Víctor Manuel Camacho Ibañez

Expediente 1054/2020 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 26 de enero de 2021.

Datos del expediente

Expediente
1054/2020
Año
2020
Actuaciones
2
Última actuación
26/01/2021

Partes del expediente

  • Víctor Manuel Camacho Ibañez

Actuaciones

  1. Principal

    Vista, la circular SECNO/6/2021, de veintitrés de enero del año en curso, signada por la Secretaria Ejecutiva de Creación de Nuevos Órganos del Consejo de la Judicatura Federal, mediante la cual comunica que la Comisión Especial aprobó el punto de acuerdo relativo a la "Propuesta de medidas que deben adoptarse del 26 de enero al 9 de febrero de 2021, en los órganos jurisdiccionales de la República mexicana, en virtud de los contagios por la emergencia Covid-19", en la que se determinó que durante el periodo comprendido del veintiséis de enero al nueve de febrero de dos mil veintiuno, se suspenden plazos y términos, con las salvedades que se precisan en la misma. Asimismo, se estableció que derivado de ello, se regresaría al esquema de contingencia previsto en el artículo 1, fracciones I, II, III y IV, del Acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19. En ese contexto, cabe mencionar que el doce de junio de dos mil veinte, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el acuerdo General 13/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo al esquema de trabajo y medidas de contingencia en los órganos jurisdiccionales por el fenómeno de salud pública derivado del virus Covid-19; cuyo artículo 1º fracción I, párrafo segundo, dispone que cada órgano jurisdiccional dará seguimiento oficioso a los asuntos que haya radicado al calificarlos como "urgentes"; en consecuencia, este juzgador considera que este asunto está dentro de esos supuestos y se continúa con su trámite. Por otra parte, vista la razón actuarial de cuenta practicada por la actuaria judicial adscrita a este órgano jurisdiccional; de la que se advierte la imposibilidad que tuvo para notificar a los promoventes Víctor Manuel Camacho Ibañez y Luis Hernán Camacho Sánchez, el proveído de catorce de diciembre de dos mil veinte, por el que se desechó de plano la demanda de amparo, por las razones que expone; en consecuencia, de conformidad con el artículo 27, fracción III, inciso a), de la Ley de Amparo, háganse esta y las subsecuentes notificaciones, incluyendo las de carácter personal, por medio de lista correspondiente.

  2. Principal

    V I S T A la demanda de amparo promovida por Víctor Manuel Camacho Ibáñez y Luis Hernán Camacho Sánchez, contra actos del Agente del Ministerio Público Investigador de Chalco, adscrito a la Fiscalía Regional de Amecameca, de la Fiscalía General de Justicia del Estado de México y otras autoridades, ello por violación a los derechos humanos consagrados en los artículos 1, 14, 16, 17, 18, 19, 20 apartado A y 21 constitucionales. Fórmese expediente y regístrese tanto en el libro de gobierno de juicios de amparos bajo el número 1054/2020-IV, como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Ahora bien de escrito de demanda se advierte que los ahora quejosos reclaman: ". La falta de citación a la carpeta de investigación NIC: AME/CHA/02/MPI/204/03608/20/11, NUC: CHA/AME/CHA/020/275291/20/11". Atento a ello, con apoyo en lo establecido por el artículo 113 de la Ley de Amparo, procede desechar la demanda de derechos fundamentales por ser notoriamente improcedente, atento a las siguientes consideraciones: El artículo 113 de la Ley de Amparo autoriza al Juez de Distrito a desechar de plano una demanda de amparo, cuando de su examen se desprenda un motivo manifiesto e indudable de improcedencia; en relación con este tema, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido que será motivo de improcedencia manifiesto, aquél que se advierta en forma patente, notoria y absolutamente clara, mientras que el indudable será del que se tiene certeza y plena convicción, tal como lo corrobora la tesis aislada LXXI/2002, emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 186605 y rubro: "DEMANDA DE AMPARO. DE NO EXISTIR CAUSA DE IMPROCEDENCIA NOTORIA E INDUDABLE, O TENER DUDA DE SU OPERANCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ADMITIRLA A TRÁMITE Y NO DESECHARLA DE PLANO.". Asimismo, el Tribunal Constitucional del país, al analizar la expresión manifiesta e indudable, contenida también en el artículo 25 de la Ley de Reglamentaria de las Fracciones I y II del Artículo 105 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, ha sostenido que se estará en ese supuesto cuando la improcedencia del juicio se desprenda claramente del escrito de demanda y de las pruebas que, en su caso, se hubieren adjuntado, sin que exista duda sobre la actualización de la causa de improcedencia, de tal suerte que los actos posteriores del procedimiento sean irrelevantes para confirmar su operatividad y que, además, no exista posibilidad de que la desvirtúen. Lo anterior, se confirma con la jurisprudencia P./J. 9/98, emitida por el Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 196923 y rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. PARA EL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA SU IMPROCEDENCIA DEBE SER MANIFIESTA E INDUDABLE.". Además, con la jurisprudencia P./J. 128/2001, del Tribunal Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 188643 y rubro: "CONTROVERSIA CONSTITUCIONAL. ALCANCE DE LA EXPRESIÓN "MOTIVO MANIFIESTO E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA" PARA EL EFECTO DEL DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA.". En la especie, se actualiza la causa de improcedencia prevista en los artículos 5, fracción I y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el artículo 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que establecen: "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: I. El quejoso, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho subjetivo o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que la norma, acto u omisión reclamados violan los derechos previstos en el artículo 1 de la presente Ley y con ello se produzca una afectación real y actual a su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. El interés simple, en ningún caso, podrá invocarse como interés legítimo. La autoridad pública no podrá invocar interés legítimo. El juicio de amparo podrá promoverse conjuntamente por dos o más quejosos cuando resientan una afectación común en sus derechos o intereses, aun en el £supuesto de que dicha afectación derive de actos distintos, si ^^éstos les causan un perjuicio análogo y provienen de las mismas autoridades. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; La víctima u ofendido del delito podrán tener el carácter de quejosos en los términos de esta Ley. "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XII. Contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, en los términos establecidos en la fracción I del artículo 5 de la presente Ley, y contra normas generales que requieran de un acto de aplicación posterior al inicio de su vigencia; [...] Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I. El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [...].". La disposición imperativa de la fracción XII del artículo 61 de la Ley de Amparo, determina la improcedencia del juicio de amparo contra actos que no afecten los intereses jurídicos o legítimos del quejoso, entendiéndose como tales aquellos actos jurisdiccionales que no afectan de manera real, actual, personal y directamente los derechos subjetivos (intereses jurídicos) del promovente. En el entendido que, por derecho subjetivo, se entiende el conjunto de facultades concretas atribuidas a la persona cuya situación se subsuma en la hipótesis de una norma objetiva. Ahora bien, por tener relación con los actos que se estudian en este apartado, conviene destacar el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, que hace referencia a las facultades de investigación que constitucionalmente se otorgan al Ministerio Público en la primera fase del procedimiento penal, el cual en su texto anterior a las reformas publicadas en el Diario Oficial de la Federación el dieciocho de junio de dos mil ocho, disponía en la parte inicial de su primer párrafo lo siguiente: "La imposición de las penas es propia y exclusiva de la autoridad judicial. La investigación y persecución de los delitos incumbe al Ministerio Público, el cual se auxiliará con una policía que estará bajo su autoridad y mando inmediato." La Suprema Corte de Justicia de la Nación, al analizar esa porción normativa en la ejecutoria de la que deriva la jurisprudencia 1a./J. 154/2005, consideró lo siguiente: a)Que el Ministerio Público puede definirse como aquella organización de funcionarios que tanto a nivel federal como local tienen la encomienda de representar los intereses sociales en diversos procesos y cuya actividad fundamental consiste en provocar el ejercicio de la jurisdicción para que se subsanen los daños que como consecuencia de diversas conductas haya resentido la sociedad. b)Que la averiguación previa constituye medularmente una investigación a través de la cual la fiscalía trata de hacerse del material probatorio necesario para sustentar un caso, que presentará ante el Juez con el fin de que éste tenga buenas posibilidades de éxito y tradicionalmente se ha considerado que uno de los principios que de manera medular rige a dicho procedimiento es el de "sigilo". c)Que el Alto Tribunal de Justicia en el País, ya ha sostenido el criterio que, por regla general, la integración de la averiguación previa no es susceptible de control constitucional, porque al desconocerse cuál será el resultado de ese procedimiento entonces su trámite, por lo general, no propicia afectación alguna reparable por los medios de control constitucional, la cual se materializaría hasta que la autoridad judicial que conozca de la causa penal determine si resulta procedente o no librar la correspondiente orden de aprehensión; d)Que estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer dichas facultades y obligaciones conferidas al representante social, anteponiendo el interés particular al de la sociedad, y e)Que siendo así, la omisión de esa autoridad de citar o hacer comparecer al probable o probables indiciados para que declaren dentro de la averiguación previa no constituye un acto de imposible reparación que pueda ser combatido a través del juicio de amparo indirecto, puesto que tal declaración no constituye un requisito indispensable para que se integre aquélla, ya que el artículo 21 de la Constitución Federal no lo dispone de tal forma y, en todo caso, constituye un elemento más de prueba que puede tener en cuenta el Ministerio Público para efectos de la integración de la averiguación previa correspondiente, en ejercicio de la facultad que le concede la propia Carta Magna. De las anteriores consideraciones se advierte que el motivo fundamental por el que la Suprema Corte de Justicia de la Nación estimó que el juicio de amparo indirecto resultaba improcedente en contra de la omisión del fiscal de citar a un indiciado para que declare en la etapa de averiguación previa, consistió en que tal declaración no es un requisito indispensable para que aquélla se integre, ya que el artículo 21 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos no lo dispone así. Esas mismas razones, válidamente pueden trasladarse al caso en estudio, en el que se reclama en esencia la falta de citación a la carpeta de investigación que, en su caso, se inició en contra del quejoso, esto es, dentro de un asunto de corte acusatorio penal, pues el precepto constitucional analizado por nuestro Supremo Tribunal Constitucional -antes de las reformas en cita- no contemplaba la citación del indiciado, y tampoco lo hace después de las mismas, ya que en la actualidad sus primeros dos párrafos -relativos también a las facultades de investigador que se le siguen confiriendo al Ministerio Público-, disponen expresamente lo siguiente: "Artículo 21. La investigación de los delitos l. corresponde al Ministerio Público y a las policías, las cuales actuarán bajo la conducción y mando de aquél en el ejercicio de esta función. El ejercicio de la acción penal ante los tribunales corresponde al Ministerio Público. La ley determinará los casos en que los particulares podrán ejercer la acción penal ante la autoridad judicial. (...)". Además, no existe otro precepto constitucional que constriña al representante social a notificarle al indiciado la integración o existencia de alguna carpeta de investigación seguida en su contra, ni la obligación de hacerlo comparecer a la misma, para ofrecer pruebas, ni se advierte disposición en ese sentido contenida en el Código Nacional de Procedimientos Penales. En ese sentido, acorde con los artículos aquí invocados, se colige que no procede el juicio de amparo indirecto promovido contra la integración de la averiguación previa y/o carpeta de investigación, así como respecto de la consignación y/o ejercicio de la acción penal de estas, ya que dicha fase procedimental no irroga a la persona contra quien se inicia perjuicio alguno, en razón que ni la Constitución ni las leyes secundarias otorgan a los indiciados el derecho de oponerse a la continuación de una averiguación previa, aun cuando sean considerados probables responsables, pues estimar lo contrario sería tanto como anteponer el interés particular al de la sociedad. Lo anterior, porque de los artículos 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5, fracción I y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, se advierte que uno de los principios rectores de la procedencia del juicio de amparo, en casos como el presente, lo constituye el interés jurídico de quien acude a solicitar la protección federal, el cual surge con la existencia de un derecho subjetivo jurídicamente tutelado que puede afectarse y con un acto de autoridad que lo vulnere. De ahí que el acto reclamado consistente en la falta de citación a la carpeta de investigación de la que se duelen los quejosos, no causa un perjuicio real, actual, personal y directo a sus derechos subjetivos, razón por la cual no es impugnable en amparo indirecto. En efecto, la iniciación de la investigación ministerial o la carpeta respectiva, aun sin que el quejoso tenga conocimiento de su radicación y no se le haya dado intervención, así como su determinación, no afecta sus derechos subjetivos, ya que estos se verán afectados hasta en tanto la autoridad judicial que le corresponda conocer sobre el proceso penal resuelva procedente librar o no alguna orden que afecte la libertad de los quejosos. En este sentido, es indudable la improcedencia del juicio de amparo indirecto promovido contra la falta de citación a la carpeta de investigación instaurada en su contra, ya que dicha fase procedimental no le irroga a la parte quejosa perjuicio alguno; estimar lo contrario, sería tanto como entorpecer las facultades y obligaciones conferidas al Ministerio Público, anteponiendo el interés particular al de la sociedad. Es aplicable a lo anterior, la tesis I.1o.P.89 P (10a.), del Primer Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, con registro 2016068, de rubro y texto siguientes: "ACCESO DEL IMPUTADO A LA CARPETA DE INVESTIGACIÓN. HASTA EN TANTO EL MINISTERIO PÚBLICO LO ESTIME CONVENIENTE PARA EL ÉXITO DE SU INVESTIGACIÓN, QUIENES TENGAN O NO RECONOCIDO AQUEL CARÁCTER DURANTE LA ETAPA DE INVESTIGACIÓN INICIAL, NO TIENEN DERECHO A QUE SE LES PERMITA SU CONSULTA Y, POR ENDE, QUE SEAN CITADOS PARA COMPARECER, AL EXISTIR UNA RESTRICCIÓN CONSTITUCIONAL AL RESPECTO. Conforme al artículo 20, apartado B, fracción VI, segundo párrafo, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, es un derecho fundamental que al imputado, por la posible comisión de un delito, le sean facilitados todos los datos que solicite para su defensa y que consten en el proceso; empero, tocante a los registros de la investigación, es específico en constreñir su acceso a tres momentos: 1) Cuando el imputado se encuentre detenido; 2) Cuando pretenda recibírsele su declaración o entrevistarlo; y, 3) Antes de su primera comparecencia ante el Juez, con la oportunidad debida para preparar la defensa. Las tres hipótesis aluden a situaciones jurídicas distintas que ocurren en diferentes momentos del proceso penal, pues mientras los supuestos 1) y 2) se refieren a acontecimientos que son dables de suceder en la etapa de investigación inicial, el diverso 3) apunta a un acto que debe verificarse en la etapa de investigación complementaria, es decir, en la fase judicializada de la investigación durante la celebración de la audiencia inicial (en la que se formula la imputación). Sin embargo, de una interpretación sistemática a tales hipótesis, se colige que las tres son coincidentes en apuntar a los registros de investigación que integra el Ministerio Público en la fase inicial y que aporta para la investigación complementaria, ya que en esta última etapa, al hallarse judicializada, todos los antecedentes y registros deben ser oportunamente hechos del conocimiento del imputado para su debida defensa y para la continuación del proceso, como lo dispone el artículo 219 del Código Nacional de Procedimientos Penales. En esa guisa, tratándose del supuesto 2), éste se refiere a una posición pasiva por parte del imputado, en la medida en que para que pueda tener acceso a los registros contenidos en la carpeta de investigación, se encuentra supeditado a la voluntad de un tercero en la que desee llevar a cabo diligencias como la de recibir declaraciones o entrevistas, las que -por antonomasia- son las que -de estimarlas necesarias- realiza el órgano persecutor (Ministerio Público) durante la investigación inicial, para el correcto esclarecimiento de los hechos denunciados. Por tanto, existe una restricción de índole constitucional que impide que quien tenga reconocido el carácter de imputado y más aún, quien no tenga reconocida esa calidad durante la etapa de investigación inicial, pueda acudir de manera libre y espontánea, es decir, en el momento en que así lo desee, incluso, sin necesidad de ser citado, a imponerse de los registros que obran en la carpeta de investigación, es decir, a tener acceso a ésta y así encontrarse en posibilidad de ejercer sus derechos conforme a sus intereses legales convenga. Sino que lejos de esto, ni en la Constitución Federal ni en el código mencionado se observa que el imputado tenga derecho a lo contrario, hasta en tanto el Ministerio Público así lo estime conveniente para el éxito de su investigación, tal como se advierte de los artículos 113, fracción VIII y 216 de la legislación nacional invocada. Sin que sea óbice a lo anterior, que la única condición que tiene la autoridad ministerial es que una vez que le dé el acceso condigno a los registros de la investigación al imputado, éstos ya no se podrán tener bajo reserva, salvo las excepciones previstas en la ley, pero en "todos los casos deberán hacerse del conocimiento oportuno de aquél, a fin de no afectar su derecho de defensa". Asimismo, sirve de apoyo la jurisprudencia 1a./J.154/2005, emitida por la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, con registro 175142 de rubro: "AVERIGUACIÓN PREVIA. LA OMISIÓN DEL MINISTERIO PÚBLICO DE CITAR O HACER COMPARECER AL PROBABLE O PROBABLES INDICIADOS PARA QUE DECLAREN, NO PUEDE COMBATIRSE A TRAVÉS DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO.". Sin que se inadvierta que el artículo 107 de la Ley de Amparo en su fracción VII, establezca que el amparo biinstancial procede en contra de las omisiones del Ministerio Público en la investigación de los delitos; sin embargo, esa procedencia está sujeta a que se haya observado previamente el principio de instancia de parte agraviada, lo que significa que sólo el titular de un derecho legítimamente protegible es quien puede acudir ante el órgano jurisdiccional de amparo en demanda de que cese su transgresión, es decir, quien demuestre que el acto reclamado le ocasiona un agravio real, actual, inmediato y directo, lo que obviamente supone la existencia de dos requisitos: que los promoventes sean el directamente agraviados con el acto de autoridad y que sean titulares del derecho fundamental que alegan como afectado. De lo que se sigue que, como en el particular no existe algún precepto legal que disponga que necesariamente tiene que citarse al indiciado a una averiguación previa en la que se le imputen hechos, no puede existir un derecho subjetivo vulnerado por la omisión o negativa del representante social de llevar a cabo esa citación, máxime que la parte quejosa únicamente refiere que se enteraron que se inició una investigación en su contra. Sustenta lo anterior, la tesis II.2o.P.50 P (10a.), con registro 2015350 y rubro: "MINISTERIO PÚBLICO. SI EN EL AMPARO INDIRECTO SE RECLAMA EL HECHO DE QUE ESA REPRESENTACIÓN SOCIAL ACUERDE SOBRE LA CONSIGNACIÓN DE LA AVERIGUACIÓN PREVIA O CARPETA DE INVESTIGACIÓN, EJERCITA LA ACCIÓN PENAL Y SOLICITA LA ORDEN DE APREHENSIÓN O AUDIENCIA PARA FORMULACIÓN DE LA IMPUTACIÓN, EL JUICIO CONSTITUCIONAL ES IMPROCEDENTE.". En consecuencia, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en los artículos 5, fracción I, y 61, fracción XII, de la Ley de Amparo, en relación con el diverso 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, lo procedente es desechar de plano la demanda de amparo promovida por Víctor Manuel Camacho Ibáñez y Luis Hernán Camacho Sánchez, con apoyo en lo dispuesto en el artículo 113 de la ley de la materia. En cumplimiento a lo establecido en los artículos 1 y 9 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, en relación con el Acuerdo General de Administración 05/2015, por el que se expiden los lineamientos temporales para regular el procedimiento administrativo interno de acceso a la información pública, así como el funcionamiento y atribuciones del comité de transparencia de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, se suprimen los datos personales de las partes e información reservada, salvo petición expresa de su publicación. Toda vez que el quejoso señala domicilio para oír y recibir notificaciones fuera de la residencia de este órgano se tiene los estrados de este juzgado; sin embargo, atento a la naturaleza del presente acuerdo, notifíquese personalmente por única ocasión, al promovente en el domicilio que indica. Y por autorizado en términos amplios del artículo 12 de la ley en la materia a Demetrio Leonides Pacheco Rueda, toda vez que cuenta con cédula profesional de licenciado en derecho legalmente expedida su favor, y únicamente para oír y recibir notificaciones a las demás personas que menciona. De ser necesario se habilita a los actuarios de la adscripción para realizar las notificaciones en el presente juicio de amparo en días y horas inhábiles, lo anterior con fundamento en lo dispuesto en los numerales 17 de la Constitución General de la República, 21 párrafo tercero, de la Ley de Amparo en vigor. Finalmente, se requiere a las partes para seguir el presente juicio mediante el esquema de "juicio en línea", de conformidad con los lineamientos señalados en el Acuerdo General 12/2020.

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