Víctor Manuel Cervantes Juárez
Expediente 1074/2022 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 5 actuaciones registradas, la última del 29 de noviembre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 1074/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 29/11/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala · Tlaxcala
Partes del expediente
- Víctor Manuel Cervantes Juárez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Agréguese el oficio de cuenta, signado por la Actuaria adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, por el que remite los autos originales del expediente principal relativo al juicio de amparo número 1074/2022-J, del índice de este órgano jurisdiccional, así como testimonio autorizado de la ejecutoria pronunciada por el tribunal en cita, en diez de noviembre del año en curso, dentro del recurso de queja *** interpuesto por el quejoso ***. Acúsese a la superioridad oficiante el recibo correspondiente, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y glósense al expediente principal devuelto únicamente las constancias originales que obran en autos del cuaderno de antecedentes que se integró con motivo del envío de aquél al tribunal colegiado. Ahora bien, visto el contenido de la aludida determinación, se advierte que el órgano colegiado oficiante resolvió en los siguientes términos: "ÚNICO. Es infundado el recurso de queja interpuesto por ***, en contra del auto veintitrés de septiembre de dos mil veintidós dictado en el juicio de amparo indirecto 1074/2022 del índice del Juzgado Segundo de Distrito en el Estado de Tlaxcala." En consecuencia, el proveído de veintitrés de septiembre de dos mil veintidós, dictado en el presente sumario, ha quedado firme Una vez que obre en autos la constancia de notificación del presente proveído, sin ulterior acuerdo, archívese el presente expediente como asunto concluido. Se establece que el presente asunto, atendiendo a sus particularidades, carece de relevancia documental, por no ubicarse en alguno de los supuestos a que se refiere el citado numeral. Del mismo modo, toda vez que obran en autos documentos ofrecidos por la parte quejosa, requiérasele para que, dentro del plazo de noventa días, acuda a este juzgado federal a recoger los documentos exhibidos, apercibida que, de no hacerlo en el plazo referido, serán destruidos. Se establece que este expediente es susceptible de DESTRUCCIÓN transcurrido el plazo de tres años. Mientras tanto, resérvese en el archivo de este órgano jurisdiccional para su posterior destrucción.
- Principal
Agréguese a los autos el oficio de cuenta firmado por la Actuaria Judicial adscrita al Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, mediante el cual, informa el contenido del acuerdo de seis de octubre del año en curso dictado en el recurso de queja 247/2022 de su registro, por el que admitió a trámite dicho medio de impugnación interpuesto por la parte quejosa en contra del proveído de veintitrés de septiembre de la presente anualidad que desechó la demanda intentada; de lo que esta autoridad toma conocimiento, para los efectos legales a que haya lugar.
- Principal
Agréguese a los autos copia certificada electrónicamente del escrito de cuenta, signado por ***, mediante el cual, interpone recurso de queja en contra del auto de veintitrés de septiembre de la presente anualidad, que desechó la demanda que dio origen al expediente en que se actúa. En ese contexto,se tiene por interpuesto el aludido medio de defensa. En tal virtud, ríndase al Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, en turno el informe sobre la materia del recurso de queja, en el sentido de que ES CIERTO EL ACTO IMPUGNADO, y en apoyo a lo anterior, envíese el presente expediente a la superioridad, así como el original y copia del escrito de agravios, para la substanciación del citado medio de impugnación. En consecuencia, se ordena formar cuaderno de antecedentes del expediente en que se actúa, el cual deberá contener copia electrónica del presente proveído. Sin que haya lugar a correr traslado a las partes, como lo solicita el promovente, dado que no se dio trámite al presente asunto.
- Principal
Vista la razón actuarial que antecede, se advierte la imposibilidad que tuvo la actuaria judicial adscrita a este juzgado, de notificar de manera personal al quejoso el proveído de veintitrés del mes en curso dictado en este sumario, por las razones que expone. En esas condiciones, notifíquese por lista que se fije en los estrados de este órgano jurisdiccional, el citado auto de veintitrés de septiembre de la presente anualidad y los subsecuentes acuerdos, aun los de carácter personal, hasta en tanto señale un nuevo domicilio para tal efecto. En cumplimiento a lo ordenado en auto de esta propia fecha procedo a notificar por medio de lista a la parte quejosa el auto de fecha VEINTITRE´S DE SEPTIEMBRE DE DOS MIL VEINTIDÓS, que en síntesis dice: "...Vista la demanda de amparo que promueve ***. Fórmese expediente impreso y electrónico, háganse las anotaciones correspondientes y regístrese en el libro de gobierno con el número de expediente 1074/2022-J. Procede desechar la demanda de derechos fundamentales por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción. Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. En la especie, se actualiza la causa de improcedencia. De la intelección de las porciones normativas mencionadas se obtiene que el juicio de derechos fundamentales es improcedente en contra de actos dictados después de concluido el juicio, dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, que no sean la última resolución dictada en dicho procedimiento; excepto si sus efectos son de imposible reparación, esto es, que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución y tratados internacionales. Así es, la fracción IV del artículo 107 de la Ley de Amparo establece la procedencia del juicio constitucional en contra de actos de tribunales judiciales realizados después de concluido el juicio. El segundo párrafo de dicha fracción establece que "si se trata de actos de ejecución de sentencia" sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo; es decir, aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordenan el archivo definitivo del expediente. De lo anterior se colige que, entre los actos realizados después de concluido el juicio, existen unos que guardan relación directa con la ejecución de la sentencia y otros que no. Los primeros son conocidos como actos dictados en ejecución de sentencia y los segundos propiamente como actos autónomos. Ahora bien, de conformidad con el segundo párrafo de la fracción que se analiza, en contra de los actos precisados en segundo término, esto es, los de ejecución de sentencia; solo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, entendida como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o la que ordena el archivo definitivo del expediente. Así, tratándose de un acto de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución que se dicte en el procedimiento de ejecución; pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento, que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Sin embargo, la fracción V del artículo 107 de la Ley de Amparo establece la procedencia del juicio constitucional contra actos en juicio cuyos efectos sean de imposible reparación, entendiéndose por ellos los que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y en los tratados internacionales de los que el Estado Mexicano sea parte. Sobre el particular, el Máximo Tribunal del País ha establecido un criterio del que se colige que la amplitud de la norma establecida en dicha fracción da pauta para interpretar la diversa fracción IV, sin que sea procedente realizarlo a la inversa. De modo que debe estimarse que cuando existen actos emitidos en el procedimiento de ejecución de sentencia (fracción IV) que afecten de manera directa derechos sustantivos (fracción V) ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural, puede aplicarse excepcionalmente, por analogía, la fracción V para establecer la procedencia del juicio de amparo. Del criterio jurisprudencial invocado se advierte que para la procedencia del juicio de amparo en contra de actos previstos en la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo abrogada (fracción IV del artículo 107 de ley vigente) resulta aplicable excepcionalmente, por analogía, la fracción IV de dicho precepto abrogado (ahora fracción V del citado numeral 107). De esta forma, el juicio de amparo indirecto es procedente en contra de actos intermedios dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia (es decir, anteriores a la última resolución emitida en dicho procedimiento) siempre que se trate de actos de imposible reparación (que afecten materialmente derechos sustantivos) pero, además de conformidad con la jurisprudencia en cuestión, que dichos actos sean ajenos a la cosa juzgada en el juicio natural. El último requisito exigido se entiende necesario, pues si el acto reclamado dictado en un procedimiento de ejecución, no obstante afectar derechos sustantivos, guarda relación directa con la cosa juzgada en el juicio natural, esto es, sobre la cuestión ya decidida en dicho juicio; no es dable obstaculizar o retardar la ejecución del fallo con el análisis de cuestiones que derivan directamente de éste, de manera que su análisis se reserva hasta el amparo que se promueva en contra de la última resolución que se dicte en el procedimiento de ejecución (regla general establecida en la fracción IV). En este orden de ideas, tratándose de actos intermedios dictados en el procedimiento de ejecución de sentencia, para determinar la procedencia o improcedencia del juicio de amparo, el Juez de Distrito debe definir si se trata de un acto de imposible reparación, es decir, si afecta materialmente derechos sustantivos previstos en la Constitución o tratados internacionales y, además, de ser así, determinar si dicho acto es o no ajeno a la cosa juzgada. En síntesis, es dable considerar que tratándose de los actos dictados después de concluido el juicio, dentro del procedimiento de ejecución de sentencia, la acción de amparo en la vía indirecta procede excepcionalmente en contra de uno intermedio, esto es, anterior a la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, siempre que se cumplan dos requisitos: i. Que sus efectos sean de imposible reparación, esto es, que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución federal y tratados internacionales. ii. Que sean ajenos a la cosa juzgada. Ahora bien, resulta pertinente narrar los antecedentes del acto reclamado, los cuales se advierten de lo manifestado por la parte quejosa: 1.- El treinta de junio de dos mil quince, ***demandó la acción de retracto con efectos de nulidad absoluta de actos y documentos que convierten leyes agrarias, juicio radicado en el Tribunal Unitario Agrario del Distrito Treinta y Tres, con sede en Tlaxcala; bajo el expediente ***y que más adelante quedó conexo con el ***, del mismo Tribunal y de la cual el quejoso es codemandado. 2.- El veintiséis de octubre de dos mil veintiuno, en cumplimiento a la ejecutoria pronunciada por el Primer Tribunal Colegiado del Vigésimo Octavo Circuito, el Tribunal Unitario Agrario del Trigésimo Tercer Distrito en el amparo directo *** la autoridad responsable dictó sentencia definitiva en el citado juicio de origen. 3.- El cinco de mayo de dos mil veintidós, en ejecutoria de la sentencia definitiva señalada en el párrafo que antecede se dictan ocho puntos dentro del acuerdo de esa fecha. Siendo este último el acto reclamado en el presente asunto. Atento a las consideraciones expuestas, puede establecerse que el acto reclamado no constituye la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, dado que no aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, no declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni ordena el archivo definitivo del expediente. Aunado a ello, tampoco constituye un acto de imposible reparación, pues de modo alguno vulnera derechos sustantivos en perjuicio de la ahora inconforme, como pudieran ser la vida, libertad, patrimonio o seguridad jurídica, entre otros, por ende, su afectación es meramente procesal. Por tal motivo, las inconformidades de la parte quejosa -vencida en el juicio de origen- solo podrán hacerse valer, como violaciones al procedimiento de ejecución, hasta que se dicte la resolución que apruebe o reconozca el cumplimiento total de lo sentenciado, declare la imposibilidad material o jurídica para dar cumplimiento al fallo, u ordene el archivo definitivo del expediente. De no obrar en el sentido apuntado, se permitiría que de manera injustificada se retarde el cumplimiento de una sentencia definitiva, respecto de la cual la parte vencida -aquí quejosa- ya tuvo oportunidad de defenderse y, en todo caso, las afectaciones que pueda resentir y que estén vinculadas con la cosa juzgada, las podrá reclamar hasta que se dicte la última resolución en el procedimiento de ejecución. Al respecto, toda vez que el citado criterio no es obligatorio para este órgano jurisdiccional en términos por tratarse de una tesis aislada de un tribunal colegiado de distinto circuito, se procede a explicar porque no se comparte. Como se explicó en párrafos anteriores, la acción de amparo en la vía indirecta procede excepcionalmente en contra de uno intermedio, esto es, anterior a la última resolución dictada en el procedimiento de ejecución de sentencia, siempre que se cumplan dos requisitos: i. Que sus efectos sean de imposible reparación, esto es, que afecten materialmente derechos sustantivos tutelados en la Constitución federal y tratados internacionales. ii. Que sean ajenos a la cosa juzgada. En el caso concreto, de la lectura de los motivos de disenso esgrimidos por la parte impetrante de derechos humanos, se advierte que se duele de que la autoridad responsable pretenda ejecutar la sentencia dictada en el juicio de origen, en un orden que estima erróneo. Esto es, considera que en primer lugar se debe de dar cumplimiento a los resolutivos de la sentencia en el mismo orden en que fueron plasmados, esto es, en primer lugar, cumplir con lo que se dispuso en el resolutivo primero, después proseguir con lo impuesto en el segundo y así sucesivamente. En ese contexto, la parte quejosa no se duele de que la autoridad responsable le esté afectando un derecho sustantivo ajeno a la cosa juzgada, sino que lo que le causa agravio es la forma en que la autoridad responsable pretende ejecutar la cosa juzgada; lo cual, en su caso, sería una violación procesal que se deberá reparar en el eventual juicio de amparo indirecto que se promueva contra la última resolución de la ejecución. Por tanto, es contraria a los criterios de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que ya fueron expuestos en la presente determinación, pues de adoptarse el criterio jurídico del tribunal colegiado en referencia, bastaría con que la parte vencida en cualquier juicio natural alegara que la sentencia dictada en su contra se está materializando en forma distinta -aún y cuando no le afectara ningún derecho sustantivo ajeno a la cosa juzgada- para que se hiciera nugatoria la regla de procedencia prevista en las fracciones IV y V del artículo 107 de la Ley de Amparo y por tanto invariablemente pudiera acudir al juicio de amparo en contra de cada acuerdo intermedio dictado en la etapa de ejecución, y de esta manera obstaculizara su desarrollo, lo que sería contrario al principio de justicia pronta y expedita prevista en el al artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia, lo procedente es DESECHAR DE PLANO LA DEMANDA DE AMPARO promovida por ***. Se tiene al quejoso señalando como domicilio el que refiere en el escrito de cuenta; y ténganse como autorizado en términos amplios a la persona que refiere, por así haberlo solicitado expresamente y tratarse de un asunto que versa sobre materia agraria. El presente asunto estará a disposición del público en general para su consulta y será accesible a cualquier persona, en términos de lo establecido en la referida legislación, en el entendido de que este órgano jurisdiccional está obligado a suprimir la información que contenga el carácter de confidencial y reservada. Hágase del conocimiento de las partes que en caso de exhibir documentación o información con el carácter de "reservada" o "confidencial", deberán informarlo a este órgano jurisdiccional, y de ser posible, enviarla debidamente resguardada, como parte de las medidas necesarias a efecto de asegurar dicha información, sin perjuicio de que este juzgado federal, como sujeto obligado, en términos de lo establecido en la legislación de referencia, adopte las medidas necesarias a efecto de garantizar el acceso a la información. Asimismo, se instruye a la secretaria encargado del expediente para que una vez dictada la resolución que corresponda, se ingrese en el módulo Sentencias del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes y, en su caso, cuide los datos personales a que se refiere el "Protocolo para la elaboración de versiones públicas de documentos electrónicos generados por los Tribunales de Circuito y Juzgados de Distrito, a partir de la identificación y el marcado de información reservada, confidencial o datos personales", aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal en sesión de dieciocho de noviembre de dos mil nueve. En el entendido de que es responsabilidad de la secretaria la elaboración y digitalización de la versión pública de la resolución con la que culmine el presente juicio..."
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