Víctor Manuel Corona Ochoa
Expediente 352/2021 tramitado ante el Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 352/2021
- Año
- 2021
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/11/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Víctor Manuel Corona Ochoa
Actuaciones
- Principal
En dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno, la Secretaria da cuenta al Juez, con el estado de que guardan los autos en el presente juicio de amparo. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, dieciséis de noviembre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 20/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Notificación de la acumulación de juicios a la parte quejosa. Del estado procesal que guardan los autos, se advierte que se llevó a cabo la notificación a la parte quejosa del acuerdo de veintisiete de octubre del año en curso, dictado por el Juez Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en la Ciudad de México y jurisdicción en toda la República, dentro del juicio de amparo 8141/2021 y su acumulado; por tanto, atento a la solicitud formulada por dicho órgano jurisdiccional, remítase copia certificada de la misma para los efectos legales procedentes. 2. ARCHIVO. Se ordena el archivo de este expediente, el cual, una vez que integren al expediente físico todas y cada una de las constancias que se acordaron y que forman parte del expediente electrónico, deberá remitirse físicamente el presente asunto al ARCHIVO DEFINITIVO, previa su anotación correspondiente en el libro de gobierno y en los medios electrónicos. 2.1. VALORACIÓN. En términos del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, el presente asunto ES SUSCEPTIBLE DE DESTRUCCIÓN. 2.2 De conformidad con el artículo 21, del referido acuerdo, una vez que transcurra el plazo de tres años de conservación, dentro de los treinta días siguientes destrúyase el cuaderno principal, debiendo remitir constancia de ello a la Dirección General de Archivo y Documentación. Notifíquese y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación.
- Principal
En veintiocho de octubre de dos mil veintiuno, la Secretaria da cuenta al Juez, con un escrito, registrado bajo el folio 14050. Conste.Uruapan, Michoacán de Ocampo, veintiocho de octubre de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del Acuerdo General 9/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. Se recibe oficio. Téngase por recibido el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Segundo de Distrito en Materia Administrativa Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones con residencia en la Ciudad de México y Jurisdicción en toda la República, mediante el cual, transcribe el auto de veintisiete de octubre pasado, del que se advierte que dicho órgano aceptó la competencia planteada por este Juzgado y se avocó al conocimiento de la demanda; asimismo que decretó la acumulación de los juicios 8141/2021 y 8160/2021 de su índice; de lo que se toma nota. 2. Finalmente, en atención al contenido del oficio, se comisiona al actuario respectivo, para que le notifique a la parte quejosa el proveído contenido en el oficio de cuenta y le entregue copia del mismo; hecho lo anterior, remítase constancia de ello al Juez oficiante. Notifíquese conforme a derecho corresponda. Así lo acordó y firma electrónicamente José del Carmen Constantino Avendaño, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán de Ocampo, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.
- Principal
COMO ESTA ORDENADO SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA QUE SE PUBLICA EN LOS ESTRADOS DE ESTE JUZGADO A LA PARTE QUEJOSA EL PROVEÍDO DE VEINTISIETE DE OCTUBRE DE DOS MIL VEINTIUNO, DICTADO POR EL JUZGADO SEGUNDO DE DISTRITO EN MATERIA ADMINISTRATIVA ESPECIALIZADO EN COMPETENCIA ECONÓMICA, RADIODIFUSION Y TELECOMUNICACIONES CON RESIDENCIA EN LA CIUDAD DE MEXICO Y JURISDICCIÓN EN TODA LA REPÚBLICA QUE DICE. Oficios de cuenta. Vistos los oficios de cuenta, provenientes de los Juzgados Quinto y Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, por medio de los cuales informan que mediante acuerdos de dieciséis y diecisiete de junio de dos mil veintiuno, se declararon legalmente incompetentes para conocer de los juicios de amparo 354/2021 y 352/2021 de sus índices, promovidos por i) Superservicio María, sociedad anónima de capital variable, por conducto de su representante legal Juan Manuel Magaña Figueroa, personalidad que acreditó con los documentos que exhibió para tal efecto, así como por ii) Víctor Manuel Corona Ochoa, por propio derecho, respectivamente, y remiten los autos originales que conforman tales asuntos, así como las copias de traslado correspondientes, a efecto de que este Juzgado se avoque a su conocimiento. Acumulación de oficio. Dichas demandas tienen una notoria similitud, ya que en ellas las quejosas reclaman los mismos actos de las mismas autoridades. En ese sentido, con el fin de facilitar su trámite, evitar el dictado de resoluciones contrarias y, sobre todo, para privilegiar el derecho de una tutela judicial efectiva y pronta, reconocido en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, con fundamento en el artículo 66 de la Ley de Amparo en relación con el diverso 72 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria, este Juzgado decreta de oficio y de plano la acumulación de esos asuntos. Precisión de actos reclamados. El Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido que la demanda de amparo debe interpretarse en su integridad con la finalidad de establecer con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que la conforman con el fin de dictar una resolución que contenga la fijación clara y precisa de los actos reclamados.2 Asimismo, ha señalado que para lograr la fijación clara y precisa de los actos reclamados debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. De igual manera, ha establecido que los juzgadores de amparo deberán armonizar los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Así, al fijar los actos reclamados, el Juez deber atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se puede lograr congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. A partir de las anteriores ideas y de una interpretación íntegra de las demandas de amparo, se advierte que las quejosas señalan como autoridades y actos reclamados los siguientes: - El proceso de creación del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos, publicado el cuatro de mayo de dos mil veintiuno en el Diario Oficial de la Federación, en específico, los artículos 51, 53, 56, 57, 59 Bis y 86, así como los transitorios cuarto y sexto. Acto atribuible al Congreso de la Unión [integrado por la Cámara de Diputados y la Cámara de Senadores], al Presidente de la República y al Secretario de Gobernación. Sin que pase inadvertido que las quejosas también señalan a diversas autoridades ejecutoras, a quienes les atribuyen «la inminente aplicación y posible ejecución de las normas reclamadas», pues no pueden tenerse como responsables ni dicho acto como reclamado. Lo anterior es así porque las quejosas impugnan normas generales con el carácter de autoaplicativas [que causan una afectación con motivo de su sola entrada en vigor] y que, por definición, no requieren un acto concreto de aplicación, aun cuando se califique de «inminente». Desechamiento de las demandas. Con fundamento en el artículo 113 de la Ley de Amparo deben desecharse de plano las demandas de amparo que dieron origen al presente asunto, ya que se actualiza una causa de improcedencia notoria y manifiesta. En efecto, teniendo a la vista como hechos notorios las resoluciones dictadas en los recursos de queja Q.A. 602/2021, Q.A. 655/2021 y Q.A. 677/2021, por el Segundo Tribunal Colegiado de la especialidad, en sesiones de diecinueve y veintiséis de agosto de dos mil veintiuno, respectivamente, así como la sesión de veintitrés de septiembre del año en curso, en que se resolvió el recurso de queja Q.A. 556/2021 por el Primer Tribunal COlegiado de la especialidad, se advierte que ambos órganos jurisdiccionales determinaron que los artículos 51, 53, 56, 57, 59 Bis y 86 de la Ley de Hidrocarburos, en su nuevo texto, así como los transitorios primero a séptimo del Decreto de Reformas publicado en el Diario Oficial de la Federación el cuatro de mayo de dos mil veintiuno, no son normas que impongan obligaciones o que produzcan efectos vinculantes, sino que requieren de diversos actos para que adquieran individualización y sitúen a los particulares dentro de las hipótesis legales que prevén y, por ende, concluyeron que se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo. Por tanto, dichas consideraciones deben regir la actuación de este Juez de Distrito en lo subsecuente, por lo que, si en el presente juicio de amparo se reclamaron los artículos 51, 53, 56, 57, 59 Bis y 86, así como los transitorios cuarto y sexto del Decreto de Reformas aludido, con motivo de su entrada en vigor, debe concluirse que se actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia que amerita el desechamiento de las demandas, pues independientemente de las pruebas que se exhiban o lo que se alegue, sería ocioso tramitar este juicio, en tanto que la conclusión a la que se ha llegado no podría cambiar. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 113 de la Ley de Amparo, se desechan las demandas de amparo, al advertirse de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XII, de dicho ordenamiento. Determinación que se toma en cumplimiento del derecho fundamental de pronta y expedita impartición de Justicia consagrado en el artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, pues los motivos de improcedencia advertidos no podrán desvirtuarse con el material probatorio que se aporte al juicio. Háganse las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Representante común. Por economía procesal y con fundamento en el artículo 13 de la Ley de Amparo, se designa como representante común de las quejosas a Superservicio María, sociedad anónima de capital variable, sin perjuicio de que puedan sustituirlo con posterioridad. Autorizados. Se tienen como autorizados de las quejosas, únicamente para oír y recibir notificaciones, a la totalidad de las personas que, en su caso, hayan señalado en sus demandas, en el entendido de que una vez que aquéllas que hayan autorizado en amplios términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, promuevan en el presente sumario y se compruebe que tienen registrada su cédula profesional en la base de datos del "Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los órganos jurisdiccionales", se les reconocerá el carácter de mérito. Notificaciones por lista de publicación del presente proveído. Toda vez que en sus escritos de demanda, las quejosas señalan como domicilio para oír y recibir notificaciones los Estrados de los Juzgados Oficiantes, se solicita de la manera más atenta a los Juzgados Quinto y Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Uruapan, para que se sirvan notificar a las quejosas, según corresponda, la presente determinación y, una vez que cuenten con la constancia respectiva, se sirvan remitirla vía interconexión. Requerimiento a la parte quejosa. Se requiere a las quejosas para que, dentro del plazo de tres días, contado a partir del día hábil siguiente al en que surta efectos la notificación de esta determinación, señalen domicilio para oír y recibir notificaciones en la Ciudad de México, apercibiéndoles de que, de no hacerlo así, las notificaciones de mérito, aun las de carácter personal, se realizarán a través de la lista que se fija y publica en el local de este órgano jurisdiccional, en términos de lo establecido en el artículo 29 de la Ley de Amparo. Exhorto a la parte promovente. Con la finalidad de que este órgano jurisdiccional esté en aptitud de darle continuidad al expediente y brindar una impartición de justicia pronta, en términos del artículo 17 constitucional, se exhorta a la parte promovente para que i) continúe la tramitación del presente juicio de amparo bajo el esquema de "juicio en línea", de conformidad con lo establecido en la Sección Tercera del Capítulo V del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, lo que significa que deberá tener personas autorizadas para consultar, notificarse y actuar electrónicamente desde el portal; así como para que ii) proponga formas especiales y expeditas de contacto, a través de las cuales se puedan entablar comunicaciones no procesales, cuyo contenido de ser el caso será registrado y se incorporará al expediente como corresponda; cuenta habida de que para la presentación de promociones físicas, la consulta de expedientes y la atención al público en general, deberá observar las disposiciones establecidas en el Acuerdo General referido. Se deja a disposición de la parte quejosa, copia del oficio con que se da cuenta
- Principal
Uruapan, Michoacán, dieciséis de junio de dos mil veintiuno. Vista la cuenta que antecede; en atención al contenido del AG 1/2021, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reforma el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se provee lo siguiente: 1. DETERMINACIONES ESPECÍFICAS EN RELACIÓN CON LA ACCIÓN DE AMPARO. Estas son las que se toman enseguida: 1.1. Recepción. Por recibida la demanda de amparo promovida por Víctor Manuel Corona Ochoa, contra actos del Presidente Constitucional de los Estados Unidos Mexicanos, con sede en la Ciudad de México, y otras autoridades. 1.2. Registro. Fórmese expediente, captúrese su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y regístrese en el libro de gobierno bajo el juicio de amparo número 352/2021. 1.3. Precisión de la norma, acto u omisión reclamada. Con fundamento en el ordinal 74, fracción I, de la Ley de Amparo, dada la obligatoriedad del Juez de Amparo de analizar la demanda de amparo en su integridad a efecto de determinar con exactitud, la intención del promovente y fijar la materia de la litis constitucional, se precisa que los actos reclamados en la presente instancia son: "[.] IV.- NORMA GENERAL, ACTO U OMISIÓN QUE DE CADA AUTORIDAD SE RECLAMA.- De las autoridades señaladas como responsables les reclamo los siguientes actos: 1.- Al C. Presidente de los Estados Unidos Mexicanos a).- En lo general, la discusión, aprobación, y expedición del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 4 cuatro de mayo de 2021 dos mil veintiuno b).- En lo individual, los artículos 51, 53, 56, 57, 59 Bis, 86, así como los transitorios cuarto y sexto de dicho Decreto. 2.- Al H. Congreso de la Unión, compuesto por la Cámara de Diputados y de Senadores: a).- En lo general, la discusión, aprobación, y expedición del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 4 cuatro de mayo de 2021 dos mil veintiuno. b).- En lo individual, los artículos 51, 53, 56, 57, 59 Bis, 86, así como los transitorios cuarto y sexto de dicho Decreto. 3.- A la Secretaría de Gobernación: a).- En lo general, la discusión, aprobación, y expedición del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 4 cuatro de mayo de 2021 dos mil veintiuno. b).- En lo individual, los artículos 51, 53, 56, 57, 59 Bis, 86, así como los transitorios cuarto y sexto de dicho Decreto. 4.- A la Secretaría de Energía: a).- La ejecución de las normas reclamadas, esto es, los artículos 51, 53, 56, 57, 59 Bis, 86, así como los transitorios cuarto y sexto del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 4 cuatro de mayo de 2021 dos mil veintiuno. 5.- A la Comisión Reguladora de Energía: a).- La ejecución de las normas reclamadas, esto es, los artículos 51, 53, 56, 57, 59 Bis, 86, así como los transitorios cuarto y sexto del Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el día 4 cuatro de mayo de 2021 dos mil veintiuno. [.]". 1.4. Se declina competencia. Establecido lo anterior, este Juzgador considera carecer de competencia legal para conocer de los actos que se reclaman por las razones que a continuación se expresan: La competencia legal es de orden público, por lo que no puede quedar sujeto a voluntad de las partes; por tanto, se procede a analizar si en el caso se surte la competencia legal de este juzgado, para conocer de la demanda de amparo presentada por dicho quejoso. Es conviene señalar que, para que un Juzgado tenga competencia respecto del conocimiento de un determinado asunto, se precisa que, hallándose éste dentro de la órbita de su jurisdicción, la ley le reserve su conocimiento, con preferencia a los demás Jueces y Tribunales del mismo grado. Por regla general, en la República Mexicana la competencia de los órganos jurisdiccionales, por razón de la materia, se distribuye entre diversos tribunales o juzgados, a los que se les asigna una especialización, lo que da origen a la existencia de tribunales administrativos, civiles, penales o del trabajo, entre otros, y que a cada uno de ellos les corresponde conocer de los asuntos relacionados con su especialidad, lo cual puede dar lugar a que se llegue a plantear un conflicto real de competencia de carácter negativo o positivo. En esos casos, se debe resolver el asunto exclusivamente tomando en cuenta la naturaleza de la cuestión debatida y no, precisamente, por las leyes que las partes invoquen; lo anterior, regularmente se puede determinar mediante el análisis de las prestaciones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de la invocación de preceptos legales en que se apoye la demanda. Bajo ese contexto, es dable precisar lo establecido por los artículos 94, párrafo sexto, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 81, fracciones IV, V, VI y XXIV y 144 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación. Y, por su parte, el Decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el once de junio de dos mil trece, se reformaron y adicionaron diversas disposiciones de los artículos 6, 7, 27, 28, 73, 78, 94 y 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, en materia de telecomunicaciones, radiodifusión y competencia económica. Así, en el artículo transitorio Décimo Segundo del Decreto en cita, se estableció: "El Consejo de la Judicatura Federal deberá establecer Tribunales Colegiados de Circuito y Juzgados de Distrito especializados en materia de competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones, en un plazo no mayor a sesenta días naturales contados a partir de la entrada en vigor del presente Decreto. El Consejo de la Judicatura Federal emitirá acuerdos de carácter general en los que se preverán la forma de asignación de los asuntos y la rotación de jueces y magistrados especializados que conocerán de los mismos, así como las medidas pertinentes para garantizar la independencia, objetividad e imparcialidad de los juzgados y tribunales a que se refiere el párrafo anterior." Derivado de lo anterior, mediante Acuerdo General 22/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el nueve de agosto de dos mil trece, se advierte que se ordenó la creación de los Juzgados de Distrito en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en México, Distrito Federal, quienes conforme con el punto Sexto del mencionado Acuerdo, tendrán jurisdicción en toda la República y contaran con las atribuciones previstas en el artículo 52 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, y serán especializados en competencia económica, radiodifusión y telecomunicaciones. En el mismo contexto, el Acuerdo General 03/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en el punto Sexto, establece: "SEXTO. Órganos Jurisdiccionales en Materia Administrativa Especializados en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con residencia en el Distrito Federal, y Jurisdicción en toda la República integrado por: dos juzgados de distrito y dos tribunales colegiados de circuito". Establecido lo anterior, y tomando en consideración que en la demanda de que se trata, la parte quejosa acude a esta instancia federal reclamando en esencia el "Decreto por el que se reforman y adicionan diversas disposiciones de la Ley de Hidrocarburos", publicado el cuatro de mayo de dos mil veintiuno, en el Diario Oficial de la Federación, en cuanto prevé como facultad para la Comisión Reguladora de Energía, la revocación o suspensión de los permisos respecto de los cuales se compruebe que sus titulares no cumplen con los requisitos correspondientes o que infrinjan las disposiciones de la Ley de Hidrocarburos, previa substanciación de procedimiento. Por tanto, la naturaleza de los actos concierne a la subespecialidad en competencia económica y no a la administrativa genérica, pues como ya se indicó es la Secretaría de Energía y la Comisión Reguladora de Energía en el ámbito de sus competencias son quienes tienen las facultades para revocar o suspender los permisos expedidos en los términos establecidos en Ley de Hidrocarburos; por ende, dichas autoridades son las encargadas de llevar a cabo tales actos, lo que evidencia la competencia de un órgano especializado en competencia económica que en su caso, analizará la congruencia de lo peticionado. En esa virtud, y dado que los actos reclamados en este juicio de amparo están vinculados con un tema de competencia económica, el cual constitucionalmente se reservó a los Juzgados Especializados, este Juzgado Federal estima carecer de competencia legal para conocer y resolver el presente juicio de amparo indirecto, ya que se actualiza la legal competencia a favor del Juzgado de Distrito Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México y jurisdicción territorial en toda la República, en turno. Por lo antes expuesto, este Juzgado declina legal competencia por razón de materia para conocer del presente asunto, y con fundamento en el artículo 48 de la Ley de Amparo, se ordena remitir, vía estafeta, la demanda y sus copias al Juez de Distrito Especializado en Competencia Económica, Radiodifusión y Telecomunicaciones, con sede en la Ciudad de México, en turno; lo anterior por conducto de la Oficina de Correspondencia Común de dichos Juzgados, para los efectos a que se refiere el artículo 48 del mismo ordenamiento legal, esto es, para que dentro del plazo de cuarenta y ocho horas se sirva comunicar si acepta o no la competencia planteada para conocer de la demanda de amparo en cuestión. 1.5. Testimonio. Fórmese cuaderno de antecedentes con copia de la papeleta de turno, de la demanda de amparo y del presente proveído. 1.6. Suspensión de los actos reclamados. Sin que haya lugar a proveer sobre la suspensión de los actos reclamados, ya que no se advierte que se actualice alguno de los supuestos que prevé el primer párrafo del artículo 48 de la Ley de Amparo. 1.7. Domicilio procesal. Téngase como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones, el que indica en su demanda. 1.8. Autorizados de la parte quejosa. Asimismo, autorizando en términos del artículo 12 de la Ley de Amparo, a Mario Alberto González Alcántara y Sergio Alberto González Maldonado, toda vez que cuenta con cédula profesional registrada en el Sistema Computarizado para el Registro Único de Profesionales del Derecho, ante los Órganos del Poder Judicial de la Federación; además, únicamente para oír y recibir notificaciones e imponerse de los autos a las personas restantes, por así haberlo solicitado expresamente. 2. DETERMINACIONES GENERALES EN RELACIÓN CON LA ACTUACIÓN DEL PERSONAL JUDICIAL Y LAS PARTES. Con apoyo en el Acuerdo General 25/2020 y 37/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformaron el similar 21/2020, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, póngase en conocimiento de las partes que, en cumplimiento a lo establecido por el Consejo de la Judicatura Federal, la actuación en el presente asunto estará sujeta a las reglas siguientes: 2.1. Trabajo a distancia o teletrabajo. Para preservar la salud de los servidores públicos y usuarios, como regla general el personal de este juzgado prestará servicio público de manera remota a través de medios electrónicos y sólo por excepción lo hará de manera presencial. Esto significa que las partes únicamente tendrán acceso a las instalaciones judiciales cuando ello resulte estrictamente necesario y se haya agendado la cita correspondiente. 2.2. Procedimiento jurisdiccional electrónico. Para facilitar la pronta resolución del juicio, las partes deben procurar su continuación en forma electrónica, bajo el esquema de juicio en línea, mediante el uso de Firma Electrónica Certificada del Poder Judicial de la Federación (FIREL) o Firma Electrónica Avanzada del Servicio de Administración Tributaria (e.firma, antes FIEL), indistintamente. 2.3. Datos de contacto del juzgado para solicitar y obtener información. Para facilitar a las partes el acceso a la información contenida en los expedientes y evitar que con su asistencia al órgano jurisdiccional se ponga en riesgo su propia salud y la integridad del personal judicial, se ponen a disposición los siguientes medios de contacto, en los que, previa constatación de la personalidad y capacidad para actuar en el proceso, se brindará atención mediante llamada telefónica, mensajería instantánea o correo electrónico, en el horario que igualmente se precisa: MEDIO DE CONTACTO HORARIO CÓMO OBTENER INFORMACIÓN Teléfono celular 4525180416 Correo electrónico 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx 8:30 A 14:30 horas, de lunes a viernes 1. El interesado debe enviar mensaje de texto mediante la aplicación denominada WhatsApp, o bien correo electrónico, proporcionando: a) Nombre completo y la calidad de parte que tiene en el asunto (quejoso, tercero interesado, etcétera). b) Una imagen fotográfica a color de su identificación oficial (credencial de elector o pasaporte), por ambos lados. c) Número de expediente e información requerida. 2. El servidor público que reciba la solicitud, la atenderá directamente si le es posible y se encuentra autorizada para ello; de lo contrario, la canalizará con el área competente. En todo caso, responderá a la solicitud de inmediato, mediante llamada telefónica, mensaje de texto o correo electrónico, indicando el tratamiento dado a la gestión. 2.4. Presentación de promociones y oficios. Las partes podrán presentar promociones y oficios sujetándose a lo siguiente: a) Enviando la promoción u oficio a través del portal de servicios en línea del Poder Judicial de la Federación, utilizando para ello cualquiera de las dos firmas electrónicas válidas (FIREL o e.firma), en cualquier tipo de asunto. b) Presentando directamente ante la Oficialía de Partes Común a los juzgados de Distrito en Uruapan, la promoción u oficio. La presentación directa es obligatoria tratándose de promociones u oficios en los que se haga valer algún recurso (queja, revisión o inconformidad), salvo que se realice con firma electrónica. 2.5. Publicaciones en lista. Dado que aún no se permitirá la entrada libre de las personas justiciables a los órganos jurisdiccionales, las listas de acuerdos se publicarán en internet conforme a lo previsto en el artículo 29 de la Ley de Amparo y en las leyes adjetivas correspondientes. Adicionalmente, este órgano jurisdiccional remitirá por correo electrónico a la delegación administrativa las listas a publicar, las cuales serán colocadas en la entrada del edificio sede para su consulta por los interesados. 2.6. Atención excepcional de manera presencial y con previa cita. La presencia física de las partes únicamente se admitirá: a) cuando el órgano jurisdiccional lo determine; y, b) cuando las partes gestionen y obtengan la cita respectiva. A fin de preservar el principio de imparcialidad, en ningún caso se obsequiará cita para exponer privadamente al titular alegatos o puntos de vista sobre los asuntos, por lo que todo lo relacionado con aspectos procesales que interesen a las partes deberá tener lugar en diligencia o audiencia a la que concurran todas ellas. 2.7. Apercibimientos. Se apercibe a las partes que el incumplimiento a las anteriores medidas, que se fundan en razones sanitarias y tienen por objeto evitar el riesgo de contagio entre el personal judicial y las partes, además de ocasionar el retraso en la tramitación y resolución de los asuntos de su interés, dará lugar también a otras medidas, como es la denegación de acceso al órgano jurisdiccional sin previa cita, llamadas de atención en caso de incumplir la sana distancia o no usar cubre bocas y la expulsión inmediata del recinto judicial en caso de reincidencia o incumplimiento reiterado. 2.8. Lineamientos en materia de notificaciones. Con fundamento en los artículos 4o. y 17 de la Constitución Federal, 3o., 15, 27, fracción II, y 28, fracción III, de la Ley de Amparo, y 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles: 2.8.1. Se instruye a los actuarios para que, por regla general, todas las notificaciones se lleven a cabo por medio de lista (que deberá publicarse en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación y remitirse también por correo electrónico a la delegación administrativa del edificio para su publicación en la entrada del edificio sede; lo anterior, salvo en los casos en que expresamente se determine que la notificación sea personal o deba enviarse oficio a las autoridades que tengan el carácter de responsables o de terceras interesadas. 2.8.2. Se instruye a los actuarios para que la preparación y desahogo de una notificación personal, se ajusten a lo siguiente: 2.8.3. Establezcan contacto telefónico, por mensajería instantánea o por correo electrónico con los interesados. Para ello, deberán examinar acuciosamente los autos buscando los datos respectivos e, incluso, podrán acudir, como hecho notorio, a los que se encuentren en diversos expedientes y sean atribuibles a las partes, lo que deberá ser debidamente corroborado al establecer el contacto. 2.8.4. Cerciorados de la identidad de la persona buscada, siguiendo en lo conducente las formalidades de ley aplicables, procederán a llevar a cabo por videoconferencia la notificación, levantando el acta correspondiente y dando cuenta con ella para acordar lo correspondiente. 2.8.5. De no poderse verificar la videollamada, previo acuerdo con el interesado el personal de actuaría deberá enviarle por mensajería instantánea o correo electrónico un ejemplar digitalizado de la resolución de que se trate y sus anexos. Por su lado, el interesado deberá contestar lo anterior dándose por notificado y recibido de las constancias conducentes, mediante escrito con firma autógrafa que deberá enviar digitalizado a cualquiera de los siguientes medios de contacto: Mensajería instantánea (WhatsApp) 4525180416 Correo electrónico del juzgado 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx El actuario deberá levantar acta en la que describa pormenorizadamente lo anterior, pues únicamente así la notificación surtirá plenos efectos. 2.8.6. Si a pesar de lo instrumentado no se logra la notificación personal, el personal de actuaría deberá dar cuenta por escrito para emitir el acuerdo que corresponda, sin que pueda proceder motu proprio a la práctica in situ de la notificación personal, sino únicamente cuando se le conceda autorización expresa. 2.8.7. Se requiere al Ministerio Público adscrito, a las autoridades responsables y a las que tengan la calidad de terceras interesadas, para que tan pronto reciban por correo electrónico una notificación mediante oficio, acusen recibo al siguiente contacto: Correo electrónico del Juzgado 6jdo11cto@correo.cjf.gob.mx El personal de actuaría deberá precisar en el texto del correo electrónico que envíe que, de no llevarse a cabo dicho acuse, o si se rehúsa la recepción del oficio, tendrá como consecuencia que se tenga por hecha la notificación, asentando la razón correspondiente. 2.8.8. Habilitación de días y horas para la práctica de notificaciones. Se habilitan días y horas inhábiles para la práctica de todo tipo de notificaciones en el presente asunto (personales, por oficio, electrónicas o por cualquier medio tecnológico). 2.9. Integración del expediente físico y publicidad. Se instruye a los secretarios y actuarios para que, tan pronto como se presente alguna actuación o diligencia que deba constar por escrito y que, por ese motivo, tengan acceso al expediente físico, incorporen de inmediato a éste la totalidad de las constancias que le falten y que obren en el expediente electrónico, con las evidencias criptográficas correspondientes, sin necesidad de agregarles certificación alguna, pues en términos del artículo 3o. de la Ley de Amparo, la firma electrónica posee el mismo valor jurídico que la firma autógrafa. Únicamente para el caso de que, por algún impedimento técnico, o cualquier caso de fuerza mayor, no pudieren obtenerse las referidas evidencias criptográficas, se faculta al fedatario correspondiente para certificar la coincidencia de la impresión con el expediente electrónico. Hágase saber a las partes, que les asiste el derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales, en el entendido de que la falta de manifestación expresa, implica la oposición a la publicación de tales datos. Lo anterior, en términos de los artículos 16, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 117 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 120 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública. Notifíquese personalmente; y publíquese también en la página electrónica del Poder Judicial de la Federación. Así lo acordó y firma electrónicamente Sergio Santamaría Chamú, Juez Sexto de Distrito en el Estado de Michoacán, de conformidad con el artículo 3, fracciones I y VII, del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y trámite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo; y en esos mismos términos firma también la Secretaria María Guadalupe Mateo Mendoza, quien da fe.
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