Víctor Manuel Camacho Arteaga
Expediente 236/2023 tramitado ante el Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz. 4 actuaciones registradas, la última del 16 de noviembre de 2023.
Datos del expediente
- Expediente
- 236/2023
- Año
- 2023
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 16/11/2023
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz · Veracruz
Partes del expediente
- Víctor Manuel Camacho Arteaga
Actuaciones
- Principal
Córdoba, Veracruz, dieciséis de noviembre de dos mil veintitrés. Agréguese a los autos la copia electrónica del auto de veintiuno de abril del presente año, signado por la Secretaria y la Presidenta, ambas adscritas al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito, dictado en el amparo directo 475/2023, de su índice; atento a su contenido, se le tiene informando que dicho órgano jurisdiccional se avocó al conocimiento del asunto. En consecuencia, háganse las anotaciones en el libro respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E 2.0), y archívese el presente asunto como totalmente concluido. Se precisa que el presente asunto no encuadra en alguno de los supuestos señalados en el artículo 15 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, destrucción, digitalización, transferencia, resguardo y destino final de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el siete de junio de dos mil veintitrés, por lo que se considera que no es de relevancia documental. En ese tenor, se determina que el presente expediente una vez que hayan transcurrido seis meses contados a partir de la emisión de este auto, deberá ser DESTRUIDO, de conformidad con lo dispuesto en el artículo 19, fracción I, inciso b), del citado Acuerdo General, pues en este asunto se declinó competencia al Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Séptimo Circuito.
- Principal
Córdoba, Veracruz, a doce de abril de dos mil veintitrés. En atención a que mediante acuerdo de treinta y uno de marzo del año en curso, ante la imposibilidad del actuario de notificar al quejoso el contenido del proveído de veintiocho de marzo de este año, se ordenó librar el despacho 772/2023 orden 902/2023; sin embargo, el impetrante se apersonó en esa propia fecha a este órgano jurisdiccional a notificarse del mencionado acuerdo; por tanto, resulta innecesario el envío de dicha comunicación. En consecuencia, dese de baja la citada comunicación oficial de referencia, háganse las anotaciones en el libro de gobierno respectivo, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes (SISE 2.0). Ahora, toda vez que el quejoso, en la diligencia de notificación referida, no señalo un domicilio para oír y recibir notificaciones, se ordena notificarle el presente auto por lista de acuerdos de este juzgado, así como los subsecuentes, aun aquellos cuya notificación sea de carácter personal, de conformidad con lo dispuesto en el invocado artículo 27, fracción II, de la Ley de Amparo vigente, y hasta en tanto señale domicilio en esta ciudad para oír y recibir notificaciones. Por otra parte, agréguese a los autos el escrito signado por ********** se tiene por cumplido el requerimiento formulado en proveído de veintiocho de marzo del año en curso; y con fundamento en el artículo 115 de la Ley de Amparo, se provee: C O N S I D E R A N D O: ÚNICO. La competencia constituye un presupuesto procesal de orden público y su estudio es preferente al fondo de la cuestión planteada; por tanto, procede analizar si en la especie este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, es competente para conocer de la demanda de amparo promovida por *********. En ese entendido, cabe destacar que los artículos 47 y 170 de la Ley de Amparo disponen lo siguiente: "Artículo 47. Cuando se presente una demanda de amparo ante un juez de distrito o ante un tribunal unitario de circuito, en la que se reclamen actos que estimen sean materia de amparo directo, declararán carecer de competencia y de inmediato remitirán la demanda y sus anexos al tribunal colegiado de circuito que corresponda. El presidente del tribunal decidirá, sin trámite alguno, si acepta o no la competencia. En el primer caso, mandará tramitar el expediente y señalará al quejoso un plazo de cinco días para la presentación de las copias, notificará a la autoridad responsable para que en su caso, provea respecto a la suspensión del acto reclamado y le otorgará un plazo de diez días para que rinda el informe correspondiente. En el caso que decida no aceptar la competencia, remitirá los autos al juzgado o tribunal que estime competente, sin perjuicio de las cuestiones de competencia que pudieran suscitarse entre jueces de distrito o tribunales unitarios de circuito". "Artículo 170. El juicio de amparo directo procede: I. Contra sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, dictadas por tribunales judiciales, administrativos, agrarios o del trabajo, ya sea que la violación se cometa en ellos, o que cometida durante el procedimiento, afecte las defensas del quejoso trascendiendo al resultado del fallo. Se entenderá por sentencias definitivas o laudos, los que decidan el juicio en lo principal; por resoluciones que pongan fin al juicio, las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. En materia penal, las sentencias absolutorias y los autos que se refieran a la libertad del imputado podrán ser impugnadas por la víctima u ofendido del delito en los casos establecidos por el artículo 173 de esta Ley. Para la procedencia del juicio deberán agotarse previamente los recursos ordinarios que se establezcan en la ley de la materia, por virtud de los cuales aquellas sentencias definitivas o laudos y resoluciones puedan ser modificados o revocados, salvo el caso en que la ley permita la renuncia de los recursos. Cuando dentro del juicio surjan cuestiones sobre constitucionalidad de normas generales que sean de reparación posible por no afectar derechos sustantivos ni constituir violaciones procesales relevantes, sólo podrán hacerse valer en el amparo directo que proceda contra la resolución definitiva. Para efectos de esta Ley, el juicio se inicia con la presentación de la demanda y, en materia penal, con el auto de vinculación a proceso ante el órgano jurisdiccional; II. Contra sentencias definitivas y resoluciones que pongan fin al juicio dictadas por tribunales de lo contencioso administrativo cuando éstas sean favorables al quejoso, para el único efecto de hacer valer conceptos de violación en contra de las normas generales aplicadas. En estos casos, el juicio se tramitará únicamente si la autoridad interpone y se admite el recurso de revisión en materia contencioso administrativa previsto por el artículo 104 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. El tribunal colegiado de circuito resolverá primero lo relativo al recurso de revisión contencioso administrativa, y únicamente en el caso de que éste sea considerado procedente y fundado, se avocará al estudio de las cuestiones de constitucionalidad planteadas en el juicio de amparo." De tales disposiciones se advierte que el amparo directo procede en contra de sentencias definitivas, laudos y resoluciones que pongan fin al juicio, entendiéndose por sentencia definitiva o laudo las que deciden el juicio en lo principal, y por resoluciones que ponen fin al juicio las que sin decidirlo en lo principal lo den por concluido. Prevén, además, que cuando se presente una demanda de amparo ante un Juez de Distrito y se estime que el acto reclamado es materia de amparo directo, se debe declarar que carece de competencia para conocer y resolver el juicio, y remitir de inmediato la demanda y anexos al Tribunal Colegiado que corresponda. En el caso, de la lectura íntegra de la demanda de amparo y escrito aclaratorio se advierte que la parte quejosa reclama el laudo de veintitrés de noviembre de dos mil veintiuno, dictado en el juicio laboral 757/2014 del índice de la Junta Especial Número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Orizaba, Veracruz. Por tanto, en su contra procede el juicio de amparo directo, cuyo conocimiento corresponde a los Tribunales Colegiados de Circuito en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, de conformidad con lo establecido en los artículos 47 y 170 de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana, y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito. En consecuencia, este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, se declara legalmente incompetente para conocer del asunto que no ocupa, por lo que en atención a la Circular DGGJ/0012/2020, emitida por la Titular de la Dirección General de Gestión Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, se ordena remitir la demanda original y sus copias al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, en turno, para su conocimiento, previa solicitud de turno a la Oficina de Correspondencia Común, vía correo electrónico. CUADERNO DE ANTECEDENTES. Fórmese cuaderno de antecedentes; y solicítese a la Superioridad que una vez que obren en su poder los autos de la presente demanda, acuse el recibo correspondiente y se sirva informar, en su oportunidad, si acepta o no la competencia para conocer del asunto. Por lo expuesto y fundado, se: RESUELVE: PRIMERO. Este Juzgado Décimo Segundo de Distrito en el Estado de Veracruz, con residencia en Córdoba, carece de competencia para conocer de la demanda de amparo promovida por ******** contra el acto reclamado de la Junta Especial Número Cincuenta y Cuatro de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Orizaba, Veracruz. SEGUNDO. Se ordena remitir al Tribunal Colegiado en Materia de Trabajo del Séptimo Circuito, con residencia en Xalapa, Veracruz, en turno, la demanda de amparo y sus copias, para su conocimiento, previa integración del cuaderno de antecedentes correspondiente.
- Principal
Notifíquese personalmente a la parte promovente en los términos indicados.
- Principal
Córdoba, Veracruz, veintiocho de marzo de dos mil veintitrés. Vista la certificación secretarial de cuenta, de la que se advierte que transcurrió el término a que se refiere el artículo 98 de la Ley de Amparo, sin que se hubiera recurrido el auto de siete de marzo de dos mil veintitrés, mediante el cual se declaró prescrita la garantía otorgada por la quejosa Karina Rosalina Ramírez Morales, a favor del Erario Federal; por tanto, con fundamento en los artículos 2o. y 97, fracción I, inciso e), de la Ley invocada, en relación con el 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que ha causado estado dicho auto para los efectos legales a que haya lugar. En consecuencia, en cumplimiento al proveído de siete de marzo de dos mil veintitrés, se ordena remitir el billete de depósito N877541, expedido a su favor, por el Banco del Ahorro Nacional y Servicios Financieros S.N.C., por la cantidad de $600.00 M.N. (seiscientos pesos, cero centavos, moneda nacional), al Tesorero de la Federación, para que su monto sea aplicado en favor del Erario Federal. En ese entendido, se requiere al Tesorero de la Federación para que en el término de tres días contados a partir de la recepción del presente oficio, acuse de recibo, con el apercibimiento que de no hacerlo se le impondrá una multa por el equivalente a cincuenta Unidades de Medida de Actualización, conforme a su valor diario, de conformidad con lo dispuesto por los artículos 237, fracción I, y 259 de la Ley de Amparo, en relación con el Decreto por el que se reformó el inciso a) de la base II del artículo 41, y el párrafo primero de la fracción VI, del Apartado A del artículo 123, y se adicionaron los párrafos sexto y séptimo del Apartado B del artículo 26, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis
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