Víctor Manuel Castro Hernández

Expediente 1347/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Tlaxcala. 22 actuaciones registradas, la última del 10 de mayo de 2023.

Datos del expediente

Expediente
1347/2022
Año
2022
Actuaciones
22
Última actuación
10/05/2023

Partes del expediente

  • Víctor Manuel Castro Hernández

Actuaciones

Las 4 más recientes de 22.

  1. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a diez de mayo de dos mil veintitrés. Del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista de tres días concedida a las partes mediante acuerdo de veintiuno de abril de dos mil veintitrés; y, tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, además que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio concedido sin que se haya cumplido, este Juzgado Federal procede al análisis respectivo. En ese sentido, mediante sentencia terminada de engrosar el trece de marzo de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable, Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, Tlaxcala, realizara lo siguiente: [.] Se concede el amparo y protección de la Justicia Federal a ********************para que de no existir un motivo diverso al señalado en el acto reclamado, admita el recurso de revocación interpuesto por el ahora quejoso [.]. En ese sentido, por auto de diecisiete de abril del año en curso, se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento del fallo protector de la ejecutoria de amparo. Conforme a lo anterior, mediante proveído de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el oficio signado por el Secretario de acuerdos encargado del Despacho por Ministerio de Ley, del Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, en el que señaló haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo y para tal efecto remitió copia certificada del auto de diecinueve de abril del año en curso, dictado en el expediente ******************** de su índice, así como sus respectivas constancias de notificación y, en consecuencia se dio vista a las partes con el cumplimiento dado por las autoridades responsables, sin que hayan realizado manifestaciones al respecto. Consecuentemente, se procede a calificar el cumplimiento de la sentencia protectora. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable Secretario de acuerdos encargado del Despacho por Ministerio de Ley, del Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, se advierte que mediante auto de diecinueve de abril del año en curso, dictado en el expediente ******************** de su índice de su índice (fojas 175 y 176), se procedió a lo siguiente: 1. Se tuvo al quejoso ********************interponiendo recurso de revocación en contra del auto dictado el veintinueve de agosto de dos mil veintidós, se tuvieron por expresados los agravios, y ordenó correr traslado a su contraparte con las copias simples que se acompañaron para que dentro del término de tres días conteste los agravios en los términos que a su derecho corresponda dentro del término de ley, y que si contestan o no sus colitigantes se dictará la resolución correspondiente al recurso de revocación citado. De lo anterior, es que se considera que se dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo que nos ocupa; por tanto, lo que procede es declarar que la sentencia amparadora ha sido cumplida, ya que los efectos del amparo quedaron satisfechos de acuerdo a lo resuelto en la sentencia de amparo y se restituyó a la parte quejosa en el goce de la garantía violada en términos del artículo 77, fracción II de Ley de Amparo. En el entendido de que el suscrito Secretario encargado del Despacho, se encuentra facultado para resolver respecto al cumplimiento de la sentencia dictado en el presente juicio, de conformidad con lo establecido en la Jurisprudencia 2a./J. 22/2021 (10a.), sustentad por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 1891, del Libro 1, Mayo de 2021, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, con registro digital: 2023104, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: [.] CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO DEL JUZGADO DE DISTRITO POR VACACIONES DEL TITULAR, ESTÁ FACULTADO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL ACATAMIENTO DE LA EJECUTORIA PROTECTORA, POR SU CARÁCTER URGENTE. Hechos: Uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar si el pronunciamiento sobre el cumplimiento de una sentencia de amparo puede estimarse como un auto de trámite o una resolución de carácter urgente y, en consecuencia, si el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones de su titular está facultado para decidir sobre el particular, sostuvo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dicho secretario está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal, habida cuenta que de los artículos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo se desprende que el juzgador debe dictar las medidas necesarias para que tales ejecutorias se cumplimenten a la brevedad para resarcir el quebranto al orden público derivado de los actos declarados inconstitucionales, de lo que se sigue que el pronunciamiento sobre su debido acatamiento constituye una resolución de carácter urgente; en cambio, el otro tribunal contendiente determinó que atendiendo a lo previsto en los preceptos legales en cita, la declaratoria de cumplimiento o incumplimiento de una ejecutoria de amparo no puede estimarse como un acuerdo de trámite, dado que puede derivar en la imposición de una multa a las autoridades responsables e incluso en su destitución y consignación, ni tampoco como una resolución urgente, tan es así que es legalmente factible ampliar el plazo concedido inicialmente a las responsables para acreditar su acatamiento, de lo que se sigue que el secretario encargado del juzgado por vacaciones del titular carece de atribuciones para resolver al respecto. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones del titular está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, en tanto es menester que al concluir el plazo concedido a las autoridades responsables para demostrar su acatamiento o al fenecer el plazo de la vista otorgada a la parte quejosa y a la parte tercero interesada con las constancias relativas, se determine si los deberes impuestos en el fallo protector se encuentran satisfechos para, en su caso, dictar las medidas necesarias para conseguirlo, máxime que la urgencia de la decisión no radica exclusivamente en los posibles daños que se podrían ocasionar al agraviado en caso de que la sentencia no se ejecute de inmediato, sino también en lograr el objetivo del juicio de amparo, el cual estriba en restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado a la brevedad posible, a fin de evitar que el retraso en la ejecución de la decisión torne nugatoria la protección de la Justicia Federal. Justificación: En el dictamen a la iniciativa de la Ley de Amparo en vigor, se precisó que la ejecución de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal constituye una parte toral del juicio de amparo, en tanto que su objetivo es restituir al quejoso en el pleno goce del derecho vulnerado con el acto declarado inconstitucional; por tal razón se estimó necesario implementar medidas que permitan lograr su eficaz y oportuno cumplimiento, habida cuenta que las dilaciones o fallas en su ejecución podrían anular sus efectos restitutorios. Lo que se corrobora al tener en cuenta que el derecho de acceso a la justicia que se tutela en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conlleva para los órganos jurisdiccionales el deber de garantizar la efectividad de los recursos y los medios de defensa, lo que de suyo implica asegurar la debida ejecución de sus decisiones sin dilaciones indebidas o innecesarias. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que de acuerdo con el principio de efectividad de los recursos o medios de defensa previsto en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios, lo que puede ocurrir, por ejemplo, al verificarse cualquier situación que configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión, o en la ejecución de la misma. Incluso, el artículo 25, numeral 2, inciso c), de la Convención establece la obligación del Estado de garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso, lo que significa que la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia porque se requiere, además, que el Estado garantice los medios para ejecutar dichas decisiones definitivas. Luego, es claro que en tratándose del juicio de amparo, es indispensable que la ejecución de la reparación al derecho violado, esto es, el cumplimiento del fallo protector, se realice sin dilaciones indebidas o injustificadas, pues de lo contrario se tornaría ilusorio y lo dotaría de ineficacia, en detrimento del acceso a la tutela jurisdiccional efectiva [.]. Por tanto, toda vez que en el presente proveído la sentencia de amparo se declara cumplida, con fundamento en lo dispuesto por el 196, párrafo cuarto, en relación con el diverso 214, ambos de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); gírese oficio a la responsable que tuvo el encargo de cumplir la ejecutoria de amparo, para su conocimiento y efectos legales procedentes y archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General Sin Número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, toda vez que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b), este expediente es susceptible de depuración. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, este órgano jurisdiccional, dentro de los noventa días siguientes, realizará la depuración correspondiente y concluida la misma solicítese la transferencia al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado del sello pertinente en la carátula del expediente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por lista a la parte tercera interesada, vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, por oficio a las autoridades responsables.

  2. Principal

    SE NOTIFICA POR MEDIO DE LISTA A LA PARTE QUEJOSA. Apizaco, Tlaxcala, a diez de mayo de dos mil veintitrés. Del estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que ha transcurrido la vista de tres días concedida a las partes mediante acuerdo de veintiuno de abril de dos mil veintitrés; y, tomando en consideración que el cumplimiento de las ejecutorias de amparo es de orden público, además que de conformidad con el artículo 214 de la Ley de Amparo, no podrá archivarse ningún juicio concedido sin que se haya cumplido, este Juzgado Federal procede al análisis respectivo. En ese sentido, mediante sentencia terminada de engrosar el trece de marzo de dos mil veintitrés, se concedió el amparo y protección de la Justicia Federal solicitado por la parte quejosa, para el efecto de que la autoridad responsable, Juez Primero de lo Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, Tlaxcala, realizara lo siguiente: [.] Se concede el amparo y protección de la Justicia Federal a ********************para que de no existir un motivo diverso al señalado en el acto reclamado, admita el recurso de revocación interpuesto por el ahora quejoso [.]. En ese sentido, por auto de diecisiete de abril del año en curso, se requirió a las autoridades responsables el cumplimiento del fallo protector de la ejecutoria de amparo. Conforme a lo anterior, mediante proveído de veintiuno de abril de dos mil veintitrés, se tuvo por recibido el oficio signado por el Secretario de acuerdos encargado del Despacho por Ministerio de Ley, del Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, en el que señaló haber dado cumplimiento a la ejecutoria de amparo y para tal efecto remitió copia certificada del auto de diecinueve de abril del año en curso, dictado en el expediente ******************** de su índice, así como sus respectivas constancias de notificación y, en consecuencia se dio vista a las partes con el cumplimiento dado por las autoridades responsables, sin que hayan realizado manifestaciones al respecto. Consecuentemente, se procede a calificar el cumplimiento de la sentencia protectora. Ahora bien, de las constancias remitidas por la autoridad responsable Secretario de acuerdos encargado del Despacho por Ministerio de Ley, del Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, se advierte que mediante auto de diecinueve de abril del año en curso, dictado en el expediente ******************** de su índice de su índice (fojas 175 y 176), se procedió a lo siguiente: 1. Se tuvo al quejoso ********************interponiendo recurso de revocación en contra del auto dictado el veintinueve de agosto de dos mil veintidós, se tuvieron por expresados los agravios, y ordenó correr traslado a su contraparte con las copias simples que se acompañaron para que dentro del término de tres días conteste los agravios en los términos que a su derecho corresponda dentro del término de ley, y que si contestan o no sus colitigantes se dictará la resolución correspondiente al recurso de revocación citado. De lo anterior, es que se considera que se dio cabal cumplimiento a la ejecutoria de amparo que nos ocupa; por tanto, lo que procede es declarar que la sentencia amparadora ha sido cumplida, ya que los efectos del amparo quedaron satisfechos de acuerdo a lo resuelto en la sentencia de amparo y se restituyó a la parte quejosa en el goce de la garantía violada en términos del artículo 77, fracción II de Ley de Amparo. En el entendido de que el suscrito Secretario encargado del Despacho, se encuentra facultado para resolver respecto al cumplimiento de la sentencia dictado en el presente juicio, de conformidad con lo establecido en la Jurisprudencia 2a./J. 22/2021 (10a.), sustentad por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible a foja 1891, del Libro 1, Mayo de 2021, Tomo II, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Undécima Época, con registro digital: 2023104, cuyo rubro y texto son del tenor literal siguiente: [.] CUMPLIMIENTO DE LAS SENTENCIAS DE AMPARO. EL SECRETARIO ENCARGADO DEL DESPACHO DEL JUZGADO DE DISTRITO POR VACACIONES DEL TITULAR, ESTÁ FACULTADO PARA PRONUNCIARSE SOBRE EL ACATAMIENTO DE LA EJECUTORIA PROTECTORA, POR SU CARÁCTER URGENTE. Hechos: Uno de los Tribunales Colegiados de Circuito contendientes, al analizar si el pronunciamiento sobre el cumplimiento de una sentencia de amparo puede estimarse como un auto de trámite o una resolución de carácter urgente y, en consecuencia, si el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones de su titular está facultado para decidir sobre el particular, sostuvo que de conformidad con lo dispuesto en los artículos 43 y 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, dicho secretario está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal, habida cuenta que de los artículos 192, 193 y 196 de la Ley de Amparo se desprende que el juzgador debe dictar las medidas necesarias para que tales ejecutorias se cumplimenten a la brevedad para resarcir el quebranto al orden público derivado de los actos declarados inconstitucionales, de lo que se sigue que el pronunciamiento sobre su debido acatamiento constituye una resolución de carácter urgente; en cambio, el otro tribunal contendiente determinó que atendiendo a lo previsto en los preceptos legales en cita, la declaratoria de cumplimiento o incumplimiento de una ejecutoria de amparo no puede estimarse como un acuerdo de trámite, dado que puede derivar en la imposición de una multa a las autoridades responsables e incluso en su destitución y consignación, ni tampoco como una resolución urgente, tan es así que es legalmente factible ampliar el plazo concedido inicialmente a las responsables para acreditar su acatamiento, de lo que se sigue que el secretario encargado del juzgado por vacaciones del titular carece de atribuciones para resolver al respecto. Criterio jurídico: La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación determina que el secretario encargado del despacho del Juzgado de Distrito por vacaciones del titular está facultado para pronunciarse sobre el cumplimiento de las sentencias de amparo, en tanto es menester que al concluir el plazo concedido a las autoridades responsables para demostrar su acatamiento o al fenecer el plazo de la vista otorgada a la parte quejosa y a la parte tercero interesada con las constancias relativas, se determine si los deberes impuestos en el fallo protector se encuentran satisfechos para, en su caso, dictar las medidas necesarias para conseguirlo, máxime que la urgencia de la decisión no radica exclusivamente en los posibles daños que se podrían ocasionar al agraviado en caso de que la sentencia no se ejecute de inmediato, sino también en lograr el objetivo del juicio de amparo, el cual estriba en restituir al quejoso en el goce del derecho fundamental violado a la brevedad posible, a fin de evitar que el retraso en la ejecución de la decisión torne nugatoria la protección de la Justicia Federal. Justificación: En el dictamen a la iniciativa de la Ley de Amparo en vigor, se precisó que la ejecución de las sentencias que conceden la protección de la Justicia Federal constituye una parte toral del juicio de amparo, en tanto que su objetivo es restituir al quejoso en el pleno goce del derecho vulnerado con el acto declarado inconstitucional; por tal razón se estimó necesario implementar medidas que permitan lograr su eficaz y oportuno cumplimiento, habida cuenta que las dilaciones o fallas en su ejecución podrían anular sus efectos restitutorios. Lo que se corrobora al tener en cuenta que el derecho de acceso a la justicia que se tutela en el segundo párrafo del artículo 17 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, conlleva para los órganos jurisdiccionales el deber de garantizar la efectividad de los recursos y los medios de defensa, lo que de suyo implica asegurar la debida ejecución de sus decisiones sin dilaciones indebidas o innecesarias. En efecto, la Corte Interamericana de Derechos Humanos sostiene que de acuerdo con el principio de efectividad de los recursos o medios de defensa previsto en el artículo 25, numeral 1, de la Convención Americana sobre Derechos Humanos, no pueden considerarse efectivos aquellos recursos que, por las condiciones generales del país o incluso por las circunstancias particulares de un caso dado, resulten ilusorios, lo que puede ocurrir, por ejemplo, al verificarse cualquier situación que configure un cuadro de denegación de justicia, como sucede cuando se incurre en retardo injustificado en la decisión, o en la ejecución de la misma. Incluso, el artículo 25, numeral 2, inciso c), de la Convención establece la obligación del Estado de garantizar el cumplimiento, por las autoridades competentes, de toda decisión en que se haya estimado procedente el recurso, lo que significa que la responsabilidad estatal no termina cuando las autoridades competentes emiten la decisión o sentencia porque se requiere, además, que el Estado garantice los medios para ejecutar dichas decisiones definitivas. Luego, es claro que en tratándose del juicio de amparo, es indispensable que la ejecución de la reparación al derecho violado, esto es, el cumplimiento del fallo protector, se realice sin dilaciones indebidas o injustificadas, pues de lo contrario se tornaría ilusorio y lo dotaría de ineficacia, en detrimento del acceso a la tutela jurisdiccional efectiva [.]. Por tanto, toda vez que en el presente proveído la sentencia de amparo se declara cumplida, con fundamento en lo dispuesto por el 196, párrafo cuarto, en relación con el diverso 214, ambos de la Ley de Amparo, háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.); gírese oficio a la responsable que tuvo el encargo de cumplir la ejecutoria de amparo, para su conocimiento y efectos legales procedentes y archívese este juicio como concluido. Ahora, en atención a lo dispuesto en los artículos 12 y 14 del Acuerdo General Sin Número del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, se decreta que este expediente carece de relevancia documental, al no ubicarse en los supuestos previstos en el artículo 15, del referido Acuerdo General. Por lo anterior, toda vez que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 18, fracción I, inciso b), este expediente es susceptible de depuración. Así, una vez que transcurra el plazo de tres años indicado en el Acuerdo de referencia, sin necesidad de ulterior proveído, y siguiendo las directrices ahí detalladas, este órgano jurisdiccional, dentro de los noventa días siguientes, realizará la depuración correspondiente y concluida la misma solicítese la transferencia al depósito documental dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación. Finalmente, realícese la certificación en la fecha de la remisión física del cuaderno y el estampado del sello pertinente en la carátula del expediente. Notifíquese personalmente a la parte quejosa; por lista a la parte tercera interesada, vía electrónica al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito; y, por oficio a las autoridades responsables.***

  3. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a veintiocho de abril de dos mil veintitrés. Agréguense a los autos únicamente para que obren como correspondan los oficios signados por el Secretario de Acuerdos del Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, y el diverso por la Secretaria de Acuerdos, Encargada del Despacho por Ministerio de Ley, del Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, sin que resulte necesario realizar mayor pronunciamiento, en virtud de que mediante proveído de veintiuno de abril del año en curso se acordó lo conducente. Notifíquese.

  4. Principal

    Apizaco, Tlaxcala, a veintiuno de abril de dos mil veintitrés. Agréguese el oficio signado por el Secretario de acuerdos encargado del Despacho por Ministerio de Ley, del Juzgado Primero Civil del Distrito Judicial de Cuauhtémoc, mediante el cual, informa el cumplimiento al fallo protector; remitiendo para tal efecto copia certificada del auto de diecinueve de abril del año en curso, y sus constancias de notificación que obran en el expediente 128/2016 de su índice. En consecuencia, se deja sin efectos el apercibimiento decretado. En ese sentido, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 196 de la Ley de Amparo, dese vista a las partes con las constancias remitidas por la autoridad responsable, por el término de tres días computados legalmente, para que manifiesten lo que a su interés convenga, con el apercibimiento que de no hacerlo este Juzgado proveerá lo que en derecho corresponda tocante a dicho cumplimiento del fallo protector. Sirve de apoyo a lo anterior, la jurisprudencia 26/2000, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, consultable en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XI, correspondiente al mes de marzo del dos mil, a fojas 243, cuyo rubro es del tenor literal siguiente: "INCONFORMIDAD, EL JUEZ DE DISTRITO O EL TRIBUNAL COLEGIADO DE CIRCUITO, EN SU CASO DEBEN PRONUNCIARSE SOBRE EL CUMPLIMIENTO DE LA EJECUTORIA CON BASE EN LAS CONSTANCIAS DE AUTOS, Y NO DECLARARLA CUMPLIDA, UNICAMENTE PORQUE EL QUEJOSO NO DESAHOGO LA VISTA CORRESPONDIENTE. (INTERRUPCION PARCIAL DE LA JURISPRUDENCIA 85/98 DE ESTA SEGUNDA SALA)". Notifíquese personalmente a la parte quejosa.

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