Víctor Manuel Díaz Molina
Expediente 1089/2017 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 3 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1089/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 16/11/2018
Partes del expediente
- Víctor Manuel Díaz Molina
Actuaciones
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; dieciséis de noviembre de dos mil dieciocho. Visto el estado de autos, de los cuales se advierte que en proveído de diecinueve de octubre de dos mil diecisiete (foja 38 a 39), causó estado el acuerdo que desechó la demanda de amparo; en consecuencia, devuélvase al Magistrado Presidente de la Sala Regional Colegiada Mixta, Zona Tres, residente en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, las constancias consistentes en copias certificadas del expediente **** (un tomo); tomando en cuenta que éstas ya no son necesarias, en virtud de que este juicio se encuentra concluido. Devuélvase al archivo este expediente. Notifíquese.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, diecinueve de octubre de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado estado el acuerdo que desechó la demanda, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese este juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda de amparo y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo disponen los puntos decimo y vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese. Así lo proveyó y firma el Juez José Antonio Lozano Batarse, titular del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido del secretario que autoriza, licenciado José Mario Mejía Ceceña Trasfí, quien además certifica que este acuerdo se encuentra debidamente incorporado al expediente electrónico. Doy fe.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas; cinco de octubre de dos mil diecisiete. Se tiene por recibido el oficio *********** firmada por la secretaria de acuerdos del Segundo Tribunal Colegiado en Materias Penal y Civil del Vigésimo Circuito, residente en esta ciudad, remite original y siete copias de la demanda de amparo promovida por ********** emplazamiento original de las terceras interesadas; informe justificado rendido por el Magistrado Presidente de la Sala Regional Colegiada Mixta Zona 03, residente en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en el que anexa los autos originales del toca ************ (un tomo) y copia certificada del expediente ********** (tres tomos). Acúsese recibo. Con apoyo en los artículos 35 y 45 de la Ley de Amparo, 48 y 54, ambos de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, este juzgado acepta la competencia planteada y se avoca al conocimiento del asunto. En consecuencia, se tiene por recibida la demanda de amparo promovida por ********* por propio derecho, contra actos de la Sala Regional Colegiada Mixta Zona 03, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, con domicilio en San Cristóbal de las Casas, consistentes en: "IV.- ACTO RECLAMADO. SENTENCIA DE 13 DE JULIO DE 2017, MISMA QUE SURTIO EFECTOS EL DIA 11 DE AGOSTO DE 2017, EN LOS AUTOS DEL TOCA No. ********** 2012 CIVIL, RELATIVO AL INCIDENTE DE CANCELACIÓN Y CESACIÓN DE PENSION ALIMENTICIA, EN CONTRA DE ************* ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), en el Libro de Gobierno de este juzgado y registrar bajo el número de juicio de amparo *********** DESECHAMIENTO Ahora bien, del análisis integral de la demanda de amparo, así como de las constancias que remite el tribunal colegiado de referencia, este juzgador advierte que la misma es notoriamente improcedente, lo que conduce a desecharla de plano, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 112 y 113, ambos de la Ley de Amparo, que establecen: "Artículo 112. Dentro del plazo de veinticuatro horas contado desde que la demanda fue presentada, o en su caso turnada, el órgano jurisdiccional deberá resolver si desecha, previene o admite. En el supuesto de los artículos 15 y 20 de esta Ley deberá proveerse de inmediato. Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano.". De los numerales transcritos se observa, que dentro de las veinticuatro horas siguientes a partir de que fue recibida la demanda de amparo por el órgano de control constitucional, dictará el auto de desechamiento, en su caso, cuando concurran los siguientes requisitos: a) Que exista un motivo de improcedencia y b) Que sea manifiesto y también indudable. Lo manifiesto, se materializa cuando se advierte en forma patente, absolutamente y clara de la lectura de la demanda, de los escritos aclaratorios, de ampliación a la misma cuando los haya y de los documentos que se anexen a tales promociones; lo indudable, es la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trate es operante en la hipótesis de estudio. En efecto, de la referida demanda de amparo, así como de los anexos que remitió el tribunal colegiado de referencia, se desprende que el acto reclamado consistente en la resolución de trece de julio de dos mil diecisiete, dictada dentro del toca civil *********** del índice de la Sala Colegiada Mixta, Zona 03, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, con domicilio en San Cristóbal de las Casas, mediante la cual confirmó el auto de veinte de abril del año en curso, emitido por el Juez Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de San Cristóbal, dentro de los autos del expediente civil número *********** relativo al Incidente de Cancelación y Cesación de Pensión Alimenticia, promovido por el aquí quejoso *********** en contra de ********** y *********** se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 107, fracción V de la Ley de amparo, como se verá a continuación: En efecto, los preceptos de que se habla establecen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley. Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos, los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los Tratados Internacionales de los que México sea parte". De los artículos y fracciones transcritas se desprende que el juicio de amparo indirecto procede contra actos emitidos dentro de juicio, cuando de ejecutarse éstos se produzca una afectación de imposible reparación sobre las personas o las cosas, ya que de no ser así sólo procederá contra la resolución definitiva que se dicte en el procedimiento respectivo, en la cual podrán controvertirse las violaciones procesales susceptibles de afectar las defensas del particular. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha definido que los actos de imposible reparación, para efectos de la procedencia del amparo biinstancial, son aquellos que afectan de modo directo alguno de los derechos sustantivos establecidos en la Constitución. De igual manera, como un criterio complementario, el Máximo Tribunal del País ha determinado que el juicio de amparo indirecto procede contra violaciones procesales cometidas durante la tramitación de un juicio, cuando produzcan un grado extraordinario de afectación, lo cual permite que sean impugnables de inmediato, sin necesidad de aguardar el dictado de la sentencia definitiva. Así se desprende de la tesis P. LVII/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XX, octubre de 2004, página 9, registro electrónico 180415, de contenido siguiente: "ACTOS DE EJECUCIÓN IRREPARABLE. CRITERIOS PARA DETERMINAR LA PROCEDENCIA O IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO. Para determinar cuándo se trata de actos que por sus consecuencias dentro del juicio son de imposible reparación, según los artículos 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 114, fracción IV, de la Ley de Amparo, el Tribunal en Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha partido de dos criterios orientadores para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo indirecto, a saber: el primero, considerado como regla general, dispone que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan de manera directa e inmediata alguno de los derechos sustantivos previstos en la Constitución Federal, ya que la afectación no podría repararse aun obteniendo sentencia favorable en el juicio, por haberse consumado irreversiblemente la violación de la garantía individual de que se trate; y el segundo, considerado como complementario del anterior, establece que los actos procesales o formales tienen una ejecución de imposible reparación cuando sus consecuencias afectan a las partes en grado predominante o superior. De no actualizarse ninguno de estos supuestos, en el orden previsto, será improcedente el juicio de amparo indirecto y el gobernado deberá esperar hasta que se dicte la sentencia de fondo para controvertir la posible violación cometida a través del juicio de amparo directo, según lo dispuesto en los artículos 158, 159 y 161 de la Ley de Amparo". Por tanto, no pueden ser considerados como actos de imposible reparación aquellos que tengan como consecuencia una afectación a derechos de naturaleza adjetiva o procesal, si éstos no producen a las partes una afectación en grado predominante o superior, pues los efectos de este tipo de violaciones son meramente formales y desaparecen si el afectado obtiene una sentencia o laudo favorable. Tiene aplicación, la tesis de jurisprudencia emitida por la otrora Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, número 22-24, octubre-diciembre de 1989, página 59, Octava época, registro electrónico 820074, que dice: "EJECUCIÓN DE IMPOSIBLE REPARACIÓN. ALCANCES DEL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. De acuerdo con lo dispuesto por el artículo 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos procede el amparo indirecto 'Contra actos en juicio cuya ejecución sea de imposible reparación ...'. El alcance de tal disposición, obliga a precisar que los actos procesales tienen una ejecución de imposible reparación, si sus consecuencias son susceptibles de afectar directamente alguno de los llamados derechos fundamentales del hombre o del gobernado que tutela la Constitución por medio de las garantías individuales, porque la afectación o sus efectos no se destruyen con el solo hecho de que quien la sufre obtenga una sentencia definitiva favorable a sus pretensiones en el juicio. Por el contrario no existe ejecución irreparable si las consecuencias de la posible violación se extinguen en la realidad, sin haber originado afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar huella en su esfera jurídica, porque tal violación es susceptible de ser reparada en amparo directo". En efecto, el legislador dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso, se exige que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a ubicar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, aun antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que esos "derechos" afectados materialmente deben de revestir la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. En ese sentido, los quejosos verán limitada el ejercicio de la acción constitucional vía amparo indirecto, cuando los actos dictados tengan su origen dentro del proceso, debe de acreditarse que tal gravedad impida en forma actual el ejercicio de un derecho, aun cuando sólo produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo, pues se encuentra justificada esa exigencia de recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal o procedimental, para hacer claro la lesión de bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas aplicables, sino sustantivas. Consideraciones que fueron sostenidas por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la contradicción de tesis 377/2013, entre las sustentadas por el Primer Tribunal Colegiado en materia de Trabajo del Cuarto Circuito y el Segundo y el Cuarto Tribunales Colegiados, ambos en materia de Trabajo del Tercer Circuito, en donde concluyó lo siguiente. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación" no puede seguir siendo aplicable la jurisprudencia P./J. 4/2001, cuya presunta vigencia motivó la presente contradicción de tesis, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que tal criterio se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo que en los juicios de amparo iniciados conforme la Ley de Amparo vigente debe prescindirse de dicha jurisprudencia para no incurrir en desacato al ordenamiento en vigor, en atención a que en tal criterio expresamente se reconoció que la cuestión de personalidad hacía procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen; expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios.El criterio del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, dio origen a la jurisprudencia 37/2014, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima época, libro 7, tomo I, página 39, junio de 2014, registro electrónico 2006589, de la literalidad siguiente: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios". Ahora bien, en el caso, a fin de demostrar la anterior proposición, es pertinente hacer una breve reseña de los antecedentes del acto reclamado, mismos que se desprenden de la copia certificada del expediente *********** del índice del Juzgado Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de San Cristóbal de las Casas, Chiapas, en tres tomos, así como los autos originales del toca ********** del índice de la sala responsable : 1. Mediante escrito de diez de agosto de dos mil diez y ************* en la vía de controversia familiar, promovieron un Incidente de Aumento de Pensión Alimenticia, en contra del aquí quejoso ************ (foja 3 a 10, copia certificada de tomo I del expediente ************ 2. Seguido en su trámite, con fecha trece de diciembre de dos mil once, se dictó sentencia definitiva dentro de dicho incidente, en los siguientes términos: "PRIMERO: Se ha tramitado legalmente en la VÍA DE CONTROVERSIA DEL ORDEN FAMILIAR, AUMENTO DE PENSIÓN ALIMENTICIA, promovido por ************ y ******** en contra de ********* en donde la parte actora acreditó los elementos de su acción, y el demandado contesto demanda. SEGUNDO: Por los razonamientos expuestos en la parte considerativa de este fallo, se aumenta la condena al demandado *********** sobre el importe que resulte del equivalente de un salario mínimo vigente en la Entidad que actualmente asciende a la cantidad de *********** a partir de que surta sus efectos la sentencia, tomando en cuenta para esta condena que el deudor alimentario también debe atender a sus propia necesidades, y de sus diversos acreedores y la actora contribuir a los mismos, al obtener ingresos propios. TERCERO: Por tanto, tan luego surta sus efectos esta sentencia, requiérase a *********** el pago de la primera mensualidad sobre la cantidad antes mencionada y aseguramiento de las subsecuentes y en bienes, sueldos y demás percepciones hasta donde baste a cubrir el importe de la primera mensualidad y garantía de las futuras. CUARTO: No se hace condena en gastos y costas en esta instancia. QUINTO: NOTÍFIQUESE Y CÚMPLASE (fojas 285 a 289, copia certificada de tomo I del expediente *********** 3 Inconforme con la anterior resolución el aquí quejoso interpuso recurso de apelación, mismo que fue resuelto por los Magistrados que integran la Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 03, del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Chiapas, con domicilio en San Cristóbal de las Casas, confirmando dicha sentencia definitiva (fojas 385 a 391, de tomo I del expediente ************* VSeguido sus trámites el juicio en etapa de ejecución, en lo que interesa, mediante ocurso de quince de octubre de dos mil trece, el aquí quejoso ************* interpuso incidente de cancelación y cesación de pensión alimenticia en contra de ************** Y ********* (fojas 572 a 575, de tomo II del expediente ************ el cual fue admitido mediante proveído de dieciséis de octubre de dos mil trece, por la Juez Segundo del Ramo Civil, con domicilio en San Cristóbal de las Cazas, Chipas (fojas 588 y 589, de tomo II del expediente ********** 5. Mediante escrito de veinticinco de octubre de dos mil trece, las demandadas incidentales ************* Y ********* comparecieron a dar contestación al incidente señalado (fojas 594 a 603, de tomo II del expediente *************** Luego en lo que interesa, el aquí quejoso ************* a través del escrito de veinte de octubre de dos mil catorce, compareció ante el Juzgado Segundo del Ramo Civil, con sede en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a renunciar a la prueba pericial contable ofrecida dentro del citado incidente, y, mediante diligencia de veinte de noviembre de dos mil catorce, dicho quejoso ratificó el contenido del aludido ocurso (fojas 750 a 753, de tomo II del expediente *********** A través del ocurso de diecisiete de abril de dos mil diecisiete, el aquí quejoso *********** compareció ante el Juzgado Segundo del Ramo Civil de referencia, a nombrar como perito contable de su intención al adscrito al Tribunal Superior de Justicia del Estado o de la Procuraduría General de la República o en su caso, al de la Procuraduría de Justicia del Estado de Chiapas, dentro de dicho incidente, por lo que, mediante proveído de veinte de abril del año en curso, la titular del citado juzgado de primera instancia, no acordó de conformidad dicha petición, toda vez que en diverso ocurso de veinte de octubre de dos mil catorce, dicho compareciente se desistió de la prueba pericial contable, inclusive en diligencia de veinte de noviembre del citado año ratificó su desistimiento (fojas 1170, 1177 y 1178, de tomo III del expediente ************ 8. Por lo que, en escrito de veintiocho de abril de dos mil diecisiete, el aquí quejoso interpuso recurso de apelación en contra del auto anterior de veinte de abril del año que transcurre (foja 1182, tomo III del expediente ******** 9. Mediante resolución de trece de julio de dos mil diecisiete, la Sala Regional Colegiada Mixta, Zona 03, del Tribunal Superior de Justicia del Estado, con domicilio en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, resolvió el recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso dentro del toca ************ en los siguientes términos: "PRIMERO. Se CONFIRMA el auto de veinte de abril de dos mil diecisiete, dictado por la Juez Segundo del Ramo Civil del Distrito Judicial de San Cristóbal, con residencia en esta ciudad, dentro de los autos del expediente civil número 909/2010, relativo al Incidente de Cancelación y Cesación de Pensión Alimenticia, que promovió ************** en contra de ********** Y ********** SEGUNDO. Mediante oficio, remítase copia certificada de la presente resolución al Juez Natural para su conocimiento y efectos legales correspondientes; oportunamente archívese el presente toca como asunto concluido. TERCERO. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE." (fojas 20 a 24, toca civil ********* La anterior resolución constituye el acto reclamado. De la anterior reseña de constancias se desprende que el aquí quejoso ************** interpuso incidente de cancelación y cesación de pensión alimenticia en contra de *********** Y ************ mismo que fue admitido y, para acreditar lo planteado en la referida incidencia, como medio de prueba ofreció entre otros, la prueba pericial contable. No obstante, mediante ocurso de veinte de octubre de dos mil catorce, el aquí quejoso renunció a dicha prueba, por lo que mediante diligencia de veinte de noviembre de dicho año, compareció ante el Juzgado Segundo del Ramo Civil, con domicilio en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, a ratificar su desistimiento; empero, a través del escrito de diecisiete de abril de dos mil diecisiete, nombró a perito contable, sin embargo, la titular del citado juzgado en proveído de veinte de abril de dos mil diecisiete, no acordó de conformidad su petición, por lo cual el aquí quejoso interpuso recurso de apelación y la sala responsable en resolución de trece de julio del año que transcurre confirmó el aludido acto de veinte de abril del año en curso. Ahora bien, se tiene que de conformidad con lo dispuesto por el artículo 107, fracción V, de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, el juicio de amparo indirecto resulta improcedente contra los actos en el juicio cuyos efectos no sean de imposible reparación; sin embargo, por similitud jurídica procesal, dicha disposición legal es también aplicable al caso concreto, cuando el acto reclamado lo constituye la resolución de trece de julio de dos mil diecisiete, dictada por la sala responsable en los autos del toca civil *********** que confirmó el auto de veinte de abril de dos mil diecisiete, dictado por la Juez Segundo del Ramo Civil, con domicilio en San Cristóbal de las Casas, Chiapas, que en suma, tiene que ver tácitamente con la admisibilidad de una prueba ofrecida en los autos de un incidente de cancelación y cesación de pensión alimenticia en contra de ********* Y ************ interpuesto por el aquí quejoso ************* En ese sentido, la resolución reclamada no es un acto que lleve en sí mismos una ejecución de imposible reparación, toda vez que no afecta directamente algún derecho sustantivo, pues los efectos de la resolución hoy impugnada, son meramente formales y desaparecen si la parte quejosa obtiene una resolución favorable en el incidente de cancelación y cesación de pensión alimenticia en contra de ********** Y *********** En efecto, la resolución reclamada no reviste las características de una violación de derechos sustantivos constitucionales, pues en todo caso podría vulnerar sólo derechos procesales, sin producir una afectación en grado predominante o superior a la parte quejosa, la cual en todo caso, puede ser combatida en contra de la interlocutoria que se dicte en dicho incidente. Con apoyo a lo anterior, en lo conducente, se cita la tesis de jurisprudencia 38/2001, sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 5, del tomo XII, abril 2001, Novena época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, registro electrónico 190037, que a la letra dice lo siguiente: "AMPARO INDIRECTO. EL DESECHAMIENTO DE PRUEBAS DENTRO DE UN INCIDENTE CUYA INTERLOCUTORIA ES SUSCEPTIBLE DE IMPUGNARSE EN ESA VÍA, DEBE RECLAMARSE HASTA EL PRONUNCIAMIENTO DE AQUÉLLA. De una interpretación sistemática e integral de lo dispuesto en las fracciones II, III y IV del artículo 114 de la Ley de Amparo, se advierte que el desechamiento de pruebas dentro de un incidente cuya interlocutoria es susceptible de impugnarse en amparo indirecto, por regla general, se considera una violación intraprocesal que puede ser combatida hasta que se promueva el juicio de amparo biinstancial en contra de dicha interlocutoria. Ello es así, porque las fracciones II y III del precepto citado admiten la posibilidad de que las violaciones cometidas en un procedimiento, sean reclamables en el amparo que se promueva en contra de la resolución final que se dicte en ese procedimiento, incluso, la fracción últimamente señalada, hace referencia a los actos de ejecución de sentencia y a los remates, cuyo trámite generalmente se efectúa en forma de incidente. De modo que si en el amparo indirecto pueden reclamarse las violaciones procesales cometidas dentro de un incidente tramitado fuera de juicio o después de concluido al impugnarse la resolución que lo decida, la misma razón debe regir para aquellos amparos que se promuevan en contra de resoluciones incidentales dictadas dentro de un juicio." Lo subrayado y destacado es de este juzgador. En consecuencia de lo anterior, al advertirse en forma manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, en relación con el artículo 107, fracción V, todos de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo, de conformidad con lo establecido en el artículo 113 de la ley en la materia. Lo anterior es así, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 Constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 48/2016, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, libro 30, tomo II, mayo de 2016, registro electrónico 2011580, del contenido literal siguiente: "AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente". De igual forma, el criterio sustentado por el Décimo Tercer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena época, tomo XX, página 1631, septiembre de 2004, registro electrónico 180663, de la siguiente literalidad: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE DESECHARSE DE PLANO SI SE ADVIERTE UN MOTIVO "MANIFIESTO" DE IMPROCEDENCIA, EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación sustentó en la tesis de jurisprudencia 4/95, que en términos del artículo 145 de la Ley de Amparo, el Juez de Distrito debe examinar, ante todo, el escrito de demanda, y si encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia, la desecharía de plano; sin embargo, para ello debe analizarse si en el caso se surte alguna de las dieciocho causas de improcedencia reguladas en el artículo 73 de la ley invocada. Ahora bien, atendiendo a lo considerado por nuestro Máximo Tribunal, es pertinente establecer que los términos "manifiesto" e "indudable" a los que se alude, no resultan sinónimos pues, por una parte, manifiesto es dar a conocer, poner a la vista los argumentos en los cuales el juzgador se va a apoyar para que de forma contundente, determine la causa de improcedencia que en la especie se actualiza y que, por ende, le permita desechar de plano la demanda de garantías, e "indudable" significa evidente, lo que no se puede poner en duda; entonces, al contener significados distintos, deben aplicarse en forma individual, esto es, para que cuando el juzgador ante un caso de manifiesta improcedencia, ya sea porque se actualiza plenamente cualquiera de las diecisiete causas de improcedencia establecidas en el artículo 73 de la ley de la materia o, en su caso, la última de las fracciones contempladas en dicho precepto en relación con cualquier otro artículo de la misma ley o de la Constitución, proceda a desechar de plano la demanda de garantías y no así, la admisión y tramitación del juicio, ya que a nada jurídicamente práctico se llegaría con dicho trámite si se conoce desde un inicio el resultado, sobre todo porque en nada beneficiaría a las partes, primordialmente al quejoso, al cual incluso se le podría dejar en estado de indefensión, además de que se contravendría lo dispuesto en el artículo 17 constitucional, al no impartir una justicia pronta y expedita". Por otro lado, es menester destacar que el análisis de las causas de sobreseimiento, constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia; además, las causas de sobreseimiento establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo. Al respecto, es dable invocar la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, visible en la Décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, libro XVI, enero de 2013, tomo 3, página 2066, registro electrónico 2002537, consultable con el epígrafe y contenido siguientes: "IMPROCEDENCIA EN EL JUICIO DE AMPARO. EL ANÁLISIS DE LAS CAUSAS RELATIVAS NO CONFIGURA UNA DENEGACIÓN DE JUSTICIA EN TÉRMINOS DE LOS ARTÍCULOS 8, NUMERAL 1, DE LA CONVENCIÓN AMERICANA SOBRE DERECHOS HUMANOS Y 17 DE LA CONSTITUCIÓN FEDERAL. El artículo 8, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos (Pacto de San José de Costa Rica), consagra como un derecho humano de toda persona el de la protección judicial, al establecer el derecho a un recurso sencillo y rápido ante los Jueces o tribunales competentes, que ampare contra actos que violen sus derechos fundamentales reconocidos por la Constitución, la ley o la convención; en tanto que el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, garantiza la tutela judicial efectiva, que se traduce en el derecho subjetivo público a favor de todo gobernado para acudir ante tribunales independientes e imparciales, a fin de plantear una pretensión o a defenderse de ella, para que dentro de los plazos legales, así como de manera expedita, mediante la previa instauración de un proceso en el que se respeten diversas formalidades esenciales, pueda resolverse aquélla mediante la emisión de una sentencia y su posterior ejecución, razón por la cual, los órganos jurisdiccionales deben abstenerse de caer en formas o rigorismos jurídicos que obstaculicen un real y efectivo acceso a la justicia. Sobre esa base, se tiene que al estimarse el juicio constitucional como un medio extraordinario de defensa, el quejoso debe cumplir con los requisitos de su procedencia; lo cual, de ninguna manera implica que se le esté negando al promovente su derecho fundamental de acceso a la justicia, ya que si se permite acudir al juicio de amparo en todo momento, podría generar una saturación de los tribunales federales, en perjuicio del propio gobernado, así como un retardo generalizado en la administración de justicia con motivo de la interposición de interminables juicios de amparo; por ende, el análisis de las causales de improcedencia constituye un parámetro objetivo que cumple a cabalidad con el estándar internacional y que, no configura una denegación de justicia". En ese mismo tenor, es aplicable la tesis consultable en la Décima época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta de la instancia de los Tribunales Colegiados de Circuito, libro XXIII, agosto de 2013, tomo 3, página 1641, registro electrónico 2004217, cuyo texto es el siguiente: "DERECHOS HUMANOS. LA REFORMA CONSTITUCIONAL EN ESA MATERIA NO PERMITE CONSIDERAR QUE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA DEL JUICIO DE AMPARO SEAN INAPLICABLES Y, POR ELLO, SE LESIONE EL DERECHO DE ACCESO A LA JUSTICIA. Mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación fue reformado, además de otros, el artículo 1o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos con el fin de precisar, entre otras cuestiones, que en este País todas las personas gozarán de los derechos humanos reconocidos en la Constitución y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, así como de las garantías para su protección; que las normas relativas a los derechos humanos se interpretarán de conformidad con dicha Constitución y con los tratados internacionales de la materia, favoreciendo en todo tiempo a las personas con la protección más amplia, y que todas las autoridades, en el ámbito de sus competencias, tienen la obligación de promover, respetar, proteger y garantizar los derechos humanos. Ahora bien, los artículos 17 constitucional y 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, que reconocen el derecho de las personas a que se les administre justicia, el acceso a ésta y a contar con un recurso sencillo y rápido, o efectivo, de ninguna manera pueden ser interpretados en el sentido de que las causales de improcedencia del juicio de amparo sean inaplicables, ni que el sobreseimiento en él, por sí, viola esos derechos. Por el contrario, como el derecho de acceso a la justicia está condicionado o limitado a los plazos y términos que fijen las leyes, es claro que en ellas también pueden establecerse las condiciones necesarias o presupuestos procesales para que los tribunales estén en posibilidad de entrar al fondo del asunto planteado, y decidir sobre la cuestión debatida. Por tanto, las causales de improcedencia establecidas en la Ley de Amparo tienen una existencia justificada, en la medida en que, atendiendo al objeto del juicio, a la oportunidad en que puede promoverse, o bien, a los principios que lo regulan, reconocen la imposibilidad de examinar el fondo del asunto, lo que no lesiona el derecho a la administración de justicia, ni el de contar con un recurso sencillo y rápido, o cualquier otro medio de defensa efectivo". Háganse las anotaciones respectivas en el libro de Gobierno. DOMICILIO Se tiene como domicilio para oír y recibir notificaciones los estados de este juzgado. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO Por otra parte, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita, como lo ordena el artículo 17 de la Constitución General de la República; además, de que el artículo 21, párrafo tercero, de la Ley de Amparo impone el cuidar de que los juicios de amparo no queden paralizados, para el caso de que en el presente juicio de amparo deban de realizarse notificaciones personales a cualesquiera de las partes que intervienen en el mismo, se habilitan los días y horas inhábiles que resulten necesarios para que el funcionario judicial de la adscripción pueda efectuar las mismas. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN Finalmente, en cumplimiento a lo dispuesto por los artículos 8o de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, 8o, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la Aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la información Pública Gubernamental, dígase a las partes, que la sentencia que se dicte en este juicio, estará a disposición del público para su consulta, cuando así lo soliciten, conforme al procedimiento de acceso a la información, así también, el derecho que les asiste, para manifestar, hasta antes de que se dicte el fallo, su voluntad de que su nombre y datos personales se incluyan en la publicación, en la inteligencia de que la falta de oposición conlleva su consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. Notifíquese a la parte quejosa por lista; mediante oficio a la autoridad responsable. Así lo proveyó y firma el Juez José Antonio Lozano Batarse, titular del Juzgado Tercero de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, asistido del secretario que autoriza, José Mario Mejía Ceceña Trasfí, a quien faculta a firmar el oficio que se expida, quien además certifica que la promoción que generó este acuerdo y el proveído mismo se encuentran debidamente incorporados al expediente electrónico. Doy fe.
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