Víctor Manuel Cirigo Arias
Expediente 828/2020 tramitado ante el Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 22 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 828/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 22
- Última actuación
- 10/05/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Tercero de Distrito en el Estado de Oaxaca · Oaxaca
Partes del expediente
- Víctor Manuel Cirigo Arias
Actuaciones
Las 4 más recientes de 22.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de mayo de dos mil veintiuno. Vista la certificación que antecede, de la que se advierte que ha transcurrido el término a que se refiere la Ley de Amparo en su artículo 86, sin que la parte quejosa (única afectada), haya recurrido la sentencia dictada por este Juzgado el veinticinco de marzo del año en curso, por la que se sobreseyó el presente juicio de garantías; por tanto, con fundamento en el artículo 2º de la ley antes invocada, en relación con los diversos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha sentencia HA CAUSADO EJECUTORIA, para los efectos legales correspondientes. Con fundamento en el artículo 214 de la Ley de Amparo, archívese el expediente como asunto definitivamente concluido. En virtud de lo anterior, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente; en específico su artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina la valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso a) (juicios de amparo en los que se haya sobreseído respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado; Es susceptible de destrucción; Transcurridos tres años de ordenado el archivo, dentro de los treinta días siguientes se deberá destruir este expediente; y Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales. NOTIFÍQUESE.
- Incidental
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diez de mayo de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos advierte, con esta fecha se ordenó el archivo del juicio de amparo al que pertenece este incidente de suspensión; en consecuencia, al advertirse que se negó la suspensión definitiva a la parte quejosa, con fundamento en el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, que entró en vigor al día siguiente, archívese el presente asunto como concluido. De igual forma, con apoyo en el artículo 35 (Orden de archivo), este juzgador determina su valoración respectiva en términos del artículo 21, inciso c) (incidente de suspensión en amparo siempre que la medida cautelar se haya negado respecto de todos los actos reclamados), por lo tanto: a) No tiene relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos por el numeral 15 del Acuerdo citado. b) Procédase a la destrucción del duplicado del presente incide de suspensión, una vez que cuente con más de seis meses de haberse dictado la resolución interlocutoria (artículo 20, fracción II, inciso a). c) En cuanto al original de este incidente, una vez concluido el plazo de tres años, dentro de los treinta días siguientes deberá procederse a su destrucción; y d) Terminado el proceso de destrucción, remítase el acta de baja documental correspondiente a la Dirección General de Archivo y Documentación. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Se hace constar que en el presente expediente no existen documentos originales exhibidos por las partes. NOTIFÍQUESE.
- Principal
VISTOS para resolver los autos del juicio de amparo número 828/2020; y R E S U L T A N D O : PRIMERO. VÍCTOR MANUEL CIRIGO ARIAS, por su propio derecho, mediante escrito presentado el ocho de diciembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta localidad, y que por razón de turno correspondió conocer a este juzgado, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra los actos reclamados a los titulares de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; de la Unidad de Inteligencia Financiera de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público; de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores; del Vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y al representante legal de Santander (México), Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander, consistentes en: la orden verbal o escrita para bloquear, cancelar, suspender o revocar su cuenta bancaria 65-50318075-5, así como la falta de notificación del inicio y tramitación del procedimiento administrativo de donde deriva dicha orden, y su ejecución, actos que estima violatorios de sus derechos fundamentales contenidos en los artículos 1, 5, 14, 16, 25, 31 y 133, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. SEGUNDO. En proveído de diecisiete de diciembre de dos mil veinte, previo requerimiento, este juzgado admitió la demanda de amparo, solicitó a las autoridades responsables su informe justificado, dio al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, y señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual tuvo verificativo conforme al acta que antecede. C O N S I D E R A N D O : PRIMERO. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver este juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 1º., 6º., 107, 108, 124, y demás relativos de la Ley de Amparo; y, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el punto cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General número 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados, Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, reformado mediante Acuerdo General 45/2016, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de octubre de dos mil dieciséis. SEGUNDO. La Directora General de la Unidad de Inteligencia Financiera, el Director y Subdirector Contencioso, en representación del presidente y vicepresidente de Supervisión de Procesos Preventivos de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, y el Director General de Asuntos Contenciosos y Procedimientos en representación del Secretario de Hacienda y Crédito Público, al rendir su informe justificado negaron categóricamente la existencia de los actos reclamados, misma que se admite en los términos expuestos, sin que la parte quejosa ofreciera prueba en contrario. Ello es así, pues el quejoso no aportó medio de convicción alguno por el cual demostrara que previo a la promoción de la demanda de amparo, la cuenta bancaria 65-50318075-5, aperturada en la institución bancaria Santander, estuviera bloqueada, tan es así, que al cumplir con el requerimiento formulado en auto de nueve de diciembre de dos mil veinte, bajo protesta de decir verdad refirió que la misma no se encontraba bloqueada. En ese orden, las documentales exhibidas mediante escrito de seis de marzo de dos mil veintiuno, no desvirtúan la negativa de las responsables, pues como lo refiere el quejoso, al pretender realizar un movimiento el seis de marzo de dos mil veintiuno, la referida cuenta presentó una retención de operaciones bancarias y paralización para realizar movimientos, lo que denota, en su caso, que la inmovilización de la cuenta bancaria se dio posterior a la presentación de la demanda de amparo (ocho de diciembre de dos mil veinte), por tanto, al momento de su presentación, el acto reclamado resultaba inexistente. Conforme a lo expuesto, y al ser inexistentes los actos reclamados, se sobresee en el juicio con fundamento en el artículo 63 fracción IV, de la Ley de Amparo. TERCERO. El titular de Comisión Nacional Bancaria y de Valores, fue omiso en rendir su informe justificado, no obstante quedar notificado de su petición, como así se advierte de la razón levantada por el acturario adscrito. CUARTO. Previamente al estudio del fondo del asunto, sea que lo aleguen las partes o este Juzgador advierta de oficio, se debe analizar si en la especie opera alguna causa de improcedencia, por así disponerlo el artículo 62 de la Ley de Amparo, y por ser una cuestión de orden público. En el caso, por lo que hace al titular de Comisión Nacional Bancaria y de Valores, se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el diverso 108, fracciones IV y VIII, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: (.) IV. La norma general, acto u omisión que de cada autoridad se reclame;VIII. Los conceptos de violación." Lo anterior es así, pues del análisis de la demanda de amparo no se aprecia el quejoso hubiere reclamado acto alguno a la Comisión Nacional Bancaria y de Valores, tampoco que formulara concepto de violación por cuanto a ella se refiere. En ese sentido, el suscrito se encuentra impedido legalmente para realizar pronunciamiento alguno por cuanto a la referida responsable se refiere. QUINTO. Previo a determinar si el acto reclamado al representante legal de Santander (México), Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander, es existente o no, conviene precisar si dicha institución reviste esa calidad. Ello es así, pues por regla general el sobreseimiento por inexistencia del acto reclamado, presupone que los actos reclamados emanan de una autoridad; por el contrario, cuando dichos actos se atribuyen a alguien que no tiene esa calidad para los efectos del amparo, tal presupuesto se torna preferente, pues de no tenerla, es irrelevante analizar si el acto que se le atribuye existe o no. Apoya lo anterior, la jurisprudencia emitida por el Primer Tribunal Colegiado en materia Administrativa del Sexto Circuito, visible a página 2086, Libro 68, Julio de 2019, Tomo III, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "RESPONSABLE QUE NO ES AUTORIDAD PARA EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO E INEXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. PREFERENCIA DE LA CAUSAL DE IMPROCEDENCIA ATINENTE A LA RESPONSABLE SOBRE LA DEL ACTO RECLAMADO INEXISTENTE. La regla general de darle preferencia a la causal de sobreseimiento por negativa de actos no desvirtuada, presupone como requisito sine qua non que los actos reclamados, sin lugar a dudas, se atribuyen a una autoridad; sin embargo, cuando se señala a alguien que no tiene el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo (como por ejemplo el comisariado y el consejo de vigilancia de bienes comunales), este presupuesto procesal se torna preferente, pues de no tener esa calidad la señalada como tal en la demanda de amparo, es irrelevante analizar si el acto fáctico que se le atribuye existe o no. Es decir, el carácter de autoridad del ente emisor es un presupuesto previo, para poder analizar si el acto que se le reclama es o no cierto. No es casual que en el orden en que el artículo 108 de la Ley de Amparo establece los requisitos de la demanda de garantías, primero se enuncia el señalamiento de la autoridad o autoridades responsables (fracción III), y después la precisión del acto que de cada una se reclame (fracción IV); en virtud de que, como premisa lógica para que exista un acto de autoridad, en primer lugar debe existir la autoridad que lo emita, si ésta no existe, menos puede existir el acto que se le atribuye. De ahí que en un caso así es preferente la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 5o., fracción II, ambos de la Ley de Amparo, sobre la de sobreseimiento contenida en la fracción IV del artículo 63 del mismo ordenamiento legal." Así, en la especie se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los numerales 1°, fracción I, y 5º, fracción II, éste en sentido contrario, de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta ley". "Artículo 1. El juicio de amparo tiene por objeto resolver toda controversia que se suscite: I. Por normas generales, actos u omisiones de autoridad que violen los derechos humanos reconocidos y las garantías otorgadas para su protección por la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como por los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte;" "Artículo 5. Son partes en el juicio de amparo: [...] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas. Para los efectos de esta Ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general." Previo a exponer las razones de la decisión que se adopta, resulta menester precisar que el concepto de autoridad responsable debe concebirse, fundamentalmente, por exclusión de los actos de particulares. Lo anterior es así, ya que la naturaleza, antecedentes y evolución del juicio de amparo apuntan a sostener que éste sólo procede contra actos de autoridad y por virtud de lo establecido en el ordinal 5º, fracción II, de la Ley de Amparo, también procede excepcionalmente en contra de particulares, siempre y cuando, éstos realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en los términos de esta fracción, y cuyas funciones estén determinadas por una norma general. En ese contexto jurídico, resulta indispensable establecer las bases para distinguir un acto de otro, para lo cual es ideal atender a la clasificación que la teoría general del derecho hace de las relaciones jurídicas de coordinación, supra a subordinación y supraordinación. De acuerdo con esa teoría, las relaciones de coordinación son las entabladas entre particulares, en las cuales éstos actúan en un mismo plano, es decir, en igualdad, por lo que para dirimir sus diferencias e impedir que se hagan justicia por ellos mismos, se crean en la ley los procedimientos ordinarios necesarios para ventilarlas; dentro de este tipo de relaciones se encuentran las que se regulan por el derecho civil, mercantil, agrario y laboral. La nota distintiva de este tipo de relaciones es que las partes involucradas deben acudir a los tribunales ordinarios para que coactivamente se impongan las consecuencias jurídicas establecidas por ellas o contempladas por la ley, estando ambas en el mismo nivel, existiendo una bilateralidad en el funcionamiento de las relaciones de coordinación. En cambio, las relaciones de supra a subordinación son las que se entablan entre gobernantes y gobernados, por actuar los primeros en un plano superior a los segundos, en beneficio del orden público y del interés social; se regulan por el derecho público que también establece los procedimientos para ventilar los conflictos que se susciten por la actuación de los órganos del Estado, entre ellos destaca, en el ámbito ordinario, el procedimiento contencioso-administrativo y los mecanismos de defensa de los derechos humanos, mientras que en el parámetro constitucional, el juicio de amparo. Este tipo de relaciones se caracterizan por la unilateralidad y por ello, la Constitución reconoce una serie de derechos humanos y garantías individuales como limitaciones al actuar del gobernante, ya que el órgano del Estado impone su voluntad sin necesidad de acudir a los tribunales. Concomitante con lo anterior, las relaciones de supraordinación son las que se establecen entre los órganos del propio Estado, en las que éstos actúan en un plano de igualdad superior, por encima de los particulares, regulándose también por el derecho público que establece mecanismos de solución política y jurisdiccional, destacando en este último rubro, las controversias constitucionales y las acciones de inconstitucionalidad que señala el artículo 105, fracciones I y II, de la Constitución General de la República. En esas condiciones, es evidente que para definir el concepto de autoridad responsable es necesario tomar en cuenta la distinción de las relaciones jurídicas, examinando si la que se somete a la decisión de los órganos jurisdiccionales de amparo se ubica dentro de las denominadas de supra a subordinación, que tiene como presupuesto que el promovente tenga el carácter de gobernado y el ente señalado como autoridad actúe en un plano superior. Apoya lo anterior la jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 1089, Tomo XXXIV, Septiembre de 2011, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto siguiente: "AUTORIDAD PARA LOS EFECTOS DEL JUICIO DE AMPARO. NOTAS DISTINTIVAS. Las notas que distinguen a una autoridad para efectos del juicio de amparo son las siguientes: a) La existencia de un ente de hecho o de derecho que establece una relación de supra a subordinación con un particular; b) Que esa relación tenga su nacimiento en la ley, lo que dota al ente de una facultad administrativa, cuyo ejercicio es irrenunciable, al ser pública la fuente de esa potestad; c) Que con motivo de esa relación emita actos unilaterales a través de los cuales cree, modifique o extinga por sí o ante sí, situaciones jurídicas que afecten la esfera legal del particular; y, d) Que para emitir esos actos no requiera acudir a los órganos judiciales ni precise del consenso de la voluntad del afectado". Ahora bien, con base en las notas distintivas ya precisadas, es inconcuso que al representante legal de Santander (México), Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander, no le reviste el carácter de autoridad responsable para los efectos del juicio de amparo, en la medida que sus actos, por carecer de imperio y de coerción, se consideran como de aquéllos realizados por particulares, contra los cuales no procede el juicio constitucional. Lo anterior es así, pues aun cuando el acto de ejecución (embargo de cuenta bancaria) atribuido a la institución financiera pudiera tener efectos en la esfera jurídica del quejoso, no debe perderse de vista que esos efectos no son impuestos por aquélla, sino por las autoridades señaladas como ordenadoras (quienes negaron los actos reclamados), razón por la cual, esa imposición unilateral y obligatoria de tales efectos no le es propia, lo que impide conferirle el carácter de autoridad responsable para efectos del juicio de amparo, pues desde el momento mismo en que sus actos carecen de esos atributos, no es dable sostener que sean equivalentes a los de autoridad. Apoya lo anterior, la tesis emitida por el Décimo Quinto Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, visible a página 3513, Libro 71, Octubre de 2019, Tomo IV, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, de rubro y texto siguientes: "INSTITUCIONES BANCARIAS. NO SON AUTORIDAD RESPONSABLE PARA EFECTOS DEL AMPARO, CUANDO INMOVILIZAN CUENTAS EN AUXILIO DE LA COMISIÓN NACIONAL BANCARIA Y DE VALORES O POR RESOLUCIÓN JUDICIAL. El artículo 5o., fracción II, de la Ley de Amparo establece la norma que regula las notas características del acto de autoridad, en cuanto crean, modifican o extinguen situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, así como también identifica como autoridad a los particulares cuyas funciones estén determinadas por una norma general que los faculte para realizar actos equivalentes a aquellos que afecten derechos en términos de esta fracción. En ese sentido, la intervención de las instituciones bancarias al inmovilizar cuentas, no les otorga la calidad de autoridades responsables en el juicio de amparo porque no dictan, ni ordenan un acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria, sino que dichos actos no provienen de la voluntad de las instituciones financieras, sino en auxilio de la Comisión Nacional Bancaria y de Valores o de una resolución judicial. Esto es así, porque aun cuando dichos actos atribuidos a las instituciones financieras relacionadas están dirigidos a tener efectos en la esfera jurídica de los quejosos de amparo, no debe perderse de vista que esos efectos no son impuestos por aquéllas, sino por una autoridad jurisdiccional, razón por la cual esa imposición unilateral y obligatoria de dichos efectos no es propia de las instituciones financieras, lo que impide conferirles el carácter de autoridades responsables para efectos del juicio de amparo pues, desde el momento mismo en que sus actos carecen de esos atributos, no es dable sostener que sean equivalentes a los de autoridad. En esas condiciones, si bien es cierto que el artículo y fracción citados establecen que para los efectos de la propia ley, los particulares tendrán la calidad de autoridad responsable cuando realicen actos equivalentes a los de autoridad, que afecten derechos en términos de la fracción invocada y cuyas funciones estén determinadas por una norma general, también lo es que las instituciones bancarias no se encuentran en ese supuesto, pues lo que se reclama de éstas es la inmovilización de cuentas, ordenadas por una autoridad judicial y son sólo auxiliares de la administración de justicia." Consecuentemente, y al actualizarse las causas de improcedencia invocadas, se sobresee en el presente juicio de amparo, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 63 fracción V, de la Ley de Amparo. Por lo expuesto y fundado y con apoyo además en los artículos 73, primer párrafo, a 75, y 124 de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E: ÚNICO. Se sobresee en el presente juicio de amparo número 828/2020, promovido por VÍCTOR MANUEL CIRIGO ARIAS. NOTIFÍQUESE.
- Principal
San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, diecinueve de marzo de dos mil veintiuno. Visto el estado de los autos, y toda vez que se encuentra transcurriendo la vista otorgada a las partes en proveído de nueve de marzo de dos mil veintiuno, respecto al informe justificado rendido por la autoridad responsable, por tanto, resulta jurídicamente imposible celebrar la audiencia constitucional señalada para esta fecha, por lo que se difiere y se fijan nuevamente las TRECE HORAS CON QUINCE MINUTOS DEL VEINTICINCO DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito de cuenta signado por el autorizado de la parte quejosa, en atención a la prueba de informe que se ofrece, a cargo del representante legal de Santander (México), Sociedad Anónima, Institución de Banca Múltiple, Grupo Financiero Santander, no ha lugar a su admisión, toda vez que se trata de una confesional que se encuentra proscrita por el artículo 119 de la Ley de Amparo, pues dicha autoridad está señalada como responsable en este juicio; por ello, con apoyo en el citado artículo, se desecha dicha probanza. Es aplicable al caso la Jurisprudencia sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a página 1326, Libro XVI, Enero de 2013, Tomo II, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décimo Época que dice: "PRUEBA DE INFORME A CARGO DE LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. ES INADMISIBLE EN TÉRMINOS DEL ARTÍCULO 150 DE LA LEY DE AMPARO.- La prueba ofrecida por la quejosa en un juicio de amparo indirecto por informe a cargo de la autoridad responsable resulta inadmisible conforme al artículo 150 de la Ley de Amparo, en virtud de que su ofrecimiento implica que aquélla deba emitir un documento antes inexistente en sus archivos, en el que informe, bajo los lineamientos señalados por la oferente, respecto de hechos o apreciaciones sobre la litis que circunscribe el propio juicio, lo que indudablemente se traduciría en una prueba de posiciones proscrita por el citado precepto legal". El criterio invocado, a pesar de haber sido integrado conforme a la Ley de Amparo anterior, resulta aplicable al caso en términos del artículo sexto transitorio de la Ley de Amparo en vigor a partir del tres de abril de dos mil trece, dado que no se opone a ésta. Finalmente, agréguese a los autos el oficio de cuenta, signado por el jefe del Centro de Atención al Público de Correos de México, con sede en Oaxaca de Juárez, mediante el cual informa que las piezas postales MN6801 01109MX y MN6801 01110MX, ya fueron entregadas a este órgano jurisdiccional; lo anterior únicamente para que obre como corresponda. NOTIFÍQUESE.
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