VÍctor Manuel Chávez López

Expediente 17/2017 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en Materia de Amparo Civil, Administrativo y de Trabajo y de Juicios Federales en el Estado de Querétaro. 3 actuaciones registradas, la última del 25 de enero de 2017.

Datos del expediente

Expediente
17/2017
Año
2017
Actuaciones
3
Última actuación
25/01/2017

Partes del expediente

  • VÍctor Manuel Chávez López

Actuaciones

  1. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, veinticinco de enero de dos mil diecisiete. Doy fe. El Secretario. Isaác Ramírez Salero. En veinticinco de enero de dos mil diecisiete, doy cuenta con la certificación que antecede y con el estado procesal que guardan los presentes autos. Conste. El Secretario. Isaác Ramírez Salero. Santiago de Querétaro, Querétaro, veinticinco de enero de dos mil diecisiete. Vista la certificación que antecede y con fundamento en los numerales 356, fracción II, y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria, se declara que ha causado ejecutoria el acuerdo que desechó la demanda de amparo, considerando que la parte quejosa no interpuso recurso de queja contra dicho auto. Se ordena realizar las anotaciones correspondientes en el Libro de Gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE); archívese el presente juicio como asunto concluido. En cumplimiento a lo dispuesto en el segundo párrafo del punto décimo primero del Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se ordena: 1. Destruir el expediente principal, ya que se actualiza la hipótesis de la fracción I del punto vigésimo primero, del citado Acuerdo General conjunto, al ser un juicio de amparo en el que se desechó la demanda, no existen documentos originales exhibidos por las partes y carece de relevancia documental; hecho que deberá realizarse una vez transcurridos cinco años a partir de esta fecha, previa formulación del acta y relación correspondiente para la plena identificación del expedientillo destruido, tal como lo dispone el punto vigésimo cuarto del acuerdo normativo. 2. Transferir el expediente principal una vez transcurrido tres años a partir de esta fecha, al Centro de Documentación y Análisis, previa anotación correspondiente en los libros de gobierno, tal y como lo dispone el punto vigésimo quinto del acuerdo normativo. Notifíquese.

  2. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, diez de enero de dos mil diecisiete. Se tiene por recibida la demanda de amparo que promueve ***, contra actos del: 1. Legislatura del Estado de Querétaro; 2. Gobernador Constitucional del Estado de Querétaro; 3. Secretario de Planeación y Finanzas del Estado de Querétaro; 4. Director de Ingresos de la Secretaría de Planeación y Finanzas del Poder Ejecutivo del Estado de Querétaro; y, 5. Director del Registro Público de la Propiedad y de Comercio del Estado de Querétaro. ANOTACIONES Se ordena formar el expediente correspondiente, capturar su ingreso en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), y en el Libro de Gobierno de este juzgado bajo el número de juicio de amparo 17/2017-V-B. DESECHAMIENTO El artículo 113 de la Ley de Amparo impone la obligación de examinar la demanda de amparo, estudiando en su orden si es procedente o no. Para dictar la improcedencia del juicio es necesario analizar si el acto reclamado se sitúa en alguna de las hipótesis a que refiere el artículo 61 o 63 de la ley de la materia, así como analizar si esa causal es manifiesta e indudable, el primero de los conceptos refiere a que la causa de improcedencia se advierta en forma patente y absolutamente clara, el segundo, que haya certidumbre y plena convicción que es operante. En el particular existe un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, respecto del acto reclamado por la parte quejosa, consistente en: ? La discusión, aprobación, expedición, promulgación, refrendo de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, Querétaro, para el ejercicio fiscal 2016, específicamente, en sus artículos 90, 97 y 99, relativos a los servicios prestados por el Registro Público de la Propiedad, así como su aplicación, relativo a la inscripción de compraventas de inmuebles concretado en el pago efectuado trece de diciembre de dos mil dieciséis. Lo anterior por considerar que la presentación de la demanda es extemporánea, por lo que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XIV, en relación con los numerales 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, que establecen: Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: . ...XIV. Contra normas generales o actos consentidos tácitamente, entendiéndose por tales aquéllos contra los que no se promueva el juicio de amparo dentro de los plazos previstos. No se entenderá consentida una norma general, a pesar de que siendo impugnable en amparo desde el momento de la iniciación de su vigencia no se haya reclamado, sino sólo en el caso de que tampoco se haya promovido amparo contra el primer acto de su aplicación en perjuicio del quejoso. Cuando contra el primer acto de aplicación proceda algún recurso o medio de defensa legal por virtud del cual pueda ser modificado, revocado o nulificado, será optativo para el interesado hacerlo valer o impugnar desde luego la norma general en juicio de amparo. En el primer caso, sólo se entenderá consentida la norma general si no se promueve contra ella el amparo dentro del plazo legal contado a partir del día siguiente de aquél al en que surta sus efectos la notificación de la resolución recaída al recurso o medio de defensa, si no existieran medios de defensa ordinarios en contra de dicha resolución, o de la última resolución recaída al medio de defensa ordinario previsto en ley contra la resolución del recurso, aún cuando para fundarlo se hayan aducido exclusivamente motivos de ilegalidad. Si en contra de dicha resolución procede amparo directo, deberá estarse a lo dispuesto en el capítulo respectivo a ese procedimiento;" "Artículo 17. El plazo para presentar la demanda de amparo es de quince días, salvo: I. Cuando se reclame una norma general autoaplicativa, o el procedimiento de extradición, en que será de treinta días; II. Cuando se reclame la sentencia definitiva condenatoria en un proceso penal, que imponga pena de prisión, podrá interponerse en un plazo de hasta ocho años; III. Cuando el amparo se promueva contra actos que tengan o puedan tener por efecto privar total o parcialmente, en forma temporal o definitiva, de la propiedad, posesión o disfrute de sus derechos agrarios a los núcleos de población ejidal o comunal, en que será de siete años, contados a partir de que, de manera indubitable, la autoridad responsable notifique el acto a los grupos agrarios mencionados; IV. Cuando el acto reclamado implique peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales, en que podrá presentarse en cualquier tiempo." "Artículo 18. Los plazos a que se refiere el artículo anterior se computarán a partir del día siguiente a aquél en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso del acto o resolución que reclame o a aquél en que haya tenido conocimiento o se ostente sabedor del acto reclamado o de su ejecución, salvo el caso de la fracción I del artículo anterior en el que se computará a partir del día de su entrada en vigor." Lo anterior se afirma, por las razones que a continuación se exponen. En primer lugar, resulta conveniente precisar que respecto de la aplicación de los actos reclamados sintetizados líneas que anteceden, y en cuanto a los preceptos jurídicos aludidos, el quejoso anexó a su escrito de demanda el recibo de pago con número de operación***, expedido a su favor por la Dirección de Ingresos de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Querétaro, trece de diciembre de dos mil dieciséis, en los que se refleja el pago por concepto de prestación servicios del Registro Público de la Propiedad y del Comercio. Así, el comprobante de pago anotado se le confiere valor probatorio pleno de conformidad con lo dispuesto por los numerales 197 y 210-A ambos del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, al tratarse de un documento en el que se observa el sello correspondiente a la Dirección de Ingresos de la Secretaria de Planeación y Finanzas del Gobierno del Estado de Querétaro, proveniente de un medio electrónico que contiene los datos que corroboran su fiabilidad, como son el código de captura y sello digital, los cuales ponen en evidencia la existencia de los recibos a que se ha hecho alusión. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 1.7o.A.410 A, emitida por el Séptimo Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, visible en la página 2471, del Tomo XXII, Octubre de 2005, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 176863 y de rubro y texto siguientes: RECIBO DE PAGO ELECTRÓNICO. VALOR PROBATORIO DE LA DOCUMENTAL IMPRESA CORRESPONDIENTE. El artículo 210-A del Código Federal de Procedimientos Civiles reconoce como prueba la información generada o comunicada que conste en medios electrónicos, ópticos o en cualquier otra tecnología, condicionando su valor a la fiabilidad del método en que haya sido generada, comunicada, recibida o archivada, y en su caso, si es posible atribuir a las personas obligadas el contenido de la información relativa y ser accesible para su ulterior consulta. De esta manera, el legislador, ante los avances de la tecnología, contempló la posibilidad de que en los juicios seguidos ante los tribunales se exhibieran y valoraran elementos probatorios distintos a los convencionales, tales como testimoniales, periciales, documentos, entre otros; consecuentemente, la información generada por la vía electrónica (internet, comercio electrónico y análogos), tiene un respaldo legislativo, a efecto de crear seguridad jurídica en los usuarios de tales servicios. Así, la valoración del material probatorio en comento no debe sujetarse a las reglas convencionales de justipreciación, sino al apartado específico del numeral en estudio; de esta manera, un recibo de pago de impuestos realizado electrónicamente no carece, por tal circunstancia, de eficacia probatoria, ya que lo que se habrá de tomar en consideración, en su momento, son los datos que corroboren su fiabilidad, como son el código de captura y sello digital, y no elementos ajenos a la naturaleza de los documentos electrónicos, tales como si se trata del original de una impresión. Además, es necesario destacar que el quejoso narra en sus antecedentes del acto reclamado, bajo protesta de decir verdad, de conformidad con la fracción V del artículo 108 de la Ley de Amparo, que la ley que aquí reclama es por el acto de aplicación consistente en el pago de prestación de servicios del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, respecto de un inmueble que adquirió, y que el trece de diciembre de dos mil dieciséis, realizó dicho pago por la prestación de ese servicio, por lo que se deduce que a partir de esa fecha conoció la causación de la contribución reclamada, pues realizó el pago del mismo, obteniendo el recibo descrito anteriormente, y en el que sustenta el primer acto de aplicación de las porciones normativas reclamadas. Establecido lo anterior, de conformidad con el transcrito artículo 17 de la Ley de Amparo, el término para la interposición del juicio de amparo es de quince días, los cuales de acuerdo con lo estipulado por el diverso artículo 18, serán contados a partir del día siguiente: a) Al en que surta efectos, conforme a la ley del acto, la notificación al quejoso de la resolución o acuerdo que reclame; b) Al en que el quejoso haya tenido conocimiento de ellos o de sus actos de ejecución; o, c) Al en que el quejoso se haya ostentado sabedor de los referidos actos. A propósito de ello, debe resaltarse que de lo manifestado por el promovente del amparo en su escrito de demanda, se colige que éste atribuye a los ordenamientos legales impugnados, el carácter de normas heteroaplicativas o de individualización condicionada, lo cual se constata en función al contenido de dichos preceptos. Para una mayor claridad, debe establecerse que la fracción XII, del artículo 61, de la Ley de Amparo, distingue entre leyes que por su sola vigencia causan perjuicio al quejoso y aquellas que para que irroguen dicho perjuicio se requiere de un acto posterior de aplicación. Las primeras se conocen como autoaplicativas, mientras que las segundas son las llamadas heteroaplicativas, estas últimas, se reitera, requieren de un acto concreto de aplicación que interfiera en la esfera jurídica de la parte quejosa. En este segundo supuesto, es decir, tratándose de leyes heteroaplicativas, la fracción XIV, del artículo 61, de la Ley de Amparo, establece que para impugnar una ley en un juicio constitucional el interesado tiene la opción de ejercer la acción de amparo en su contra, ya a través de su primer acto de aplicación, ya en contra de la resolución correspondiente recaída al recurso o medio de defensa ordinario que, en su caso, se hubiese interpuesto en contra de dicho acto. Es de puntual aplicación la tesis establecida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, relativa a la Novena Época, que aparece publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo VI, Julio de 1997, Tesis P./J. 55/97, Página 5, que prescribe: LEYES AUTOAPLICATIVAS Y HETEROAPLICATIVAS. DISTINCIÓN BASADA EN EL CONCEPTO DE INDIVIDUALIZACIÓN INCONDICIONADA. Para distinguir las leyes autoaplicativas de las heteroaplicativas conviene acudir al concepto de individualización incondicionada de las mismas, consustancial a las normas que admiten la procedencia del juicio de amparo desde el momento que entran en vigor, ya que se trata de disposiciones que, acorde con el imperativo en ellas contenido, vinculan al gobernado a su cumplimiento desde el inicio de su vigencia, en virtud de que crean, transforman o extinguen situaciones concretas de derecho. El concepto de individualización constituye un elemento de referencia objetivo para determinar la procedencia del juicio constitucional, porque permite conocer, en cada caso concreto, si los efectos de la disposición legal impugnada ocurren en forma condicionada o incondicionada; así, la condición consiste en la realización del acto necesario para que la ley adquiera individualización, que bien puede revestir el carácter de administrativo o jurisdiccional, e incluso comprende al acto jurídico emanado de la voluntad del propio particular y al hecho jurídico, ajeno a la voluntad humana, que lo sitúan dentro de la hipótesis legal. De esta manera, cuando las obligaciones derivadas de la ley nacen con ella misma, independientemente de que no se actualice condición alguna, se estará en presencia de una ley autoaplicativa o de individualización incondicionada; en cambio, cuando las obligaciones de hacer o de no hacer que impone la ley, no surgen en forma automática con su sola entrada en vigor, sino que se requiere para actualizar el perjuicio de un acto diverso que condicione su aplicación, se tratará de una disposición heteroaplicativa o de individualización condicionada, pues la aplicación jurídica o material de la norma, en un caso concreto, se halla sometida a la realización de ese evento. En esa tesitura, se trae a glosa que los ordenamientos legales reclamados por el quejoso y que se mencionaron en el apartado previo, son de naturaleza heteroaplicativa, cuya teología involucra una autoliquidación, esto es, que es el propio peticionario del amparo quien voluntariamente acude a realizar el pago de los conceptos que ahí se leen, por lo que de acuerdo a su narrativa expresada en la demanda, concatenada con las hipótesis previstas en el artículo 17 de la Ley de Amparo, se colige que no se está ante la premisa de oportunidad descrita en el inciso a) que precede, ya que no existe fecha de notificación de la resolución o acuerdo reclamado; no obstante se actualiza la condición inserta en el inciso b), dado que del comprobante de pago que el quejoso adjuntó a su demanda, data del trece de diciembre de dos mil dieciséis; entonces la hipótesis en la que nos encontramos para el cómputo en la presentación de su demanda de amparo, es lo relatado en los incisos b) y c), a saber, el cómputo deberá verificarse a partir del momento en que el quejoso tuvo conocimiento del referido acto. En esa virtud, es a partir del momento en que el promovente se ostenta saber de los actos de aplicación de las normas que tilda de inconstitucionales, que se computa el plazo de quince días para que el agraviado interponga la demanda de amparo, cuyo inicio se verifica a partir del día siguiente a aquél en que aquello acontezca, tal y como lo preceptúa el numeral 18 de la Ley de Amparo, en relación con lo establecido en el precepto 36 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro. Así pues, el cómputo para presentar su demanda respecto del primer acto empezó a partir del día siguiente, es decir, el catorce de diciembre de dos mil dieciséis al tres de enero de dos mil diecisiete, de manera que si la demanda se presentó hasta el seis de enero del año que transcurre, tal y como se corrobora con la boleta respectiva emitida por la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Querétaro, es inconcuso que ejerció la acción constitucional fuera del plazo con que contaba para ello, debido a que los quince días abarcaron del catorce de diciembre de dos mil dieciséis al tres de enero de dos mil diecisiete, descontándose los días diecisiete, dieciocho, veinticuatro, veinticinco, treinta y uno de diciembre del año dos mil dieciséis, así como el uno de enero del año que transcurre por haber sido inhábiles. Así las cosas, se arriba a la conclusión que el término con que contaba el quejoso para la interposición de la demanda de amparo indirecto en contra de las normas legales a que se ha hecho mención, relacionadas con el pago de prestación de servicios del Registro Público de la Propiedad y del Comercio, transcurrió en exceso, y por esa razón, sus reclamos se consideran extemporáneos, actualizándose, por tanto, la causa de improcedencia analizada. Sirve de sustento a lo expuesto, las consideraciones expuestas en la ejecutoria emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver la contradicción de tesis 30/94, que derivó en la Jurisprudencia P./J. 27/96, visible en la página 57 del Tomo III, Junio de 1996, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, con registro 200094, de título y contenido que dicen: DEMANDA DE AMPARO. TERMINO PARA INTERPONERLA (ARTICULO 22, FRACCIÓN III, DE LA LEY DE AMPARO). LA CONFESIÓN EXPRESA DEL QUEJOSO CONTENIDA EN LA DEMANDA, ACERCA DE QUE TUVO CONOCIMIENTO DE LA EXISTENCIA DEL PROCEDIMIENTO QUE MOTIVO EL ACTO RECLAMADO, CONSTITUYE PRUEBA PLENA DE ESE HECHO Y HACE INAPLICABLE DICHO PRECEPTO. El reconocimiento del quejoso vertido en los antecedentes de la demanda de amparo, de que tuvo conocimiento por vía telefónica del procedimiento que motivó los actos reclamados, es suficiente para estimar actualizado el último de los supuestos previstos en el párrafo final de la fracción III del artículo 22 de la Ley de Amparo y, como consecuencia, declarar inaplicable al caso el término de 180 días para la interposición de la demanda de garantías, y procedente el de quince, que como regla general establece el numeral 21 de esa misma Ley. Esto supone que la situación de que el quejoso se manifestó sabedor del procedimiento que haya motivado el acto reclamado, por las consecuencias jurídicas que produce en perjuicio del quejoso, debe estar probado plenamente, debido a que al realizarse ese evento, ocasiona que la acción de amparo no deba ejercerse dentro del término de 180 días de conformidad con el precepto en examen, sino de quince días, lo cual provocará seguramente en todo caso que se actualice la causal de improcedencia contemplada en el artículo 73, fracción XII, en relación con el 21, ambos de la Ley de Amparo. Así, la exigencia de que exista prueba plena de que el quejoso tuvo conocimiento del procedimiento antes del dictado de la sentencia se satisface si existe manifestación expresa del quejoso en ese sentido en la demanda de amparo, pues dicha manifestación constituye una confesión expresa, medio de prueba que es admisible en el juicio de amparo y que goza de valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 199 y 200 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. No obsta lo anterior que si bien el quejoso en la demanda de amparo solo precisa que reclama la discusión, aprobación, expedición, promulgación, refrendo de la Ley de Hacienda del Estado de Querétaro, Querétaro, para el ejercicio fiscal 2016, específicamente, en sus artículos 90, 97 y 99, relativos a los servicios prestados por el Registro Público de la Propiedad, así como su aplicación, derivado de la compraventa de un inmueble, asimismo señalo bajo protesta de decir verdad la fecha en que se encuentra materializado el acto de aplicación lo es el trece de diciembre de dos mil dieciséis; del mismo modo en el capítulo de pruebas ofreció como prueba el recibo de trece de diciembre de dos mil dieciséis, implícitamente se entiende que ese es el acto de aplicación de las normas reclamadas, así como la fecha ahí descrita en que tuvo conocimiento del acto impugnado. Por lo antes expuesto, con fundamento en el artículo 113, de la Ley de Amparo, se desecha la demanda presentada por****, al surtirse de modo manifiesto e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XIV, en relación con los diversos 17 y 18, todos de la Ley de Amparo, así como con lo establecido en el precepto 36 del Código de Procedimientos Administrativos del Estado de Querétaro, dado que operó el consentimiento tácito tanto de las normas generales reclamadas como heteroaplicativas anteriormente precisadas, así como respecto de los señalados actos concretos de su aplicación. En consecuencia, se desecha la demanda de amparo. DOMICILIO Y AUTORIZADOS Se tiene a la parte quejosa señalando como domicilio para oír y recibir toda clase de citas y notificaciones el ubicado en****, se tiene por autorizado con las facultades que señala el artículo 24 párrafo segundo de la Ley de Amparo, por así indicarlo el quejoso en su demanda de amparo. HABILITACIÓN DE DÍAS Y HORAS INHÁBILES PARA EL ACTUARIO En términos del artículo 21 de la Ley de Amparo, se habilitan los días y horas inhábiles para que el actuario adscrito al Juzgado exhortado pueda realizar las diligencias inherentes a sus funciones, haciéndolo constar en el acta correspondiente. Notifíquese, y personalmente al quejoso.

  3. Principal

    Santiago de Querétaro, Querétaro, trece de enero de dos mil diecisiete. Se ordena agregar a los autos el oficio de cuenta, suscrito por el 3. Director del Registro Público de la Propiedad y del Comercio del Estado de Querétaro, a través del cual informa sobre el cumplimiento a la ejecutoria de amparo; con el contenido de dicho oficio, se reserva dar vista a la parte quejosa, hasta que el Titular de la Notaría Número Quince del Estado de Querétaro, dé cumplimiento al fallo protector emitido en el presente juicio de amparo. Notifíquese.

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