Victor Manuel Chan Casanova

Expediente 1059/2023 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán. 17 actuaciones registradas, la última del 21 de noviembre de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1059/2023
Año
2023
Actuaciones
17
Última actuación
21/11/2023

Partes del expediente

  • Victor Manuel Chan Casanova
  • Victor Manuel Chan Casanova y Otros.
  • María Trinidad Martínez Jiménez

Actuaciones

Las 4 más recientes de 17.

  1. Principal

    Mérida, Yucatán, veintiuno de noviembre de dos mil veintitrés. Se tiene por recibido del Secretario de Acuerdos del Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el Estado, con sede en esta ciudad, el oficio de cuenta, en el que se transcribe el contenido del acuerdo de presidencia dictado el nueve de noviembre del año en curso, en autos del amparo en revisión 729/2023, formado con motivo del recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa en contra de la sentencia dictada en el juicio de amparo 1059/2023-VII-B. Acuerdo del cual se advierte que la Superioridad acusa recibo a este Juzgado del oficio con el que se remitió el original de ese expediente, así como del escrito de expresión de agravios; y que admitió a trámite dicho medio de impugnación. Notifíquese y cúmplase.

  2. Principal

    Mérida, Yucatán, tres de octubre de dos mil veintitrés. Agréguense a este expediente el escrito de cuenta de Víctor Manuel Chan Casanova y María Trinidad Martínez Jiménez, con el que interponen recurso de revisión contra la sentencia dictada el once de septiembre de dos mil veintitrés; al respecto, SE ACUERDA: Con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e) 84, 86, 88 y 89, de la Ley de Amparo, córrase traslado a la parte tercero interesada, las autoridades responsables (dos) y la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, con una copia simple de dicho escrito de expresión de agravios. Una vez hecho lo anterior, envíese el escrito de expresión de agravios del aludido recurso, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el Estado, con residencia en esta ciudad, para que resuelva lo que estime procedente. En la inteligencia que desde este momento se otorga a dicha Superioridad el acceso electrónico para la consulta del presente expediente, con independencia de que se enviará de manera física estos autos. Y sin que haya lugar de formar el cuadernillo físico relativo a dicho recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la parte tercero interesada, agente el Ministerio Público de la Federación adscrita, y cúmplase.

  3. Principal

    SE NOTIFICA A LA PARTE TERCERA INTERESADA DE CNFORMIDAD CON EL ARTICULO 27Y 29 DE LA LEY DE AMPARO---Mérida, Yucatán, tres de octubre de dos mil veintitrés. Agréguense a este expediente el escrito de cuenta de Víctor Manuel Chan Casanova y María Trinidad Martínez Jiménez, con el que interponen recurso de revisión contra la sentencia dictada el once de septiembre de dos mil veintitrés; al respecto, SE ACUERDA: Con fundamento en los artículos 80, 81, fracción I, inciso e) 84, 86, 88 y 89, de la Ley de Amparo, córrase traslado a la parte tercero interesada, las autoridades responsables (dos) y la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita, con una copia simple de dicho escrito de expresión de agravios. Una vez hecho lo anterior, envíese el escrito de expresión de agravios del aludido recurso, al Tribunal Colegiado en Materias Penal y Administrativa del Decimocuarto Circuito en el Estado, con residencia en esta ciudad, para que resuelva lo que estime procedente. En la inteligencia que desde este momento se otorga a dicha Superioridad el acceso electrónico para la consulta del presente expediente, con independencia de que se enviará de manera física estos autos. Y sin que haya lugar de formar el cuadernillo físico relativo a dicho recurso, de conformidad con lo establecido en el artículo Décimo Segundo del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los acuerdos de contingencia por covid-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio Consejo. Notifíquese, haciéndolo personalmente a la parte tercero interesada, agente el Ministerio Público de la Federación adscrita, y cúmplase.

  4. Principal

    VISTOS, para resolver el juicio de amparo 1059/2023-VII-B, promovido por Víctor Manuel Chan Casanova y María Trinidad Martínez Jiménez, y; ANTECEDENTES PRIMERO. Presentación de la demanda de amparo. Por escrito presentado el cinco de julio de dos mil veintitrés, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, con sede en esta ciudad, y turnado el seis siguiente a este Juzgado Segundo de Distrito, comparecieron los nombrados quejosos a solicitar el amparo y protección de la Justicia Federal, en contra de los actos que reclaman al Fiscal General del Estado, y otra autoridad. SEGUNDO. Admisión de la demanda de amparo. Por auto de siete de julio de dos mil veintitrés, por una parte se admitió la demanda de amparo y por otra se ordenó la separación de juicios; se dio a la Agente del Ministerio Público de la Federación adscrita la intervención que legalmente le corresponde; se solicitó a las autoridades responsables su informe justificado y se señaló día y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual, previos diferimientos, tuvo verificativo al tenor del acta que antecede; y CONSIDERACIONES PRIMERA. Competencia. Este Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Yucatán, es competente para resolver el presente juicio, de conformidad con los artículos 35 y 37 de la Ley de Amparo y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, los Acuerdos Generales 3/2013 y 3/2015, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, publicados en el Diario Oficial de la Federación. SEGUNDA. Precisión de la Litis. Por cuestión de orden, y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar los actos reclamados en esta instancia, debiendo para tales efectos analizar en su integridad la demanda de amparo, examinando no sólo el capítulo que contiene los actos reclamados, sino además, lo expresado por la parte quejosa a manera de conceptos de violación; cumpliendo con ello lo establecido en la jurisprudencia identificada con el número de registro P./J. 40/2000, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en la página 32, Tomo XI, Abril de 2000, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." Atento a lo anterior, para estar en aptitud de resolver la litis efectivamente planteada, se advierte que la parte quejosa acude a esta instancia a reclamar lo siguiente: El auto dictado el veintiséis de junio de dos mil veintitrés, a través del cual, en los autos de la carpeta de investigación GC-509-2023, realizó el aseguramiento del predio doscientos cuarenta y siete, de la calle cinco letra "A", entre veinte letra "A" y veintidós, de la colonia Juan B. Sosa de esta ciudad. TERCERA. Certeza del acto reclamado. No es cierto el acto reclamado al Fiscal General del Estado, toda vez que así lo manifestó al rendir su correspondiente informe justificado por conducto del Vice Fiscal Especializado en Delitos Electorales y Contra el Medio Ambiente (promoción 11357); sin que la parte quejosa hubiese desvirtuado dicha negativa con prueba en contrario. En consecuencia, al no demostrarse la existencia del acto reclamado a dicha autoridad, se sobresee en este juicio respecto a la misma, con fundamento en el artículo 63, fracción IV, de la Ley de Amparo. Apoya lo expuesto la jurisprudencia VI.2o.J/18 publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, página 154, Octava Época, Tomo 19-21, Julio-Septiembre de 1989, con número de registro 803111, que a la letra señala: "ACTO RECLAMADO, NEGACIÓN DEL. Si la autoridad responsable niega el acto que se le imputa y la quejosa no rinde prueba alguna que demuestre su existencia, debe sobreseerse en el amparo respectivo." Así como la jurisprudencia número VI. 2o. J/20, localizable en el Semanario Judicial de la Federación, página 627, Octava Época, Tomo IV, Segunda Parte-2, Julio a Diciembre de 1989, con número de registro 227634, que señala: "INFORME JUSTIFICADO. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES Y NO DESVIRTUADOS. Si las responsables niegan los actos que se les atribuyen, y los quejosos no desvirtúan esta negativa, procede el sobreseimiento, en los términos de la fracción IV, del artículo 74, de la Ley de Amparo." CUARTA. Certeza del acto reclamado. Es cierto el acto reclamado al Fiscal En Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica 3 Tres del Ministerio Público del Fueron Común del Estado, con sede en esta ciudad; toda vez que así lo manifestó al rendir su informe justificado. QUINTA. Análisis de las causas de improcedencia. Previamente al análisis del fondo de la cuestión planteada, se procede al estudio de las causales de improcedencia hechas valer por las partes o se advierten de oficio por ser ésta una cuestión de orden público y de estudio preferente en el juicio de amparo, tal como lo establece el artículo 62 de la Ley de la Materia. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia sustentada por el Pleno de Nuestro Máximo Tribunal, que se localiza en la página 262, Parte VIII, Quinta Época del Apéndice de 1985, del rubro y texto siguientes: "IMPROCEDENCIA. Sea que las partes la aleguen o no, debe examinarse previamente la procedencia del juicio de amparo, por ser esa cuestión de orden público en el juicio de garantías." En el caso, se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XII del artículo 61, en relación con el dispositivo 5º, fracción I, y 6, todos de la Ley de Amparo, que disponen lo siguiente: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (...) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia". Por su parte, el numeral 5, fracción I, de la ley de la materia dispone: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa." "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. (.)" De los numerales transcritos se desprende que el juicio de amparo es improcedente contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1º de la Ley de Amparo, y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Por ello, atendiendo a la naturaleza del acto y a la autoridad que lo emite, la parte quejosa se encuentra constreñida a probar, de forma fehaciente el interés legítimo o jurídico que refiere asistirle, sin que sea dable que se infiera con base a presunciones. De ahí que se haya establecido que los elementos que constituyen el interés jurídico son: I. La existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y II. Que el acto de autoridad afecte ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por otro lado, por cuanto hace a la conformación del interés legítimo, se exige que sean reunidos por los siguientes elementos: I. Que exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; II. A su vez, que el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, III. Que el promovente pertenezca a esa colectividad. Por tanto, ante la falta de alguno de esos elementos, correspondientes tanto al interés jurídico como al legítimo, dada la concurrencia que se pide sobre ellos, la consecuencia es que no se tenga por acreditado ese requisito de procedencia de la acción de amparo. Al respecto, se invoca la tesis de jurisprudencia 2a./J.51/2019, pronunciada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 1598, libro 64, tomo II, materia común, marzo de 2019, registro 2019456, Décima Época de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, de contenido siguiente: "INTERÉS LEGÍTIMO E INTERÉS JURÍDICO. SUS ELEMENTOS CONSTITUTIVOS COMO REQUISITOS PARA PROMOVER EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO, CONFORME AL ARTÍCULO 107, FRACCIÓN I, DE LA CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. El citado precepto establece que el juicio de amparo indirecto se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, "teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo", con lo que atribuye consecuencias de derecho, desde el punto de vista de la legitimación del promovente, tanto al interés jurídico en sentido estricto, como al legítimo, pues en ambos supuestos a la persona que se ubique dentro de ellos se le otorga legitimación para instar la acción de amparo. En tal virtud, atento a la naturaleza del acto reclamado y a la de la autoridad que lo emite, el quejoso en el juicio de amparo debe acreditar fehacientemente el interés, jurídico o legítimo, que le asiste para ello y no inferirse con base en presunciones. Así, los elementos constitutivos del interés jurídico consisten en demostrar: a) la existencia del derecho subjetivo que se dice vulnerado; y, b) que el acto de autoridad afecta ese derecho, de donde deriva el agravio correspondiente. Por su parte, para probar el interés legítimo, deberá acreditarse que: a) exista una norma constitucional en la que se establezca o tutele algún interés difuso en beneficio de una colectividad determinada; b) el acto reclamado transgreda ese interés difuso, ya sea de manera individual o colectiva; y, c) el promovente pertenezca a esa colectividad. Lo anterior, porque si el interés legítimo supone una afectación jurídica al quejoso, éste debe demostrar su pertenencia al grupo que en específico sufrió o sufre el agravio que se aduce en la demanda de amparo. Sobre el particular es dable indicar que los elementos constitutivos destacados son concurrentes, por tanto, basta la ausencia de alguno de ellos para que el medio de defensa intentado sea improcedente." Así, el juicio de amparo podrá promoverse por la parte que resienta el agravio causado por el acto reclamado (interés jurídico) o, en su caso, por aquella que tenga un interés cualificado respecto de la constitucionalidad de los actos reclamados (interés legítimo), el cual proviene de la afectación a su esfera jurídica, ya sea directa o derivada de su situación particular respecto del orden jurídico, para que la sentencia que se dicte sólo la proteja a ella, en cumplimiento del principio conocido como relatividad o particularidad de las sentencias. En relación con el interés jurídico, consiste en el derecho que le asiste a los gobernados para reclamar mediante la vía constitucional, algún acto de autoridad violatorio de derechos fundamentales en su perjuicio, es decir, se refiere a un derecho subjetivo protegido por alguna norma legal que se ve afectado por un acto de autoridad o una norma, que ocasiona un perjuicio a su titular, esto es, una ofensa, daño o perjuicio en los derechos o intereses del gobernado. Así, el interés jurídico se refiere a la titularidad de los derechos afectados con el acto reclamado, de manera que únicamente el sujeto titular de ellos puede ocurrir a la vía constitucional. Precisamente, porque el interés jurídico se vincula estrechamente con el concepto de perjuicio, pues este último supone un derecho legítimamente tutelado ante cuya transgresión por una autoridad o por la ley, se concede a su titular la facultad de acudir al órgano jurisdiccional correspondiente demandando el cese de esa violación. Entonces, el perjuicio debe entenderse como todo menoscabo ocasionado sobre la persona o bienes de los peticionarios del amparo que afectan de manera inmediata sus derechos sustantivos, en forma tal que el daño irrogado no puede ser reparado por un acto jurídico posterior. Explicado lo anterior, es necesario puntualizar la litis constitucional que nos ocupa, la cual se integra por el reclamo que los quejosos Víctor Manuel Chan Casanova y María Trinidad Martínez Jiménez, hacen respecto al aseguramiento impuesto por el Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica 3 Tres del Ministerio Público del Fueron Común del Estado, con sede en esta ciudad, dentro de la carpeta de investigación GC-509-2023, respecto del predio doscientos cuarenta y siete, de la calle cinco letra "A", entre veinte letra "A" y veintidós, de la colonia Juan B. Sosa de esta ciudad. Sin embargo, los peticionarios de amparo no ofrecieron medio de convicción adecuado y suficiente para acreditar y establecer que son los titulares del derecho de propiedad de dicho inmueble. Lo anterior es así, pues la impresión de las credenciales para votar que ofrecieron, no son una prueba útil para establecer que sean titulares del citado predio, esto al únicamente advertirse que cuentan con los documentos emitidos por el Instituto Nacional Electoral; sin que hubiera aportado medio de convicción diverso. Ahora, en cuanto a la escritura pública que contiene la certificación de hechos llevada a cabo el seis de abril de dos mil veintitrés, en el predio doscientos cuarenta y siete, de la calle cinco letra "A", entre veinte letra "A" y veintidós, de la colonia Juan B. Sosa de esta ciudad, ante el Notario Público Número Cincuenta y Siete José Luis Villalobos Bustillos, se observa que los quejosos le manifestaron ser posesionarios del referido inmueble, desde hace aproximadamente quince años. No obstante, esa documental también resulta insuficiente para demostrar la titularidad de los quejosos del bien asegurado, esto porque únicamente acredita que en esa fecha aquéllos ingresaron al inmueble pero sin acreditarle su propiedad. La misma suerte corre la documental consistente en el acuse de recibo de la demanda promovida en la vía ordinaria civil por los quejosos ante el Juez Civil del Primer Departamento Judicial del Estado, quedando registrado con el número 115/2023, a fin de adquirir la propiedad del predio doscientos cuarenta y siete, de la calle cinco letra "A", entre veinte letra "A" y veintidós, de la colonia Juan B. Sosa de esta ciudad; pues como se ve de los propios autos y a decir de los peticionarios del amparo, dicho juicio se encuentra en aún en trámite, esto es, no media sentencia firme a su favor. Finalmente, en cuanto a las placas fotográficas exhibidas, son simples impresiones de las cuales solo se aprecian imágenes, y si bien este juzgador tiene el prudente arbitrio de valorarlas, también lo es, que estás no revelan que el lugar donde se llevó a cabo el acto reclamado y el predio que refiere la parte quejosa en la demanda sea el mismo y por otro lado, que les confieran derecho alguno sobre el predio que pretende defender. En esas condiciones, no está acreditada la afectación que, afirman los quejosos, les produce el acto reclamado, pues el material probatorio que aportaron es insuficiente para concluir que poseen con justa causa, o bien, que son propietarios del inmueble afecto en la carpeta de investigación de origen, para poder así establecer que cuenta con interés jurídico para controvertirlo ante esta instancia de control constitucional, esto porque les irroga un perjuicio directo a su esfera jurídica, como lo exige el artículo 5°, fracción I, de la Ley de Amparo. Al respecto, se cita como apoyo la tesis aislada II.2o.P.3K, pronunciada por el Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, Tesis localizada en la página 1872, libro X, tomo 3, materia común, julio de 2012, registro 2001123, Décima Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de rubro y texto: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO. LAS EXIGENCIAS PARA SU ACREDITAMIENTO DEBEN ATENDER AL DERECHO AFECTADO DE ACUERDO CON LA NATURALEZA Y PECULIARIDAD DEL ACTO RECLAMADO Y CON LA MATERIA NORMATIVA DEL CONTEXTO EN QUE SE GENERE. Las exigencias para acreditar el interés jurídico, como presupuesto de legitimación para el juicio de amparo, no deben atenderse desde una perspectiva abstracta o genérica y en relación con cualquier tipo de derecho de manera indiscriminada, sino en función al derecho afectado de acuerdo con la naturaleza y peculiaridad del acto reclamado y a la materia normativa del contexto en que se genere. Así, por ejemplo, si se reclama una supuesta desposesión derivada de una orden de aseguramiento dentro de una averiguación previa, es evidente que el tema de eventual afectación por el aseguramiento es la posesión y no necesariamente la propiedad o el ejercicio de otro tipo de derecho inherente al ámbito civil o administrativo, y esa circunstancia debe atenderse sin ignorar los propios datos que de las constancias puedan advertirse en cada caso, de modo que aun bajo el criterio de la apariencia del buen derecho, es válido percibir que es precisamente ese aspecto posesorio sobre el bien el que se involucra con el debate de fondo del planteamiento constitucional que se propone, de ahí que el interés jurídico respectivo para la procedencia del amparo deba igualmente justificarse en ese contexto." De igual manera, la tesis aislada III.1o.A.52ª, suscrita por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Tercer Circuito, Tesis ubica en la página 669, tomo VI, materia administrativa, diciembre de 1997, registro 197330, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, de contenido: "INTERÉS JURÍDICO, CARENCIA DE. Para reclamar en la vía de amparo la negativa a devolver un vehículo que fue asegurado por las autoridades responsables en una averiguación previa, el interés jurídico no se acredita con el hecho de haber solicitado su devolución, porque el bien jurídico a tutelar es el derecho de propiedad o el de posesión respecto de ese vehículo, del cual el quejoso debe acreditar que es su titular en la fecha en que ocurre el aseguramiento." Por tal motivo, al quedar actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XII, en relación con el numeral 5°, fracción I, de la Ley de Amparo, este último interpretado a contrario sensu; lo procedente es sobreseer en el juicio de amparo promovido en contra de los actos que se reclaman al Fiscal del Ministerio Público de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica 3 Tres del Ministerio Público del Fueron Común del Estado, con sede en esta ciudad. Por virtud del sobreseimiento, no se analizan los conceptos de violación aducidos por la parte quejosa, porque el sentido de mérito releva a este juzgado federal de su estudio. Resulta aplicable al caso, la tesis de jurisprudencia número 509, publicada en la página 335, Tomo VI, Materia Común, del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que establece: "SOBRESEIMIENTO. NO PERMITE ENTRAR AL ESTUDIO DE LAS CUESTIONES DE FONDO. No causa agravio la sentencia que no se ocupa de los razonamientos tendientes a demostrar la violación de garantías individuales por los actos reclamados de las autoridades responsables, que constituyen el problema de fondo, si se decreta el sobreseimiento del juicio."; y SEXTA. Toda vez que del análisis de las constancias que integran este sumario, se desprende que las partes no hicieron manifestación respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales; por tanto, tomando en consideración que de conformidad con lo que dispone el artículo 6º, fracción II de la Constitución Federal, el Estado a través de las dependencias, entidades y organismos que lo integran, se encuentra obligado a proteger la información relativa a la vida privada y los datos personales de los particulares. Y además, acorde a lo que establecen los artículos 2° Transitorio de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, 18 de la abrogada Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, y 8º del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, así como el criterio 1/2011 sostenido por los Integrantes del Comité de Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, de rubro: "DATOS PERSONALES DE LAS PARTES EN LOS JUICIOS. LA FALTA DE MANIFESTACIÓN EXPRESA POR LA QUE SE OPONGAN A LA PUBLICACIÓN DE LOS DATOS, NO EXIME A LOS ÓRGANOS JURISDICCIONALES NI A LA UNIDADES ADMINISTRATIVAS DE SU PROTECCIÓN" Se determina que la circunstancia de que las partes en el presente controvertido hayan omitido externar su consentimiento u oposición a que sean publicados sus datos confidenciales, no exime a este órgano jurisdiccional de procurar que dicha información sea suprimida de la sentencia al momento de que ésta se haga pública; de ahí que a efecto de velar por la privacidad y la vida íntima de las partes contendientes en el presente asunto, sus datos personales no se harán públicos, y por tanto, deberán eliminarse de la versión pública de este fallo. SÉPTIMA. De conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, Título Cuarto, "Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE)", Capítulo Cuarto, "Sentencias y Tesis"; captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. OCTAVA. Finalmente, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia, en el entendido que las constancias que cuentan en este expediente con su respectiva evidencia criptográfica, hacen las veces de copias certificadas; lo anterior, de conformidad con el artículo 36 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que abroga los Acuerdos de Contingencia por COVID-19 y reforma, adiciona y deroga diversas disposiciones relativas a la utilización de medios electrónicos y soluciones digitales como ejes rectores del nuevo esquema de trabajo en las áreas administrativas y órganos jurisdiccionales del propio consejo. Por lo expuesto y considerado, con apoyo además en los artículos del 73, 74, 75, 124 y demás relativos de la Ley de Amparo, se RESUELVE: PRIMERO. Se SOBRESEE en el juicio de amparo promovido por Víctor Manuel Chan Casanova y María Trinidad Martínez Jiménez, respecto del acto reclamado a Fiscal General del Estado, por los motivos expuestos en el considerando tercero de la presente resolución, por los motivos expuestos en el mismo. SEGUNDO. Se SOBRESEE en el presente juicio de amparo, promovido por Víctor Manuel Chan Casanova y María Trinidad Martínez Jiménez, en contra de los actos que reclaman del Fiscal en Jefe de la Unidad de Investigación y Litigación Periférica 3 Tres del Ministerio Público del Fuero Común de la Fiscalía General del Estado, por los motivos expuestos en el considerando quinto de la misma. TERCERO. Provéase lo conducente a fin de dar cumplimiento a lo establecido en la consideración sexta de esta sentencia, al causar ejecutoria la misma. CUARTO. En acatamiento a lo resuelto en la séptima consideración de este fallo, captúrese el día de su publicación la presente sentencia en versión pública. QUINTO. Como está ordenado en el último considerando, hágase saber a las partes que se encuentran en aptitud de acceder al expediente electrónico y descargar la presente sentencia. Notifíquese y regístrese.

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