Víctor Manuel Canul Gómez
Expediente 1048/2018 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán. 8 actuaciones registradas, la última del 11 de diciembre de 2018.
Datos del expediente
- Expediente
- 1048/2018
- Año
- 2018
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 11/12/2018
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Yucatán · Yucatán
Partes del expediente
- Víctor Manuel Canul Gómez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Mérida, Yucatán, once de diciembre de dos mil dieciocho. Atento a lo informado en la cuenta que antecede y toda vez que ha transcurrido el término señalado en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que se hubiere interpuesto recurso alguno en contra de la sentencia dictada el veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, en la que en su primer punto resolutivo se sobreseyó en el presente juicio de amparo; con fundamento en los numerales 356 fracción II y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, supletoriamente aplicado, se declara que aquella sentencia ha causado ejecutoria para todos los efectos legales pertinentes. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno y archívese este expediente como asunto totalmente concluido. Por otra parte, toda vez que en la aludida sentencia se sobreseyó en el presente juicio de amparo, no obran agregados documentos originales y carece de relevancia documental, este asunto encuadra en el supuesto previsto en la fracción II del artículo vigésimo Primero del Acuerdo General Conjunto 1/2009 de quince de octubre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintiséis de octubre de dos mil nueve, el cual establece lo relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, por tanto, el presente expediente es susceptible de destrucción; en consecuencia, hágase dicha anotación en la carátula del expediente, asentando la fecha en que se ordenó el archivo y que carece de relevancia documental. Sin que sea obstáculo a lo anterior, que no obre los acuses de recibo de las piezas postales que contienen los oficios dirigidos a las autoridades que tienen su residencia fuera de esta ciudad, toda vez que al haberse sobreseído en el presente juicio, este sentido no causa ni genera ningún agravio a las aludidas autoridades responsables, por lo que carecen de legitimación para interponer recurso de revisión contra la misma en términos del artículo 87 de la Ley de Amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, Secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargada del despacho por licencia del titular, de conformidad con lo establecido en el párrafo primero, del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el secretario licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, cuatro de diciembre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el oficio remitido por el Director General del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en relación con el acto reclamado en este asunto; el cual se ordena agregar a los presentes autos sin mayores efectos, toda vez que el veintiuno de noviembre del año en curso, se emitió la sentencia correspondiente en el presente juicio de amparo. Notifíquese. Así lo acordó y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Mérida, Yucatán, veintidós de noviembre de dos mil dieciocho. Vista la cuenta que antecede, se tiene por recibido el memorial suscrito por Ángela Carolina Maldonado Cachón, autorizada en términos amplios de la parte quejosa en el presente juicio de amparo, mediante el cual realiza diversas manifestaciones en relación con el acto reclamado en este asunto; el cual se ordena agregar a los presentes autos únicamente para que obre como corresponda, toda vez que el veintiuno de los corrientes se emitió la sentencia correspondiente en el presente juicio. Notifíquese. Así lo acordó y firma la licenciada Bereniz Cortés Sandoval, secretaria del Juzgado Primero de Distrito en el Estado, encargada del despacho por licencia del titular, en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, ante el licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
En la ciudad de Mérida, Yucatán, siendo las nueve horas con cuarenta minutos del veintiuno de noviembre de dos mil dieciocho, hora y día señalados para la audiencia constitucional en el juicio de amparo número 1048/2018-V, se procede a celebrarla ante la presencia del licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, quien actúa ante el licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, secretario que autoriza y da fe, de conformidad con lo dispuesto por el artículo 124 de la Ley de Amparo aplicable. El Juez declara abierta la audiencia sin la asistencia de las partes. A continuación, la Secretaría da cuenta con el escrito inicial de demanda, con los informes justificados rendidos por las autoridades responsables y con las demás constancias que obran en autos. Abierto el período de pruebas, se da cuenta con las documentales que exhibió la parte quejosa con su escrito de demanda (fojas 6 a 47), así como la instrumental de actuaciones y la presuncional en su doble aspecto legal y humano, y con las constancias remitidas por la Jefa de Departamento de Registro y Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, Delegación Yucatán, en representación del Delegado y del Registrador Integral de la Delegación, ambos del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad, junto con su informe justificado (fojas 59 a 68). Posteriormente, se abre el período de alegatos en el que la Secretaría informa que las partes no formularon manifestación al respecto; con lo anterior se cierra ese periodo. Al no haber diligencias pendientes por desahogar y encontrarse debidamente integrado este expediente se procede a dictar la correspondiente resolución. Doy fe. Visto para resolver los autos del presente juicio de amparo 1048/2018-V promovido por Víctor Manuel Canul Gómez, contra actos del Delegado del Registro Agrario Nacional en el Estado de Yucatán, y otras autoridades, por violación a los artículos 1, 8, 14, 16 y 17 Constitucionales; y, R e s u l t a n d o: Primero. Presentación de la demanda de amparo. Mediante escrito presentado el doce de septiembre de dos mil dieciocho, ante la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en el Estado, Víctor Manuel Canul Gómez solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en contra del Delegado y del Registrador Integral, ambos del Registro Agrario Nacional en el Estado, con sede en esta ciudad, y del Director General de Registro y Control Documental y Director General de Catastro y Asistencia Técnica, ambos del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México; actos que hizo consistir esencialmente en la falta de contestación a la solicitud de trámite de inscripción número 31160007560, presentada ante la Delegación Estatal Yucatán del Registro Agrario Nacional el dieciocho de julio de dos mil dieciséis, en la que se solicitó la calificación e inscripción del acta de asamblea ejidal de catorce de agosto de dos mil quince, del ejido de Hunucmá, Yucatán, así como la omisión de realizar dicha calificación e inscripción. Segundo. Admisión de demanda. Por razón de turno, correspondió conocer de la demanda a este Juzgado Primero de Distrito, la cual se admitió en acuerdo de trece de septiembre de dos mil dieciocho; se solicitó a las autoridades señaladas como responsables su correspondiente informe con justificación, mismos que en su oportunidad fueron puestos a la vista de las partes; se dio al agente del Ministerio Público de la Federación adscrito a este Juzgado, la intervención legal que le compete y, se citó a las partes para la celebración de la audiencia constitucional que tuvo verificativo en términos del acta que antecede. C o n s i d e r a n d o: Primero. Competencia. Este Juzgado es competente para resolver el presente juicio de amparo, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 35 de la Ley de Amparo aplicable, 48 y 51, fracción I, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, del Acuerdo General número 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los Circuitos, en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Juzgado de Distrito; lo anterior porque en el caso se reclaman actos omisivos que no tienen ejecución material y que la demanda se presentó ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Yucatán, en el cual ejerce jurisdicción este juzgado. Segundo. Sobreseimiento por negativa de actos y falta de interés jurídico del quejoso. Al rendir sus respectivos informes justificados, la Jefa de Departamento de Registro y Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, Delegación Yucatán, en representación del Delegado y del Registrador Integral de la Delegación, ambos del Registro Agrario Nacional, con sede en esta ciudad y, el Director General de Asuntos Jurídicos del Registro Agrario Nacional, en representación del Director General de Registro y Control Documental y Director General de Catastro y Asistencia Técnica, ambos del Registro Agrario Nacional, con sede en la Ciudad de México, autoridades señaladas como responsables, negaron expresamente los actos que se les atribuyen; ello, sin prueba en contrario ofrecida por la parte quejosa que desvirtúe tal negativa. Lo anterior es así, sin que pase inadvertido para esta autoridad que el quejoso exhibió adjunto a su demanda de amparo, una copia simple del acuse de recibo de la solicitud de trámite número 31160007560, que alega no le ha sido atendida por las responsables; sin embargo, dicho documento no resulta eficaz para acreditar los actos omisivos que reclama, debido a que esa solicitud fue realizada por una persona de nombre Luis Alfonso Ek Uicab y no por el aquí quejoso Víctor Manuel Canul Gómez, lo que además se traduce en una falta de interés jurídico del aquí quejoso para promover el juicio de amparo en reclamo de la omisión de la responsable de realizar actos que fueron motivo de una solicitud formulada por diversa persona. En efecto, para arribar a esta conclusión, se tiene en consideración que el propio quejoso Víctor Manuel Canul Gómez, promovió la demanda de amparo por su propio y personal derecho, ostentándose titular de la solicitud del trámite agrario cuya omisión reclama, aunado a que en ninguna parte de la misma, aparece que se ostente apoderado o representante de alguna otra persona. Asimismo, de los documentos que acompañó a su demanda de amparo, en especial los relativos a la solicitud cuya omisión de atender afirma le causa agravio, revelan que el solicitante del trámite en comento lo es Luis Alfonso Ek Uicab, persona ajena al hoy accionante del amparo, sin que exista aclaración alguna o prueba en contrario que demuestre que ambos son la misma persona o que alguno de éstos sea representante legal del otro. Lo que hace concluir a este resolutor de amparo, que la omisión de las responsables de atender la solicitud de trámite agrario registrada bajo el número 31160007560, no causa afectación alguna en la esfera jurídica del quejoso, dado que no es él quien formuló tal solicitud, sino que lo fue Luis Alfonso Ek Uicab. En ese sentido, el artículo 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, reformado, dispone: "Artículo. 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa". Este principio quedó establecido en la fracción I del artículo 5 de la Ley de Amparo que entró en vigor el tres de abril de dos mil trece, expedida mediante decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el dos de abril citado, que a continuación se transcribe: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1o de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley." Por su parte, el artículo 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: ... XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5o de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; ..." De la transcripción del citado precepto constitucional y de los de la Ley de Amparo, se advierte que el juicio de amparo indirecto es improcedente en contra de los actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso. Sobre el tópico de la causal de improcedencia invocada, es preciso mencionar que toma como base para establecer la procedencia del juicio de amparo, la existencia de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa, ya que de la disposición legal contenida en la fracción XII del artículo 61 de la ley de la materia, se infiere que para que proceda el juicio de amparo contra un acto de autoridad, se requiere que este afecte los intereses jurídicos o legítimos de la parte quejosa, es decir, que le produzca afectación a su derecho subjetivo de manera personal y directa. En este orden de ideas, por lo que se refiere a los actos omisivos reclamados, no causan al peticionario de amparo Víctor Manuel Canul Gómez, afectación a su interés jurídico de manera personal y directa, en virtud de que no es quien formuló la solicitud cuya omisión de atender se duele, ni tampoco su apoderado o representante legal; por tanto, las omisiones combatidas, por sí mismas no le causan al impetrante el agravio personal y directo a que se refiere la fracción I del artículo 5 de la Ley de Amparo, para la procedencia del juicio constitucional, sino que ese acto afectaría por principio a quien realizó tal solicitud, que en el caso lo es el nombrado Luis Alfonso Ek Uicab, persona ajena a este juicio de amparo. Por tanto, al no haber quedado desvirtuada con medio de prueba alguno, la negativa de los actos omisivos reclamados, sustentada por las autoridades responsables en sus informes, aunado a que tales actos en sí mismos no le causan una afectación personal y directa al quejoso Víctor Manuel Canul Gómez, se concluye que en el caso se actualizan las hipótesis previstas en la fracción IV, del artículo 63 de la Ley de Amparo y en la fracción XII del artículo 61, en relación con el artículo 5, fracción I, ambos de la Ley de Amparo; y por ende, debe sobreseerse en el presente juicio de amparo, en términos de lo dispuesto en el numeral 63, fracción V, de la citada ley de la materia. Lo anterior, impide analizar los conceptos de violación que formula el quejoso, en virtud de la causal de improcedencia que se actualiza. Tiene aplicación al caso por similitud de razón, la Tesis Jurisprudencial número 310, visible en la página 209 Tomo VI, Materia Común del Apéndice 1917-1995 al Semanario Judicial de la Federación y rubro: "INFORMES JUSTIFICADOS. NEGATIVA DE LOS ACTOS ATRIBUIDOS A LAS AUTORIDADES.- Si las autoridades responsables niegan los actos que se les atribuyen y los quejosos no desvirtúan esta negativa procede el sobreseimiento en los términos de la fracción IV del artículo 74 de la Ley de Amparo". Tercero. Publicidad. Con fundamento en los artículos 113 y 118 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública se hace la precisión que no será objeto de publicación los datos personales de las partes o secciones clasificadas como reservadas. Por lo expuesto y considerado y con apoyo además en los artículos del 73 al 78 de la Ley de Amparo, Se resuelve: Primero. Se sobresee en el presente juicio de amparo promovido por Víctor Manuel Canul Gómez, en contra de actos que reclama de las autoridades que han quedado relacionadas y por las razones expuestas en el considerando segundo de esta sentencia. Segundo. Al momento de hacer pública la sentencia, se suprimirán los datos personales y secciones clasificadas como reservadas. Notifíquese. Así lo resolvió y firma el licenciado René Rubio Escobar, Juez Primero de Distrito en el Estado, ante el licenciado Héctor Oscar Sánchez Ojeda, secretario que autoriza y da fe.
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