se seguirá a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo (quejoso), siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por la Constitución y, con ello, se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Es ilustrativa la tesis de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, Volumen 175-180, Tercera Parte, Séptima Época, página 77, que dice: "PERJUICIO JURÍDICO, NOCIÓN DEL, PARA LA PROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO. La noción de perjuicio para los efectos del amparo supone la existencia de un derecho legítimamente tutelado que, cuando se ve transgredido por la actuación de una autoridad, faculta a su titular para acudir ante el órgano jurisdiccional correspondiente demandando que esa transgresión cese. Tal derecho, que puede hacerse respetar por el ordenamiento legal objetivo, es lo que constituye el interés jurídico que la Ley de Amparo toma en cuenta para la procedencia del juicio de garantías. Sin embargo, no todos los intereses que pueden concurrir en una persona merecen el calificativo de jurídicos, pues para que tal cosa suceda es menester que la ley los reconozca como tales a través de una o varias de sus normas. Como se precisó en antecedentes, en esencia se reclama la omisión de la autoridad responsable de actualizar las tarifas del servicio de taxi. En ese sentido se tiene que la Ley de Movilidad del Estado de Aguascalientes, en los artículos que se transcriben dice: "ARTÍCULO 13.- Con independencia de las atribuciones que le confiere la Ley Orgánica de la Administración Pública del Estado de Aguascalientes, la Coordinación General de Movilidad ejercerá las siguientes facultades: . XX. Previa opinión del Consejo Consultivo, determinar las tarifas conforme a las cuales deberá cobrarse el servicio de transporte público y, en su caso establecer las circunstancias relacionadas con su medición y cobro;" "CAPÍTULO SEGUNDO Los Elementos para la Determinación de las Tarifas ARTÍCULO 142.- Para la determinación de las tarifas se tomarán en cuenta los siguientes elementos: I. El costo de operación del tipo de servicio de que se trate; II. Las obligaciones fiscales que deban ser cubiertas de acuerdo con la normatividad aplicable a cargo de los concesionarios y permisionarios; III. Los incrementos que sufra el salario mínimo de acuerdo con las resoluciones de la Comisión Nacional de Salarios Mínimos; IV. Las variaciones que sufra el Índice Nacional de Precios al Consumidor publicado por el Banco de México; y V. Las condiciones físicas en que se encuentren las unidades de transporte público. ARTÍCULO 143.- Las tarifas se establecerán con base en los estudios y análisis especializados y técnicos que se lleven a cabo, de acuerdo a cada tipo o modalidad del servicio de transporte, los cuales serán sancionados por la CMOV. En todo caso, la determinación de las tarifas deberá realizarse atendiendo a las directrices establecidas en el Artículo 140 de esta Ley y en el Reglamento, considerando la opinión previa que para tal efecto emita el Consejo Consultivo y el Observatorio Ciudadano, quienes podrán auxiliarse de especialistas en la materia para tal fin. ARTÍCULO 144.- Las tarifas son las siguientes: I. Tarifa técnica es el resultado de los costos de operación de los servicios de transporte, dividida entre la cantidad de usuarios del servicio; II. Tarifa pública es el pago que realiza el usuario del transporte público por el servicio recibido, que incluye la tarifa técnica más la utilidad del prestador del mismo; y III. Tarifa preferencial es el pago que realiza el usuario que por sus condiciones se encuentra incluido en los supuestos de descuento previstos en esta Ley. El porcentaje de descuento será equivalente al cincuenta por ciento de la tarifa pública, asegurando que no impacte negativamente en la sostenibilidad financiera del sistema. Los beneficiarios de las tarifas preferenciales deberán obtener los dispositivos de prepago que los identifique como tales, según se determine en el Reglamento y normatividad técnica aplicable. Las tarifas señaladas en las fracciones anteriores deberán calcularse para cada modalidad de transporte público, a excepción del servicio de taxi, en el cual no aplicará la tarifa preferencial. La determinación de la CMOV por medio de la cual se fije la cuantía de las tarifas, se publicará a más tardar el último día de marzo de cada año en el Periódico Oficial del Estado, en los periódicos de mayor circulación en la entidad y en cualquier otro medio que se estime oportuno. ARTÍCULO 145.- El Gobernador del Estado tomando en cuenta las circunstancias particulares de los usuarios y de interés general, podrá autorizar descuentos y exenciones del pago de tarifa, para tal efecto constituirá un programa de apoyo para el transporte público financiado por un fondo compuesto por los rubros señalados en las Fracciones I, II y VI del Artículo 48 de esta Ley, en la proporción que para tal efecto determine el Gobernador en el Presupuesto de Egresos. Los acuerdos dictados en ejercicio de las atribuciones señaladas en el presente artículo deberán publicarse en el Periódico Oficial del Estado. Las reglas de operación del programa a que se refiere este artículo serán establecidas en el Reglamento correspondiente." De la normatividad transcrita se advierte, tal como lo refiere el quejoso que el artículo 13, fracción XX, prevé la facultad de la Coordinación General de Movilidad para, previa opinión del Consejo Consultivo, determinar las tarifas conforme a las cuales deberá cobrarse el servicio de transporte público -conjunto de medios de transporte de personas y bienes de titularidad o concesión pública, gestionado por personas, empresas públicas, privadas o mixtas- y, en su caso establecer las circunstancias relacionadas con su medición y cobro. Sin embargo, el numeral 144, último párrafo, también establece que la determinación de la Coordinación General de Movilidad previa opinión del Consejo Consultivo por medio de la cual se fije la cuantía de las tarifas, se publicará a más tardar el último día de marzo de cada año en el Periódico Oficial del Estado, en los periódicos de mayor circulación en la entidad y en cualquier otro medio que se estime oportuno. Lo anterior permite considerar que no existe un perjuicio en la esfera del quejoso con la eventual omisión de la responsable de emitir un acuerdo que actualice las tarifas del servicio de taxi, pues como se advierte, por disposición legal la autoridad tiene hasta el último día de marzo de cada año, para publicar esa determinación en los medios de difusión autorizados; por ende, no podría afirmarse que ha incurrido en una omisión normativa, ya que aún está transcurriendo el plazo que la propia ley señala para la fijación de la cuantía tarifaria. En consecuencia, se desecha la demanda por notoriamente improcedente. -Domicilio- Por otra parte, de conformidad con el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones el que precisa en su demanda de amparo. -Habilitación de horas- Con apoyo en el artículo 21 párrafo tercero de la Ley de la materia, este Juzgado habilita días y horas inhábiles, a efecto de practicar las notificaciones que deriven de la tramitación de este expediente. -Información reservada o confidencial- En caso de que las partes exhiban información con el carácter de reservada o confidencial, deberán enviarla resguardada en sobre cerrado con la leyenda respectiva, exponiendo las razones por las que le hayan otorgado dicha clasificación, lo anterior sin perjuicio de que sean considerados como sujetos obligados, de conformidad con el artículo 23 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. -Consulta vía internet- De conformidad con el artículo 3 de la Ley de Amparo, comuníquese a las partes que podrán consultar este expediente vía electrónica, previo trámite que al efecto realicen en el Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2015, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que regula los servicios tecnológicos relativos a la tramitación electrónica del juicio de amparo, las comunicaciones oficiales y los procesos de oralidad penal en los Centros de Justicia Penal Federal. Del mismo modo, se les hace saber que podrán recibir notificaciones vía electrónica, previa manifestación expresa que al efecto realicen a este tribunal; solicitud que podrá ser revocada, si así lo manifiestan. -Transparencia- Finalmente, con fundamento en el artículo 1° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, en relación con el artículo 73, fracción II, y así como 73, fracción II, 111, 116 y Tercero Transitorio, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se hace saber a las partes que las resoluciones públicas que se dicten en el presente asunto, se publicarán con la supresión de sus datos personales, salvo que medie consentimiento expreso por escrito, de conformidad con el último párrafo del artículo 68 de la citada Ley General.(II)
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