Víctor Manuel Canseco Ruiz y Otros.

Expediente 1686/2015 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Oaxaca. 88 actuaciones registradas, la última del 9 de diciembre de 2020.

Datos del expediente

Expediente
1686/2015
Año
2015
Actuaciones
88
Última actuación
09/12/2020

Partes del expediente

  • Víctor Manuel Canseco Ruiz y Otros.
  • Víctor Manuel Canseco Ruiz
  • Waded Maffuz Peña y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 88.

  1. Principal

    MESA San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de diciembre de dos mil veinte. Toda vez que transcurrió el plazo de quince días a que se refiere el artículo 202 de la Ley de Amparo, sin que las partes, hubieren interpuesto recurso en contra del auto que tuvo por cumplida la sentencia dictada en este juicio; en términos del citado artículo, se declara que ha quedado firme dicho proveído.

  2. Principal

    MESA V B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de noviembre de dos mil veinte. Toda vez que concluyó el plazo concedido a las partes, relativo a la vista del cumplimiento dado al fallo protector; se procede a analizar las determinaciones adoptadas por la responsable sobre ese aspecto. De entrada, cabe destacar que, al resolver el recurso de revisión interpuesto por la parte quejosa contra la sentencia dictada en este juicio de amparo, el Primer Tribunal Colegiado de Circuito del Centro Auxiliar de la Quinta Región, con sede en Culiacán, Sinaloa, mediante ejecutoria de catorce de diciembre de dos mil diecisiete, modificó la sentencia recurrida, sobreseyó en el juicio respecto a los actos atribuidos a la autoridad responsable Agente del Ministerio Público adscrita al Juzgado Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, y concedió el amparo y protección de la Justicia de la Unión a la parte quejosa, para efectos de que la autoridad responsable Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, realizara lo siguiente: Dejara insubsistente el auto de veintiocho de octubre de dos mil quince, dictado en el expediente **/2015, únicamente en cuanto a lo que se refiere a la concesión de la guarda y custodia provisional de la menor ***, a favor de su progenitora, al haber resultado inconstitucionales los motivos tomados en cuenta por la juzgadora al emitirlo, al basarse en una cuestión de género que implica violación al derecho de igualdad, así como el diverso de tres de noviembre del mismo año, al ser consecuencia de ese auto. Dictara un acuerdo en el que, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria, ponderara si debía o no ordenar la diligencia de escucha de la menor ***; así como si era o no necesario designarle un representante especial. En caso de estimarlo necesario debería recabar las constancias que estimara pertinentes para resolver la situación de la menor, contando con cláusula abierta para de estimarlo así, se allegara de cualquier prueba conforme a lo señalado en la parte considerativa de este fallo, a fin de que contara con todos los elementos necesarios para emitir su determinación. Una vez hecho lo anterior, con libertad de jurisdicción resolviera respecto a la guarda y custodia de la menor, prescindiendo de otorgar la misma por el sólo hecho de la cuestión de género de la madre. Ahora bien, de las constancias que obran en autos se observa que la Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, en cumplimiento a la ejecutoria de amparo, realizó lo siguiente: 1. Mediante acuerdo de dos de febrero de dos mil dieciocho, dictado en el expediente **/2015 de su índice, declaró insubsistente y sin efecto alguno el auto de veintiocho de octubre de dos mil quince, únicamente en cuanto a lo que se refiere a la concesión de la guarda y custodia de la menor de edad *** a favor de su progenitora, así como el diverso de tres de noviembre de dos mil quince. Asimismo, consideró necesario que la menor externara su sentir, a efecto de que esa autoridad estuviera en condiciones de resolver sobre la medida solicitada y contar con mayores elementos para determinar quién le procuraría mayor bienestar y cuidados, lo que debería realizarse en presencia de un perito psicólogo, para que valorara la opinión de la menor en su entorno familiar y determinara su madurez, es decir, el grado de comprender el asunto, sus consecuencias, y de formarse un juicio o criterio propio, y si se encontraba en condiciones de expresar su opinión ante esa autoridad, previo consentimiento que otorgara dicha infante para ser entrevistada ante esa autoridad judicial; por lo que solicitó un perito en la materia de psicología para tal fin; asimismo, pidió a la Procuraduría Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca, prestara asesoría y en su caso representara en suplencia a la infante, con el objetivo de que velara el respeto a los derechos de ésta, y señaló las diez horas del quince de marzo de dos mil dieciocho para la celebración de la audiencia de escucha de la menor (auto de ocho de febrero de dos mil dieciocho). 2. En audiencia de quince de marzo de dos mil dieciocho, indicó que no fue posible realizar la escucha de la menor; por lo que ordenó proporcionar terapias psicológicas al progenitor y a la menor, así como recabar informe en la Institución educativa a la que asistía dicha menor, informe de la trabajadora social y valoración realizada a los litigantes por parte del Director de Periciales del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado; precisándose que una vez que se contara con los avances de las terapias ordenadas realizar, así como las valoraciones a los progenitores, se proveería lo concerniente con la finalidad de lograr la escucha de la infante y poder pronunciarse sobre la guarda y custodia provisional de la menor (auto de nueve de abril de dos mil dieciocho). 3. Después de diversos trámites administrativos, para cumplir con las terapias ordenadas, mediante auto de veintidós de octubre de dos mil dieciocho, tuvo al aquí quejoso *** contestando que se encontraba recibiendo terapia con el personal de la Clínica de Psicoterapia Familiar del Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia "DIF Oaxaca", y solicitó a la psicóloga ***, le remitiera el dictamen relativo a la valoración realizada a *** (auto de veintinueve de octubre de dos mil dieciocho). 4. En audiencia de treinta de abril del año en curso, no se llevó a cabo la audiencia de escucha de la menor **, debido a lo expuesto por el psicólogo respecto a que, la citada menor le manifestó su deseo de no ser escuchada, por lo que el experto argumentó que era necesario canalizar a los litigantes para que recibieran terapias psicológicas y que la menor continuara con sus terapias; por lo que determinó que no era procedente continuar con el desarrollo de la escucha, con la finalidad de no revictimizar a la menor de edad, y ordenó girar oficio a la Titular de la Procuraduría de Protección de los Derechos de las Niñas, Niños y Adolescentes en el Estado, para que en el plazo de tres días, le informara el número de sesiones a que se encontraba acudiendo el aquí quejoso y su menor hija, así como el número de sesiones que aún se encontraban pendientes para culminar, ya que resultaba indispensable el término de las terapias psicológicas ordenadas, para que dicha juzgadora se encontrara en condiciones de escuchar a la menor ***; y requirió a ***, para que continuara cumpliendo con las terapias psicológicas ordenadas en autos, a fin de poder realizar la escucha de la menor; y a ***, para que justificara que se encontraba recibiendo terapia psicológica en una institución pública, con la finalidad de afianzar los lazos afectivos con su menor hija y lograr una mejor comunicación con ella (auto de diez de mayo de dos mil diecinueve). 5. En audiencia de catorce de mayo de dos mil diecinueve, la Juez responsable tuvo a la Jefa de la Clínica de Psicoterapia Familiar de la Procuraduría Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, informándole que el demandado *** y la niña *** no se habían presentado a agendar cita en dicha Clínica, y tomando en cuenta que había requerido en diversas ocasiones al demandado, sin que éste cumpliera con dichos requerimientos, ordenó hacer efectivo el requerimiento formulado en proveído de treinta de abril del mismo año, y le dio vista a la Agente del Ministerio Público adscrita con los autos que integran el expediente, para que promoviera lo que a su Representación Social estimara pertinente. Asimismo, ordenó requerir al demandado para que en el plazo de tres días, acudiera a la Procuraduría Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado, para agendar las citas correspondientes de las terapias psicológicas tanto para él como para su menor hija *** y señaló las trece horas del trece de agosto de dos mil diecinueve, para la continuación de la audiencia de pruebas y alegatos (auto de treinta de mayo de dos mil diecinueve). 6. Mediante proveído de doce de julio de dos mil diecinueve, tuvo a la Jefa del Departamento de la Clínica de Psicoterapia Familiar de la Procuraduría Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca, informando que el tres de julio de dos mil diecinueve, el demandado ***, se presentó en dicha Clínica para solicitar información sobre el grupo de padres de juzgados en conflicto judicial, y se le informó que ese programa está constituido por ocho sesiones, y la primera sesión inicia el veintisiete de julio del año en curso; por lo que solicitó a la referida Jefa que, en el plazo de tres días, posteriores al veintisiete de julio de dos mil diecinueve, le informara si el demandado compareció a la sesión (auto de dos de agosto de dos mil diecinueve). 7. Mediante auto de cinco de febrero de dos mil veinte, ordenó girar oficio a la Directora del Centro de Justicia Alternativa del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, para que por su conducto requiriera a la psicóloga ***, para que en el plazo de tres días, le informara el número de terapias que aún les faltaban por realizarse a la aquí tercera interesada ***, el aquí quejoso ***, y la menor ***, a fin de lograr la escucha de la niña (auto de diez de febrero de dos mil veinte). 8. En audiencia de veinticuatro de febrero de dos mil veinte, indicó que el aquí quejoso *** y la menor ***, habían culminado las sesiones terapéuticas, y a WADED MAFFUZ PEÑA, le faltaba por realizar una terapia, la cual fue designada para el veinticuatro de febrero del propio año a las diez horas; y que al no haber comparecido la actora y el demandado a la referida audiencia, se difirió la misma para las trece horas del once de mayo de dos mil veinte (auto de dos de marzo de dos mil veinte). 9. Por auto de cinco de marzo de dos mil veinte, señaló las diez horas del treinta de marzo del mismo año, para la celebración de escucha de la menor ***, indicando que en dicha audiencia, determinaría lo procedente respecto a la guarda y custodia provisional de la referida menor; por lo que la audiencia de pruebas y alegatos programada para las trece horas del once de mayo de dos mil veinte, lo era con la finalidad de desahogar las pruebas que aún se encontraban pendientes, y para el caso de que ya no se encontrara ninguna por desahogarse, continuaría con la siguiente etapa procesal de alegatos, y en su caso, turnaría los autos para el dictado de la sentencia que correspondiera, no así para determinar lo concerniente a la guarda y custodia de la menor en litigio (auto de once de marzo de dos mil veinte). 10. Mediante proveído de nueve de septiembre de dos mil veinte, indicó que, debido a la emergencia sanitaria por COVID-19, no fue posible el desahogo de la audiencia que estaba señalada para las diez horas del treinta de marzo de dos mil veinte; por lo que, atendiendo la agenda de los peritos psicólogos de la Dirección de Servicios Periciales del Consejo de la Judicatura del Poder Judicial del Estado, señaló las diez horas del seis de octubre de dos mil veinte, para la celebración de la escucha de la menor ***, y así estar en condiciones de cumplir con la ejecutoria de amparo (auto de veinticinco de septiembre de dos mil veinte). 11. En audiencia de seis de octubre de dos mil veinte, realizó la escucha de la menor ***, en compañía de una persona de confianza que designó dicha menor, quien le manifestó que era su deseo estar con su papá, y ver a su mamá, ir a Acatlán y salir con ella. Asimismo, en dicha audiencia, la actora y demandado, manifestaron que habían tomado la decisión de convenir en cuanto a la guarda y custodia de su menor hija ***, así como lo relativo a la convivencia con la misma, por lo que, con el objeto de tomar los mejores acuerdos en torno a la niña, deseaban celebrar formal convenio y dar por concluida la presente controversia de manera definitiva; y al efecto, indicaron que: a) Ambos continuarían ejerciendo la patria potestad de la niña; b) La guarda y custodia definitiva de la niña la ejercería su progenitor, quien se comprometía a ejercerla de manera cuidadosa, velando en todo tiempo y lugar porque su hija se desarrollara en un ambiente sano, limpio y sin riesgos, siendo diligente en su alimentación y desarrollo; c) La convivencia definitiva entre la niña con su progenitora, se desarrollaría cada quince días, iniciando a las diez horas del día sábado y culminando a las diecisiete horas del día domingo, donde ambos progenitores tendrían comunicación constante por teléfono para los lugares de la entrega-recepción, debido a las diversas actividades con las que contaban; d) Hasta en tanto no se levantara de manera total la emergencia sanitaria por el COVID-19, la convivencia entre la niña y su progenitora, se realizaría a través de los diversos medios de comunicación como lo son llamadas telefónicas y video llamadas en el momento que así lo deseara; e) En los periodos vacacionales, la convivencia se realizaría al cincuenta por ciento, correspondiendo en esta anualidad el primer periodo a la progenitora, y el segundo, correspondería al progenitor, alternándose en las subsecuentes anualidades entre ellos, es decir, el próximo año sería de manera viceversa, correspondiendo el primer periodo al progenitor, y el segundo a la progenitora, y así de manera sucesiva; y f) Ambos comparecientes se comprometieron a tomar todas las decisiones relativas a la infante en forma conjunta y guardarse respeto mutuo en todo lugar público y privado, sin violencia física o moral, en su persona, familia y trabajo. Por lo que la juez familiar aprobó el convenio sin más trámite, condenando a las partes a estar y pasar por él en todo tiempo y lugar con la categoría de resolución firme; exhortó a los comparecientes para que cumplieran cabalmente con el convenio celebrado en beneficio de la niña, precisándoles que en caso de incumplimiento, tales conductas u omisiones resultarían sancionables por la ley; y requirió a la actora que la convivencia que tenga con su hija, la haga en un ambiente sano, armonioso y libre de violencia, asegurándole con ello un desarrollo pleno, que le dé la oportunidad de formarse física, mental, emocional, social y moralmente íntegra, absteniéndose de realizar actos o conductas que la pongan en riesgo de cualquier forma; apercibió a los litigantes que en caso de incumplimiento a las cláusulas realizadas en esa audiencia, procedería a darle vista a la Agente del Ministerio Público adscrita, por la posible conducta ilícita que se llegare a configurar con su actuación (auto de nueve de octubre de dos mil veinte). Ahora, el examen comparativo que se realiza entre la ejecutoria de amparo y las actuaciones realizadas para dar cumplimiento, pone de manifiesto que la autoridad responsable cumplió con la misma, toda vez que: I. Dejó insubsistente el auto de veintiocho de octubre de dos mil quince, dictado en el expediente ***/2015, únicamente en cuanto a lo que se refiere a la concesión de la guarda y custodia provisional de la menor ***, a favor de su progenitora, así como el diverso de tres de noviembre del mismo año, al ser consecuencia de ese auto. II. Dictó un acuerdo en el que, siguiendo los lineamientos establecidos en la ejecutoria, ponderó si debía o no ordenar la diligencia de escucha de la menor ***; así como si era o no necesario designarle un representante especial; lo que hizo mediante auto de dos de febrero de dos mil dieciocho, en el que consideró necesario que la menor externara su sentir, a efecto de que esa autoridad estuviera en condiciones de resolver sobre la medida solicitada y contar con mayores elementos para determinar quién le procuraría mayor bienestar y cuidados; asimismo, pidió a la Procuraduría Estatal de Protección de los Derechos de Niñas, Niños y Adolescentes del Estado de Oaxaca, prestara asesoría y en su caso representara en suplencia a la infante, con el objetivo de que velara el respeto a los derechos de ésta. III. Recabó las constancias y se allegó de pruebas que estimó pertinentes para resolver la situación de la menor, a fin de contar con todos los elementos necesarios para emitir su determinación, para lo cual emitió diversos proveídos y requerimientos. IV. Una vez hecho lo anterior, previa escucha de la menor y convenio realizado por los litigantes, con libertad de jurisdicción, resolvió respecto a la guarda y custodia de la menor, otorgando la misma al progenitor. En esas condiciones, con fundamento en el artículo 196, tercer párrafo, de la Ley de Amparo, se tiene por cumplida la sentencia pronunciada en autos, lo que se ordena hacer del conocimiento de las partes. Ahora bien, el artículo 196, párrafo segundo, de la Ley de Amparo, obliga a los órganos de control constitucional, no sólo a emitir pronunciamiento sobre si está cumplida o no la ejecutoria de amparo, sino además a declarar si existió exceso o defecto en el cumplimiento (o si hay imposibilidad para cumplirla). Para ello, es necesario establecer con nitidez si la autoridad responsable, que se encontraba vinculada al acatamiento de una sentencia de amparo, la cumplió correctamente o si, por el contrario, al obedecerla lo hizo incorrectamente, ya sea porque incurrió en un exceso o en un defecto. En otras palabras, lo que se debe resolver es el modo como se trató de cumplir con la sentencia de amparo y, en su caso, determinar si no se hizo todo lo que se debía o se hizo más de lo ordenado. De manera que la resolución que se emita debe ser congruente y guardar correspondencia con los efectos de la protección constitucional establecidos en la ejecutoria de amparo o aquellos que natural y racionalmente deriven de ésta, sin que pueda alterarlos o modificarlos en virtud de su firmeza. En el caso particular, la autoridad responsable, acató todos y cada uno de los alcances del fallo constitucional, como ya quedó relatado con anterioridad. De modo que la autoridad responsable, cumplió correctamente con la sentencia de amparo, pues, realizó todo lo que se debía y no hizo más de lo ordenado. En tales términos, de acuerdo con el segundo párrafo del artículo 196, de la Ley de Amparo, se determina que en el presente caso, no existe exceso o defecto en el cumplimiento del fallo protector. Resulta aplicable, por identidad jurídica, la tesis de jurisprudencia 1a./J. 120/2013 (10a.), emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 774, Libro 2, Enero de 2014, Tomo II, Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, Décima Época, que es del tenor siguiente: "RECURSO DE INCONFORMIDAD. MATERIA DE ESTUDIO DE DICHO RECURSO. La materia del recurso de inconformidad previsto en el artículo 201 de la Ley de Amparo, publicada en el Diario Oficial de la Federación el 2 de abril de 2013, conforme a su fracción I, la constituye la resolución que tenga por cumplida la ejecutoria de amparo, en los términos del artículo 196 de la propia ley; es decir, el estudio de legalidad de la determinación de la autoridad que haya conocido del juicio de amparo, en el sentido de que la ejecutoria ha sido cumplida totalmente. Por tanto, su análisis debe atender a la materia determinada por la acción constitucional, así como al límite señalado en la ejecutoria en que se otorgó la protección de la Justicia Federal, sin excesos ni defectos, y no a la legalidad de la resolución emitida por la autoridad responsable en aspectos novedosos que no fueron analizados por el juzgador de amparo. Así, el cumplimiento total de las sentencias, sin excesos ni defectos, a que se refiere el primer párrafo del citado artículo 196, supone el análisis y la precisión de los alcances y efectos de la ejecutoria, a partir de la interpretación del fallo protector y de la naturaleza de la violación examinada en él, para que, una vez interpretada esa resolución, se fijen sus consecuencias para lograr el restablecimiento de las cosas al estado que guardaban antes de la violación constitucional de que se trate, sin que ello signifique que el juez pueda incorporar elementos novedosos a su análisis para extender los efectos precisados en el fallo a otras posibles violaciones aducidas por los quejosos, que no hayan sido motivo de protección por parte de la Justicia de la Unión." En otro orden, en acatamiento a lo dispuesto por el párrafo cuarto del citado ordinal 196 de la ley de la materia, y con fundamento, además, en los artículos 1, 15, 17, fracción II, 18, fracción I y 21 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccional, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como concluido. Por otra parte, se estima que este expediente carece de relevancia documental, en virtud de que no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15, del acuerdo en comento. Toda vez que en este juicio se concedió el amparo solicitado, deberá hacerse del conocimiento de las partes que este expediente será conservado en este órgano jurisdiccional durante tres años, y una vez cumplido este plazo, dentro de los siguientes noventa días se procederá a su depuración, y posteriormente se transferirá al Depósito documental, que es el área destinada a la organización, conservación y consulta del archivo judicial, dependiente de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, conforme a lo establecido en el artículo 18, fracción I, inciso b), ultimo y antepenúltimo párrafos, del Acuerdo invocado. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno y en la carátula del expediente. Devuélvase a la juez responsable las documentales que adjuntó a su informe justificado, con lo que se ordenó formar el anexo I. Tomando en consideración que la parte quejosa exhibió un disco compacto como prueba; devuélvase el mismo a dicha parte, por conducto del Actuario, de lo cual, deberá asentar razón de su entrega. En virtud de que este expediente se tramitó con incidente de suspensión, acuérdese lo relativo a su destino en ese propio cuaderno. Notifíquese personalmente.

  3. Incidental

    MESA V B San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de noviembre de dos mil veinte. Vista la certificación de cuenta, toda vez que en auto dictado en esta fecha en el juicio de amparo 1686/2015, del que deriva este incidente de suspensión, se ordenó determinar su destino; por tanto, en virtud de que en este cuaderno incidental se concedió la medida cautelar respecto de los actos reclamados por la parte quejosa; con fundamento en los artículos 6, 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, transcurridos más de seis meses, contados a partir de que surta efectos la notificación de esta resolución, procédase a la destrucción del duplicado de este incidente, en tanto que el original, por haberse concedido, la medida cautelar, en su oportunidad, deberá realizarse su depuración en términos del artículo 18, fracción I, inciso a), del acuerdo invocado, posteriormente, transferirse a los depósitos documentales dependientes de la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente y en el libro de gobierno respectivo. Tomando en consideración que la tercera interesada exhibió un disco compacto en este incidente, en auto de diecinueve de febrero de dos mil dieciséis; devuélvase el mismo a dicha parte, por conducto del Actuario, de lo cual, deberá asentar razón de su entrega. Notifíquese; personalmente a la tercera interesada.

  4. Principal

    MESA V B. San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, nueve de octubre de dos mil veinte. Agréguese el oficio signado por la Juez Cuarto de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, y anexo que acompaña -previa certificación de la hora y fecha de su recepción con motivo de que se recibió vía correo electrónico-, por el cual informa el cumplimiento efectuado a la ejecutoria de amparo dictada en autos. En virtud de lo anterior, con fundamento en el artículo 196 de la Ley de Amparo, con el oficio y anexo de cuenta, dese vista a las partes quejosa y tercera interesada, para que en el plazo de tres días, manifiesten lo que a su derecho convenga; en el entendido que de no hacer manifestación alguna, se resolverá respecto del cumplimiento o incumplimiento de la ejecutoria. Notifíquese personalmente.

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