Víctor Manuel de la Cruz Madrigal
Expediente 670/2023 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco. 3 actuaciones registradas, la última del 18 de abril de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 670/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 3
- Última actuación
- 18/04/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Tabasco · Tabasco
Partes del expediente
- Víctor Manuel de la Cruz Madrigal
Actuaciones
- Principal
Mesa 2. DIECIOCHO DE ABRIL DE DOS MIL VEINTITRÉS. El proveído en el cual se desechó de plano la demanda de amparo intentada HA CAUSADO ESTADO, para todos los efectos legales, archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Notifíquese.
- Principal
NOTIFICACIÓN ESTABLECIDA CONFORME A LOS ARTÍCULOS 27 Y 29 DE LA LEY DE AMPARO. VILLAHERMOSA, TABASCO, VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS. TRAMITACIÓN DE LA DEMANDA Téngase por recibido el oficio de cuenta, signado por el Actuario del Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Tabasco, a través del cual remite el original del juicio de amparo 596/2023-IV-I de su índice, promovido por Víctor Manuel de la Cruz Madrigal, quien solicita el amparo y la protección de la Justicia Federal, contra el acto que reclama de la Magistrada de la Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, que estima violatorio del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Lo anterior, en virtud de que el citado juez federal estimó que a este órgano jurisdiccional le corresponde el conocimiento del presente asunto, al considerar que se actualiza la hipótesis contenida en los artículos 45, fracción II, y 46, fracción II, del Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, dado que este Juzgado tiene el último juicio registrado en el sistema, en virtud de que guarda relación con el juicio de amparo 1976/2022, del índice de este órgano jurisdiccional. En consecuencia, con apoyo en el artículo 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como del Acuerdo General emitido por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma y adiciona el similar que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales en relación con el funcionamiento de las oficinas de correspondencia común, específicamente en su numeral 46 Quater, en sus fracciones I, II, III y IV, este Juzgado se avoca a su conocimiento. ANOTACIONES Fórmese cuaderno de amparo y regístrese en el libro de gobierno correspondiente y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) con el número 670/2023-2. Acúsese recibo al estilo correspondiente, y con apoyo en la fracción I del artículo 26 de la Ley de Amparo, hágase del conocimiento al promovente la presente determinación. SOLICITUD DE COMPENSACIÓN En mérito de lo anterior, dese aviso a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Tabasco, a efecto de que proceda realizar la competencia relativa en el SISE-OCC (Sistema Integral de Seguimiento de Expediente de la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgado de Distrito). EXPEDIENTE FÍSICO Y ELECTRÓNICO La formación del expediente físico únicamente será con las constancias conducentes presentadas de manera impresa (constancias de notificación, acuses, oficios, escrito o solicitudes). Toda documentación recibida por vía electrónica (demanda, recursos, promociones, entre otras constancias) o generada electrónicamente (acuerdos, notificaciones electrónicas) constarán únicamente en el expediente electrónico, en términos en los artículos 3, fracción III, y 22 del Acuerdo General 12/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos de competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, reformado y adicionado mediante sesión extraordinaria de trece de octubre de dos mil veintidós, no así en el expediente impreso. En términos del artículo 3, fracción XII, del citado Acuerdo General ". los expedientes físicos servirán únicamente como referencia de los documentos recibidos físicamente, en el entendido de que serán los expedientes electrónicos los que tengan validez para consulta de las partes como para efectos de todos los procesos de estadística, visitas, vigilancia y demás trámites y procesos ante el CJF. Al respecto, las constancias integradas en los expedientes físicos tendrán validez respecto de las constancias recibidas por esa vía, a pesar de que no se integren la totalidad de las constancias del expediente electrónico". DESECHAMIENTO En la especie, conviene establecer que para la admisión o no de una demanda de derechos fundamentales, la Jueza de Amparo debe analizar si ésta cumple con los requisitos de procedencia previstos en la ley de la materia, ya que de no ser así lo procedente es aplicar el artículo 113 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." Tomando en consideración que el citado precepto impone ante todo, la obligación de examinar la demanda de amparo para que en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia se deseche de plano, a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. El concepto "motivo manifiesto e indudable de improcedencia", ha sido explicado en la Tesis 2ª. LXXI/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, localizable en la página 448, Tomo XVI, Julio 2002, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO". Esencialmente, la tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo, es necesario que se encuentre un motivo de improcedencia del juicio constitucional, el cual debe ser manifiesto, es decir, que se advierta en forma patente y absolutamente clara de la lectura del escrito y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. De esta manera, la improcedencia en el amparo es una institución jurídica procesal en la que al presentarse determinadas circunstancias previstas en la Constitución Federal, en la Ley de Amparo o en la Jurisprudencia, el órgano jurisdiccional se encuentra imposibilitado jurídicamente para analizar y resolver la cuestión de fondo planteada, o sea, para decidir el fondo de la controversia constitucional. En ese sentido, de acuerdo con lo anterior y con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se precisa que el acto reclamado es la omisión de acordar el escrito de tres de marzo de dos mil veintitrés, en el expediente 35/2020-S-1 del índice de la Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco. Tiene aplicación a lo anterior el criterio sustentado por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la tesis 19, consultable en la página 17, del Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-2000, aplicado analógicamente y que a la letra dice: ACTOS RECLAMADOS. DEBE ESTUDIARSE ÍNTEGRAMENTE LA DEMANDA DE AMPARO PARA DETERMINARLOS.En ese contexto, después de analizar la demanda de amparo este órgano jurisdiccional advierte que, existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, pues se actualiza la causa prevista en la fracción XXIII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción V, de la misma legislación, interpretado en sentido contrario, que a la letra dicen: En efecto el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, establece lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de Amparo es improcedente: XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley." Por su parte, el artículo 107, fracción V, del mismo ordenamiento legal preceptúa: El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; " En ese sentido, debemos entender que para efectos del juicio de amparo, un acto de imposible reparación como aquél que afecta de modo directo e inmediato los derechos fundamentales consagrados en la Constitución y los tratados internacionales. Las referidas disposiciones recogen las bases previstas para el juicio de amparo contenidas en el artículo 107 fracción III, inciso b) de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establece como regla general que tratándose de amparo indirecto este sólo procede contra actos dentro del juicio cuya ejecución sea de imposible reparación, entendidos como aquéllos que afectan directamente alguno de los derechos sustantivos fundamentales del hombre. Por otra parte, los actos intraprocesales que no reúnen estas características por sí mismos no afectan a los gobernados, puesto que sus efectos pueden o no manifestarse en el contenido de la sentencia que ponga fin al procedimiento, en cuyo caso podrá interponer los medios de defensa conducentes. Así, los actos procesales que tienen efectos sobre las cosas o las personas, no tienen el carácter de irreparables mientras la afectación no incida directamente en sus derechos sustantivos y exista la posibilidad legal que el afectado obtenga una sentencia favorable a sus pretensiones, ya que en este caso los efectos intraprocesales producidos por aquellas actuaciones desaparecen, esto es, dichos actos únicamente producen efectos de carácter formal o intraprocesal e inciden en las posiciones que van tomando las partes dentro del procedimiento con vistas a obtener un fallo favorable. En efecto, conforme al artículo 107 de la Ley de Amparo, ahora ya se define con precisión lo que se debe entender por actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, al señalarse expresamente que son aquéllos que afectan materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por lo que ahora, en la nueva ley en cita, el legislador no dejó a la interpretación del Poder Judicial de la Federación cuándo se produce una afectación de imposible reparación, como sucedió antaño, sino que, en la actualidad, fue taxativo al señalar qué debe entenderse por una cuestión jurídica y que es precisamente lo destacado con antelación. En el caso, de la demanda de amparo se advierte que la parte quejosa, señala como acto reclamado: la omisión de acordar el escrito de tres de marzo de dos mil veintitrés, en el expediente 35/2020-S-1 del índice de la Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco. Ahora, los artículos 1, de la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco y 128 así como el 130 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco, establecen lo siguiente: Artículo 1.- La presente Ley es de orden público e interés general. Tiene por objeto regular la integración, organización, atribuciones y funcionamiento del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, así como los procedimientos para la solución de los asuntos sometidos a su conocimiento y los medios de impugnación en contra de sus resoluciones. A falta de disposición expresa en la Ley General de Responsabilidades Administrativas o en esta Ley y en cuanto no se oponga a lo que prescriben dichos ordenamientos, se aplicará supletoriamente lo dispuesto por el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco; el Código Fiscal del Estado de Tabasco; la Ley Federal de Procedimiento Contencioso Administrativo; y demás ordenamientos legales, en lo que resulten aplicables, según la naturaleza del juicio o procedimiento de que se trate". "Artículo 128. Plazo para dictar resoluciones. Cuando la ley no establezca plazos distintos, las resoluciones judiciales deberán dictarse a más tardar: I.- Dentro de los tres días después del último trámite o de la promoción correspondiente, cuando se trate de decretos o autos; Artículo130. Plazo para hacer las notificaciones. Las notificaciones se efectuarán dentro de los tres días siguientes al en que se dicten las resoluciones que las ordenen, cuando el juzgador o la ley no dispusieren otra cosa. El juzgador impondrá a los infractores de esta disposición la corrección disciplinaria que corresponda conforme a lo que establece el artículo 107". De dichos preceptos se colige que a falta de disposición en la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, se aplica supletoriamente lo dispuesto por el Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Tabasco, y en el caso no se establece un plazo para acordar las promociones que se presenten ante el Tribunal, por lo que aplicado supletoriamente el numeral 128 del citado código señala tres días para darle trámite, así como tres para que se notifiquen. De dichos preceptos se desprende que la autoridad laboral, acordará las promociones presentadas por escrito, dentro de los tres días siguientes a las de su recepción y su notificación deberá realizarse dentro de los tres días siguientes a la emisión del acuerdo correspondiente. Atendiendo a lo anterior, el reclamo del quejoso, por el momento, únicamente se trata de la inobservancia de los plazos establecidos en la legislación ordinaria para el desahogo del procedimiento administrativo que incide en el tiempo en que se desahogará alguna etapa procesal del juicio de origen, empero no restringe de modo inmediato algún bien jurídico tutelado en perjuicio de la parte promovente, lo que no implica una dilación o paralización total del procedimiento. Además, a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio administrativo, cuyo trámite y resolución se ha procurado agilizar por virtud de las recientes reformas legales en la materia, para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos y autos, o en la realización de cualquier otra diligencia, que la demanda de amparo será procedente cuando han transcurrido al menos cuarenta y cinco días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que debieron legalmente pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 130 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Tabasco, de aplicación supletoria a la Ley de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador; asimismo, conforme al numeral 130 del propio ordenamiento, el Tribunal cuenta con un término de seis días hábiles para realizar la notificación de los acuerdos o resoluciones que emita. Orienta lo considerado la jurisprudencia 2a./J. 33/2019 (10a.), sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, Materia Laboral, cuyo rubro y texto son: AMPARO INDIRECTO. PROCEDE CONTRA LAS DILACIONES PRESUNTAMENTE EXCESIVAS DE LAS JUNTAS EN EL DICTADO DE PROVEÍDOS, LAUDOS O EN LA REALIZACIÓN DE CUALQUIER OTRA DILIGENCIA, SI TRANSCURREN MÁS DE 45 DÍAS NATURALES DESDE LA FECHA EN LA QUE CONCLUYÓ EL PLAZO EN EL QUE LEGALMENTE DEBIERON PRONUNCIARSE O DILIGENCIARSE LOS ACTOS PROCESALES RESPECTIVOS. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su jurisprudencia 2a./J. 48/2016 (10a.), sostuvo que, por regla general, el juicio de amparo indirecto es improcedente contra dilaciones procesales, a menos que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta demora del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso deberá darse cauce legal a la demanda, aunque en principio se trate de violaciones de naturaleza adjetiva. Ahora bien, si se toma en cuenta que resulta difícil fijar un lapso genérico de la duración de la demora que pueda establecerse de manera uniforme e indiscutible, para saber si se ha configurado o no una dilación excesiva que se traduzca en una auténtica paralización del procedimiento que haga procedente el juicio de amparo indirecto, debe complementarse ese criterio -por lo que hace a la materia laboral- a fin de proporcionar un estándar mínimo objetivo que ofrezca seguridad jurídica a las partes en el juicio y, por ello, se determina que para efectos de la promoción del juicio de amparo indirecto contra dilaciones presuntamente excesivas en el dictado de proveídos, laudos o en la realización de cualquier otra diligencia, el juicio de amparo procede cuando transcurren más de 45 días naturales, contados a partir de la fecha en la que concluyó el plazo en que legalmente debieron pronunciarse o realizarse los actos procesales respectivos, si se toma en cuenta que es precisamente ese periodo el máximo que el artículo 772 de la Ley Federal del Trabajo tolera para que el juicio permanezca inmóvil, cuando sea necesaria alguna promoción del trabajador." En el caso particular, si la parte quejosa manifestó que desde el seis de marzo de dos mil veintitrés, realizó la petición a través de su escrito con sello de recepción de esa misma fecha en el expediente 35/2020-S-1, ante la Primera Sala Unitaria del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, tenemos entonces que el plazo con el que contaba la autoridad responsable para la contestación es de setenta y dos horas (siete, ocho y nueve de marzo de dos mil veintitrés). De ahí que para quien aquí provee, considera que la autoridad responsable no ha incurrido en responsabilidad, pues se insiste, que no existe una abierta dilación que haga procedente el juicio de amparo indirecto, ello en virtud de que para que se considere de ese modo, tendrían que transcurrir más de cuarenta y cinco días naturales computados desde la fecha en que venza el plazo que tenía la autoridad para emitir el pronunciamiento respectivo, consideración que se toma respecto a la jurisprudencia 2a./J. 33/2019, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación. Para mayor precisión, se muestra el calendario siguiente: MARZO 2023 Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 1 2 3 4 5 6 PRESENTÓ SU ESCRITO DE PETICIÓN 7 EMPIEZAN A CORRER 72 HORAS PARA ACORDAR 8 9 TERMINAN DE CORRER LAS 72 HORAS PARA ACORDAR 10 EMPEZAN A CORRER LOS 45 DIAS NATURALES (1) 11 (2) 12 (3) 13 (4) 14 (5) 15 (6) 16 (7) 17 (8 18 (9) 19 (10) 20 DIA INHABIL PARA LA AUTORIDAD RESPONSABLE (NO CORRIERON TERMNOS) 21 (11) 22 (12) 23 (13) 24 (14) 25 (15) 26 (16) 27 (17) 28 (18) 29 (19) 30 (20) 31 (21) ABRIL 2023 Sábado Domingo Lunes Martes Miércoles Jueves Viernes 1 (22) 2 (23) 3 (24) 4 (25) 5 (26) 6 (27) 7 (28) 8 (29) 9 (30) 10 (31) 11 (32) 12 (33) 13 (34) 14 (35) 15 (36) 16 (37) 17 (38) 18 (39) 19 (40) 20 (41) 21 (42) 19 (43) 20 (44) 21 (45) 22 23 24 25 26 27 28 29 30 En ese contexto, si el plazo para pronunciarse respecto a la contestación del escrito concluyó el nueve de marzo de dos mil veintitrés y la demanda de amparo fue presentada el veintitrés de marzo del presente año, es evidente que no han transcurrido los cuarenta y cinco días naturales que refiere la Suprema Corte de Justicia de la Nación (del diez de marzo al veintiuno de abril del presente año), pues por el contrario, cuando la demanda de amparo fue presentada, habían transcurrido 13 días naturales, sin que obste, que se descontó el día veinte de marzo del año en curso, relativo al día que suspendió labores el Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de Tabasco, en atención a la I Sesión Ordinaria celebrada el dos de enero de dos mil veintitrés, por el Pleno de la Sala Superior del citado Tribunal, quienes retomaron sus labores el veintiuno de marzo del presente año, según se advierte del oficio TJA-SGA-267/2023, de trece de marzo del año actual, respectivamente. Consecuentemente, si el acto reclamado no satisface las condiciones para que sea considerado como un acto dentro del juicio que tenga una ejecución irreparable, ya que no produce de manera inmediata una afectación a algún derecho fundamental contenido en sus derechos públicos subjetivos, sino que en todo caso, la violación de derechos produce únicamente efectos formales dentro del procedimiento. Luego entonces, el juicio de amparo indirecto debe considerarse improcedente, por no actualizarse el caso de excepción a que se hace referencia. Es aplicable la jurisprudencia por identidad de razón 2a./J. 48/2016 (10a.), con número de registro 2011580, emitida por la Segunda Sala y publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación. Libro 30, Mayo de 2016, Tomo II, página 1086, que a la letra dice: AMPARO INDIRECTO. POR REGLA GENERAL, ES NOTORIAMENTE IMPROCEDENTE EL INTERPUESTO POR UNA DE LAS PARTES EN EL JUICIO NATURAL, CONTRA LA OMISIÓN DE LA AUTORIDAD JURISDICCIONAL DE ACORDAR PROMOCIONES O DE PROSEGUIR EN TIEMPO CON EL JUICIO, AL TRATARSE DE UNA VIOLACIÓN INTRAPROCESAL QUE NO AFECTA DERECHOS SUSTANTIVOS. De conformidad con la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, el amparo indirecto procede contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación; y para ser calificados como "irreparables" deben producir una afectación material a derechos sustantivos; es decir, sus consecuencias deben impedir en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente producir una lesión jurídica formal o adjetiva, que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo. Así, por regla general, cuando un particular se duele exclusivamente de una afectación cometida dentro de un procedimiento jurisdiccional, aun cuando alegue violaciones a los artículos 8o., 14 y 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, los actos reclamados no pueden considerarse como de ejecución irreparable, sino como violaciones de carácter adjetivo, pues no se trata de una "omisión" autónoma al procedimiento, sino que se presenta justamente dentro de éste, como la falta de respuesta a una petición expresa sobre el desahogo de pruebas o de prosecución del trámite. Lo anterior, pese a que uno de los requisitos que caracteriza a los actos irreparables es la afectación que producen a derechos sustantivos de forma directa, como lo puede ser la transgresión al artículo 8o. constitucional; sin embargo, dicha afectación no se produce de forma independiente, sino dentro del procedimiento en que el quejoso es parte, por lo que no se actualiza el caso de excepción para acudir al juicio de amparo indirecto; de ahí que el interpuesto contra actos de esta naturaleza es, por regla general, notoriamente improcedente, a menos de que el Juez de amparo advierta del contenido de la propia demanda que existe una abierta dilación del procedimiento o su paralización total, pues en ese caso el juicio será procedente. En tales circunstancia, al actualizarse la causal de improcedencia prevista en la fracción XXIII del artículo 61, con relación a la fracción V del numeral 107, interpretado en sentido contrario, con apoyo en el ordinal 113, todos de la Ley de Amparo, SE DESECHA DE PLANO, por notoriamente improcedente, la demanda de amparo promovida por Víctor Manuel de la Cruz Madrigal. Sirve de apoyo a lo anterior, por su contenido, la Jurisprudencia I.1º.A. J/4, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 890, Tomo VII, Mayo de 1998, Materia Común, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, cuyo rubro dice: DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA DE GARANTÍAS. CAUSA DE IMPROCEDENCIA MANIFIESTA E INDUDABLE. COPIAS Y USOS DE MEDIOS ELECTRÓNICOS. De conformidad con lo dispuesto en los artículos 3, párrafo tercero, de la Ley de Amparo y 22, párrafo segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales Como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, se le hace del conocimiento a las partes, que las constancias que integran el presente expediente e incluyen evidencia criptográfica les da la característica de inalterables, por tanto, de requerir copia certificada del presente asunto, deberá ingresar al Portal de Servicios en Línea, haciendo uso de la FIREL o la e.firma, e imprimir la actuación que considere necesaria para su propósito, sin necesidad de requerir certificación alguna, dado que la evidencia criptográfica es suficiente y se considera copia certificada electrónicamente. Atendiendo al contenido de la Circular 12/2009 de dieciocho de marzo de dos mil nueve, emitida por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal; se permite el uso de medios electrónicos en la consulta del presente asunto, y para el caso de que las partes lo soliciten, se ordena a la secretaría integrar al expediente el documento respectivo sin mayor proveído. DOMICILIO Y AUTORIZADOS DE LA PARTE QUEJOSA. Se tiene como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir citas y notificaciones el que indica en su escrito de demanda, y toda vez que del contenido de la demanda se desprende que la parte quejosa tiene el carácter de actora en la controversia de origen y que ésta tiene carácter laboral, se tienen como autorizados en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo, a la persona que menciona en su demanda, por así haberlo solicitado; pues solo el segundo párrafo del citado numeral, exige que se acredite la calidad de licenciado en derecho en las materias civil, mercantil, laboral, tratándose del patrón, administrativa y penal. TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA. Atento a lo previsto en el artículo 6o. de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con los artículos 1, párrafo segundo, 7, 23, 24, 25, 31, 32, 33, 43, 44, 47 y 48, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, publicada en la Primera Sección del Diario Oficial de la Federación, el veintiséis de enero de dos mil diecisiete; y, 1, 2, fracción XI, 4, 5, 6 y 7, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las Disposiciones en Materia de Protección de Datos Personales, publicado en la Tercera Sección del Diario Oficial de la Federación, el diez de octubre de dos mil dieciocho, hágase saber a las partes el derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, así como para ejercer los derechos de acceso, rectificación y de cancelación de los datos personales que les conciernan en este expediente o en el sistema adoptado. Además de que, aun cuando no ejerzan su derecho de oposición, en la versión pública que se realice, se suprimirán los datos sensibles que puedan contener, así como la información legalmente reservada o confidencial que se encuentre en los supuestos de los numerales 1, 3, 24, fracción VI, 111, 112, 116 y 120, de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación, el cuatro de mayo de dos mil quince. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES. En términos del artículo 21, tercer párrafo de la ley de la materia, se habilitan días y horas inhábiles a efecto de que cualquiera de los Actuarios de este órgano de control constitucional realice las notificaciones personales que se le encomienden en este asunto. DIGITALIZACIÓN DE CONSTANCIAS. Por otra parte, en ceñimiento de lo que establece el penúltimo párrafo del artículo 3°, de la Ley de Amparo, se ordena a los (las) Oficiales judiciales correspondientes de este Juzgado Federal, procedan a digitalizar la demanda, el presente proveído, las notificaciones que recaigan a este, así como las promociones y actuaciones subsiguientes mediante la utilización de la firma electrónica, y hecho lo anterior las integren al expediente electrónico que para tal efecto se lleva en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Asimismo, se instruye al (la) Secretario (a) que da fe proceda a realizar la certificación relativa exigida por el propio dispositivo legal. EXHORTO PARA CONTINUAR EL TRÁMITE DEL ASUNTO MEDIANTE EL ESQUEMA "JUICIO EN LÍNEA" Por último, en términos del artículo 3°, de la Ley de Amparo y el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que Abroga los Acuerdos de Contingencia por Covid-19 y Reforma, Adiciona y Deroga Diversas Disposiciones Relativas a la Utilización de Medios Electrónicos y Soluciones Digitales Como Ejes Rectores del Nuevo Esquema de Trabajo en las Áreas Administrativas y Órganos Jurisdiccionales del Propio Consejo, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiocho de octubre de dos mil veintidós, se les indica a las partes que deberán transitar al esquema de "juicio en línea", desde el Portal de Servicios en Línea. Notifíquese personalmente.
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Mesa 2. VEINTINUEVE DE MARZO DE DOS MIL VEINTITRÉS. Notifíquese personalmente.
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