Victor Manuel Diaz Ortiz
Expediente 1713/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 24 de noviembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1713/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 24/11/2017
Partes del expediente
- Victor Manuel Diaz Ortiz
- Victor Gael Diaz Ramirez y Otros.
- Victor Manuel Diaz Ortiz y Otros.
Actuaciones
- Principal
II La certificación precedente, evidencia que la parte quejosa no recurrió dentro del plazo de cinco días previsto en el artículo 98 de la Ley de Amparo, el proveído de siete de noviembre de dos mil diecisiete, por el cual se desechó la demanda de amparo. Por tanto, con fundamento en los artículos 98 de la Ley de Amparo y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la primera ley invocada, se declara que dicho proveído ha adquirido firmeza procesal. Por otra parte, el estado procesal de este asunto se advierte que se encuentra totalmente integrado y no existe más por cumplimentar; con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, aplicado en sentido contrario, se declara procedente remitirlo al archivo de este Juzgado de Distrito. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de Gobierno. Ahora bien, en términos del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se precisa lo siguiente: 1. Este asunto es susceptible de destrucción (punto vigésimo primero, inciso I, del Acuerdo General Conjunto referido). 2. A consideración de este Juzgado de Distrito, este sumario carece de relevancia documental, y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero de dicho Acuerdo. 3. En el entendido que no existen documentos originales, de los referidos en el punto segundo inciso XVIII del Acuerdo General Conjunto referido. Finalmente, se comunica a la parte quejosa que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante.
- Principal
II.- SE LISTA CITATORIO DEL QUJEOSO VICTOR MANUEL DIAZ ORTIZ, RELATIVO A LA RESOLUCIÓN DE 07/11/2017, EL CUAL DICE: Recepción y radicación. Vista la demanda de amparo promovida por Víctor Manuel Díaz Ortiz, por propio derecho y en representación de su menor hijo Víctor Gael Díaz Ramírez, contra actos del Juez Tercero Familiar de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México; fórmese expediente físico y electrónico, regístrese en el libro de gobierno con el número 1713/2017-II. Desechamiento. Recepción y radicación. Vista la demanda de amparo promovida por Víctor Manuel Díaz Ortiz, por propio derecho y en representación de su menor hijo Víctor Gael Díaz Ramírez, contra actos del Juez Tercero Familiar de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México; fórmese expediente físico y electrónico, regístrese en el libro de gobierno con el número 1713/2017-II. Desechamiento. Con fundamento en los artículos 62 y 113 de la Ley de Amparo, este juzgado federal analiza de oficio las causales de improcedencia previstas en el numeral 61 de dicha ley, pues su estudio es preferente por tratarse de una cuestión de orden público y de interés social, y de actualizarse alguna de ellas, de manera manifiesta e indudable, deberá desecharse la demanda de amparo. Robustece lo anterior, la jurisprudencia número II.1º.J/5, publicada en la página 95, del Semanario Judicial de la Federación de Mayo 1991, del Tomo VII, Octava Época, cuyo sumario es: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En esa tesitura, en conformidad con lo previsto por el artículo 61, fracción XVIII, en relación con los diversos 112 y 113 de la Ley de Amparo, se estima procedente desechar de plano por su manifiesta e indudable improcedencia la demanda de amparo. Ahora bien, de la demanda de amparo se advierte que el quejoso reclama esencialmente: El acuerdo de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, dictado en audiencia inicial dentro del expediente 966/2017/JOF, mediante el cual se autorizó la convivencia supervisada del menor Víctor Gael Díaz Ramírez y su progenitora Liliana Elizabeth Ramírez Flores, en el Centro de Convivencia por dos fines de semana consecutivos. Expuesto lo anterior, es pertinente precisar que la fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo;." De la interpretación del artículo transcrito, es factible decir que el motivo de improcedencia que contiene, descansa en la inobservancia al principio rector del juicio de amparo relativo a la definitividad del acto reclamado. Ahora, el juicio de amparo es un medio de defensa extraordinario, por tanto, se debe promover cuando previamente se haya agotado el recurso o mecanismo previsto por la ley ordinaria y que sea idóneo para modificar, revocar o anular el acto que vaya a reclamarse. Hecha tal precisión, contra el acto reclamado por el quejoso consistente en el acuerdo de veintiséis de octubre de dos mil diecisiete, dictado en audiencia inicial dentro del expediente 966/2017/JOF, sobre convivencia asistida de la tercera interesada con su menor hijo, mediante el cual, entre otras cosas, determinó la convivencia supervisada entre el menor Víctor Gael Díaz Ramírez y su progenitora Liliana Elizabeth Ramírez Flores, en el Centro de Convivencia llevadas a cabo por dos fines de semana consecutivos, éste no tiene el carácter de definitivo, presupuesto esencial para la procedencia del juicio de amparo, pues de una correcta y sana interpretación de lo dispuesto en el artículo 5.75 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de México, se estima que el auto reclamado puede ser modificado, revocado o confirmado a través del recurso de revocación ahí contemplado. En efecto, el quejoso estaba constreñido a agotar el recurso de revocación previsto en la fracción IV del numeral 5.75 del Código de Procedimientos Civiles en el Estado de México, en contra de la determinación reclamada, antes de instar el juicio de amparo biinstancial, pues el citado artículo, establece: "Artículo 5.75. (.) La revocación sólo podrá plantearse en la audiencia y al momento de emitirse el auto o decreto. Interpuesta, el juez dará vista a la contraria, de estar presente, para que en el acto la desahogue y dictará resolución." Del extracto trascrito se obtiene que el trámite del recurso de revocación inicia y concluye en la propia audiencia en la cual se emite la resolución impugnada (medidas provisionales). En ese sentido, la revocación en contra de la figura de guarda y custodia provisional solo podrá plantearse en la audiencia en que se dictó; por tanto, de estar presente la contraparte se le daría vista en ese momento para que expusiera lo que a su interés conviniera, debiendo resolverse el medio de impugnación en la misma diligencia. Es decir, al haber comparecido ambas partes a la audiencia, la promoción y resolución del recurso de revocación en contra del acto reclamado era inmediata. En consecuencia, aun cuando de la tramitación de tal medio de impugnación no se advierte que se conceda la suspensión del acto recurrido, ello no lo convierte en un recurso ineficaz, pues la paralización de sus efectos resulta innecesaria ante la celeridad de su resolución. Entonces, si el recurso de revocación previsto en la fracción IV del artículo 5.75 de la legislación adjetiva civil del Estado de México, es de resolución inmediata, y tiene como finalidad la impugnación (a fin de que sea modificada) la determinación de medidas provisionales efectuada en audiencia de una controversia del estado civil de las personas y del derecho familiar, sí constituye un medio idóneo para alejar al menor de la situación de vulnerabilidad en que "pudiesen" encontrarse. Así, el recurso de revocación en el caso en análisis sí cumple con los requisitos de idoneidad, efectividad, oportunidad así como aptitud para reparar oportuna y adecuadamente las posibles violaciones a los derechos del menor hijo de las partes, pues con su interposición era posible lograr la modificación de la guarda y custodia provisional en la misma diligencia en que se fijó a favor de la progenitora. En ese orden, si en contra de la medida cautelar reclamada (guarda y custodia provisional), procedía el recurso de revocación de tramitación y resolución inmediata, es evidente que debió agotarse antes de acudir al juicio de amparo biinstancial, ya que con dicho medio ordinario de defensa pudo lograr la modificación, revocación o nulificación de la misma, y si no lo hizo, debe concluirse entonces que no cumplió con el principio de definitividad que rige el juicio de amparo, por ende, resulta improcedente al no actualizarse alguna de las excepciones previstas en la propia fracción XVIII del artículo 61 de la Ley de Amparo. En ese contexto, al encontrarse legitimado el quejoso por ser parte formal (demandado), en la controversia de origen, debió promover el citado recurso antes de acudir a esta instancia constitucional, además que de la lectura de la demanda, se advierte que el quejoso tiene conocimiento completo y exacto de los datos de identificación del juicio de origen, pues precisa el nombre del expediente, quien lo demanda y ante que autoridad se encuentra radicado el juicio natural, por ende, está obligado a agotar los recursos ordinarios que prevé la ley que rige el acto reclamado; de ahí que, resulta exigible que el quejoso, previo a acudir al juicio de amparo indirecto, agote los recursos ordinarios correspondientes; por lo cual, resulta incontrovertible que, en la especie, respecto del acto que aquí se reclama, se actualiza la causa de improcedencia invocada. Asimismo, al no encontrarse ante actos que importen peligro de deportación o destierro, cualquiera de los actos prohibidos por el precepto 22 de la Constitución, ni 15 de la Ley de Amparo, es evidente que el acto que se combate tampoco se exceptúa de acatar el principio de definitividad. Es aplicable la jurisprudencia 1a./J.113/2013 (10ª.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 350, del Tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de diciembre de dos mil trece, Décima Época, con número de registro 2005039, que establece: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. LA IRREPARABILIDAD DEL ACTO NO CONSTITUYE, POR SÍ MISMA, UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO, AUN CUANDO EN LA CONTIENDA JURÍDICA ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD. El artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos establece, por un lado, la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación y, por otra parte, prescribe el principio de definitividad que se traduce en la carga impuesta al quejoso de agotar los recursos ordinarios que procedan en contra de tal acto. Al respecto, la irreparabilidad del acto reclamado y el principio de definitividad, constituyen presupuestos distintos y autónomos que deben observarse para determinar la procedencia del juicio de amparo indirecto, aun en los casos en los que un menor de edad se encuentre involucrado. El primero de esos requisitos, esto es, que se trate de un acto de ejecución irreparable, se refiere a la naturaleza del acto de autoridad que se impugna y que genera la afectación en la esfera jurídica del quejoso, por la transgresión de un derecho sustantivo que no es susceptible de repararse con el dictado de un fallo favorable a sus intereses. La regla de la definitividad, por su parte, se refiere a la existencia, idoneidad y eficacia de los recursos ordinarios previstos en la ley contra el acto reclamado, así como a la posibilidad, derivada de las normas legales aplicables al caso, de que el interesado renuncie a ellos. Así, en los juicios en que intervienen menores o se vea afectada su esfera jurídica, el hecho de que se trate de actos de imposible reparación no genera, per se, una excepción a la regla de definitividad, pues ésta se refiere fundamentalmente al alcance de los recursos y no a la naturaleza de los actos impugnados, sin que el interés superior del menor constituya una justificación válida para confundir los elementos de uno y otro requisitos de procedencia del juicio de amparo." Asimismo, es aplicable en lo conducente la jurisprudencia 1a./J.77/2013 (10ª.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 990, del Tomo 2, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de octubre de dos mil trece, Décima Época, con número de registro 200467, que establece: "DEFINITIVIDAD EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. SE ACTUALIZA UNA EXCEPCIÓN A ESTE PRINCIPIO EN LOS CASOS EN LOS QUE ESTÉ INVOLUCRADO UN MENOR DE EDAD, CUANDO EL RECURSO ORDINARIO NO ADMITE LA SUSPENSIÓN DEL ACTO. En términos del artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en su texto reformado por decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el 10 de junio de 2011, todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, proteger, respetar y garantizar los derechos humanos, de conformidad con los principios de universalidad, interdependencia, indivisibilidad y progresividad y, particularmente, otorgar una protección especial a los derechos de la infancia por las circunstancias de vulnerabilidad en que se hallan. Por lo anterior, y en términos de los artículos 107, fracción III, inciso b), de la propia Constitución y 73, fracción XIII, de la Ley de Amparo, vigente hasta el 2 de abril de 2013, se sigue que se actualiza una excepción al principio de definitividad en el juicio de amparo indirecto en aquellos casos en los que esté involucrado un menor de edad, cuando, de acuerdo con la legislación aplicable al caso, el recurso ordinario que deba agotarse no admita suspensión y cualquiera de las partes alegue un riesgo para el menor en caso de ejecutarse la resolución impugnada, pues en ese supuesto el recurso es inadecuado o ineficaz para alejarlo de la situación de vulnerabilidad en que pueda encontrarse. Lo anterior es así, pues el principio de definitividad supone la existencia de recursos idóneos, efectivos, oportunos y aptos para reparar oportuna y adecuadamente las violaciones a las leyes cometidas en el acto o resolución impugnada." Máxime que, en el caso concreto, no obstante que se encuentra involucrado un menor de edad, la parte quejosa no alegó un riesgo o peligro grave para dicho infante, con motivo del acto reclamado que aquí se analiza, sobre todo porque nunca expresó que al tener su menor hijo (Víctor Gale Díaz Ramírez) una convivencia con su progentitora, se provoque al citado infante un riesgo o se le ponga en peligro, con lo cual pudiera pensarse, al menos en grado de indicio, que está en riesgo o peligro, pues sólo en ese supuesto el medio de defensa ordinario sería inadecuado o ineficaz para alejar al referido menor de la situación de vulnerabilidad, riesgo o peligro en que pueda encontrarse, lo cual, se reitera, no sucede en este asunto. Es aplicable en lo conducente la tesis 1a. CI/2016 (10a.), página 1123, Publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima Época, Abril de 2016, Tomo II, que establece: "INTERÉS SUPERIOR DEL MENOR. LA CONVIVENCIA PATERNO-FILIAL SUPERVISADA EN UN CENTRO DE CONVIVENCIA FAMILIAR, CONSTITUYE UNA MEDIDA ACORDE CON ESTE PRINCIPIO (LEGISLACIÓN DEL DISTRITO FEDERAL). El Estado tiene el deber ineludible de dictar las medidas tendentes a proteger a los menores contra toda forma de perjuicio o maltrato, aun cuando sólo se manifieste como una posibilidad; así, en atención al interés superior del menor, es inadmisible esperar a que un menor sufra un perjuicio o un maltrato para aplicar esas medidas, no obstante, cuando deba hacerse a la luz de una controversia, éstas han de establecerse en función de cada caso concreto, según lo que resulte acorde con dicho interés. Una de estas medidas consiste en ordenar que la convivencia del menor con el progenitor -que no tiene la guarda y custodia- se realice en un Centro de Convivencia Familiar Supervisada, pues de esta forma se preserva su derecho a ser cuidado y educado por ambos progenitores, así como a mantener contacto directo con ellos, preservando las relaciones familiares; además, se satisface la obligación de protegerlo de manera preventiva contra toda forma de perjuicio o maltrato, pues de los artículos 1, 2, fracciones VI y XVII; 14, fracciones IV y VI; 22, 24, 25, 26, 27 y 29 del Reglamento que fija las bases de organización y funcionamiento del Centro de Convivencia Familiar Supervisada del Distrito Federal, deriva que entre las actividades sustantivas del Centro se encuentra la relativa a facilitar las convivencias paterno-filiales dentro de sus instalaciones, debiendo minimizar los riesgos de daños físicos o psicológicos de los miembros involucrados en las controversias familiares, coadyuvando al sano desarrollo emocional de los integrantes de la familia. Asimismo, se advierte que la convivencia familiar debe desarrollarse ante la presencia de una tercera persona independiente y neutra, así como realizar reportes de manera fidedigna e imparcial, además de que existe un sistema de circuito cerrado de televisión y se respeta la voluntad del menor." Por otro lado, en la presente determinación no se sostiene que el acto reclamado no sea un acto de imposible reparación, sino que tal determinación no constituye una excepción al principio de definitividad, como quedó demostrado con antelación, por ende, el quejoso debió agotar los recursos ordinarios previstos en la legislación que rige el acto reclamado para combatir tal determinación. Apoya la anterior consideración, la jurisprudencia 1a./J.44/2012, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 729, del tomo I, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de julio de 2012, Décima Época, con número de registro 2001155, que establece: "PRINCIPIO DE DEFINITIVIDAD. DEBE AGOTARSE EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO PROMOVIDO EN CONTRA DE UN ACTO DE EJECUCIÓN IRREPARABLE DICTADO DENTRO DE UN JUICIO DEL ORDEN CIVIL. De la interpretación literal del artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los numerales 73, fracción XIII, y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, la acción constitucional de amparo indirecto que se tramita ante los jueces de distrito, procede contra actos dictados dentro de juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, siempre que con anterioridad se agoten los recursos que sean idóneos para modificar, revocar o anular el acto reclamado y que además sean eficaces para reparar el acto en un plazo razonable. Por tanto, es obligación de la parte quejosa agotar el medio ordinario de defensa que en su caso prevea la ley que rige dicho acto, que tenga como efecto modificarlo, revocarlo o anularlo." En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XVIII, de la Ley de Amparo; con fundamento en lo dispuesto en el artículo 113 de la misma legislación, se desecha de plano la demanda de amparo que promueve Víctor Manuel Díaz Ortiz, por propio derecho y en representación de su menor hijo Víctor Gael Díaz Ramírez, contra actos del Juez Tercero Familiar del Distrito Judicial de Toluca, con residencia en Metepec, Estado de México, por notoriamente improcedente. Domicilio. En conformidad con el artículo 305 del Código Federal de Procedimientos Civiles, en relación con el 26 de la Ley de Amparo, se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones, el indicado en el proemio de la demanda. Habilitación de días y horas inhábiles. Desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para practicar las notificaciones personales en este asunto, en conformidad con lo dispuesto en el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo. AUTORIZADOS. En atención a la certificación de cuenta, se tiene por autorizada en términos amplios del artículo 12 de la ley de la materia a María Guadalupe de la Garza Hernández, por encontrarse registrados en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito; y a las restantes personas en términos de la última parte del último párrafo del citado numeral; limitación que se establece hasta en tanto tengan registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho ante los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, la patente para ejercer la profesión de licenciado en derecho. Transparencia. Con fundamento en el artículo 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, se requiere a las partes para que expresen su consentimiento sobre la información confidencial que se genere con motivo de la tramitación del juicio, apercibidos que de no hacer manifestación alguna se entenderá que otorgan su consentimiento, en atención al principio de máxima publicidad, sin perjuicio de que este órgano pueda aplicar la prueba de interés público y la invasión a la intimidad considerada por la divulgación, en caso de que se solicite el acceso a la información contenida en el expediente. Notifíquese y personalmente a la parte quejosa. Así lo acordó y firma Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, quien actúa con la Secretaria Irma Zoraida Campos Navarro que autoriza, firma y da fe.
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V. Visto para resolver el juicio de amparo indirecto 303/2017-VIII; y, R E S U L T A N D O PRIMERO. Presentación y datos de la demanda. Mediante escrito presentado el veintitrés de febrero de dos mil diecisiete (foja 2) en la oficina de correspondencia común de los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, Luis Cervantes García por propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y actos que se mencionan a continuación: III. AUTORIDADES RESPONSABLES. ORDENADORA: Procurador General de Justicia del Estado de México. C. Agente del Ministerio Público Adscrito a la Mesa 1 de Trámite de la Unidad de Investigación 1 "A" , Toluca, de la Procuraduría General de Justicia del Estado de México." IV. ACTO RECLAMADO: De las autoridades responsables les reclamo el no formular imputación en la causa 2040/2015 y en la causa 52//2016, ambas causas provenientes de la carpeta de investigación 161980360006913, misma que tuvo su inicio en fecha dieciocho de enero de 2013 por los delitos de falsificación de documentos y uso del mismo y fraude, a pesar de haber pasado más de un año de que la carpeta fue determinada en el sentido de ejercer la acción penal, siendo el caso de que las responsables a la fecha aún no han formulado imputación, violando en mi perjuicio la garantía consagrada en el artículo 17 y 20 constitucional, privándome el derecho a la reparación del daño. También les reclamo el no solicitar la orden de aprehensión ante las constantes evasivas del indiciado, quien mediante diversos amparos se ha evadido la acción de la justicia, lo que no es excusa para que la responsable formule imputación y solicite orden de aprehensión. Asimismo, les reclamo el no darme información del estado o proceso en el que se encuentra la carpeta de investigación 161980360006913 y las causas citadas; toda vez que nunca he sido citado por el ministerio público, ni por el juez de control, ni me han notificado nada y no se me da acceso a la carpeta de investigación. También le reclamo el expedir copias certificadas de la indagatoria al indiciado Juan Carlos Albarrán Cruz violando los principios de sigilo y lealtad en perjuicio del suscrito en mi carácter de víctima del delito. SEGUNDO. Derechos humanos violados. El quejoso señaló como derechos humanos violados los protegidos por el artículo 1º, 8º, 14, 16, 17, 20 y 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Desechamiento de demanda. El veinticuatro de febrero de dos mil diecisiete, se registró la demanda de amparo con el número 303/2017-VIII. Asimismo, desechó la demanda de amparo por los motivos ahí expuestos (foja 9); el quejoso interpuso recurso de queja contra dicho auto, la cual fue registrada con número 40/2017, del índice del Segundo Tribual Colegiado en materia Penal del Segundo Circuito y resuelta el seis de abril del presente año (foja 27 a la 55), en la cual se declaró fundada la misma y se ordenó admitir la demanda de amparo. CUARTO. Admisión y trámite del juicio. Por auto de veinticinco de abril de dos mil diecisiete (foja 56), se admitió; se dio la intervención que compete al Agente del Ministerio Público Federal de la adscripción; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado; se emplazó a la parte tercero interesada (foja 117) y, se señaló hora y día para la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede y que forma parte de la presente resolución; y, C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito, es competente para conocer y resolver el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 103, fracción I, 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1°, 33, fracción IV, 35, 37 y 107, fracción VII, de la Ley de Amparo; 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y, el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; en virtud de que se reclama una omisión emitida por una autoridad del orden penal, cuyo domicilio está dentro de la jurisdicción donde este Juzgado de Distrito ejerce su competencia. SEGUNDO. Precisión del acto reclamado. En términos de lo dispuesto por la fracción I, del artículo 74 de la Ley de Amparo, este juzgador al momento de dictar resolución se encuentra obligado a precisar los actos reclamados por el quejoso, tomando en consideración todos los datos que emanen de la demanda de garantías e incluso la totalidad de la información del expediente, atendiendo al pensamiento e intencionalidad de su autor y descartando las imprecisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados debe atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. En esa tesitura, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y de los datos que emanan del presente expediente, se advierte que el quejoso reclama: La abstención del Agente de Ministerio Público responsable, de pronunciamiento sobre el ejercicio de la acción penal (en su caso formular imputación y orden de aprehensión), según carpeta de investigación número 161980360006913. TERCERO. Inexistencia del acto reclamado. El Fiscal General de Justicia del Estado de México, por conducto del Agente del Ministerio Público adscrito a la Dirección General Jurídica y Consultiva, al rendir su informe justificado negó la existencia del acto que se le reclama (foja 61). En ese orden, ante la inexistencia del acto reclamado a la autoridad responsable se sobresee en este juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Apoya lo anterior la jurisprudencia publicada en la página 236, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, 1917-2000, Tomo VI, Materia Común, con número de registro 1002350, cuyo rubro y texto son: INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo." CUARTO. Existencia de actos reclamados. El Agente de Ministerio Público adscrito a la Mesa Uno de Tramite, negó la existencia del acto reclamado (foja 68), sin embargo dicha negativa se encuentra desvirtuada, dado que de las constancias remitidas en complemento a su informe justificado, consistentes en las actuaciones emitidas en la carpeta de investigación de origen, a las cuales se concede valor probatorio pleno, al haberse expedido por funcionarios públicos al ejercer sus funciones y en términos de los artículos 93, 129, 188, 197, 202 y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo; se advierte la existencia de acto que se le reclama. QUINTO. Causales de improcedencia. No existe causa de improcedencia alegada por las partes o advertida de oficio por este juzgador, en términos del artículo 62 de la Ley de Amparo. SEXTO. Estudio de fondo del asunto. Los conceptos de violación hechos valer por el quejoso se tienen por reproducidos, pues no hay precepto en la Ley de Amparo que establezca la obligación de llevar a cabo su transcripción. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia por contradicción de tesis número 2a./J.58/2010, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la Novena Época, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo XXXI, de mayo de dos mil diez, en la página ochocientos treinta, que a la letra establece: CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer." La parte quejosa aduce sustancialmente que se vulnera en su perjuicio la garantía prevista en el artículo 17 de la Constitución Federal, al impedirle el debido acceso a la justicia, toda vez que no se ha emitido el pronunciamiento sobre el ejercicio de la acción penal en la carpeta de investigación 161980360006913 (en su caso formular imputación y orden de aprehensión). El sintetizado motivo de disenso, suplido en su deficiencia, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 79, fracción III, inciso a), de la ley de la materia, resulta fundado y suficiente para conceder el amparo y la protección de la Justicia Federal, por las siguientes consideraciones Conviene citar el artículo 17, segundo párrafo, de la Constitución Federal, que en lo conducente dispone: Artículo 17. . Toda persona tiene derecho a que se le administre justicia por tribunales que estarán expeditos para impartirla en los plazos y términos que fijen las leyes, emitiendo sus resoluciones de manera pronta, completa e imparcial. ." El referido artículo, interpretado de manera sistemática con el artículo 1o. de la Ley Fundamental, establece el derecho fundamental de acceso a la impartición de justicia, que se integra a su vez por los principios de justicia pronta, completa, imparcial y gratuita. Por su parte, el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en lo que aquí interesa, señala: Artículo 21. La investigación de los delitos corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. ." Esta porción normativa establece que la investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliaría con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato. La persecución de los delitos opera a través de dos etapas sucesivas: 1. La de investigación, la cual constituye la primera fase del procedimiento penal, en la que el Ministerio Público realiza todas las diligencias necesarias para acreditar, en su caso, el hecho ilícito y la probable intervención del indiciado a fin de formular o no imputación. 2. La formulación de imputación, que implica la solicitud de la representación social ante la potestad jurisdiccional a fin de iniciar un proceso contra alguna persona determinada, con el propósito de que se le aplique la pena que establece el código penal. Para lograr lo anterior, la institución en cita tiene la obligación de agotar la investigación de los hechos que fueron denunciados, aunque no siempre son constitutivos de alguna conducta típica que la ley sancione. Por ende, la indagatoria está encaminada a demostrar que los hechos denunciados sean o no constitutivos de algún delito y que la conducta está sancionada por la legislación penal de que se trata. De igual manera, en caso de que, a criterio de tal funcionario, no se demuestre la existencia de un delito, está obligado a emitir la opinión de no formular imputación. Expresado lo anterior, resulta evidente que el deber del órgano persecutor en la etapa e investigación en la carpeta relativa, debe ser con celeridad regular, constante, con miras a lograr una pronta y expedita impartición de justicia (diligente con las partes), tal como lo establece el artículo 17 constitucional. En la especie, la quejosa reclama la abstención del Agente de Ministerio Público responsable, de pronunciamiento sobre el ejercicio de la acción penal (en su caso formular imputación y orden de aprehensión), según carpeta de investigación número 161980360006913. Luego, de las constancias que integran la carpeta de investigación de origen, se advierte que el Agente del Ministerio Público señalado como responsable, tuvo conocimiento de los hechos puestos a su consideración desde el dieciocho de enero de dos mil trece, con motivo de la denuncia presentada por Luis Cervantes García, en relación a los delitos de falsificación de documento y uso del mismo y fraude, así como los demás que resultaran cometidos en su perjuicio y de los que resultaran de los hechos en que han participado las personas en la comisión de este delito. Ante la omisión de ejercitar acción penal en su momento, el quejoso promovió juicio de amparo, registrado con número 1254/2015-VIII, del índice de este juzgado el cual fuera resuelto el veintiocho de octubre de dos mil quince, en el sentido de conceder el amparo y protección de la Justicia Federal, para los efectos ahí precisados. En cumplimiento a dicha concesión de amparo, el veinte de enero de dos mil dieciseises, el ministerio publico responsable solicitó al juez de Control del Distrito Judicial de Toluca, se generara audiencia para formulación de imputación (foja 317 del anexo), situación que de manera reiterada fue solicitada el tres de febrero de dos mil dieciséis (foja 332 del anexo), el veintiséis de febrero de dos mil dieciséis (foja 338), y el diecisiete de marzo de dos mil dieciséis, se llevó a cabo el acta mínima de audiencia de imputación sin detenido, la cual no se llevó a cabo por los motivos ahí expuestos -inasistencia del indiciado- (foja 359 del anexo). Sin embargo, a la fecha se advierte que han transcurrido siete meses aproximadamente, sin que la autoridad ministerial investigadora se haya pronunciado nuevamente sobre el ejercicio de la acción penal en contra de quien resulte responsable en la comisión del hecho delictivo materia de la carpeta de origen, o en su caso, la declaración del no ejercicio de la acción penal, o la reserva de ley o la determinación que en derecho corresponda. En consecuencia, al resultar fundado el motivo de disenso formulado por la impetrante de garantías, con fundamento en el numeral 77, fracción II, de la Ley de Amparo, lo que procede es conceder el amparo y protección de la Justicia Federal a Luis Cervantes García, para efecto de que el Agente de Ministerio Público adscrito a la Mesa Uno de Tramite: ÚNICO.- Dentro del plazo de tres días hábiles contados a partir de que cause ejecutoria la presente resolución, emita un auto en el que establezca la situación jurídica de la quejosa en la carpeta de investigación 161980360006913, acerca de la procedencia o no de ejercitar acción penal, si aún deben recabarse más datos o la determinación que en derecho corresponda. En el entendido que el juicio de amparo se tendrá cumplido cuando la autoridad emita la determinación que corresponda sobre la situación jurídica de la quejosa, sin que sea objeto del amparo su sentido o legalidad. Por lo expuesto y fundado, con apoyo además, en los artículos 1, 37, 73, 74, 75, 76, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: PRIMERO. Se sobresee en el juicio de amparo 303/2017-VIII, promovido por Luis Cervantes García por propio derecho, respecto al acto y autoridad precisados en el considerando tercero. SEGUNDO. La Justicia de la Unión ampara y protege a Luis Cervantes García, respecto del acto y autoridad precisados en el considerando cuarto y por los motivos expuestos en el último considerando Notifíquese. Así lo resolvió y firma, Breyman Labastida Martínez, Juez Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, ante el Secretario José Mauricio Neira Villarreal, que da fe. Doy fe.
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