Víctor Manuel De las Fuentes Nelson

Expediente 192/2022 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Oaxaca. 35 actuaciones registradas, la última del 12 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
192/2022
Año
2022
Actuaciones
35
Última actuación
12/09/2022

Partes del expediente

  • Víctor Manuel De las Fuentes Nelson
  • Titular de la Subdelegación Santa María Huatulco, Órgano Operativo del Órgano de Operación Administrativa desconcentrada Delegación Estatal Oaxaca del Instituto Mexicano de Seguro Social de Huatulco

Actuaciones

Las 4 más recientes de 35.

  1. Incidental

    Salina Cruz, Oaxaca, doce de septiembre de dos mil veintidós. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Destino. Asimismo, al tratarse de un asunto en el que se concedió la medida cautelar provisional y definitiva a la parte quejosa, de conformidad con el artículo 18, fracción I, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, este expediente es depurable. En tal virtud, con fundamento en el citado numeral 18 del referido Acuerdo, una vez transcurrido el término de tres años, procédase a su depuración, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que alude el mencionado precepto, deberá solicitarse la transferencia de este expediente a los depósito documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Por otra parte, se destaca que en este incidente no existen documentos ofrecidos por las partes a devolver, considerados como originales por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contenga un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (excepción de la demanda). Destrucción del duplicado del incidente de suspensión. El duplicado del cuaderno incidental es susceptible de destrucción, en términos de los dispuesto en la fracción II, inciso a), del artículo 20 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de diecisiete de marzo de dos mil veinte, hecho que deberá realizarse una vez transcurridos seis meses siguientes a partir de que se dicta el presente acuerdo, de conformidad a lo establecido en el ordinal 24, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expediente destruido, tal y como lo dispone su numeral 22, y para los efectos precisados en el diverso 23. Anotaciones. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Notifíquese.

  2. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, doce de septiembre de dos mil veintidós. Archivo del expediente. Por otra parte, no existiendo asunto pendiente de diligenciar, con fundamento en el artículo 21, inciso b), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, de conformidad a lo establecido en los ordinales 22, 23 y 24, archívese este expediente como definitivamente concluido. Relevancia documental. Se estima que este asunto carece de relevancia documental, porque no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Se destaca que en este expediente no se concedió suspensión de plano del acto reclamado, ni existe documento considerado como original por el artículo 3, fracción XVIII, del Acuerdo General, esto es, que contiene un rasgo distintivo o signo de puño y letra que sea insustituible por otro (con excepción de la demanda). Destino. Además, al tratarse de un asunto sobreseído fuera de audiencia, de conformidad a lo previsto en el artículo 21, inciso b), del citado acuerdo, este expediente es destruible. En tal virtud, con fundamento en el citado artículo 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, una vez transcurridos tres años, a partir de la fecha en que se emite este auto, procédase a su destrucción, por lo que una vez cumplido ese plazo, previo acuerdo de desincorporación de las constancias a que laude el citado numeral, deberá solicitarse la transferencia de este expediente a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación. Archivo del incidente de suspensión. Respecto al archivo del incidente de suspensión que deriva de este juicio de amparo, acuérdese lo conducente en dicho cuaderno. Ley de Transparencia. Hágase saber a las partes, que de conformidad con el artículo 73 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública se pondrá a disposición del público las sentencias que hayan causado estado o ejecutoria, en el entendido que la versión pública de las sentencias ejecutorias y las demás resoluciones, así como de las constancias que obren en el expediente, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, procurando que la supresión no impida conocer el criterio sostenido por este Tribunal, en términos del precepto 8 del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese.

  3. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, once de agosto de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los autos se advierte que en proveído de veintidós de junio de dos mil veintidós, se otorgó un plazo de veinte días al quejoso Víctor Manuel de las Fuentes Nelson para el efecto de que se presentará en el local de este juzgado a recoger los edictos para emplazar al presente juicio de amparo al tercero interesado ********** Con motivo de lo anterior, se advierte que en el caso se actualiza la causa de sobreseimiento prevista en el artículo 63, fracción II, en relación con el diverso 27, fracción III, inciso b), párrafo segundo, de la Ley de Amparo, que refieren: "Artículo 63. El sobreseimiento en el juicio de amparo procede cuando: . II. El quejoso no acredite sin causa razonable a juicio del órgano jurisdiccional de amparo haber entregado los edictos para su publicación en términos del artículo 27 de esta Ley una vez que se compruebe que se hizo el requerimiento al órgano que los decretó;" Artículo 27. Las notificaciones personales se harán de acuerdo con las siguientes reglas: .III. Cuando no conste en autos domicilio para oír notificaciones, o el señalado resulte inexacto: . b) Tratándose de la primera notificación al tercero interesado y al particular señalado como autoridad responsable, el órgano jurisdiccional dictará las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue su domicilio y podrá requerir a la autoridad responsable para que proporcione el que ante ella se hubiera señalado. Siempre que el acto reclamado emane de un procedimiento judicial la notificación se hará en el último domicilio señalado para oír notificaciones en el juicio de origen. Si a pesar de lo anterior no pudiere efectuarse la notificación, se hará por edictos a costa del quejoso en términos del Código Federal de Procedimientos Civiles. En caso de que el quejoso no acredite haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, se sobreseerá el amparo." Del precepto transcrito queda patente que: a) En primera instancia, el emplazamiento a juicio de los terceros interesados se hará mediante notificación personal. b) Cuando no conste en autos el domicilio de los terceros interesados, ni designación de casa o despacho para oír notificaciones, el empleado lo asentara así y dará cuenta al presidente del Tribunal Colegiado de Circuito correspondiente, al Juez o a la autoridad que conozca del asunto. c) Los órganos jurisdiccionales que conozcan del juicio de amparo deben dictar las medidas necesarias con el propósito de investigar el domicilio del tercero referido. d) Si a pesar de la investigación se desconoce el domicilio, la primera notificación se hará por edictos a costa del quejoso. De lo transcrito y señalado, se advierte que la Ley de Amparo establece concretamente la forma en que deben ser emplazados a juicio el o los terceros interesados, lo cual debe hacerse mediante notificación personal, siempre que se conozca o logre investigar su domicilio o por medio de edictos a costa del quejoso, si se ignora aquél. Por otro lado, de igual forma se debe tomar en consideración que los artículos 5, fracción III, inciso b) y 61 de la Ley de Amparo, que establecen lo siguiente: "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: (.) III. El tercero interesado, pudiendo tener tal carácter: (.) b). La contraparte del quejoso cuando el acto reclamado emane de un juicio o controversia del orden judicial, administrativo, agrario o del trabajo; o tratándose de persona extraña al procedimiento, la que tenga interés contrario al del quejoso; (.)." "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." De la interpretación sistemática de lo dispuesto en el citado artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con lo previsto en los diversos numerales 27, fracción III, inciso b), y 5, fracción III, inciso b) del mismo ordenamiento, así como en el precepto 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se llega al convencimiento de que la contumacia en que incurre el quejoso al no presentar la publicación de los edictos ordenados para emplazar a juicio al tercero interesado, impide cumplir con un presupuesto procesal que se rige con formalidad esencial del procedimiento, que hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional, con lo que se actualiza una causa de improcedencia. En efecto, el artículo 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo dispone que, si se desconoce el domicilio del tercero interesado, el juzgador Federal debe dictar las medidas que estime pertinentes con el propósito de que se investigue aquél y si a pesar de la investigación se desconoce el domicilio, impone al quejoso la obligación de solventar los gastos necesarios para realizar el emplazamiento por edictos a los terceros interesados; en esta hipótesis, y una vez que ha sido admitida la demanda de amparo se advierte que no se conoce el domicilio del tercero en cita, ya sea porque el quejoso lo ignora, o bien, porque no corresponden al que señaló en su demanda, en términos de lo previsto en el numeral 108, fracción II, de la ley de la materia, el juzgador de amparo dictará las medidas pertinentes para investigarlo, y cuando estime que éstas resultaron infructuosas ordenará que el emplazamiento respectivo se realice por edictos, los que serán a costa del quejoso. Es decir, el emplazamiento del tercero interesado *****, para tener por válidamente constituida la relación jurídica procesal, está condicionado a que el quejoso realice el pago de los edictos respectivos y lo exhiba, siendo que el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de amparo a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional. Por ello, en atención a la posición jurídica que guarda el tercero interesado, en relación con el acto reclamado, debe estimarse que su emplazamiento al juicio constituye un auténtico presupuesto procesal del procedimiento. En ese tenor, tomando en cuenta la naturaleza del juicio de amparo, así como las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen a todo juicio, en virtud de que las determinaciones que se adopten en el juicio de amparo pueden llegar a afectar su esfera jurídica, debe estimarse que su emplazamiento al juicio de amparo constituye un presupuesto procesal cuyo incumplimiento, es atribuible a la parte quejosa por la falta de exhibición de los edictos o las constancias que acrediten las gestiones necesarias para tal fin, lo que impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por ende, torna improcedente el respectivo sumario, pues constitucionalmente no es válido que un órgano jurisdiccional resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a juicio a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución. En efecto, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por la falta de publicación de los edictos ordenados a costa del quejoso, para lograr el emplazamiento de la tercera interesada, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Carta Magna, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional sino al quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela dicho precepto 17 constitucional, pues la parte quejosa está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del impetrante, pues con la omisión impide que se constituya válidamente la relación jurídica procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad, razones estas que llevan a determinar el sobreseimiento en el juicio constitucional. No obsta a la anterior el que la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se haya pronunciado en el sentido de que la falta o incorrecto señalamiento del domicilio del tercero interesado no provoca el sobreseimiento en el juicio, pues a tal conclusión se llegó considerando que, en tal caso, el juzgador de amparo debe agotar el procedimiento previsto en el artículo 27, fracción III, inciso b) de la Ley de Amparo, sin que en el precedente respectivo se estudiaran las consecuencias que provoca la contumacia del quejoso, en cuanto a la obligación que le impone este último numeral, aunado a que tal fallo no desconoció los efectos que finalmente provoca el hecho de que el legislador haya establecido como regla general la obligación de la parte quejosa de precisar el domicilio del tercero interesado. La tesis respectiva lleva por rubro, texto y datos de identificación siguientes: **********Ahora bien, en proveído de veintisiete de abril de dos mil veintidós, se ordenó la investigación oficiosa del domicilio del tercero interesado Craig Hudson. Una vez agotada la búsqueda aludida, por auto de veintidós de junio del año en curso, se ordenó el emplazamiento del aludido tercero interesado por medio de edictos, otorgándole a la parte quejosa un término de veinte días legalmente computados para recogerlos, bajo el apercibimiento que de no hacerlo en el plazo establecido, se decretaría el sobreseimiento en el presente juicio de amparo. Luego, de la certificación que antecede, se constata que el término otorgado a la parte quejosa en el proveído referido transcurrió del treinta de junio al veintisiete de julio de la presente anualidad, sin que acreditara ante este órgano jurisdiccional haber realizado las gestiones necesarias para la publicación de los citados edictos, no obstante de estar legal y oportunamente notificada para tal efecto. Por otro lado, tampoco hizo pronunciamiento alguno en relación con la imposibilidad para cubrir un gasto de esa naturaleza, o que, en concepto de este juzgador, de los elementos que constan en autos existan indicios que demuestren que la parte agraviada no tiene la capacidad económica para sufragar un pago semejante. En efecto, el párrafo segundo, inciso b), de la fracción III, del artículo 27 de la Ley de Amparo, impone a la parte quejosa la obligación de acreditar haber entregado para su publicación los edictos dentro del plazo de veinte días siguientes al en que se pongan a su disposición, para realizar el emplazamiento del tercero interesado; pues, dicho emplazamiento permite tener constituida la relación jurídica procesal y ello está condicionado a que la parte quejosa realice el pago de los edictos respectivos, o en su caso, se tuviera por acreditada su imposibilidad para solventar dicho gasto, ya que, de estimarse lo contrario, el incumplimiento de tal obligación provoca que no pueda tenerse por llamado al juicio de amparo a un gobernado, que con motivo de la emisión del acto reclamado recibió algún beneficio en su esfera jurídica, ni mucho menos que pueda ser resuelto el juicio constitucional. Por tanto, es claro que al quedar paralizado el juicio constitucional por la falta de publicación de los edictos, a costa del quejoso, para lograr el emplazamiento del tercero interesado Craig Hudson, se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ya que se entorpece la administración de la justicia por retardarse la solución del conflicto, sin que esto sea atribuible al órgano jurisdiccional sino a la parte quejosa, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público que tutela el numeral en comento, ya que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y que no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso de la parte quejosa, pues con la falta de emplazamiento de dicho tercero interesado, se impide que se constituya válidamente la relación jurídica procesal, contraviniéndose con ello el interés común de la sociedad, razones estas que llevan a determinar el sobreseimiento en el juicio constitucional. En relatadas condiciones, lo procedente es SOBRESEER EN EL PRESENTE JUICIO DE AMPARO, lo anterior con fundamento en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el artículo 108, fracción II, en concordancia con el 63, fracción II, todos de la Ley de Amparo. ***************Así también, conviene precisar que al considerar procedente sobreseer en el juicio por actualizarse una causal de improcedencia manifiesta y notoria, no se le restringe al impetrante del amparo un efectivo acceso a la justicia tutelado en el numeral 17 de la Constitución Federal, ni el diverso numeral 8.1 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, pues de su interpretación se advierte que garantizan el derecho fundamental a favor de los gobernados relativo al acceso efectivo a la justicia, que consiste en la posibilidad de ser parte dentro de un proceso y a promover la actividad jurisdiccional que, una vez cumplidos los respectivos requisitos procesales, permita obtener una decisión en la que se resuelva sobre las pretensiones deducidas. Es así, ya que el acceso a la justicia no se encuentra mermado por la circunstancia de que las leyes ordinarias establezcan requisitos de procedencia y plazos para ejercer un derecho, porque tales disposiciones refieren que toda persona tiene derecho a ser oída con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable por un juez o tribunal competente; sin embargo, ese derecho es limitado, pues para que pueda ser ejercido es necesario cumplir con los presupuestos formales y materiales de admisibilidad y procedencia para ese tipo de acciones, lo cual, además, brinda certeza jurídica. Además, con la reforma al artículo 1 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, de diez de junio de dos mil once, implica la modificación del sistema jurídico mexicano para incorporar el denominado principio pro persona, el cual consiste en brindar la protección más amplia al gobernado, así como los tratados internacionales en materia de derechos humanos, entre ellos el derecho a un recurso efectivo, previsto en el artículo 25 de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, ello no significa que en cualquier caso el Juez de Amparo deba resolver el fondo del asunto, sin que importe la verificación de los requisitos de procedencia previstos en la Ley de Amparo para la interposición de cualquier medio de defensa, ya que las formalidades procesales son la vía que hace posible arribar a una adecuada resolución, por lo que tales aspectos, por sí mismos, son insuficientes para declarar procedente lo improcedente.**********Finalmente, se deja sin efectos la fecha señalada para las diez horas con quince minutos del veintiséis de agosto de dos mil veintidós, a fin de que tuviera verificativo la audiencia constitucional. Notifíquese personalmente a las partes.

  4. Principal

    Salina Cruz, Oaxaca, veinticinco de julio de dos mil veintidós. Visto el estado que guardan los autos, de los que se advierte que se encuentra transcurriendo el término concedido al quejoso Víctor Manuel de las Fuentes Nelson, para recoger los edictos ordenados para su publicación o manifestar y justificar, en su caso, su imposibilidad para cubrir ese gasto; en consecuencia, se difiere la audiencia constitucional señalada para hoy, y se fijan las diez horas con quince minutos del veintiséis de agosto de dos mil veintidós, para su celebración, siendo factible que se lleve a cabo sin la asistencia de las partes, circunstancia que no las deja en estado de indefensión, en virtud de que podrán presentar por escrito alegatos de manera física o electrónica, de conformidad con el artículo 25 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en relación con el punto 16 de las preguntas y respuestas emitidas por la Secretaría Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del propio Consejo, en torno al acuerdo mencionado; salvo que manifiesten oportunamente su deseo de estar presente. Notifíquese.

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