Víctor Manuel Cuevas Ramírez
Expediente 840/2016 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos. 6 actuaciones registradas, la última del 26 de septiembre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 840/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 6
- Última actuación
- 26/09/2016
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Morelos · Morelos
Partes del expediente
- Víctor Manuel Cuevas Ramírez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 6.
- Principal
Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que a la fecha ha transcurrido el término establecido por el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiese recurrido el auto de veinticuatro de agosto de dos mil dieciséis, por medio del cual se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia en el presente juicio. Causa estado En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2°, se declara que dicho auto de sobreseimiento ha causado estado, para todos los efectos legales correspondientes. Atento a lo anterior, previas las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Por consiguiente, de conformidad con lo dispuesto por el artículo vigésimo primero, fracción IV, capítulo cinco, del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, y toda vez que se sobreseyó en el presente juicio de garantías, se declara que este expediente es susceptible de destrucción. Notifíquese
- Principal
Agréguese a los autos para que obre como corresponda el informe justificado y anexo que rinde el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Morelos. Por otra parte, visto el estado procesal que guardan los presentes autos y de las constancias que obran en los mismos, se advierte que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causal de improcedencia prevista en la fracción XXI del ordinal 61 de la Ley de Amparo, que establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXI. .... La anterior consideración encuentra apoyo, en la jurisprudencia 2ª./J.59/99, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 38, Tomo IX, Junio de 1999, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, cuyo rubro y texto son del tenor siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. ...." Ahora bien, en el caso concreto, se advierte que la parte quejosa, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del acto que reclama de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, con sede en esta ciudad, el cual hizo consistir en la omisión de acordar el escrito presentado el veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, dentro del juicio laboral 88/2008. Por su parte, el Presidente de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, al rendir su informe justificado manifestó que no es cierto el acto que se le reclama; además, hizo del conocimiento que el veintidós de agosto de la presente anualidad, fue acordada dicha promoción; remitiendo para tal efecto copia certificada del acuerdo que recayó a la misma, constancia a la cual se le concede pleno valor probatorio, en términos de lo dispuesto por los preceptos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles , de aplicación supletoria a la Ley de la Materia. Razón por la cual, si la parte quejosa reclama la omisión por parte de la responsable de acordar el escrito presentado el veintinueve de marzo de dos mil dieciséis, dentro del juicio laboral 88/2008; y este ya se acordó, como se desprende de las constancias que obran en autos, es dable concluir que han cesado los efectos del acto reclamado. Por tanto, la pretendida violación cesó en sus efectos al desaparecer la omisión de mérito, pues se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos procesales como si se hubiere otorgado la protección constitucional. Sin que pase desapercibido que no obra la constancia notificación del acuerdo dictado en el juicio natural, en razón de que con la notificación del presente acuerdo se practicará por conducto de este Juzgado, lo anterior en aras de una impartición de justicia pronta y expedita consagrada en el artículo 17 constitucional, así como en observancia al principio de celeridad procesal evitando requerimiento y actuaciones judiciales innecesarias que entorpezcan la administración de justicia. En las condiciones anotadas y al actualizarse la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 63, fracción V, de dicho ordenamiento, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio de amparo. En apoyo a las anteriores consideraciones, cobra aplicación por similitud de razones jurídicas la jurisprudencia identificada con el número 2ª. /J/. 10/2003, visible a página 386, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo: XVII, Marzo de 2003, Novena Época, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: "SOBRESEIMIENTO. PROCEDE DECRETARLO FUERA DE LA AUDIENCIA CONSTITUCIONAL, CUANDO SE ACTUALICE UNA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA, MANIFIESTA E INDUDABLE. ...." Cabe señalar, que el hecho de que no se haya resuelto este asunto, en la fecha y hora señalada para la celebración de la audiencia constitucional respectiva, en virtud de que la causal de improcedencia invocada, es notoria e indudable, ya que aun cuando la parte quejosa alegue u ofrezca pruebas en este asunto, no lograría desvirtuar que han cesado los efectos del acto que señaló como reclamado. En ese sentido, en relación al tercero interesado no ha lugar a realizar mayor pronunciamiento en virtud de que tal y como se aprecia en líneas precedentes, el presente juicio ha quedado sin efecto alguno, por lo que no es necesario llamar a dicha parte procesal a la presente contienda constitucional. Notifíquese; y personalmente a la parte quejosa.
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Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, de los que se advierte que se encuentra transcurriendo el término concedido a la autoridad responsable mediante acuerdo de siete de julio de dos mil dieciséis para rendir su informe justificado; en consecuencia, no es posible celebrar la audiencia constitucional señalada para el día de hoy, por lo que, se difiere la misma y, en su lugar, se fijan para su celebración las DIEZ HORAS CON CUARENTA Y DOS MINUTOS DEL TREINTA DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS. Notifíquese.
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Agréguese a los presentes autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Décimo Octavo Circuito, con residencia en esta ciudad, a través del cual, remite el testimonio de la ejecutoria de treinta de junio del año en curso, dictada por la Superioridad en el recurso de queja **, en cuyos puntos resolutivos determinó: "". Atento a lo anterior, acúsese el recibo de estilo correspondiente, y en acatamiento a lo establecido en la ejecutoria del Órgano Colegiado oficiante, este Juzgado de Distrito procede a proveer lo conducente respecto de la demanda interpuesta por **, contra actos de la Junta Especial Número Treinta y Uno de la Federal de Conciliación y Arbitraje del Estado de Morelos, de quien reclama la omisión de acordar el escrito presentado el veintinueve de marzo de dos mil dieciséis en el expediente laboral **. En atención a su contenido, con apoyo en lo establecido por los artículos 103, fracción I, y 107, fracciones I, VII y XV de la Constitución General de la República, 1°, fracción I, 35, 107, 108, 112 y 115 de la Ley de Amparo, se admite la demanda de amparo en sus términos. Atento lo estatuido por el numeral 128 de la Ley de la Materia, este órgano jurisdiccional no ordena la apertura del incidente de suspensión por no haberlo solicitado el peticionario de garantías. De conformidad con lo previsto en los ordinales 116 y 117 de la ley en comento, requiérase a la autoridad responsable su informe justificado, que deberá rendir dentro del término de quince días, siguientes al en que reciba el oficio en que se le solicita, acompañando copia certificada legible de todas y cada una de las constancias que obran en su poder, relacionadas con el acto reclamado, apercibida que de no rendirlo, o que lo haga fuera del plazo concedido, se le impondrá en la sentencia respectiva, una multa de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, con fundamento en lo dispuesto en la fracción II del artículo 260 de la Ley de Amparo. Asimismo, hágase del conocimiento de la autoridad responsable, que de rendir su informe expresando un hecho falso o negando la verdad, podrá ser sancionada en términos del artículo 262 del cuerpo normativo en cita. Se señalan las DIEZ HORAS CON TREINTA Y CUATRO MINUTOS DEL CUATRO DE AGOSTO DE DOS MIL DIECISÉIS, para la celebración de la audiencia constitucional. Dese al Agente del Ministerio Público Federal adscrito a este Juzgado, la intervención legal que le confiere el artículo 5°, fracción IV, de la Ley de Amparo. Asimismo, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso b), del de la Ley de la Materia, se solicita a la autoridad responsable para que dentro de término de tres días computados legalmente, precise quienes son los demandados, así como su domicilio procesal y/o en el que fueron emplazados, dentro del de origen, a efecto de que sea posible llamarlos al presente juicio como terceros interesados. Además, hágase del conocimiento de las partes que en términos del ordinal 64 de la citada ley, tienen la obligación de comunicar de inmediato a este órgano de control constitucional si tienen conocimiento de alguna causal de sobreseimiento y, de ser posible, acompañarán las constancias que la acrediten, en el entendido que de no hacerlo se les impondrá una multa por la cantidad equivalente a treinta días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, de conformidad con el dispositivo 251 del cuerpo normativo en consulta. Luego, en cumplimiento al artículo 8° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, con el fin de respetar el derecho a la intimidad de las partes, al hacerse públicas las sentencias, se hace de su conocimiento el derecho que les asiste para oponerse, en relación con terceros, a la publicación de sus datos personales, en la inteligencia de que la falta de oposición expresa conlleva el consentimiento para que la sentencia respectiva se publique sin supresión de datos. En otro aspecto, conforme a lo establecido en los numerales 119 y 123 de la Ley de Amparo, se admite la documental que anexa, misma que se desahoga dada su propia y especial naturaleza, sin perjuicio de ser relacionada al momento de celebrar la audiencia constitucional. Tomando en cuenta la carga de trabajo de este tribunal, en aras de una impartición de justicia pronta y expedita como lo ordena el artículo 17 constitucional, que deriva en la obligación de cuidar que los juicios de amparo no queden paralizados, con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se faculta a los actuarios judiciales de esta adscripción para que las notificaciones que se practiquen a cualesquiera de las partes y que sean de carácter personal incluyendo el emplazamiento, en caso de ser necesario, se realicen en días y horas inhábiles; ello, en cumplimiento al principio de celeridad procesal que rige al juicio de garantías, elevado a rango de garantía constitucional. Se instruye al Actuario Judicial para que los posibles diferimientos que se den en el presente asunto de la audiencia constitucional, se practiquen a las partes por medio de lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, incluidas a las autoridades responsables, toda vez que el artículo 26 de la Ley de Amparo, en su fracción I, prevé expresamente los supuestos en que el juzgador está obligado a comunicarles por esa vía, las actuaciones emitidas en el trámite del juicio de amparo; sin embargo, el diferimiento de la audiencia constitucional no se precisó como uno de esos casos de excepción, de ahí que resulta suficiente que este acuerdo se notifique por medio de lista en términos del artículo 29 del ordenamiento legal citado, al actualizarse el supuesto previsto por el artículo 26, fracción III, de la ley de la materia. Similar razonamiento se hace en torno a las autoridades señaladas como responsables, habida cuenta que la notificación mediante oficio se equipara a la que en forma personal se hace a las partes quejosa y tercero interesada, pues a través de ella se le informan en su domicilio o en el que señalaron para oír y recibir notificaciones, los actos encaminados a la integración del juicio, su resolución y los posteriores; de ahí que si la notificación mediante oficio tiene la misma finalidad que la que se realiza en forma personal a las partes, es incuestionable que debe ajustarse a las directrices precisadas por el legislador en el invocado numeral 26, fracción I, de la Ley de Amparo, por lo que resulta innecesario girar oficio a las autoridades para comunicarles el diferimiento de la audiencia constitucional. Notifíquese.
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