Victor Manuel Cruz Flores

Expediente 1353/2015 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos. 3 actuaciones registradas, la última del 7 de agosto de 2015.

Datos del expediente

Expediente
1353/2015
Año
2015
Actuaciones
3
Última actuación
07/08/2015

Partes del expediente

  • Victor Manuel Cruz Flores

Actuaciones

  1. Principal

    Cuernavaca, Morelos, siete de agosto de dos mil quince. Vista la razón de cuenta, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa hubiera recurrido el auto de veintiocho de julio de dos mil quince, con fundamento en el artículo 2º de la Ley invocada, en relación con el 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que el auto referido por el que se tuvo por no presentada la demanda de garantías promovida por VÍCTOR MANUEL CRUZ FLORES, ha quedado firme, para todos los efectos legales procedentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Por otra parte, en acatamiento a lo ordenado en el Acuerdo General Conjunto 1/2009, publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de septiembre de dos mil nueve, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que deroga el diverso Acuerdo General 1/2001; en términos de lo establecido en el punto DÉCIMO PRIMERO, se determina que conforme a los criterios establecidos en el acuerdo en mención, el presente juicio no es de relevancia documental, ya que no se refiere a delitos contra la seguridad de la Nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, y contra el ambiente y gestión ambiental; además que no se contienen resoluciones que hayan sido impugnadas ante organismos públicos internacionales; ni se trata de conflictos laborales colectivos trascendente o que las resoluciones adoptadas en ellos tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica. Apareciendo que en el presente juicio se tuvo por no presentada la demanda de garantías, por tanto, es evidente que se ubica en los supuestos a que se refiere la Disposición General Vigésimo Primero, del Capítulo Quinto, fracción I, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; en esas condiciones, se declara que el presente expediente sí es susceptible de destrucción. NOTIFÍQUESE Y CÚMPLASE. Así lo proveyó y firma el Licenciado Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el dieciséis de junio de dos mil quince, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que autoriza y da fe. ERI*

  2. Principal

    Cuernavaca, Morelos, trece de julio de dos mil quince. Agréguese el oficio signado por la Procuradora Fiscal, en representación de la Subsecretaría de Ingresos de la Secretaría de Hacienda del Gobierno del Estado de Morelos, mediante el cual en cumplimiento a la sentencia de amparo, exhibe copia certificada del acuse de recibo del cheque 0049883, fechado el seis de julio de dos mil quince, por la cantidad de $22,499.17 (VEINTIDÓS MIL CUATROCIENTOS NOVENTA Y NUEVE PESOS 17/100 M.N.); el que se ordena agregar a los presentes autos para que obre como corresponda y surta sus efectos legales conducentes. Con el oficio de cuenta, y constancias anexas, dése vista a la parte quejosa, para los efectos precisados en el artículo 196 de la Ley de Amparo, por el término de TRES DÍAS, que les serán contados a partir del día siguiente al en que surta efectos la notificación del presente proveído, a fin de que realicen las manifestaciones que estimen oportunas. Apercíbase a la parte quejosa en el sentido de que de no desahogar la vista aquí ordenada, este juzgador dictará resolución fundada y motivada en que declare si la sentencia está cumplida o no lo está, si incurrió en exceso o defecto, o si hay imposibilidad para cumplirla. En obvio de mayores dilaciones, requiérase al impetrante de garantías para que dentro del término de tres días que serán computadas legalmente, informe a este Juzgado, si recibió el citado cheque; en el entendido que de no hacerlo así dentro del término señalado, éste Juzgado, procederá a resolver sobre el cumplimiento de la sentencia con base en los elementos que obren en el expediente y los datos aportados por las partes. Finalmente, se tiene por recibido el oficio signado por el delegado de las autoridades municipales de Cuernavaca, Morelos, mediante el cual informa las acciones tendientes al debido cumplimiento a la ejecutoria emitida dentro de los autos, asimismo, remite los acuses de recibo de los oficios con los que se requirió el cumplimiento al Tesorero de Cuernavaca; atento a lo anterior, únicamente agréguese a los autos para que obre como corresponda y surta los efectos legales a que haya a lugar, toda vez que ya se acordó lo conducente. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma el Licenciado Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el dieciséis de junio de dos mil quince, ante el Secretario Jorge Manuel Díaz Carranza, que autoriza y da fe. Jfcc

  3. Principal

    Cuernavaca, Morelos, dieciséis de julio de dos mil quince. Visto el estado procesal que guardan los autos del presente juicio de amparo, del que se advierte que a la fecha la autoridad responsable Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos (Liliana García Ortega), ha sido omisa en dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo dictada en autos; no obstante que fuera de acreditar que se encuentra en vías de cumplimiento, sólo realiza manifestaciones y actos que retardan el cumplimiento de la sentencia de amparo. Por lo anterior, este juzgador procede en términos del artículo 193, primer párrafo, de la Ley de Amparo, por los motivos que se expondrán en este acuerdo, en el caso, se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa. Ahora bien, una vez ejecutoriada la sentencia de amparo, ésta se constituye en cosa juzgada, institución jurídica procesal cuyo sustento constitucional se encuentra en los artículos 14, segundo párrafo y 17, tercer párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En ese orden de ideas, debe decirse que en el sistema jurídico mexicano, la institución de la cosa juzgada se ubica en la sentencia obtenida de un auténtico proceso judicial, entendido como el seguido con las formalidades esenciales del procedimiento, conforme al artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dotando a las partes en litigio de seguridad y certeza jurídica. Por otra parte, la figura procesal citada también encuentra fundamento en el artículo 17, tercer párrafo, de la Norma Suprema, al disponer que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones, porque tal ejecución íntegra se logra sólo en la medida en que la cosa juzgada se instituye en el ordenamiento jurídico como resultado de un juicio regular que ha concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar la garantía de acceso a la justicia prevista en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, pues dentro de aquélla se encuentra no sólo el derecho a que los órganos jurisdiccionales establecidos por el Estado diriman los conflictos, sino también el relativo a que se garantice la ejecución de sus fallos. Al respecto, es aplicable la siguiente jurisprudencia: Tesis: P./J. 85/2008 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 168959 32 de 66 PLENO Tomo XXVIII, Septiembre de 2008 Pág. 589 Jurisprudencia(Común) [J]; 9a. Época; Pleno; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XXVIII, Septiembre de 2008; Pág. 589. COSA JUZGADA. EL SUSTENTO CONSTITUCIONAL DE ESA INSTITUCIÓN JURÍDICA PROCESAL SE ENCUENTRA EN LOS ARTÍCULOS 14, SEGUNDO PÁRRAFO Y 17, TERCER PÁRRAFO, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. En el sistema jurídico mexicano la institución de la cosa juzgada se ubica en la sentencia obtenida de un auténtico proceso judicial, entendido como el seguido con las formalidades esenciales del procedimiento, conforme al artículo 14, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, dotando a las partes en litigio de seguridad y certeza jurídica. Por otra parte, la figura procesal citada también encuentra fundamento en el artículo 17, tercer párrafo, de la Norma Suprema, al disponer que las leyes federales y locales establecerán los medios necesarios para garantizar la independencia de los tribunales y la plena ejecución de sus resoluciones, porque tal ejecución íntegra se logra sólo en la medida en que la cosa juzgada se instituye en el ordenamiento jurídico como resultado de un juicio regular que ha concluido en todas sus instancias, llegando al punto en que lo decidido ya no es susceptible de discutirse, en aras de salvaguardar la garantía de acceso a la justicia prevista en el segundo párrafo del artículo 17 constitucional, pues dentro de aquélla se encuentra no sólo el derecho a que los órganos jurisdiccionales establecidos por el Estado diriman los conflictos, sino también el relativo a que se garantice la ejecución de sus fallos. En ese sentido, la autoridad de la cosa juzgada es uno de los principios esenciales en que se funda la seguridad jurídica, toda vez que el respeto a sus consecuencias constituye un pilar del Estado de derecho, como fin último de la impartición de justicia a cargo del Estado, siempre que en el juicio correspondiente se haya hecho efectivo el debido proceso con sus formalidades esenciales. Sentado lo anterior, tenemos que la ejecutoria de amparo es una cosa juzgada cuya ejecución es ineludible por mandato constitucional. Por su parte, la Ley de Amparo prevé en su artículo 77, que los efectos de la concesión del amparo serán: I. Cuando el acto reclamado sea de carácter positivo se restituirá al quejoso en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación. II. Cuando el acto reclamado sea de carácter negativo o implique una omisión, obligar a la autoridad responsable a respetar el derecho de que se trate y a cumplir lo que el mismo exija. En ese orden de ideas, la Ley de Amparo prevé en sus artículos 192 y 193, el procedimiento que el juez de Distrito debe llevar a cabo para lograr el puntual cumplimiento de la ejecutoria de amparo, a saber: I.- Notificará a las partes la ejecutoria de la sentencia. II.- Otorgará a la autoridad responsable un plazo de tres días para que cumpla con la ejecutoria, sin perjuicio de que ese plazo se amplíe tomando en cuenta la complejidad o dificultad, pero debiendo fijar un plazo razonable y estrictamente determinado. III.- Si la ejecutoria no queda cumplida en el plazo determinado, hará el pronunciamiento respecto e impondrá la multa a que alude el artículo 193 de la Ley de Amparo, que puede ir de los cien a los mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, acorde a lo dispuesto por los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo. IV.- Con independencia de la multa, requerirá al superior jerárquico de la autoridad responsable omisa en dar cumplimiento a la ejecutoria de amparo, para que le ordene cumplir con aquélla, bajo el apercibimiento al superior jerárquico que de no demostrar que dio la orden, se le impondrá la multa a que alude el artículo 193 de la Ley de Amparo, que puede ir de los cien a los mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, acorde a lo dispuesto por los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, además de hacerle saber que incurrirá en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. V.- Con independencia de lo anterior, remitirá los autos al tribunal colegiado de circuito, lo cual será notificado a la autoridad responsable y, en su caso, a su superior jerárquico, cuyos titulares seguirán teniendo responsabilidad aunque dejen el cargo. Conviene precisar que en términos del párrafo segundo del artículo 193 de la Ley de Amparo, se considerará incumplimiento el retraso por medio de evasivas o procedimientos ilegales de la autoridad responsable, o de cualquiera otra que intervenga en el trámite relativo. No obstante, el tercer párrafo del citado artículo 193, prevé que si la autoridad demuestra que la ejecutoria está en vías de cumplimiento o justifica la causa del retraso, el órgano judicial de amparo podrá ampliar el plazo por una sola vez, subsistiendo los apercibimientos efectuados. Con relación a lo anterior, acorde a la jurisprudencia 1a./J.8/2003 -que se invoca en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo vigente a partir del tres de abril de dos mil trece- tenemos que habrá principio de ejecución de la sentencia de amparo, cuando se advierta que la autoridad responsable no ha realizado, por lo menos en parte, aquella prestación que es la esencial para restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, considerando la naturaleza del bien fundamentalmente protegido o resguardado en dicha ejecutoria, el tipo de actos u omisiones de las autoridades necesarias para restaurar ese bien protegido y su sana intención de acatar el fallo La jurisprudencia 1a./J.8/2003, es del tenor literal siguiente Tesis: 1a./J. 8/2003 Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta Novena Época 184882 1 de 1 PRIMERA SALA Tomo XVII, Febrero de 2003 Pág. 144 Jurisprudencia(Común) [J]; 9a. Época; 1a. Sala; S.J.F. y su Gaceta; Tomo XVII, Febrero de 2003; Pág. 144. INCIDENTES DE INEJECUCIÓN E INCONFORMIDAD. PARA ESTIMAR QUE EXISTE PRINCIPIO DE EJECUCIÓN QUE HAGA PROCEDENTE LA QUEJA, NO BASTAN LOS ACTOS PRELIMINARES O PREPARATORIOS, SINO QUE ES NECESARIA LA REALIZACIÓN DE AQUELLOS QUE TRASCIENDEN AL NÚCLEO ESENCIAL DE LA OBLIGACIÓN EXIGIDA, CON LA CLARA INTENCIÓN DE AGOTAR EL CUMPLIMIENTO. Del examen de lo dispuesto en el artículo 107, fracción XVI, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en relación con el sistema previsto en la Ley de Amparo para lograr el cumplimiento de las sentencias protectoras, específicamente en sus numerales 95, fracciones II a V, 105, 106 y 107, se desprende que los incidentes de inejecución y de inconformidad deben estimarse procedentes no sólo en el supuesto de que exista una abstención total de la autoridad responsable obligada a cumplir la sentencia, sino también en aquellos casos en que dicha autoridad realiza actos que no constituyen el núcleo esencial de la prestación en la cual se traduce la garantía que se estimó violada en aquella resolución, es decir, que se limita a desarrollar actos intrascendentes, preliminares o secundarios que crean la apariencia de que se está cumpliendo el fallo, toda vez que sólo al admitir la procedencia de tales incidentes, se hace efectivo el derecho del quejoso de someter a la consideración de este Alto Tribunal la conducta de la autoridad responsable que, a través de evasivas y actos de escasa eficacia, pretende eludir el cumplimiento del fallo protector, lo que no podría lograrse a través del recurso de queja por defecto o exceso en la ejecución, ya que su sustanciación en ningún caso conduciría a imponer la sanción prevista en el precepto constitucional en cita. Ahora bien, es indudable que, en ese sentido, habrá principio de ejecución de la sentencia de amparo y, por ende, serán improcedentes los incidentes en mención, por surtirse los supuestos de procedencia del recurso de queja, cuando se advierta que la autoridad responsable ha realizado, por lo menos en parte, aquella prestación que es la esencial para restituir al quejoso en el goce de la garantía violada, considerando la naturaleza del bien fundamentalmente protegido o resguardado en dicha ejecutoria, el tipo de actos u omisiones de las autoridades necesarias para restaurar ese bien protegido y su sana intención de acatar el fallo. Asimismo, el artículo 193 de la Ley de Amparo también prevé que en el supuesto de que sea necesario precisar, definir o concretar la forma o términos del cumplimiento de la ejecutoria, cualquiera de los órganos judiciales competentes podrá ordenar, de oficio o a petición de parte, que se abra un incidente para tal efecto. Una vez definido el actuar del juez de Distrito para lograr el cumplimiento de la ejecutoria de amparo, el suscrito provee: En el caso, existe incumplimiento por parte de la autoridad responsable Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos (Liliana García Ortega), para cumplir con la ejecutoria de amparo, pues no obstante estar notificada el treinta de diciembre de dos mil catorce, del acuerdo por el que se le ordenó cumplir con esa, no ha demostrado estar en vías de cumplir con la ejecutoria de amparo ni las circunstancias que justifiquen la causa del retraso; por lo que por auto de dieciséis de junio de dos mil quince, se impuso una multa de cien días de salario mínimo, girando oficio al Administrador Local de Recaudación de Cuernavaca, la que quedó controlada con el número de crédito H-421410; asimismo, se requirió a la citada autoridad para que en el término de diez días diera cumplimiento a la ejecutoria de amparo, así como a sus superiores jerárquicos para que ordenaran se cumpliera con la misma. En el caso, existió incumplimiento por parte de la autoridad responsable Tesorera del Municipio de Emiliano Zapata, Morelos, para cumplir con la ejecutoria de amparo; de igual forma, por parte de los superiores jerárquicos de la autoridad responsable Presidente Municipal de Emiliano Zapata, Morelos (Carlos Eduardo Martínez Varela) y al Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, por conducto de los integrantes del Cabildo de dicho Ayuntamiento (Síndico Municipal, Ignacio Caspeta Hernández y Regidores Felipe de Santa Cruz Gómez, Stephany Becerril Gómez, Guillermo Cruz Coy, Alejandra Orihuela Figueroa, Lucia Marcia Borunda Muñoz, Alejo Rodríguez Rosas y Valentín Martínez Galarce), de requerir el cumplimiento a la responsable diera cumplimiento a la misma, pues no obstante de estar notificados del requerimiento formulado el dieciséis de junio de dos mil quince, con fecha de veintidós de junio del año en curso, dicho término transcurrió del veintitrés de junio al seis de julio de dos mil quince, sin contar los días inhábiles que mediaron en esas fechas; en mérito de lo anterior, se les impone una multa a cada uno de los mencionados por la cantidad de cien días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal (monto mínimo), equivalente a $7,010.00 (Siete mil diez pesos 00/100 moneda nacional), considerando que el salario diario vigente en esa zona geográfica es de $70.10, (setenta pesos 10/100, moneda nacional). Para la ejecución de la multa, gírese oficio al Administrador Local de Recaudación de Cuernavaca, para que dentro del término de tres días hábiles contado a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos conforme al artículo 31, fracción II de la Ley de Amparo, la notificación de este auto, informe el resultado de la ejecución de las multas impuestas en el párrafo que antecede, quienes pueden ser localizados en el domicilio ubicado en el Plaza Principal sin número Centro de Emiliano Zapata, Morelos. Ahora, por disposición expresa del artículo 193 de la Ley de Amparo, fórmese cuaderno de antecedentes Agréguese copia al cuaderno de antecedentes respectivo y una vez que el expediente esté debidamente integrado, remítanse el expediente original del presente juicio de amparo, al Tribunal Colegiado del Decimoctavo Circuito en turno, para los efectos legales a que haya lugar. Con independencia de lo anterior, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo, se requiere de nueva cuenta a la Tesorera Municipal del Ayuntamiento de Emiliano Zapata (Liliana García Ortega), para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS computados legalmente, de cumplimiento a la ejecutoria de amparo. En la inteligencia que de no hacerlo dentro del término señalado, o bien, no acreditar las circunstancias que justifiquen su retraso, con fundamento en los artículos 193, 238 y 258, todos de la Ley de Amparo, se les impondrá una multa que puede ir de los ciento uno a los mil días de salario mínimo general vigente en el Distrito Federal, esto atendiendo a que ya se le impuso una multa por la cantidad de cien días de salario mínimo general vigente en esa zona geográfica. Asimismo, con fundamento en el artículo 192 de la Ley de Amparo tercer párrafo, se requiere al Presidente Municipal de Emiliano Zapata, Morelos (Carlos Eduardo Martínez Varela) y al Ayuntamiento de Emiliano Zapata, Morelos, por conducto de los integrantes del Cabildo de dicho Ayuntamiento (Síndico Municipal, Ignacio Caspeta Hernández y Regidores Felipe de Santa Cruz Gómez, Stephany Becerril Gómez, Guillermo Cruz Coy, Alejandra Orihuela Figueroa, Lucia Marcia Borunda Muñoz, Alejo Rodríguez Rosas y Valentín Martínez Galarce), con domicilio ubicado en la Plaza Principal sin número Centro de Emiliano Zapata, Morelos, en su carácter de superiores jerárquicos de la autoridad responsable, Tesorera Municipal de Emiliano Zapata, Morelos, para que dentro del término de VEINTICUATRO HORAS, contados a partir del momento en que estén notificados de este acuerdo, acrediten la orden girada a la citada autoridad responsable, para que ésta cumpla con la ejecutoria de amparo. Se apercibe, en el sentido que de incumplir con este mandato judicial, se les impondrá a cada uno, la multa a que alude el artículo 194 de la Ley de Amparo, que puede ir de los CIEN A LOS MIL DÍAS DE SALARIO mínimo general vigente en el Distrito Federal, acorde a lo dispuesto por los artículos 238 y 258 de la Ley de Amparo, con independencia que puede incurrir en las mismas responsabilidades de la autoridad responsable. NOTIFÍQUESE Y PERSONALMENTE A LA PARTE QUEJOSA. Así lo proveyó y firma el Licenciado Cosme Ernesto Cárdenas Gómez, Secretario del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Morelos, en funciones de Juez de Distrito en términos de los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, autorizado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal en sesión celebrada el dieciséis de junio de dos mil quince, ante la Secretaria Aletia González Huerta, que autoriza y da fe.

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