Victor Manuel Cardenas Cortes

Expediente 823/2019 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Guanajuato. 14 actuaciones registradas, la última del 13 de noviembre de 2019.

Datos del expediente

Expediente
823/2019
Año
2019
Actuaciones
14
Última actuación
13/11/2019

Partes del expediente

  • Victor Manuel Cardenas Cortes
  • Junta Local de Conciliacion Y Arbitraje En Celaya, Guanajuato

Actuaciones

Las 4 más recientes de 14.

  1. Principal

    Téngase por recibido el oficio de cuenta, firmado por el Presidente de la Junta Local de Conciliación y Arbitraje, con sede en esta ciudad, por el que acusa recibo del diverso 16445/2019, al que se le adjuntó la copia certificada del expediente ***, en un tomo y que obraba por separado.

  2. Principal

    Vista la certificación que antecede y apareciendo de autos que no se interpuso el recurso de revisión previsto por el artículo 81, fracción I, inciso d), en relación con el 86, de la citada Ley de Amparo, contra el auto emitido el quince de octubre de dos mil diecinueve, en que se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional en el presente juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la legislación invocada, se declara que la misma HA CAUSADO ESTADO. Lo anterior, hágase del conocimiento de las partes para todos los efectos legales procedentes. En consecuencia, se ordena archivar el presente expediente como asunto totalmente concluido, previas las anotaciones que se hagan en el Libro de Gobierno de este Juzgado Federal. En estricto acatamiento a lo dispuesto por el Acuerdo General conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, específicamente en los dispositivos Vigésimo y Vigésimo Primero, es de precisarse que este expediente NO es de RELEVANCIA DOCUMENTAL. Por otra parte, toda vez que al decretarse el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional en este juicio de amparo, el mismo es susceptible de DESTRUCCIÓN una vez que transcurran cinco años de haberse archivado, por encontrarse en la hipótesis prevista en el punto vigésimo primero, fracción II del acuerdo citado en el párrafo que antecede. En último orden, al resultar innecesaria la documental que adjuntó a su informe de Ley la Junta responsable, consistente en copia certificada del expediente 149/2018/L1/CC/IND, en un tomo y que obra por separado; devuélvase a su lugar de origen; solicítese el acuse de recibo respectivo.

  3. Principal

    Agréguese a sus autos para que obre como legalmente corresponda, el oficio firmado por el Director General Adjunto de lo Contencioso en suplencia por ausencia del abogado general, quien actúa en representación de la Secretaría de Economía, residente en la ciudad de México, en atención al requerimiento formulado a la Secretaría de Economía de esta ciudad, por este Juzgado Federal en auto de veinticuatro de septiembre de dos mil diecinueve, informa que después de realizar una búsqueda en la base de datos central del registro público de comercio, no localizó registro alguno de la persona moral tercera interesada **; en consecuencia, téngasele dando cumplimiento al citado requerimiento; sin que sea el caso realizar pronunciamiento alguno, toda vez que el quince del mes y año que transcurre, se decretó el sobreseimiento fuera de audiencia constitucional.

  4. Principal

    Visto lo de cuenta, así como la certificación secretarial que antecede, se desprende que la parte quejosa no dio cumplimiento al requerimiento formulado por auto de siete de octubre de dos mil diecinueve, no obstante su oportuna y legal notificación. Ahora bien, toda vez que dicha parte no compareció a este Órgano de Control Constitucional a recoger los edictos mediante los cuales se ordenó emplazar al presente juicio de garantías a la citada persona moral tercera interesada; por tanto, ante tal incumplimiento, y en acatamiento además en la Jurisprudencia número 64/2002, sustentada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en relación con los artículos 61, fracción XXIII, así como los diversos dispositivos 27, y 5º, fracción III, de la Ley de Amparo, se le hace efectivo el apercibimiento contenido en el auto de referencia, y se decreta el sobreseimiento del presente juicio de amparo, con fundamento en el artículo 63, fracción II, del ordenamiento legal invocado. Sirve de apoyo a lo anterior Tesis 2ª./J. 64/2002, localizable en la página 211, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVI, Julio de 2002, Novena Época, Instancia de la Segunda Sala, de epígrafe y texto siguiente: EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACION Y EXHIBIRLA DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO.- De conformidad con lo dispuesto en el artículo 30, fracción II, de la Ley de Amparo, el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado se hará mediante notificación personal, siempre que se conozca o se logre investigar su domicilio, o por medio de edictos a costa del quejoso, si a pesar de la investigación se ignora aquél. Ahora bien, del análisis sistemático de lo previsto en el artículo 73, fracción XVIII, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos dispositivos 30, fracción II y 5º. fracción III, del propio ordenamiento, así como en el numeral 14, párrafo segundo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, se concluye que si una vez agotada la investigación a que alude el referido artículo 30, fracción II, y ordenado el emplazamiento a juicio del tercero perjudicado por medio de edictos a costa del quejoso, éste no los recoge, paga su publicación y exhibe ésta, procede decretar el sobreseimiento en el juicio de garantías, toda vez que incumple con un presupuesto procesal, que se rige en formalidad esencial del procedimiento y hace que el juzgador de amparo no pueda pronunciarse sobre el fondo de lo planteado en el juicio constitucional; por ende, se actualiza una causa de improcedencia, pues con la no publicación de los edictos ordenados queda paralizado el juicio de garantías al arbitrio del quejoso, con lo que se contraviene lo dispuesto en el artículo 17 de la Constitución Federal, puesto que se entorpece la administración de justicia, por retardarse la solución del conflicto, ya que ello no es atribuible al órgano jurisdiccional, sino al propio quejoso, cuyo interés particular no puede estar por encima del interés público, tutelado por dicho precepto constitucional, en razón de que la sociedad está interesada en que los juicios se resuelvan dentro de los términos que al respecto señale la ley y no quede su resolución al arbitrio de una de las partes, en este caso del quejoso. Asimismo, cobra aplicación al respecto, la diversa Tesis número VI.2o.C.176 K, visible a página 1105, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XVIII, Julio de 2003, Novena Época, Materia Común, Instancia de los Tribunales Colegiados de Circuito, que es del tenor literal siguiente: EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. PROCEDE SOBRESEER EN EL JUICIO DE AMPARO SI LA QUEJOSA EXHIBE LOS COMPROBANTES DE PAGO DE SU PUBLICACIÓN FUERA DEL TÉRMINO CONCEDIDO PARA ESE EFECTO.- Si la promovente del amparo exhibió los comprobantes de pago de la publicación de los edictos ordenados con el fin de emplazar a la parte tercera perjudicada al juicio constitucional, pero lo hizo fuera del término concedido para ese efecto, debe sobreseerse en el juicio con apoyo en la jurisprudencia 64/2002 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro: "EMPLAZAMIENTO POR EDICTOS AL TERCERO PERJUDICADO. EL INCUMPLIMIENTO DEL QUEJOSO DE RECOGERLOS, PAGAR SU PUBLICACIÓN Y EXHIBIRLA, DA LUGAR AL SOBRESEIMIENTO EN EL JUICIO DE AMPARO."; lo anterior es así, porque de dicho criterio no se desprende que deba existir un total abandono por parte de la quejosa para emplazar por ese medio al tercero perjudicado para que haya lugar a sobreseer, sino que su aplicación al caso deriva del incumplimiento de la obligación de la quejosa de realizar el pago de los edictos dentro de los plazos que la autoridad judicial determina, lo que provoca el retardo en la impartición de justicia, contraviniendo lo dispuesto por los artículos 17 constitucional y 157 de la Ley de Amparo, pues tomando en consideración la naturaleza del juicio de amparo así como las formalidades esenciales que constitucionalmente rigen a todo juicio, debe estimarse que el llamamiento al mismo del tercero perjudicado permite tener por válidamente constituida la relación jurídico-procesal y constituye un presupuesto procesal, cuyo incumplimiento atribuible a la quejosa por la falta oportuna de la exhibición del pago de los edictos, impide al juzgador pronunciarse sobre la constitucionalidad del acto reclamado y, por ende, torna improcedente el juicio de garantías, ya que constitucionalmente no es válido que un tribunal resuelva el fondo de lo planteado sin llamar a los gobernados cuya esfera jurídica se puede ver afectada con su resolución.

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