Víctor Manuel Costabile Terrón

Expediente 646/2023 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 6 de junio de 2023.

Datos del expediente

Expediente
646/2023
Año
2023
Actuaciones
3
Última actuación
06/06/2023

Partes del expediente

  • Víctor Manuel Costabile Terrón

Actuaciones

  1. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE

  2. Principal

    NOTIFÍQUESE PERSONALMENTE

  3. Principal

    SE HACE CONSTAR QUE SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA EN VIRTUD DE NO CUMPLIR CON EL CITATORIO DE MÉRITO EL AUTO DE DIECISIETE DE MAYO DE DOS MIL VEINTITRÉS QUE ESTABLECE: Querétaro, Querétaro, diecisiete de mayo de dos mil veintitrés. Vista la demanda de amparo promovida por por propio derecho, contra actos de la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Querétaro, y otra autoridad, fórmese cuaderno respectivo y, regístrese en el libro que para tal efecto se lleva en este Juzgado de Distrito con el número 646/2023. En principio, conviene señalar que el artículo 113 de la Ley de Amparo vigente, establece: " El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." En cumplimiento a lo anterior, después de analizar la presente demanda de garantías, éste Juzgado advierte que, en la especie, existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia del juicio de amparo, pues se actualiza la causal prevista en el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo en vigor, en relación con el diverso 107, fracción V, de la invocada ley, este último aplicado a contrario sensu, en virtud de que la parte quejosa señala como acto reclamado el siguiente: a) La determinación dictada dentro del toca de apelación civil número 717/2023, de manera Unitaria por la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Querétaro, que confirmó la determinación emitida en la diligencia del desahogo de la prueba testimonial de fecha veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, a cargo de los atestes Pablo Curiel González y Judith Álvarez González, (relativa a la calificación de preguntas formuladas a los testigos) dentro de los autos del juicio ordinario civil 428/2022 del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil de la ciudad de San Juan del Río, Querétaro, promovido por.... Previo a exponer las razones por las cuales se estima que se actualiza la citada causal de improcedencia, conviene precisar que en la jurisprudencia 37/2014 el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, interpretó la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo, en la que señaló que a partir de la publicación de la actual Ley de Amparo, su artículo 107, fracción V, ofrece precisión para comprender el alcance de la expresión relativa a los actos de imposible reparación, al establecer que por dichos actos se entienden "... los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte"; puede afirmarse que con esta aclaración el legislador secundario proporcionó mayor seguridad jurídica para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación, ya que mediante una fórmula legal estableció que esos actos, para ser calificados como irreparables, necesitarían producir una afectación material a derechos sustantivos, es decir, sus consecuencias deberían ser de tal gravedad que impidieran en forma actual el ejercicio de un derecho, y no únicamente que produzcan una lesión jurídica de naturaleza formal o adjetiva que no necesariamente llegará a trascender al resultado del fallo; además de que debían recaer sobre derechos cuyo significado rebasara lo puramente procesal, lesionando bienes jurídicos cuya fuente no proviniera exclusivamente de las leyes adjetivas. Esta interpretación se deduce de las dos condiciones que el legislador secundario dispuso para la promoción del amparo indirecto contra actos de imposible reparación dictados en el proceso o el procedimiento: la primera, consistente en la exigencia de que se trate de actos "que afecten materialmente derechos", lo que equivale a situar el asunto en aquellos supuestos en los que el acto autoritario impide el libre ejercicio de algún derecho en forma presente, incluso antes del dictado del fallo definitivo; y la segunda, en el sentido de que estos "derechos" afectados materialmente revistan la categoría de derechos "sustantivos", expresión antagónica a los derechos de naturaleza formal o adjetiva, derechos estos últimos en los que la afectación no es actual -a diferencia de los sustantivos- sino que depende de que llegue o no a trascender al desenlace del juicio o procedimiento, momento en el cual sus secuelas pueden consumarse en forma efectiva. La citada Jurisprudencia 37/2014 es el rubro y texto siguientes: "PERSONALIDAD. EN CONTRA DE LA RESOLUCIÓN QUE DESECHA LA EXCEPCIÓN DE FALTA DE PERSONALIDAD SIN ULTERIOR RECURSO, ES IMPROCEDENTE EL AMPARO INDIRECTO, RESULTANDO INAPLICABLE LA JURISPRUDENCIA Luego, en la especie el suscrito considera que se actualiza la invocada causal de improcedencia por los siguientes motivos: Los artículos 61, fracción XXIII y 107, fracción V, ambos de la Ley de Amparo, disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 107. El amparo indirecto procede: V. Contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" De acuerdo con el precepto legal transcrito, el amparo contra actos dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos son de imposible reparación y la determinación dictada dentro del toca de apelación civil número 717/2023, de manera Unitaria por la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Querétaro, que confirmó las determinaciones dictadas en la diligencia de desahogo de la prueba testimonial de fecha veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, a cargo de los atestes ..., (relativas a las preguntas formuladas a los testigos) dentro de los autos del juicio ordinario civil ... del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil de la ciudad de San Juan del Río, Querétaro, promovido por ... contra ..., no se trata de actos que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte, y en caso de existir alguna violación, ésta sería de carácter procesal, en contra de la cual por regla general resulta improcedente el juicio de amparo indirecto. En el caso se considera que no se actualiza esa hipótesis, pues de existir alguna violación, se puede reclamar en la vía directa; al combatirse la sentencia definitiva dictada el día veintiocho de abril de dos mil veintitrés, dentro del citado juicio de origen 428/2023 (una vez agotado el recurso ordinario en caso de que proceda), como violación procesal, conforme a la fracción III del artículo 172 de la Ley de Amparo en vigor. En efecto, dado que el quejoso señala que dentro del juicio de origen número 428/2023 ya se dictó sentencia definitiva con fecha veintiocho de abril de dos mil veintitrés, en contra de sus intereses puede combatir la determinación que ahora reclama como violación procesal, en el juicio de amparo directo que promueva en contra de la sentencia definitiva, a fin de que sea reparada tal violación; lo anterior es así, dado que la resolución reclamada se trata de la confirmación de la forma en cómo se desahoga una prueba testimonial. Ciertamente, la materia del acto reclamado se traduce en una violación procesal reclamable en amparo directo contrala sentencia definitiva. Lo anterior es así, pues por un acto de ejecución de imposible reparación, debe entenderse aquel que afecta materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte material, como la vida, la integridad personal, la libertad, y la propiedad, por citar algunos. En cambio, los actos de ejecución reparable no tocan por sí tales valores, sino que producen la posibilidad de que ello pueda ocurrir al resolverse la controversia, en la medida en que influyan para que el fallo sea adverso a los intereses del agraviado, y estos actos se actualizan respecto de los llamados derechos adjetivos o procesales. La Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, en la tesis jurisprudencial visible en la página 291, del Tomo IV, Primera Parte, del Semanario Judicial de la Federación, definió lo siguiente: "EJECUCION DE IMPOSIBLE REPARACION. ALCANCES DEL ARTICULO 107, FRACCION III, INCISO B), CONSTITUCIONAL. Posteriormente, el Pleno del Máximo Tribunal del País, emitió el criterio jurisprudencial consultable en la página 11 del tomo 56, agosto de 1992, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "EJECUCIÓN IRREPARABLE. SE PRESENTA, PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS. De acuerdo a los anteriores criterios jurisprudenciales, se concluye que el amparo contra actos dictados dentro de un juicio, únicamente procede cuando esos actos afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; por tanto, se concluye que la determinación dictada dentro del toca de apelación civil número 717/2023, de manera Unitaria por la Primera Sala Civil del Tribunal Superior de Justicia en el Estado de Querétaro, que confirmó las determinaciones dictadas en la diligencia de desahogo de la prueba testimonial de fecha veintitrés de febrero de dos mil veintitrés, a cargo de los atestes ... (relativas a la calificación de preguntas formuladas a los testigos) dentro de los autos del juicio ordinario civil ... del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil de la ciudad de San Juan del Río, Querétaro, promovido por Víctor Manuel Costabile Terrón contra Anagreci Ortiz Sondoval, no reúnen esa calidad, pues no se trata de un acto que afecte materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano es parte, pues se insiste, se trata de una determinación dentro del trámite del juicio natural y como consecuencia de una posible violación a las leyes del procedimiento la cual puede reclamarse como violación procesal en el juicio de amparo directo que se haga valer contra la sentencia definitiva dictada el veintiocho de abril del año en curso, en el juicio de origen número 428/2022, del índice del Juzgado Cuarto de Primera Instancia Civil de la ciudad de San Juan del Río, Querétaro, previo al agotamiento de recurso ordinario (recurso de apelación) contra la citada sentencia de primera instancia. En este orden de ideas, se concluye que en el caso se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia regulada por el artículo 61, fracción XXIII de la Ley de Amparo, en relación con el numeral 107, fracción V de la invocada Ley, esté último aplicado a contrario sensu, el cual que dispone que el amparo se pedirá ante el Juez de Distrito, contra actos en el juicio que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Sirve de apoyo a las consideraciones aquí vertidas, por las razones que la integran, la tesis de jurisprudencia sustentada por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 280 del Tomo VI, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación, editado en el año de 1995, cuyo tenor literal es el siguiente: "PRUEBAS. LA FORMA EN QUE PRETENDAN RECIBIRSE O DESAHOGARSE CONSTITUYE UNA VIOLACION RECLAMABLE COMO REGLA GENERAL, POR EL OFERENTE DE LAS MISMAS, EN AMPARO DIRECTO. El artículo 159, fracción III, de la Ley de Amparo establece que en los juicios seguidos ante tribunales civiles, administrativos o del trabajo, se considerarán violadas las leyes del procedimiento y que se afectan las defensas del quejoso cuando no se le reciban las pruebas que legalmente haya ofrecido, o cuando no se reciban conforme a la ley. Ahora bien, cuando la violación procedimental que se reclama no consiste en la admisión o el desechamiento de una prueba, sino en la forma en que se pretendan recibir o desahogar las pruebas al oferente de las mismas, cabe concluir que el caso se ubica en la hipótesis prevista en la fracción III del numeral citado, es decir, en el caso de que las pruebas que legalmente se hayan ofrecido no se reciban conforme a la ley procediendo, en consecuencia, reclamar tal violación en la vía de amparo directo al promoverse la demanda contra la sentencia definitiva, laudo o resolución que ponga fin al juicio en términos de lo dispuesto en el numeral 161 de la Ley Reglamentaria de los artículos 103 y 107 constitucionales, toda vez que hasta el momento en que se haya dictado el fallo definitivo se podrá apreciar si con motivo de la forma en que se recibieron o desahogaron las pruebas se vulneraron las defensas del oferente de las mismas, trascendiendo tal violación al resultado de la sentencia. Sin embargo, esta regla general admite una excepción: cuando la forma en que pretende llevarse a cabo la recepción o el desahogo de la probanza relativa en sí misma, pueda tener una ejecución de imposible reparación, lo cual ocurre de acuerdo con la tesis jurisprudencial 24/1992 del Pleno de esta Suprema Corte de Justicia, con el rubro: "EJECUCION IRREPARABLE. SE PRESENTA PARA EFECTOS DE LA PROCEDENCIA DEL AMPARO INDIRECTO CONTRA ACTOS DENTRO DEL JUICIO, CUANDO ESTOS AFECTAN DE MODO DIRECTO E INMEDIATO DERECHOS SUSTANTIVOS", Por consiguiente, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 107, fracción V aplicado a contrario sensu y 172, fracción III, de la Ley de Amparo en vigor; con fundamento en el artículo 113 de la misma legislación, se DESECHA DE PLANO la demanda de garantías que promueve Víctor Manuel Costabile Terron, por propio derecho, por notoriamente improcedente. Asimismo, se le tiene señalando como domicilio para oír y recibir notificaciones el que indica en el proemio de su demanda y como autorizado de su parte en términos amplios del artículo 12 de la Ley de Amparo únicamente al licenciado Flavio Octavio Lugo Muñoz Ledo, por contar con cedula profesional para ejercer la licenciatura en Derecho, registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos Jurisdiccionales, y al resto de las personas que señala, únicamente para oír y recibir notificaciones, hasta en tanto acrediten ante este Juzgado Federal que se encuentran debidamente facultados para ejercer la profesión de licenciados en derecho. Ahora bien, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles que sean necesarios para practicar las notificaciones que se deriven de la tramitación el presente juicio de amparo, con el fin de no entorpecer su trámite. En diverso sentido, para el caso de que en el presente asunto, se ordene alguna notificación de carácter personal, en términos de los artículos 26 y 27, incisos b) y c), de la Ley de Amparo vigente; con fundamento en el diverso 29, del citado ordenamiento legal, se faculta al actuario de la adscripción para que publique, en su caso, la lista correspondiente a que se refiere este último precepto legal. Con fundamento en lo dispuesto por los artículos 1, 3, 6, 8, 9, 68, 71, 110, 113, 117, 118 y Segundo transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, publicada en el Diario Oficial de la Federación el nueve de mayo de dos mil dieciséis, así como en los considerandos Décimo Quinto, Décimo Sexto y artículo 33, fracción III, del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, indíquese a las partes que las sentencias que emita el Poder Judicial de la Federación, deberán hacerse públicas, salvaguardando los datos personales concernientes a los promoventes identificados e identificables; haciéndoles saber de igual manera el derecho que tienen para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de oposición, podría entenderse como el consentimiento de que se publiquen. De conformidad con el Acuerdo General Conjunto número 1/2014, de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, que emite las reglas y acuerdos generales correspondientes a la integración de los expedientes impreso y electrónico, y el acceso a éste, así como las notificaciones por vía electrónica, mediante el uso del FIREL, a través del sistema electrónico del Poder Judicial de la Federación, en términos del artículo 3 de la Ley de Amparo en vigor, publicado en el Diario Oficial de la Federación el treinta de septiembre del dos mil catorce, en su oportunidad, digitalícese las demandas, recursos, incidentes, promociones y documentos que presentan las partes, así como los acuerdos, resoluciones o sentencias y toda información con el presente expediente; en la inteligencia de que el Acuerdo General de mérito establece que la integración del expediente electrónico iniciará para este Vigésimo Segundo Circuito en una tercera etapa, una vez que la Unidad del Poder Judicial de la Federación para el Control de Certificación de Firmas, haga la declaratoria correspondiente que se publique en el Diario Oficial de la Federación, conforme al artículo Segundo Transitorio, fracciones I y II, del propio Acuerdo General Conjunto.

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