Víctor Manuel Díaz Martínez

Expediente 1522/2021 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Quintana Roo, con residencia en Cancún. 23 actuaciones registradas, la última del 9 de febrero de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1522/2021
Año
2021
Actuaciones
23
Última actuación
09/02/2023

Partes del expediente

  • Víctor Manuel Díaz Martínez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 23.

  1. Principal

    :. Agréguese a los autos el oficio remitido por la secretaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, mediante el cual transcribe el acuerdo dictado el veinte de enero de dos mil veintitrés, en el que se declaró que existe imposibilidad jurídica para dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo... acúsese recibo vía electrónica... archívese como asunto concluido... se tiene por hecha la certificación secretarial relativa a la coincidencia total entre la versión electrónica del presente expediente con su versión impresa... se declara que este asunto carece de relevancia documental... el presente expediente es susceptible de depuración... el original del incidente de suspensión es depurable una vez transcurrido el plazo de tres años... se determina que el duplicado del incidente de suspensión es destruible.

  2. Principal

    :. Agréguese a los autos para que obre como corresponda, el oficio firmado por el Actuario Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito, mediante el cual transcribe el proveído de catorce de julio de dos mil veintidós, dictado en el incidente de inejecución de sentencia 10/2022 del índice del tribunal de su adscripción, en el que se admitió a trámite dicho incidente; de lo que este órgano toma conocimiento para los efectos legales correspondientes.

  3. Principal

    Visto el estado que guardan los autos y la certificación que antecede, se advierte que ha fenecido el término de quince días con el que contaba la parte quejosa y tercera interesada para inconformarse del auto de uno de junio de dos mil veintidós, en el que se declaró la imposibilidad jurídica para dar cumplimiento a la totalidad del fallo protector dictada en el presente juicio. En ese sentido, con fundamento en los artículos 193 y 196, último párrafo, de la Ley de Amparo y en los artículos 39 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, y Único del Acuerdo General 37/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, haciendo uso de medios electrónicos -salvo que exista imposibilidad técnica, en cuyo caso podrá enviarse físicamente- remítase el presente expediente al Tribunal Colegiado del Vigésimo Séptimo Circuito en turno, por conducto de la oficina de correspondencia de los tribunales colegiados en esta ciudad, para que determine lo conducente respecto de la imposibilidad jurídica para dar cumplimiento a la totalidad del fallo protector dictada en el presente juicio.

  4. Principal

    :.Visto el estado que guardan los presentes autos y atento al contenido de la certificación secretarial, se advierte que a la fecha ha transcurrido el plazo de tres días, otorgado a la parte quejosa y tercero interesado a fin de que manifestaran lo que a su derecho conviniera en relación a la vista concedida en proveído de veintiocho de abril de dos mil veintidós, sin que la desahogaran; en consecuencia, este órgano constitucional procede a determinar si ha quedado cumplida la ejecutoria dictada en este asunto, para lo cual es preciso señalar lo siguiente: 1. Mediante sentencia dictada el seis de abril de dos mil veintidós, se concedió el amparo y la protección de la Justicia Federal a Víctor Manuel Díaz Martínez, por propio derecho, para que la Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Playa del Carmen, Quintana Roo, realizara lo siguiente: a) Dejará insubsistente la resolución interlocutoria de veintinueve de octubre de dos mil veintiuno, dictada en el incidente de sustitución patronal derivado del juicio laboral 390/2007, de su índice. b) En su lugar emitiera otra resolución, en la que, dejando intocado lo que no es materia de la protección constitucional, realizara lo siguiente:  Indicara con claridad por qué otorgó valor probatorio a la prueba instrumental de actuaciones relativa a las constancias integrantes del diverso juicio laboral 172/2007 de su índice, que obran en el juicio natural, para resolver el incidente de sustitución patronal que nos ocupa, debiendo considerar que la sola identidad de los demandados sustitutos y las acciones, es insuficiente para demostrar la relevancia probatoria a la que arribó con su contenido.  Señalara qué valor probatorio merecía la prueba instrumental de actuaciones ofrecida por la parte demandada sustituta, aquí quejosa, en el incidente de sustitución patronal. c) Una vez subsanado lo anterior, con plenitud de jurisdicción resolviera el incidente de sustitución patronal conforme a derecho. 2. Por acuerdo de dieciocho de abril de dos mil veintidós, se recibió la promoción con registro 6460, por la cual la autoridad responsable Junta Especial de Conciliación y Arbitraje de Playa del Carmen, Quintana Roo, por conducto de su Presidente, remitió fotocopia certificada 1] de la credencial para votar expedida por el Instituto Nacional Electoral a favor de Víctor Manuel Díaz Martínez y Karla Adriana Álvarez Aguilar, y 2] auto de cinco de abril de dos mil veintidós, dictado en autos del juicio laboral 390/2007 de su consecutivo, en el que las partes celebraron un convenio para cumplir con el laudo dictado en el juicio laboral, el cual fue aprobado por la junta responsable. 3. Por auto de veintiocho de abril de dos mil veintidós, causó ejecutoria la sentencia dictada por este órgano jurisdiccional y se dio vista a las partes con las constancias remitidas por la junta responsable descritas en el apartado anterior, a fin de que dentro del plazo de tres días manifestara lo que a su interés conviniera; sin que ejerciera ese derecho; ahora, en atención a su contenido, este órgano jurisdiccional provee lo siguiente: i] Vistas las fotocopias certificadas remitidas por la autoridad responsable que, por constituir documentos públicos, cuentan con pleno valor probatorio al tenor de los numerales 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se advierte que existe imposibilidad jurídica para dar cumplimiento total al fallo protector, sin responsabilidad para las autoridades responsables. En efecto, de lo relatado se desprende que el amparo concedido en el presente juicio de amparo implicaba dejar insubsistente la resolución incidental de sustitución patronal reclamada y, emitir otra purgando los vicios formales advertidos en el fallo protector; ahora, tomando en consideración que en convenio celebrado ante la junta responsable, la parte actora y el demandado sustituto celebraron un convenio para cumplir con la condena decretada el laudo arbitral, se reconocieron mutuamente su personalidad y señalaron fechas para los pagos parciales de la condena decretada. Lo anterior, evidencia el impedimento jurídico que existe para llevar a cabo el cumplimiento de la sentencia de amparo, toda vez que las partes ya han convenido un arreglo que da fin al procedimiento incidental de sustitución patronal, pues quien fue designado demandado sustituto aceptó expresamente la obligación como patrón en aquella contienda al comprometerse al pago de lo laudado en las fechas ahí precisadas; de ahí que al haber concluido la controversia incidental de sustitución patronal, no sea posible requerir a la autoridad responsable que emita una nueva determinación, sobre un tópico respecto del que ya no existe controversia entre las partes interesadas. Por tanto, con fundamento en el artículo 196, párrafo tercero, de la Ley de Amparo, se declara la imposibilidad jurídica para dar cumplimiento a la totalidad del fallo protector, sin responsabilidad para la autoridad responsable. En ese orden de ideas, con fundamento en los artículos 201, fracción II, y 202 de la ley de la materia, dese vista a la parte quejosa y tercero interesada por el plazo de quince días, a fin de que manifiesten lo que a su interés convenga en relación con declaración de imposibilidad jurídica para verificar el cumplimiento de la sentencia de amparo de referencia. Finalmente, una vez que transcurra el plazo mencionado, en caso de no recurrirse este acuerdo, con apoyo en los artículos 193 y 196, último párrafo de la Ley de Amparo, previo cuaderno de antecedentes que se forme, remítanse los presentes autos al Tribunal Colegido del Vigésimo Séptimo Circuito, con residencia en esta ciudad, en turno, por conducto de su oficina de correspondencia común, para que determine lo conducente, solicitando se sirva ordenar el acuse de recibo correspondiente. Sustenta lo anterior, la jurisprudencia con datos de localización, rubro y texto siguientes: "Época: Décima Época Registro: 2017828 Instancia: Pleno Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 58, Septiembre de 2018, Tomo I Materia(s): Común Tesis: P./J. 23/2018 (10a.) Página: 274 RECURSO DE INCONFORMIDAD. PROCEDE CONTRA EL ACUERDO DEL JUEZ DE DISTRITO EN EL QUE DECLARA QUE EXISTE IMPOSIBILIDAD MATERIAL O JURÍDICA PARA CUMPLIR LA EJECUTORIA DE AMPARO. En términos de los párrafos segundo y último del artículo 196 de la Ley de Amparo, cuando el Juez de Distrito considera que una sentencia de amparo indirecto es de imposible cumplimiento, debe esperar a que transcurra el plazo de 15 días a que se refiere el numeral 202 de la ley citada, y si no se interpone recurso de inconformidad, debe aplicar por analogía el trámite del incidente de inejecución de sentencia y enviar los autos del juicio al Tribunal Colegiado de Circuito que corresponda quien los recibirá, notificará a las partes su radicación, revisará el trámite del Juez del conocimiento y emitirá una resolución en la que determine la existencia de una imposibilidad para el cumplimiento, pues así se asegura que una determinación de tal naturaleza sea revisada, de oficio, por el superior jerárquico del Juez a quo, que en el caso lo es el Tribunal Colegiado de Circuito. Sin embargo, si dentro del plazo de 15 días se interpone recurso de inconformidad, en términos del artículo 201, fracción II, de la ley mencionada, ese medio de impugnación debe declararse procedente contra la resolución del Juez de Distrito y no de la que emita el Tribunal Colegiado de Circuito en la que confirme la existencia de dicha imposibilidad pues, acorde con el punto cuarto fracción IV, del Acuerdo General Número 5/2013, de trece de mayo de dos mil trece, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativo a la determinación de los asuntos que el Pleno conservará para su resolución, y el envío de los de su competencia originaria a las Salas y a los Tribunales Colegiados de Circuito, modificado mediante el Instrumento Normativo aprobado por el propio Pleno el cinco de septiembre de dos mil diecisiete, no cabría interponer el recurso de inconformidad contra la resolución emitida por el Tribunal Colegiado de Circuito en términos del artículo 196 de la ley de la materia, en razón de que la competencia para resolver dichos recursos recae, precisamente, en esos órganos colegiados, derivado, además, de que deben ser los propios órganos jurisdiccionales que tramitaron el juicio de amparo (Jueces de Distrito en amparo indirecto y Tribunales Colegiados de Circuito en amparo directo) los que en primera instancia se pronuncien sobre la existencia de una imposibilidad para cumplir el fallo constitucional y, eventualmente, conozcan y resuelvan con efectos vinculantes, cuando cause estado la interlocutoria respectiva, las solicitudes que en su oportunidad se presenten sobre el cumplimiento sustituto, determinando si ha lugar o no a dicho cumplimiento, de modo que la Suprema Corte únicamente se ocupe de aquellas gestiones que se le planteen sobre tales temas en los incidentes de inejecución radicados ante ella." Lo anterior, hágase del conocimiento de la autoridad responsable vía oficio, para los efectos legales a que haya lugar.

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