Victor Manuel de la Torre Ramirez

Expediente 176/2020 tramitado ante el Juzgado Décimo de Distrito en el Estado de Guanajuato. 4 actuaciones registradas, la última del 5 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
176/2020
Año
2020
Actuaciones
4
Última actuación
05/03/2021

Partes del expediente

  • Victor Manuel de la Torre Ramirez

Actuaciones

  1. Principal

    ... Visto el estado procesal que guardan los autos y la suspensión de las labores ordinarias en los órganos jurisdiccionales del Poder Judicial de la Federación, por el período comprendido del veintiuno de diciembre de dos mil veinte al uno de marzo de la anualidad que transcurre , así como el periodo de transición correspondiente a los días dos y tres de marzo en cita, lo que implicó que no corrieran términos constitucionales, ni se realizaran actuaciones judiciales. En consecuencia, toda vez que mediante circular SECNO/13/2021 relativo a la "Propuesta de medidas que deben adoptarse en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19", se ordenó la reanudación de las labores ordinarias de los órganos jurisdiccionales, se procede y se provee: SE ACUERDA PROMOCIÓN Téngase por recibido el oficio de cuenta, que remite el Secretario de Acuerdos de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato, con sede en la capital; en atención a su contenido se le tiene acusando recibo del oficio 16790/2020, del índice de este Juzgado, así como del original del toca ********************, en un tomo. Finalmente, devuélvanse los autos al archivo.

  2. Principal

    ...Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, así como la certificación de cuenta, se advierte que la sentencia de treinta de octubre del año en curso, en la que se sobreseyó el juicio que nos ocupa, no fue recurrida dentro del término legal; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo, se declara que HA CAUSADO EJECUTORIA. Sin que haya lugar a realizar el cómputo a las demás partes para la interposición del citado recurso, en atención a que lo resuelto no les irroga perjuicio alguno. Sirve de apoyo a lo anterior, por las razones que la informan, la tesis 2a./J.6/2017, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 556, Tomo I, Febrero de 2017, Décima Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, con número de registro 2013630, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguientes: "RECURSO DE REVISIÓN. ES IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR EL TERCERO INTERESADO CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO INDIRECTO QUE SOBRESEYÓ EN EL JUICIO. Conforme a los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 5 y 6 de la Ley de Amparo, el juicio constitucional procede a petición de la parte agraviada; es decir, la persona física o moral a quien la norma general o el acto reclamado afecte de forma real y actual su esfera jurídica, cuya pretensión es que se le restituya en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación y, en su caso, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que éste exija. En ese sentido, el recurso de revisión es improcedente contra la resolución que sobresee en el juicio de amparo indirecto interpuesto por el tercero interesado -quien posee ese carácter por tener un interés en que el acto reclamado subsista-, pues el principio de agravio personal y directo rige al juicio constitucional en todas sus etapas y, consecuentemente, reserva este recurso en forma exclusiva al quejoso, quien es el único que se ve afectado por ese sobreseimiento, pues va contra su pretensión de que se analice el fondo del asunto. Finalmente, el derecho de acceso a la justicia del tercero interesado para combatir no se limita, en tanto tiene a su alcance la revisión adhesiva, en caso de que su contraparte interponga la revisión principal". En esas condiciones, al no existir diligencias pendientes por desahogar, téngase este asunto como totalmente concluido y SE ORDENA SU ARCHIVO JUDICIAL en términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales. VALORACIÓN: No es de relevancia documental. DESTINO: Expediente principal. Es DESTRUIBLE en el plazo de tres años, contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental original. Es DEPURABLE en el plazo de tres años contado a partir de la fecha del presente auto. Expediente incidental duplicado. Es DESTRUIBLE en el plazo de seis meses, contado a partir de la fecha en que se actúa. EXISTENCIA DE DOCUMENTOS. Las partes no allegaron documentos al presente juicio. Lo anterior, en cumplimiento a los artículos 12, 15 interpretado a sentido contrario, 18, fracción I, inciso a), 20 párrafo primero, fracción II, inciso a), y 21, párrafo primero, inciso a), del Acuerdo en cita. Realícese la certificación en la fecha de la remisión física de los cuadernos y el estampado de los sellos pertinentes en las carátulas de los expedientes. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E). Por otra parte, devuélvanse a las autoridades responsables Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado de Guanajuato y Juez de Partido Especializado en Materia Familiar de Salamanca, Guanajuato, las constancias que allegaron al presente juicio, consistentes en el original del toca ********** y en copia certificada del expediente **********, constantes en un tomo cada una de ellas, por ser innecesario conservarlas. Solicítese el acuse de recibo correspondiente a la Sala responsable. Finalmente, se requiere a la juez responsable para que se abstenga de acusar recibo del oficio que este Juzgado le remite, salvo en aquellos casos en los que de manera expresa le sea solicitado, ello atendiendo a las cargas de trabajo con las que cuenta este órgano jurisdiccional.

  3. Principal

    ...TERCERO. Existencia de los actos reclamados. El Magistrado Propietario de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, en Guanajuato, y el Juez de Partido Especializado en Materia Familiar de Salamanca, Guanajuato, al rendir su respectivo informe con justificación aceptaron la existencia del acto que se les reclamó, esto es, la existencia de la determinación judicial dictada en el toca indicado, como la ejecución de la misma; entonces, dicha aceptación resulta apta e idónea para tener por ciertos los referidos actos para efectos del presente juicio de amparo, y en su caso, estudiar su constitucionalidad. Encuentra fundamento lo anterior en la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del rubro y texto siguiente: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto" Acto que se corrobora con el original del expediente del toca *** que el Magistrado responsable remitió adjuntó al informe en comento, documentales que cuentan con valor probatorio pleno conforme a los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, conforme al segundo numeral de la misma, al haberse certificado por funcionario público al ejercer sus facultades, y en razón de que estas no se encuentran desvirtuadas. CUARTO. Examen de procedencia. El análisis de la improcedencia del juicio de amparo es de carácter oficioso, de orden público y estudio preferente conforme el artículo 627 de la Ley de Amparo. Acorde al estudio de los autos, se actualiza la hipótesis prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación al diverso 107, fracción V, a contrario sensu de la Ley de Amparo, que establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley" "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte" Del primer artículo preinserto, se advierte que el juicio de amparo es improcedente en los casos en los que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos o de la propia Ley de Amparo. Por su parte, el segundo establece que el juicio de amparo es procedente contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Conviene destacar que el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación se pronunció en cuanto a la procedencia del juicio de amparo indirecto contra actos en el juicio que tengan una ejecución de imposible reparación y al respecto emitió la jurisprudencia P./J. 37/2014 (10a.), cuyo rubro y texto son: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA P./J. 4/2001 (LEY DE AMPARO VIGENTE A PARTIR DEL 3 DE ABRIL DE 2013). Este Tribunal Pleno interpretó en su jurisprudencia P./J. 4/2001 que en contra de la resolución que en el juicio laboral desecha la excepción de falta de personalidad sin ulterior recurso procedía el amparo indirecto, a pesar de que se tratara de una cuestión de índole formal o adjetiva, y aunque no lesionara derechos sustantivos, ya que con esa decisión de cualquier forma se afectaba a las partes en grado predominante o superior. Ahora bien, como a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios."8 De acuerdo con lo anterior, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. Consecuentemente, dada la connotación que el legislador aportó a la ley respecto de lo que debe entenderse por actos de "imposible reparación", no puede seguir siendo aplicable la citada jurisprudencia, ni considerar procedente en estos casos el juicio de amparo indirecto, ya que ésta se generó al amparo de una legislación que dejaba abierta toda posibilidad de interpretación de lo que debía asumirse por dicha expresión, lo cual a la fecha ya no acontece, de modo tal que en los juicios de amparo iniciados conforme la vigente Ley de Amparo debe prescindirse de la aplicación de tal criterio para no incurrir en desacato a este ordenamiento, toda vez que en la repetida jurisprudencia expresamente este Tribunal Pleno reconoció que era procedente el juicio de amparo indirecto "... aunque por ser una cuestión formal no se traduzca en la afectación directa e inmediata de un derecho sustantivo"; concepción que hoy resulta incompatible con el nuevo texto legal, porque en éste reiteradamente se estableció que uno de los requisitos que caracterizan a los actos irreparables es la afectación que producen a "derechos sustantivos", y que otro rasgo que los identifica es la naturaleza "material" de la lesión que producen, expresión esta última que es de suyo antagónica con la catalogación de cuestión formal o adjetiva con la que este Tribunal Pleno había calificado -con toda razón- a las resoluciones que dirimen los temas de personalidad en los juicios ordinarios." De acuerdo con lo anterior, puede afirmarse que el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica en cuanto a la promoción del juicio de amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una definición legal reiteró su propósito de que tanto en los procedimientos judiciales propiamente dichos, como en los procedimientos administrativos seguidos en forma de juicio, se entendiera que esos actos para ser calificados como de imposible reparación necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias afectado al no alterarse ninguno de sus derechos sustantivos. La gravedad de las violaciones de ejecución irreparable está en la infracción inmediata de los derechos fundamentales o sustantivos, en razón de que éstos constituyen una especie de los que la ley fundamental reserva al gobernado como género; mientras el supuesto de los segundos se actualiza esencialmente respecto de los denominados derechos adjetivos o procesales, que sólo producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento, esto es, únicamente hacen nacer la posibilidad de que ello ocurra al momento de resolver la controversia, motivo por el cual es necesario esperar hasta que se dicte la sentencia que, al ser favorable, traerá como resultado que tales efectos o consecuencias se extingan en la realidad de los hechos, sin originar afectación alguna a los derechos fundamentales del gobernado y sin dejar ninguna huella en su esfera jurídica. Precisado lo anterior, conviene destacar, de manera breve, los antecedentes más relevantes del acto reclamado en la presente instancia, de lo que se sigue que tuvo su génesis en el juicio oral ordinario sobre disolución del vínculo matrimonial *** del índice del Juzgado de Partido Especializado en Materia Familiar, con sede en esta ciudad, promovido por *** en contra de *** radicado el diecisiete de mayo de dos mil diecinueve, en el que ordenó emplazar a la demandada (fojas 16 a 18 del tomo II de pruebas); por otra parte, se promovió acción reconvencional de pensión alimenticia en su favor y de la menor de iniciales *** promovida por ésta en contra del actor natural (fojas 36 a 42 del tomo II de pruebas). En proveído de seis de junio de dos mil diecinueve la juez de instancia tuvo a la parte demandada por no dando contestación a la demanda al carecer de firma autógrafa; dio trámite a la reconvención y despachó la medida precautoria del diez por ciento en favor de la accionante y veinte por ciento en favor de la menor (fojas 43 a 45 Id). Seguido el juicio en sus cauces legales, el ocho de octubre de dos mil diecinueve la Juez responsable dictó sentencia en la que declaró la disolución del vínculo matrimonial entre las partes, absolvió al demandado de la acción de pago de pensión alimenticia compensatoria a favor de Rosa Isela Tavares Cuevas y lo condenó al pago de pensión alimenticia en favor de la menor de iniciales *** por el cincuenta por ciento de las percepciones obtenidas en la fuente laboral (fojas 233 a 248 íd). Inconformes, las partes interpusieron recurso de apelación (fojas 4 a 15 y 17 a 22 del tomo II de pruebas), recursos que fueron radicados con el número de *** por el Magistrado de la Novena Sala Civil del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, quien resolvió revocar la sentencia de primera instancia y ordenar la reposición del procedimiento del juicio de origen a fin de que el tribunal de origen recabe medios tendentes a obtener convicción en torno a los tópicos concernientes a: (i) Las necesidades alimentarias -en sentido ampliode la adolescente *** en su calidad de acreedora alimentaria del aquí quejoso, así como cualquier otro acreedor con que éste último pudiera contar, como podía ser su descendiente *** (ii) Los ingresos extraordinarios y/o provenientes de fuentes diversas a la denominada *** que pudiere percibir el aquí quejoso, atendiendo a su nivel de vida que se desprende de los datos que proporcionó a la trabajadora social *** de la Mancha, así como al hecho de que provee a la subsistencia de sus descendientes *** y *** (iii) Los ingresos que perciba *** con motivo de la actividad económica a que se dedica, consistente en la venta de cosméticos (pinturas), bolsas y bisutería para dama; Asimismo, superado lo anterior, emita sentencia en la que resuelva las cuestiones planteadas. (fojas 47 a 66 Tomo II de pruebas). Los antecedentes descritos, ponen de manifiesto que la resolución reclamada no resulta de ejecución irreparable, porque no atenta materialmente por sí misma, algún derecho sustantivo constitucional o convencional de la parte quejosa. En efecto, la parte quejosa sostiene, esencialmente, que la Sala responsable trastoca sus derechos pues a la parte contraria le precluyó su derecho a ofrecer pruebas , por tanto no cabía admitir pruebas de oficio de fijar el cincuenta por ciento de pensión alimenticia, la juez tenía conocimiento de otras acreedoras alimentarias; lo cual, en su caso, podrá ser materia de análisis de la sentencia que vuelva a emitirse, por lo que resultan insuficientes para considerar que se está en presencia de actos de imposible reparación. Se expone tal aserto, en razón que al haberse ordenado la reposición del procedimiento, no podría resolverse el fondo de lo planteado, que es a lo que alude el quejoso, ya que ello será materia de análisis hasta en tanto se integre el expediente y pueda emitirse la sentencia; tomando en consideración que la reposición aludida implica volver a poner el proceso en la etapa de sustanciación del juicio, cuestión que no genera una afectación de imposible reparación, pues de modo alguno se impide la resolución de la controversia, en tanto que esto se hará en el momento procesal oportuno, atendiendo todas peticiones de las partes. Así, la reposición del procedimiento implica solamente que se lleve a cabo un acto meramente procesal, consistente en recabar medios probatorios suficientes para determinar los requerimientos alimentarios de la totalidad de las deudoras involucradas, así como las del propio deudor; circunstancia que, se insiste, no afecta derechos sustantivos de la parte promovente. Además, si con tal determinación la parte quejosa estima que se afectan sus defensas, en caso de que esa situación trascienda al resultado del fallo, puede hacerlo valer como violación procesal en el amparo directo que, en su caso, promueva. Por tanto, a juicio de esta Juzgadora, la resolución reclamada en el presente juicio no puede ser considerada como un acto de imposible reparación, en tanto que no se advierte que se genere un efecto en las cosas o las personas que afecte de manera directa e inmediata derechos sustantivos establecidos en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, ya que únicamente consiste en que se desahogue una prueba confesional; sin que ello, necesariamente, signifique que se dictará una resolución contraria a los intereses de la parte demandada, hoy quejosa; motivo por el cual, se insiste, el acto reclamado en esta instancia no afecta derechos sustantivos de la parte quejosa. Sirve de apoyo, por las consideraciones que sustenta, la jurisprudencia 2a./J. 87/2016 (10a.), emitida por Nación, cuyo datos de identificación, rubro y texto son: "Época: Décima Época Registro: 2012245 Instancia: Segunda Sala Tipo de Tesis: Jurisprudencia Fuente: Gaceta del Semanario Judicial de la Federación Libro 33, Agosto de 2016, Tomo II Materia(s): Común Tesis: 2a./J. 87/2016 (10a.) Página: 1180 "RESOLUCIÓN DE SEGUNDA INSTANCIA QUE REVOCA LA DE PRIMERA Y ORDENA REPONER EL PROCEDIMIENTO. SU IMPUGNACIÓN EN AMPARO NO ACTUALIZA UN MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. Si bien la reposición del procedimiento implica volver a poner el proceso en la etapa o fase procesal en que se cometió un error o defecto de sustanciación del juicio, a partir de lo cual podría afirmarse que la resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento tiene efectos meramente procesales o adjetivos, establecer una regla general y absoluta implicaría propiciar un margen de error en las decisiones jurisdiccionales, pues no puede soslayarse que habrá casos en los que los efectos de una reposición del procedimiento sí pueden afectar derechos sustantivos que ameriten un análisis inmediato a través del juicio de amparo. De esta manera, el análisis de la procedencia del juicio de amparo en cuanto al reclamo de una resolución de segunda instancia que revoca la de primera y ordena reponer el procedimiento, implica un examen ponderado sobre los efectos concretos y específicos que produce en éste, así como en las cosas y en las personas, lo cual no puede llevarse a cabo en el auto inicial de trámite de la demanda de amparo, porque en esa etapa del procedimiento únicamente constan en el expediente los argumentos plasmados en ese escrito y, en su caso, los anexos que se exhiban. Por tanto, el juzgador no está en aptitud legal de desecharla de inmediato bajo el argumento de que se actualiza un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, ya que en esa etapa éste no es evidente, claro y fehaciente, pues necesariamente se requerirá un análisis de las constancias de autos para determinar su improcedencia, el que, por técnica de amparo, es propio de la sentencia definitiva". Contradicción de tesis 97/2015. Entre las sustentadas por los Tribunales Colegiados Quinto y Cuarto, ambos en Materia Civil del Tercer Circuito, Primero y Segundo, ambos del Noveno Circuito, Tribunal Colegiado en Materia Penal y Primero en Materias Administrativa y de Trabajo, ambos del Décimo Primer Circuito, Segundo en Materia Administrativa del Séptimo Circuito y Tercero en Materia Civil del Cuarto Circuito. 15 de junio de 2016. Unanimidad de cuatro votos de los Ministros Eduardo Medina Mora I., Javier Laynez Potisek, José Fernando Franco González Salas y Alberto Pérez Dayán. Ausente: Margarita Beatriz Luna Ramos. Ponente: Eduardo Medina Mora I. Secretario: Luis Javier Guzmán Ramos. Criterios contendientes: El sustentado por el Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver la queja 98/2014, el sustentado por el Primer Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, al resolver la queja 42/2013, el sustentado por el Tribunal Colegiado en Materia Penal del Décimo Primer Circuito, al resolver la queja 2/2014, el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Séptimo Circuito, al resolver la queja 70/2014, el sustentado por el Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Cuarto Circuito, al resolver la queja 148/2014, el sustentado por el Cuarto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Tercer Circuito, al resolver la queja 304/2014, el sustentado por el Segundo Tribunal Colegiado del Noveno Circuito, al resolver la queja 36/2014, y el diverso sustentado por el Primer Tribunal Colegiado en Materias Administrativa y de Trabajo del Décimo Primer Circuito, al resolver la queja 8/2014. Tesis de jurisprudencia 87/2016 (10a.). Aprobada por la Segunda Sala de este Alto Tribunal, en sesión privada del veintinueve de junio de dos mil dieciséis. Esta tesis se publicó el viernes 12 de agosto de 2016 a las 10:20 horas en el Semanario Judicial de la Federación y, por ende, se considera de aplicación obligatoria a partir del lunes 15 de agosto de 2016, para los efectos previstos en el punto séptimo del Acuerdo General Plenario 19/2013." En consecuencia, al quedar actualizada la causa de improcedencia que se dio noticia, procede sobreseer el presente juicio de amparo indirecto, conforme al artículo 63, fracción V, de la Ley de Amparo. En la inteligencia que el sobreseimiento decretado releva a este órgano jurisdiccional del estudio de los conceptos de violación. En apoyo de lo anterior se invoca la jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro "SOBRESEIMIENTO NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO."9 Por otro lado, no se desconoce que mediante escrito presentado ante este Juzgado el veintitrés de julio de dos mil dieciocho, el tercero interesado haya formulado alegatos (foja 148 de autos); sin embargo, este órgano jurisdiccional se abstiene de analizar tales asertos, porque no está obligado a pronunciarse al respecto, pues la litis en el juicio de amparo se constriñe a lo expuesto en la demanda de garantías, los informes justificados y los datos observados de las constancias del acto o procedimiento de origen. Ilustra lo expuesto, la jurisprudencia asequible en el último Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, Tomo VI, Materia Común, página treinta y uno, titulada: "ALEGATOS. NO FORMAN PARTE DE LA LITIS EN EL JUICIO DE AMPARO". de las tesis invocadas a lo largo del presente estudio fueron emitidas con base en el análisis de los artículos de la Ley de Amparo anterior, que fue derogada mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril de dos mil trece, el cual entró en vigor al día siguiente, cuenta habida que de conformidad con lo establecido en el artículo sexto transitorio de la misma, la jurisprudencia integrada conforme a la ley anterior continuará en vigor en lo que no se oponga a la Nueva Ley. Por lo expuesto, y con apoyo en los artículos 73, 74, 75, 77 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo...

  4. Principal

    ...Audiencia constitucional...

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