Víctor Manuel Cobos Montiel
Expediente 49/2018 tramitado ante el Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz. 2 actuaciones registradas, la última del 16 de febrero de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 49/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 2
- Última actuación
- 16/02/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Tercero de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Víctor Manuel Cobos Montiel
Actuaciones
- Principal
MESA IV-A."Ha transcurrido el plazo de cinco días que la ley establece para que la parte quejosa interpusiera recurso de queja contra el proveído que desechó la demanda... por tanto, se declara que dicho auto HA CAUSADO ESTADO... se ordena el archivo definitivo de este juicio como asunto concluido..."
- Principal
LA PRESENTE NOTIFICACIÓN (POR LISTA) SE REALIZA AL PROMOVENTE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 27 FRACCIÓN I INCISO C) DE LA LEY DE AMPARO VIGENTE. "...Vista la demanda de amparo presentada por Víctor Manuel Cobos Montiel, contra actos del Pemex Gas y Petroquímica Básica, con sede en esta ciudad, por violación a los derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 7, 8 y 23 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; se provee: RADICACIÓN Con fundamento en el artículo 112 de la Ley de Amparo, se ordena formar expediente y regístrese en el libro de gobierno de este juzgado bajo el número 49/2018-IV-A. DESECHAMIENTO Antes de proveer sobre la admisión de la demanda de amparo, resulta necesario examinar si en el caso se actualiza algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, en términos del numeral 113 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 113. El órgano jurisdiccional que conozca del juicio de amparo indirecto examinará el escrito de demanda y si existiera causa manifiesta e indudable de improcedencia la desechará de plano." El precepto transcrito autoriza al juez de distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando al examinarla encontrare motivo manifiesto e indudable de improcedencia. En relación a las características en que descansa la improcedencia del juicio biinstancial, cabe señalar que lo manifiesto se presenta cuando el motivo del no ejercicio de la acción constitucional se advierte en forma patente y clara de la lectura de la demanda y de los documentos que se anexan. Lo indudable conlleva la certidumbre y plena convicción que la causa de improcedencia de que se trate es operante en el caso concreto, de modo que aun en el supuesto de que se admitiera la demanda y se substanciara el procedimiento, no procediera formarse una convicción diversa, independientemente de los elementos que eventualmente pudieran allegar las partes. En otras palabras, el motivo manifiesto e indudable debe ser claro, sin lugar a dudas, evidente por sí mismo y que surja sin algún obstáculo a la vista del juzgador y que no pueda ser desvirtuado por algún medio de prueba durante el juicio... En ese contexto, debe precisarse que en la especie, el promovente señala como autoridad responsable ordenadora a Pemex Gas y Petroquímica Básica, con sede en esta ciudad. En la especie, quien suscribe estima que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con los diversos 1 primer párrafo y 5 fracción II, de la ley de la materia, este último interpretado a contrario sensu, de ahí que resulte oportuno traer a contexto su contenido y que en la parte que interesa establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley. Artículo 1o. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte; (.)" Artículo 5, Son parte en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas." En ese sentido, de la interpretación armónica de los citados preceptos, se deduce que el juicio de amparo sólo será procedente contra actos de autoridad. A contrario sensu, cuando se reclame un acto que no fue emitido por una autoridad formalmente dicha, el juicio constitucional será improcedente. De ahí que resulte pertinente señalar que, el concepto de autoridad para efectos del juicio de amparo ha ido evolucionando a lo largo de la historia y se ha abandonado la figura tradicional del "uso de la fuerza pública", como requisito sine qua non, para tener el carácter de autoridad responsable. Actualmente la autoridad para los efectos del juicio de amparo es todo aquel ente que ejerce facultades decisorias que le están atribuidas en la ley y por ende, constituyen una potestad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. De ahí, que sea dable aseverar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares y, en consecuencia, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, por ello, es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por sí mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas, entre ellas se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social, este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad, por ello, la constitución reconoce una serie de derechos fundamentales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Por lo anterior, para definir el concepto de autoridad responsable debe atenderse, también, a la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Bajo ese panorama, se advierte como notas que distinguen a una autoridad para los efectos del juicio de amparo, las siguientes: La existencia de un ente de hecho o de derecho que establezca una relación de supra a subordinación con un particular. Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, por lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser de naturaleza pública la fuente de tal potestad. Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga, por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afectan la esfera legal del particular... En ese contexto, de la demanda de amparo en el capítulo de "acto reclamado", el promovente refiere: ".a) La negativa de devolver dinero que le fue retenido al suscrito en mi nómina de forma arbitraria.". De igual forma, en su capítulo de "antecedentes", los cuales fueron narrados por el promovente bajo protesta de decir verdad, señalaron: ".2.- ahora bien en fecha 13 de diciembre del año 2015, me comenzaron a realizar deducciones de mi tirilla de pago con clave *** que tiene como concepto RECUPERACIÓN PRÉSTAMO TEMPORAL, primero comenzaron a descontar la cantidad de *** mismo que me fue realizado en cuatro períodos de pago, quiero agregar que el suscrito nunca autorice dicho descuento, después de los cuatro períodos de pago que me descontaron esa cantidad, para el quinto pago y hasta la fecha me están descontando la cantidad de... Bajo ese panorama, se concluye que la relación jurídica entablada con motivo del acto que reclama el quejoso, no es de aquéllas de supra a subordinación. En ese sentido, los descuentos que realiza Pemex Gas y Petroquímica Básica, con sede en Poza Rica de Hidalgo, Veracruz, en los recibos de pago de pensión jubilatoria al quejoso, no constituyen un acto de autoridad para los efectos del juicio de amparo, dado que se origina en las obligaciones que como patrón tiene Pemex Gas y Petroquímica Básica de esta ciudad, con sus trabajadores, y no de un deber como autoridad. De ahí que, queda patente que la relación jurídica que une al quejoso con Pemex Gas y Petroquímica Básica de esta localidad, que señala como autoridad responsable es de naturaleza laboral, pues tal acto reclamado no lo hace con su potestad de autoridad, sino con el carácter de patrón en el ámbito del derecho laboral que rige las relaciones de ese órgano con su personal, dentro del marco constitucional previsto en el artículo 123, apartado A, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. De ahí que, devenga oportuno concluir que es imposible tener a Pemex Gas y Petroquímica Básica, con sede en esta ciudad, como autoridad responsable bajo los atributos establecidos para el juicio de amparo, dado que el acto reclamado encuadra en la relación laboral del quejoso con esa potestad... Por tanto, se concluye que la citada autoridad responsable carece de los atributos establecidos en la fracción II del artículo 5 de la Ley de Amparo vigente, motivo por el cual no le resulta el carácter de autoridad responsable. En consecuencia, por las razones expuestas, con fundamento en los diversos 112 y 113 de la ley de la materia, se desecha de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo que nos ocupa..."
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