Víctor Manuel Cervantes Valladolid

Expediente 71/2021 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de San Luis Potosí. 4 actuaciones registradas, la última del 29 de marzo de 2021.

Datos del expediente

Expediente
71/2021
Año
2021
Actuaciones
4
Última actuación
29/03/2021

Partes del expediente

  • Víctor Manuel Cervantes Valladolid

Actuaciones

  1. Principal

    Visto el estado que guardan los autos, así como la certificación secretarial de cuenta, se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 86 de la Ley de Amparo, a fin de que la parte quejosa, impugnara el auto dictado en este juicio el dos de marzo de dos mil veintiuno. Por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición de su artículo 2, se declara que dicho proveído en el que se decretó el sobreseimiento del presente juicio fuera de la audiencia constitucional, ha causado estado; para todos los efectos legales; háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo. Por otra parte, toda vez que no hay promociones pendientes por acordar ni actuaciones que practicar en el expediente en que se actúa, con fundamento en lo dispuesto por el artículo 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valorización, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, se determina archivar el presente como asunto concluido, previa anotación que se haga en el libro correspondiente.

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a estos autos el informe justificado rendido por el Presidente de la Junta Especial Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje y anexo que acompaña al mismo. Visto el estado de los autos y con fundamento en lo dispuesto por el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar en qué consisten los actos reclamados, atendiendo a la integridad de la demanda, en los casos, como en el presente, en que tal proceder resulta necesario para una mejor impartición de justicia. En ese orden de ideas, del estudio integral que se efectúa a la demanda de amparo de mérito, se advierte, que la parte quejosa reclama por esta vía constitucional la omisión de emitir el acuerdo de entrada al incidente de liquidación de laudo dictado en el juicio laboral 999/2019, promovido mediante escrito de treinta de noviembre de dos mil veinte, así como su notificación. Causal de improcedencia. Visto el anexo allegado por la autoridad responsable a su informe justificado de cuenta, se estima que se surte una causa de improcedencia, la cual debe analizarse en cualquier etapa del juicio, por ser una cuestión de orden público y estudio preferente, de conformidad con lo dispuesto por el numeral 62 de la Ley de Amparo. De lo anterior se advierte que en el caso se actualiza la causa de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que dice: Marco normativo. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [.]" La cesación de los efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo dictó, ejecutó o pretende ejecutar, deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación, lo que debe entenderse en el sentido de que implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino también la desaparición total de los efectos del acto. La causa de improcedencia referida está determinada por la imposibilidad de cristalizar el fin del juicio de amparo, que es restituir a la parte agraviada en el pleno goce del derecho fundamental violado restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho fundamental de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que éste exija. Luego, de la interpretación de lo dispuesto en los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se concluye que la causa de improcedencia del juicio de amparo consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante su existencia o insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de tal forma que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo; es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deja huella alguna. La razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. Por tanto, se estima que es requisito sine quanon para que se actualice la causa de improcedencia relativa a la cesación de efectos del acto reclamado, que se revoque el acto o se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo. De la demanda de amparo, así como de la constancia que la responsable adjuntó a su informe justificado, la cual tiene valor probatorio pleno, conforme lo dispuesto en los numerales 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado de manera supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su artículo 2° al tratarse de documento público, en virtud de que fue expedido por servidor público con motivo de sus funciones, en lo que interesa se advierte lo siguiente: Mediante escrito de treinta de noviembre del año pasado, la parte actora -aquí quejosa- solicitó la apertura del incidente de liquidación ordenado en el laudo de dos de octubre de dos mil veinte. A la fecha en que se presentó la demanda -veintidós de enero de dos mil veintiuno-, aún no se daba entrada al incidente de liquidación solicitado. Finalmente, mediante proveído de veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 999/2019 del índice de la Junta Especial Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado, se acordó el escrito de treinta de noviembre del año pasado, por el cual la parte actora -aquí quejosa- solicitó la apertura del incidente de liquidación ordenado en el laudo de dos de octubre de dos mil veinte, por lo que se fijaron las ocho horas con treinta minutos del veintinueve de abril de dos mil veintiuno, para que tenga verificativo la audiencia de pruebas y alegatos del incidente en cuestión y ordenó su notificación. Sin embargo, del citado informe el Presidente responsable niega que se le estén violando los derechos humanos del quejoso y que debido al exceso de las cargas de trabajo existentes en ese Tribunal Laboral, así como a la falta de personal, no ha sido posible notificar a las partes, por lo que refiere que el mismo, fue turnado al actuario adscrito para que realice la notificación correspondiente. Caso concreto. En este orden de ideas, se aprecia que el acto de que se duele la parte quejosa y que constituye la materia de violación a sus derechos humanos fue subsanado; pues al emitirse el acuerdo de veintiséis de febrero del presente año, en el que se acordó la apertura del incidente de liquidación solicitado, cesó la afectación reclamada. Con el dictado de tal determinación se deriva una situación jurídica que destruye definitivamente la que dio motivo al amparo, toda vez que se restituyó a la parte quejosa en el goce de sus derechos violados. No escapa a la atención del suscrito, el hecho de que del informe remitido por el Presidente de la Junta Especial Treinta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje y de la constancia que el Presidente de la citada Junta allegó a este asunto, se advierte la omisión de notificación a la parte quejosa tal circunstancia; sin embargo, como en la especie se reclama, principalmente, violación al artículo 17 Constitucional, por no haberse acatado las disposiciones de expedir justicia pronta y expedita; debe decirse que con la emisión de la determinación referida se restituyó a la parte quejosa en el goce del derecho humano infringido como si se hubiera concedido la protección federal solicitada acorde con el artículo 77 de la Ley de Amparo. Lo anterior, evidencia que el acto y sus consecuencias jurídicas ya no agravian a la parte quejosa, pues al dictar el acuerdo de entrada del incidente de liquidación de laudo promovido por la parte actora y señalar fecha y hora para el desahogo de la audiencia respectiva, motiva como consecuencia necesaria que ya no produzca efectos jurídicos, restableciéndose las cosas al estado que tenían antes de la violación constitucional alegada. Consecuentemente, al actualizarse el motivo de improcedencia indicado, de conformidad con lo establecido en la fracción V del artículo 63 de la Ley de Amparo, se sobresee fuera de audiencia el presente juicio. Cabe precisar que cuando sobreviene de modo manifiesto e indudable un motivo de improcedencia, es factible sobreseer fuera de audiencia, como se advierte en la Jurisprudencia 2a./J. 10/2003, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, derivada de la Contradicción de tesis 26/2002-PL, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Décimo Cuarto Circuito y el Primer Tribunal Colegiado en Materia del Trabajo del Tercer Circuito. Sin efecto audiencia constitucional. Por las consideraciones antes precisadas, hágase del conocimiento de las partes que se deja sin efecto la audiencia constitucional programada para las DIEZ HORAS CON TREINTA MINUTOS DEL DIECISIETE DE MARZO DE DOS MIL VEINTIUNO. Notifíquese personalmente.

  3. Principal

    Agréguese el oficio signado por el Juez Tercero Familiar de esta ciudad, mediante el cual remite las constancias solicitadas en proveído de quince de enero de dos mil veintiuno. Con su contenido dese vista a las partes, para que manifiesten lo que a sus intereses convenga, sin perjuicio de que se relacione en la audiencia respectiva. Circular SECNO/12/2020. Dicho oficio se encuentra disponible para consulta de las partes en el expediente físico y electrónico; sin embargo, comuníqueseles que en términos de la circular SECNO/12/2020, de veintiséis de junio de dos mil veinte, en caso de no contar con la herramienta electrónica de acceso al mismo, deberán de comunicarlo oportunamente a este Juzgado, a efecto de que el órgano jurisdiccional acuerde lo conducente.

  4. Principal

    Vista la demanda de amparo se admite. Incidente de Suspensión. Sin tramitarse incidente de suspensión por no haberse solicitado. Solicitud de Informe Justificado. Con fundamento en el artículo 117 de la ley de la materia, pídase informe justificado a las autoridades responsables, el que deberá rendir dentro del plazo de quince días contado a partir del siguiente al en que reciban el oficio en el que se le solicita; de igual forma, requiérase a las autoridades responsables para que en caso de ser cierto el acto reclamado, al rendir su informe con justificación remita en copias certificadas, legibles, completas y ordenadas en forma consecutiva de todas y cada una de las actuaciones que haya tenido a la vista para la emisión del acto reclamado, a fin de analizar la constitucionalidad o inconstitucionalidad del mismo. Apercibimiento. Bajo el apercibimiento que de no cumplir con lo anterior, en términos del artículo 260, fracción II, de la Ley de Amparo, le será impuesta una multa de cien Unidades de Medida y Actualización vigente. Asimismo, con fundamento en el artículo 28, fracción I, en relación con el 245 de la Ley de Amparo, dígase a las responsables que si se negare a recibir dicho oficio, se tendrá por hecha la notificación, y se les impondrá una multa de cien Unidades de Medida y Actualización vigente. En el entendido de que el actuario correspondiente, deberá hacer del conocimiento del encargado de la oficina relativa que no obstante se niegue a recibir el oficio, se tendrá por hecha la notificación respectiva. Comunicaciones electrónicas. Indíquese a las autoridades responsables, que en la medida de lo posible las comunicaciones que le sean requeridas en este asunto, deberá enviarlas a través de medios electrónicos; para tal efecto, se hace de su conocimiento que podrá remitir tal información al correo electrónico 4jdo9cto@correo.cjf.gob.mx. En el supuesto de que sea necesaria la remisión de constancias voluminosas, deberán ser digitalizadas y asentarse la certificación correspondiente por el funcionario que así corresponda. Audiencia constitucional. Se señalan las doce horas con veinte minutos del veintiséis de febrero de dos mil veintiuno, para llevar a cabo la audiencia constitucional en este juicio. Intervención del Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito. Dese al agente del Ministerio Público Federal adscrito, la intervención que legalmente le corresponde, en términos del artículo 5° fracción IV, de la Ley de Amparo vigente. Tercero interesado. Con fundamento en el numeral 5°, fracción III, de la Ley de Amparo, ténganse como tercero interesado al Instituto Mexicano del Seguro Social en esta ciudad. En términos de lo dispuesto por el artículo 26, fracción II, inciso b), de la citada Ley de Amparo, se le emplazará por medio de oficio, acompañándole copia simple del escrito de demanda, a efecto de que si lo estima conveniente comparezca en este asunto a hacer valer lo que a su derecho convenga. Requerimiento sobre causa de sobreseimiento. Asimismo, requiérase a las partes para que en caso de actualizarse alguna causal de sobreseimiento, comuniquen de inmediato a este Juzgado de Distrito en términos del artículo 64 de la ley de la materia en vigor; en el entendido de que de acuerdo a lo establecido por el numeral 251 de esa misma legislación, en caso de no cumplir con tal obligación se les impondrá una multa de treinta días Unidades de Medida y Actualización vigente, al emitirse la sentencia correspondiente. Exhortación a tramitar asuntos "en línea". Con apoyo en el segundo párrafo del artículo 28 del Acuerdo General 21/2020 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se exhorta a las partes a que continúen la tramitación del caso mediante el esquema de "juicio en línea" del Portal de Servicios en Línea del Consejo de la Judicatura Federal. Información sobre consulta de expedientes o comparecencias. Asimismo, de conformidad con el artículo 3 del citado Acuerdo General 21/2020, hágase del conocimiento de las partes, que para el caso en que consideren necesario asistir presencialmente a este Juzgado, que en el Portal de Servicios en Línea está habilitado un micrositio denominado "Servicios jurisdiccionales", se encuentra el sistema "Agenda OJ", donde aparecen fechas y horarios disponibles para la generación de citas a fin de consultar expedientes o desahogar comparecencias o requerimientos. Datos de contacto que provisionalmente deben proporcionar las partes. En tanto las partes tramitan u obtienen cualquiera de las firmas electrónicas de referencia, deben proporcionar igualmente en breve lapso un número telefónico y una cuenta de correo electrónico, tanto propios como de otros particulares que tengan participación en el proceso, con el propósito de que el personal de actuaría establezca contacto con los interesados para generar las condiciones adecuadas a efecto de que las notificaciones que deban practicárseles resulten fehacientes, rápidas y seguras para la salud de los intervinientes.

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