Víctor Manuel Bretón Castillo

Expediente 419/2022 tramitado ante el Juzgado Quinto de Distrito en el Estado de Oaxaca. 11 actuaciones registradas, la última del 14 de junio de 2022.

Datos del expediente

Expediente
419/2022
Año
2022
Actuaciones
11
Última actuación
14/06/2022

Partes del expediente

  • Víctor Manuel Bretón Castillo

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de junio de dos mil veintidós. En atención a la cuenta que antecede, el Juez determina lo siguiente: Con fundamento en los artículos 356, fracción II, y 357 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que dicha sentencia ha causado ejecutoria. En cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese el presente asunto como total y definitivamente concluido. Se estima que carece de relevancia documental, en razón que el acto que se reclamó no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Ahora bien, debido a que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y que el presente sumario constitucional en sentencia se sobreseyó, quien esto provee considera que el presente expediente judicial de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14, encuadra en la hipótesis prevista en el inciso a) del numeral 21 del referido Acuerdo General; en consecuencia, se ordena su destrucción. Por tanto, transcurrido el plazo de conservación de tres años, contado a partir de la fecha en que surta efectos la notificación de este acuerdo, procédase a la destrucción del presente asunto. Háganse las anotaciones correspondientes en la carátula del expediente en el libro de gobierno respectivo y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por carecer de objeto su permanencia en este juicio, devuélvase a la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, el anexo que remitió al rendir su informe justificado. Notifíquese.

  2. Incidental

    San Bartolo Coyotepec, Oaxaca, catorce de junio de dos mil veintidós. En atención a la cuenta que antecede, se advierte que en el expediente principal del que emana este incidente de suspensión, con esta fecha se dictó un auto en el que se ordenó el archivo del juicio de amparo, asimismo, que se negó la suspensión provisional y definitiva; y que en los cuadernos original y duplicado del incidente de suspensión no obra documento alguno considerado como original que las partes hayan exhibido. En consecuencia, en cumplimiento a lo señalado en los artículos 9°, 12 y 14 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, publicado el veinticinco de marzo de dos mil veinte, archívese este asunto como concluido. Ahora bien, toda vez que no existen documentos considerados originales, en términos del artículo 3° fracción XVIII, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en Materia de Valoración, Depuración, Destrucción, Digitalización, Transferencia y Resguardo de los Expedientes Judiciales generados por los Órganos Jurisdiccionales, y que se negó la suspensión provisional y definitiva, de acuerdo a los criterios de valoración a que aluden los numerales 12 y 14 del referido acuerdo, se ordena la destrucción del original del presente incidente de suspensión, ya que encuadra en la hipótesis prevista en el inciso c) del artículo 21 del citado Acuerdo General. Asimismo, se estima que este incidente carece de relevancia documental, en virtud que el acto reclamado no se ubica en alguno de los supuestos previstos en el artículo 15 del acuerdo citado, esto es, no se encuentra comprendido entre otros, en lo relativo a delitos contra la seguridad de la nación, contra el derecho internacional, contra la humanidad, contra la administración de justicia, contra el ambiente y la gestión ambiental; tampoco se encuentra comprendido, como de aquellos en los que haya sido impugnado el acuerdo dictado en este expediente por algún organismo público internacional, ni en los relativos a conflictos laborales colectivos trascendentes, materia agraria, relativos al patrimonio histórico, arqueológico y artístico; ni en aquellos en los que por el sentido de alguna de las resoluciones adoptadas en éste tengan o hayan tenido especial trascendencia jurídica, política, social o económica; o se haya establecido jurisprudencia por los plenos de Circuito. Por tanto, transcurridos el plazo de conservación de tres años, contados a partir de la fecha en que surta efectos la notificación del presente acuerdo, procédase a la destrucción del cuaderno original. Notifíquese.

  3. Principal

    S E N T E N C I A Mediante la que se resuelve el juicio de amparo indirecto 419/2022, promovido por Víctor Manuel Bretón Castillo por su propio derecho, contra el acto que reclamó de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca. El problema jurídico que corresponde abordar en el presente asunto consiste en determinar si el acto que reclama el quejoso, consistente en la resolución de nueve de febrero de dos mil veintidós, emitida en el toca familiar 47/2022, trasgrede los derechos fundamentales reconocidos en los artículos 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. R E S U L T A N D O: PRIMERO. DEMANDA DE AMPARO. Mediante escrito presentado el diecisiete de marzo de dos mil veintidós, ante la sala responsable, VICTOR MANUEL BRETON CASTILLO por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal en la vía drecta, en contra de la autoridad y por el acto que más adelante se precisarán. El peticionario del amparo señaló como derechos fundamentales violados, los contenidos en los numerales 14 y 16 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; narró los antecedentes de los actos reclamados y expresó los conceptos de violación que estimó pertinentes. SEGUNDO. TRÁMITE DEL JUICIO DE AMPARO. La demanda se remitió por razón de turno al Primer Tribunal Colegiado en materias civil y administrativa del Décimo Tercer Circuito con residencia en esta población; que por auto de ocho de abril de dos mil veintidós, se declaró legalmente incompetente por razón de la vìa (al proceder la via indirecta) y lo remitió a la oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito con residencia en esta población. El doce de abril de dos mil veintidós, se remitió la citada demanda de amparo a este juzgado, donde quedó registrada con el número 419/2022, previo cumplimiento a la prevención inicial, fue admitida el dieciocho de abril de dos mil veintidós, en ese propio auto se otorgó la intervención conducente al Agente del Ministerio Público adscrito. y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la que se llevó a cabo en los términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O: PRIMERO. COMPETENCIA. Este Juzgado de Distrito es legalmente competente para conocer y resolver el presente asunto, en términos de los artículos 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35 y 37 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque la determinación reclamada se emitió por una autoridad cuya residencia se localiza dentro del ámbito territorial en que ejerce jurisdicción este Juzgado de Distrito. SEGUNDO. PRECISIÓN DEL ACTO RECLAMADO. El artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de amparo deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados. En ese sentido, con independencia de la forma en que la parte quejosa fijó los actos, del análisis integral de la demanda de amparo se advierte que de lo que realmente se duele la quejosa, es lo siguiente: Autoridad responsable Acto reclamado Magistrada de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado. La resolución dictada el nueve de febrero de dos mil veintidós, en el toca familiar 47/2022, en la que declaró mal admitido el recurso de apelación que interpuso contra la resolución dictada en el incidente de incumplimiento del convenio de pensión alimenticia, en ejecución de sentencia del juicio ordinario sobre divorcio incausado 52/2018. Es aplicable la jurisprudencia 1347 emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Apéndice 1917-Septiembre 2011 del Semanario Judicial de la Federación, Novena Época, Tomo II. Procesal Constitucional 1. Común Primera Parte - SCJN (Suprema Corte de Justicia de la Nación) Décima Primera Sección - Sentencias de amparo y sus efectos, Materia Común, registro 1003226, página 1511, del rubro siguiente: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD." TERCERO. EXISTENCIA DEL ACTO RECLAMADO. En su informe justificado, la magistrada presidenta de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, convino en la existencia del acto reclamado. Lo que además, se corrobora con las documentales que anexó al mismo, consistentes en el toca familiar 47/2022, y el juicio ordinario sobre divorcio incausado 52/2018, en donde se encuentra el incidente donde se emitió la resolución relamada. Documentales que tienen valor probatorio pleno, por tratarse de la copia certificada de documentos públicos, en términos de lo previsto en los artículos 129 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, por disposición expresa de su artículo 2º. CUARTO.- DE LAS CAUSALES DE IMPROCEDENCIA. En el caso, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XVIII, de la ley de la materia, que en lo conducente determina: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XVIII. Contra las resoluciones de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, respecto de las cuales conceda la ley ordinaria algún recurso o medio de defensa, dentro del procedimiento, por virtud del cual puedan ser modificadas, revocadas o nulificadas. Se exceptúa de lo anterior: a) Cuando sean actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; b) Cuando el acto reclamado consista en órdenes de aprehensión o reaprehensión, autos que establezcan providencias precautorias o impongan medidas cautelares restrictivas de la libertad, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, siempre que no se trate de sentencia definitiva en el proceso penal; c) Cuando se trate de persona extraña al procedimiento. d) Cuando se trate del auto de vinculación a proceso. Cuando la procedencia del recurso o medio de defensa se sujete a interpretación adicional o su fundamento legal sea insuficiente para determinarla, el quejoso quedará en libertad de interponer dicho recurso o acudir al juicio de amparo; [.] La disposición legal referida contiene el principio de definitividad que rige al juicio de amparo, el cual establece que dicha instancia únicamente es procedente contra actos definitivos, es decir, actuaciones respecto de las cuales no exista ningún recurso ordinario o medio de impugnación por el cual puedan ser modificados o revocados. Así, la definitividad del acto como presupuesto de procedencia del juicio de amparo, implica que antes de acudir a dicha instancia, se deberán agotar los recursos que prevea la ley ordinaria y que sean idóneos para modificar o anular el acto que se trate. Del anterior precepto se desprende la regla general que establece este principio, consiste en que cuando un acto de autoridad viola derechos humanos o las garantías establecidas para su protección, antes de acudir al juicio de amparo, deben agotarse el o los recursos ordinarios por virtud de los cuales puede ser modificado, revocado o destruido dicho acto. Así, el principio de definitividad implica, como condición general, que el acto que se ataque en el juicio de amparo por considerarlo violatorio de derechos humanos o garantías constitucionales, debe ser un acto definitivo, en el sentido de que no pueda ser impugnado por ningún medio o recurso cuya interposición pueda dar lugar a su modificación, revocación o anulación, porque de no ser así, el juicio será improcedente. Luego, si la ley que rige la materia del acto reclamado prevé medios de impugnación capaces de anular o modificar el acto de autoridad impugnado, entonces, las partes antes de acudir a esta instancia constitucional se encuentran obligadas a agotar el principio de definitividad, pues como se afirmó, de no hacerlo el juicio de amparo resulta improcedente. En la especie, se advierte que el acto reclamado en el caso concreto, no tienen la característica de ser acto definitivo, toda vez que el peticionario del amparo antes de acudir a la presente instancia constitucional debió agotar el recurso de reposición, previsto en el artículo 668 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca, que dispone: "Artículo 668. De los decretos y autos dictados por el Presidente de la Sala, aún de aquellos que dictados en primera instancia serían apelables, puede pedirse la reposición que se interpondrá y substanciará en el mismo plazo y forma que la revocación." De la interpretación literal de dicho dispositivo legal se desprende que la reposición es un medio de impugnación contemplado para resoluciones de los tribunales de segunda instancia en los procedimientos civiles y procede contra decretos y autos dictados en esta instancia, aun de aquellos que serían apelables si se tratara de primera instancia, es decir, la reposición procede aun contra autos que en primera instancia serían apelables, lo cual excluye totalmente al recurso de apelación de la segunda instancia. En la especie, conviene recordar que la parte quejosa señala como acto reclamado el auto de nueve de febrero de dos mil veintidós, emitido por la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado de Oaxaca, en el cual se determinó lo siguiente: ".REYES MANTECÓN, MUNICIPIO DE SAN BARTOLO, COYOTEPEC, A NUEVE DE FEBRERO DE DOS MIL VEINTIDÓS Con el oficio número 39/2022, signado por el Juez Primero de lo Familiar del Distrito Judicial del Centro, en la Oficialía de la Secretaría General de Acuerdos Común al Pleno y a la Presidencia del Tribunal Superior de Justicia del Estado el día veinticinco de enero de dos mil veintidós y en esta Sala Familiar el día veintiséis del mismo mes y año; fórmese Toca Familiar, regístrese su ingreso en el Libro de Gobierno respectivo. Visto el contenido del oficio que se provee, téngase a la A quo remitiendo original y traslado del escrito de agravios de Maricela Ríos García y José Manuel Bretón Ríos, y original y dos traslados del escrito de agravios de Victor Manuel Bretón Castiilo; original del incidente de ejecución de cumplimiento de convenio de pensión alimenticia promovido por Marisela Ríos García en doscientas setenta y ocho fojas útiles; original de incidente de modificación de las cláusulas quinta, sexta y octava de convenio, promovido por Víctor Manuel Bretón Castillo, en setenta fojas útiles; original del expediente 52/2018, del JUICIO DE DIVORCIO INCAUSADO, promovido por Víctor Manuel Bretón Castillo en contra de Maricela Ríos García, para la substanciación del recurso de apelación interpuesto por Víctor Manuel Bretón Castillo y Maricela Ríos García y José Manuel Bretón Ríos, en contra de la resolución de fecha tres de noviembre del dos mil veintiuno, dictada en el referido incidente de ejecución de cumplimiento de convenio de pensión alimenticia Ahora bien, tomando en consideración que los recurrentes se duele de la resolución dictada en el incidente de referencia debe decírsele que por tratarse de una resolución dictada en un INCIDENTE DE EJECUCIÓN, la misma no es impugnable mediante el recurso de apelación, pues este tipo de resoluciones son irrecurribles, lo anterior con fundamento en el artículo 501 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Oaxaca; en consecuencia se procede a declarar MAL ADMITIDO el recurso de apelación interpuesto en contra de la citada resolución, ordenándose enviar copia certificada de este proveído a la A Quo para su conocimiento y efectos legales correspondientes. En su oportunidad, devuélvase las constancias recibidas, a la Juez del conocimiento, y archívese el presente toca como concluido." Acto respecto del cual, la parte quejosa no agotó el recurso de reposición previsto en el artículo 668 del Código de Procedimientos Civiles para el Estado de Oaxaca, ya que el citado numeral dispone en forma genérica la procedencia de la reposición en contra de todos los autos y decretos dictados en segunda instancia por el Presidente de la Sala, de manera que debe agotarse este medio ordinario de defensa antes de acudir al juicio de amparo, lo que en la especie no aconteció. Tienen aplicación al respecto, las jurisprudencias 85/2007 y 76/2013 de la Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que son del tenor literal siguiente: "REPOSICIÓN. PROCEDE CONTRA EL AUTO QUE DECLARA DESIERTO EL RECURSO DE APELACIÓN, POR LO QUE DEBE AGOTARSE ANTES DE ACUDIR AL JUICIO DE AMPARO (INTERRUPCIÓN DE LA JURISPRUDENCIA 1a./J. 14/2002). Esta Primera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, decide interrumpir la tesis jurisprudencial 1a./J. 14/2002, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XV, abril de 2002, página 357, de rubro: "REPOSICIÓN. ES IMPROCEDENTE ESTE RECURSO CONTRA EL AUTO QUE TIENE POR DESIERTO EL DIVERSO DE APELACIÓN Y, POR TANTO EN SU CONTRA PROCEDE EL JUICIO DE AMPARO DIRECTO (LEGISLACIÓN DEL ESTADO DE OAXACA).", toda vez que de la interpretación literal del artículo 662 del Código de Procedimientos Civiles del Estado de Chiapas, de similar contenido al artículo 668 del Código adjetivo civil del Estado de Oaxaca, se advierte que el recurso de reposición procede contra cualquier decreto o auto dictado por el tribunal superior, aun de los que serían apelables si se tratara de primera instancia; por lo que si la ley es clara al determinar la procedencia de un medio de impugnación contra determinado tipo de resoluciones judiciales sin establecer excepciones basadas en la clase o efectos de los combatidos, aquélla no puede interpretarse en contrario. En congruencia con lo anterior, se concluye que contra el auto que tiene por desierto el recurso de apelación procede el de reposición previsto en el mencionado artículo 662, ya que la legislación procesal en cita no establece expresamente la procedencia de otro medio de impugnación por virtud del cual puedan combatirse, ni mucho menos que tal resolución no sea recurrible, sino que el citado numeral dispone en forma genérica la procedencia de la reposición en contra de todos los autos y decretos dictados en segunda instancia, sin excluir expresamente a la determinación que declara desierta la apelación, de manera que debe agotarse este medio ordinario de defensa antes de acudir al juicio de amparo." "REPOSICIÓN. PROCEDE ESTE RECURSO CONTRA RESOLUCIONES DE TRÁMITE DICTADAS EN SEGUNDA INSTANCIA EN JUICIOS CIVILES Y MERCANTILES, CON INDEPENDENCIA DE QUE LA RESOLUCIÓN COMBATIDA EN ESA VÍA HAYA SIDO EMITIDA DE MANERA UNITARIA O COLEGIADA (LEGISLACIÓN PROCESAL CIVIL DEL DISTRITO FEDERAL Y DEL CÓDIGO DE COMERCIO). De la interpretación gramatical de los artículos 686 del Código de Procedimientos Civiles para el Distrito Federal y 1,334 del Código de Comercio, se desprende que el recurso de reposición procede contra todos los autos y contra todos los decretos que se dictan por los tribunales en el trámite de la segunda instancia, sin importar si son dictados de forma unitaria o colegiada, pues limitar la procedencia del recurso de reposición sólo a las resoluciones que emita uno de los magistrados integrantes de la Sala, resulta contrario a la obligación derivada de los artículos 14 y 17 constitucionales pues, en ese supuesto, el juzgador estaría restringiendo, sin sustento legal alguno, una procedencia genérica establecida por el legislador. Sin que el numeral 43 de la Ley Orgánica del Tribunal Superior de Justicia del Distrito Federal tenga el alcance de cambiar la naturaleza jurídica del citado recurso horizontal." Asimismo, orienta lo expuesto la tesis sustentada por la entonces Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación que a la letra dice: "APELACION, AMPARO CONTRA LA RESOLUCION QUE LA DECLARA MAL ADMITIDA. La resolución del tribunal de alzada que declara mal admitido el recurso de apelación interpuesto por el quejoso, no pone término al juicio ni puede considerarse definitiva, desde el momento en que, por disposición expresa de la ley, (artículo 686 del Código de Procedimientos Civiles del Distrito Federal), admite el recurso de reposición. En consecuencia, el amparo contra dicha resolución es notoriamente improcedente, y el auto del Juez del Distrito que haya desechado la demanda de garantías, no puede estimarse violatorio del artículo 107, fracción IX, de la Constitución Federal." En tal virtud, resultaba necesario agotar el mencionado recurso para la procedencia del juicio de amparo, sin que en la especie se actualice alguno de los supuestos de excepción previstos por el artículo 61, fracción XVIII, último párrafo, de la Ley de Amparo. Asimismo, al no encontrarse ante actos que importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad personal fuera de procedimiento, incomunicación, deportación o expulsión, proscripción o destierro, extradición, desaparición forzada de personas o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como la incorporación forzosa al Ejército, Armada o Fuerza Aérea nacionales; ni consiste en orden de aprehensión o reaprehensión, autos de vinculación a proceso, resolución que niegue la libertad bajo caución o que establezca los requisitos para su disfrute, resolución que decida sobre el incidente de desvanecimiento de datos, orden de arresto o cualquier otro que afecte la libertad personal del quejoso, ni se trata de persona extraña al procedimiento; no se analiza ninguna excepción. Sirve de apoyo la jurisprudencia 85, sustentada por el Primer Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la octava época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo 67, julio de mil novecientos noventa y tres, página cincuenta y uno, registro 215770, que dice: "RECURSOS ORDINARIOS. AUNQUE NO TENGAN EFECTOS SUSPENSIVOS, DEBEN AGOTARSE PREVIAMENTE AL JUICIO DE GARANTÍAS, SI SE RECLAMAN ACTOS DE TRIBUNALES JUDICIALES, ADMINISTRATIVOS O DEL TRABAJO. La circunstancia de que el medio de defensa ordinario que tenga por efecto confirmar, revocar o modificar el acto reclamado no suspenda la ejecución de éste, sólo es atendible tratándose de amparos en que se reclamen actos de autoridades distintas de los tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, según lo establece el artículo 73 fracción XV de la Ley de Amparo. en cambio, la literalidad del artículo 73 fracción XIII de la invocada ley permite concluir que tratándose de resoluciones judiciales, o de tribunales administrativos o del trabajo, basta que la ley que rige el acto determine la procedencia de algún recurso o medio de defensa, para que el afectado deba agotarlo en forma previa al ejercicio de la acción constitucional; de ahí que no sea atendible que la interposición del recurso ordinario o del medio de defensa respectivo suspenda o no la ejecución del acto reclamado , sino que invariablemente debe agotarse, para dar cumplimiento al principio de definitividad que determina la procedencia del juicio constitucional." En esas condiciones, al quedar plenamente justificada la causal de improcedencia examinada, inmersa en el artículo 61, fracción XVIII, lo procedente es SOBRESEER en el presente juicio de amparo. En mérito de lo expuesto y fundado, se: R E S U E L V E : ÚNICO. Se sobresee en este juicio de amparo promovido por Víctor Manuel Bretón Castillo, respecto de los actos precisados en el considerando segundo de esta sentencia. NOTIFÍQUESE.

  4. Incidental

    INTERLOCUTORIA Mediante la que se resuelven los autos del incidente de suspensión, relativo al juicio de amparo indirecto 419/2022, promovido por Víctor Manuel Bretón Castillo, contra el acto de la autoridad que se mencionará más adelante. I. TRÁMITE La parte quejosa señaló como autoridad responsable a la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, de quienes reclama: La resolución emitida el nueve de febrero de dos mil veintidós, dentro del toca familiar 47/2022 en el cual se declaró mal admitido el recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso contra resolución de tres de noviembre de dos mil veintiuno en el incidente de ejecución de cumplimiento de convenio de pensión alimenticia en el diverso expediente 52/2018 del índice del Juzgado a quo. La demanda de amparo fue recibida el doce de abril de dos mil veintidós, en la oficialía de partes de este Juzgado de Distrito, quedando registrada con el número 419/2022 y admitida previo cumplimiento al requerimiento inicial el dos de mayo de dos mil veintidós en este órgano jurisdiccional. En el mismo acuerdo se ordenó tramitar -por duplicado y por cuerda separada- el incidente de suspensión, donde se negó la medida provisional solicitada. La audiencia incidental se llevó a cabo el día de hoy en los términos del acta que antecede. II. COMPETENCIA Este Juzgado de Distrito es competente para resolver sobre la suspensión definitiva solicitada, conforme a los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, fracción IV, 35, 37, 125, 128, 144 y 157 de la Ley de Amparo, 48 y 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el punto Cuarto, fracción XIII, del Acuerdo General 45/2016 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reformó el diverso 03/2013. Lo anterior, porque este Juzgado conoce de todas las materias por no tener jurisdicción especial; además los actos reclamados son de naturaleza civil, reclamado a autoridad responsable que residen dentro de la demarcación territorial en que este Juzgado ejerce jurisdicción III. FIJACIÓN DE LOS ACTOS RECLAMADOS. Por cuestión de orden y a efecto de dar cumplimiento a lo dispuesto en el artículo 146, fracción I, de la Ley de Amparo, es necesario precisar el acto reclamado que deriva del análisis integral de las constancias de autos. En ese sentido, del examen integral de la demanda de amparo y de las constancias de autos, se obtiene que esencialmente se reclama el acto siguiente: La resolución emitida el nueve de febrero de dos mil veintidós, dentro del toca familiar 47/2022 en el cual se declaró mal admitido el recurso de apelación interpuesto por el aquí quejoso contra resolución de tres de noviembre de dos mil veintiuno en el incidente de ejecución de cumplimiento de convenio de pensión alimenticia en el diverso expediente 52/2018 del índice del Juzgado a quo. IV. EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMDOS. Del informe previo rendido por la presidenta de la Primera Sala Familiar del Tribunal Superior de Justicia del Estado, se evidencia la existencia del acto reclamado; por ende, procede efectuar el análisis respecto de la procedencia o no de la suspensión definitiva solicitada por la parte quejosa. V. NIEGA SUSPENSION DEFINITIVA Ahora bien, la parte quejosa solicita la suspensión definitiva de manera genérica en relación al acto reclamado ante referido, por lo que, se procede a analizar si debe concederse o no la medida cautelar que pide. En principio, es indispensable determinar, si en la especie, se actualizan los requisitos que exige el artículo 128 de la Ley de Amparo, para conceder la suspensión solicitada, el cual señala: Artículo 128. Con excepción de los casos en que proceda de oficio, la suspensión se decretará, en todas las materias salvo las señaladas en el último párrafo de este artículo, siempre que concurran los requisitos siguientes: Que la solicite el quejoso; y Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. [.] De lo transcrito se desprenden como requisitos para conceder la suspensión: 1. Que la solicite la parte quejosa. 2. Que no se siga perjuicio al interés social ni se contravengan disposiciones de orden público. Por su parte, la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, al resolver el recurso de revisión en el incidente de suspensión 1/2015, señaló que para conceder la suspensión en el juicio de amparo se requiere: Que la parte quejosa solicite la suspensión de los actos reclamados cuya suspensión se solicita. Que sean ciertos los actos reclamados cuya paralización se solicita. Que la naturaleza de los actos reclamados permita su suspensión. Que la suspensión definitiva no vulnere disposiciones de orden público, ni contravenga el interés social. Llevar a cabo un análisis ponderado del caso concreto bajo la apariencia del buen derecho. Tales criterios resultan aplicables, en lo conducente, para resolver la suspensión definitiva. En el presente asunto, lo previsto en el punto uno está cabalmente satisfecho, ya que en el escrito de demanda la parte quejosa solicitó la medida cautelar. En cuanto hace al requisito número dos, consistente en que haya certidumbre sobre la existencia del acto reclamado cuya suspensión se solicita, debe tenerse por satisfecho, pues como se advierte del apartado anterior, se tuvo a la responsable aceptando su existencia. En lo que respecta al tercero, al analizar la naturaleza del acto reclamado, se advierte que no es susceptible de ser suspendido dado su carácter consumado. Lo anterior, en razón de que el cuarto de los requisitos enumerados, no se encuentra satisfecho y, por ello, resulta improcedente conceder la suspensión definitiva solicitada. Es así, toda vez que de conceder la suspensión definitiva para que no se dé trámite al proveído de nueve de febrero de dos mil veintidós, dictado en el toca familiar 47/2022 que declaró mal admitido el recurso de apelación contra la resolución de fecha tres de noviembre de dos mil veintiuno, emitida en el incidente de ejecución de cumplimiento de convenio de pensión alimenticia anexo al expediente 52/2018 del índice del Juzgado Primero de lo Familiar del distrito judicial del Centro, se estaría dando efectos restitutorios a la presente incidencia, ya que hasta este momento, este órgano constitucional no tiene información ni datos que permitan presumir que el proveído donde se calificó de mal admitido el recurso intentado por la parte quejosa, es o no constitucional, pues dicho análisis, en su caso, se realizará en el juicio principal del que deriva este incidente de suspensión. Es aplicable al caso concreto, la tesis sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Décimo Noveno Circuito, visible en la página trescientos doce, tomo XI, junio de mil novecientos noventa y tres, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, cuyo rubro y texto dicen: "SUSPENSIÓN, NATURALEZA DEL ACTO QUE SE RECLAMA PARA CONCEDER O NEGAR LA. En el juicio de amparo es importante precisar la naturaleza del acto que se reclama para estar en aptitud de decidir si existe algún efecto que pudiera ser susceptible de suspenderse, o se trata de actos consumados contra los cuales no procede la medida cautelar por carecer de materia sobre la cual recaen. Existen dos tipos de actos para efectos suspensionales, a saber: los positivos y los negativos. Los primeros se traducen siempre en una conducta de hacer de la autoridad y se subclasifican en: a) actos de ejecución instantánea, b) de ejecución continuada o inacabada y c) actos de ejecución de tracto sucesivo. Si la ejecución es instantánea, únicamente podrá otorgarse la suspensión antes de que el acto se consume, nunca después, porque carecería de materia y de concederse se darían efectos restitutorios propios de la sentencia de fondo; los actos de ejecución continuada o inacabada son aquellos en los que la autoridad debe actuar un número determinado de veces para consumar el acto reclamado, entonces, al otorgar la suspensión el efecto será impedir que se siga materializando la ejecución al momento en que se concede la medida cautelar, pero lo ya consumado no puede afectarse porque se darían efectos restitutorios también; por lo que toca a la ejecución de tracto sucesivo, la autoridad actúa constantemente y un número ilimitado de ocasiones, ejerciendo presión fáctica sobre la situación de la persona del quejoso, de sus bienes, de su familia, posesiones, etcétera, pues de no hacerlo así la ejecución cesaría de inmediato; por lo que, la suspensión concedida actúa desde el momento mismo en que se otorga hacia el futuro, pero nunca sobre el pasado. En relación con los actos negativos, la clasificación se da de la siguiente manera: a) abstenciones, b) negativas simples y c) actos prohibitivos; las abstenciones carecen de ejecución, pues implican un no actuar de la autoridad, por lo tanto, no existe materia para conceder la suspensión; las negativas simples sólo implican el rechazo a una solicitud del particular, y dada su naturaleza, tampoco admiten suspensión porque se darían efectos constitutivos de derechos a la medida cautelar; finalmente, los actos prohibitivos no son iguales a los negativos simples, porque implican en realidad una orden positiva de autoridad, tendiente a impedir una conducta o actividad del particular previamente autorizada por el gobierno. En este último supuesto, la suspensión sí es procedente, pero debe examinarse cada caso concreto, sopesándose cuidadosamente, por una parte, el interés legítimo del gobernado en realizar la conducta prohibida y por la otra, el interés público de la autoridad en impedirla, así como las consecuencias o perjuicios que a cada uno de ellos se puede seguir con la concesión o negativa de la medida." Lo anterior, aunado a que, la determinación reclamada, guarda relación directa con el pago de una pensión alimenticia, de la que son beneficiarios dos menores de edad procreados por el aquí quejoso, y respecto de la cual, éste último (impetrante) es deudor alimentario. En ese sentido, este juzgador rechaza la petición de suspensión por disposición expresa del artículo 129 fracción IX, esto es, el pago de alimentos no es susceptible de suspensión; así como conforme lo establece la tesis de jurisprudencia 1a./J. 56/2015 (10a.), que señala: SUSPENSIÓN. LA SOLA CIRCUNSTANCIA DE QUE EL ACTO RECLAMADO SE VINCULE AL PAGO DE ALIMENTOS, NO EXCLUYE EL ANÁLISIS DE LA APARIENCIA DEL BUEN DERECHO. El artículo 129 de la Ley de Amparo prevé hipótesis en las que se considera que la concesión de la suspensión sigue perjuicio al interés social o se contravienen disposiciones de orden público; sin embargo, esas hipótesis sólo son enunciativas, pues el juzgador tiene libertad de ponderar en qué otros supuestos puede perjudicarse el interés social o contravenirse disposiciones de orden público. Así, es en esa libertad en donde adquiere relevancia la apariencia del buen derecho, pues si el acto respecto del cual se solicita la suspensión es susceptible de suspenderse y no se encuentra en las hipótesis a que alude el artículo indicado, el juzgador, atendiendo a la naturaleza del acto reclamado, debe ponderar la apariencia del buen derecho que le puede corresponder al quejoso y la afectación que dicha medida pueda ocasionar al interés social, para que derivado de ese análisis determine si es o no factible conceder la suspensión. Lo anterior es así, porque esa obligación, derivada del artículo 107, fracción X, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, busca maximizar la efectividad de la medida suspensional en el juicio de amparo, pero sin dejar de lado el interés social. En consecuencia, no pueden establecerse reglas generales para determinar si debe o no hacerse dicha ponderación, pues la decisión que se tome al respecto depende del caso concreto, ya que la apariencia del buen derecho consiste en determinar, hipotéticamente, con base en un conocimiento superficial del caso, la existencia del derecho cuestionado y las probabilidades de que la sentencia de amparo declare la inconstitucionalidad del acto; además, para que ese análisis hipotético sea completo, el juzgador no puede dejar de lado el peligro en la demora y los perjuicios de difícil reparación que la negativa de esa medida pudieran ocasionar al quejoso, pues sólo analizando en su conjunto tales aspectos, podrá ponderar finalmente su situación concreta frente al perjuicio que la medida cautelar puede ocasionar al interés social. Ahora bien, cuando el acto reclamado se vincula al pago de alimentos, el juzgador está obligado a analizar el caso en concreto con la finalidad de determinar si el acto reclamado: i) por sí solo, actualiza la hipótesis a que alude la fracción IX del artículo 129 citado; y, ii) actualiza alguna otra de las hipótesis a que alude el citado numeral. Si la respuesta es positiva, no cabe realizar la ponderación establecida en la fracción X del artículo constitucional referido, pues deberá negarse la suspensión del acto reclamado; pero si la respuesta es negativa, entonces el juzgador está obligado a realizar la ponderación de referencia para determinar si la ejecución del acto puede causar un perjuicio de difícil reparación al quejoso, al permitir el cobro de una pensión excesiva que no encuentra justificación con las necesidades de los acreedores alimentarios y la suspensión no los priva de recibir lo necesario para su subsistencia; o si por el contrario, con la suspensión de éste se seguirá un perjuicio al interés social que debe prevalecer sobre el aparente derecho del quejoso, porque de ejecutarse el acto reclamado se impedirá que los acreedores, en virtud de sus circunstancias particulares, reciban lo necesario para subsistir. El criterio de la Primera Sala es muy claro: se puede reducir la pensión alimenticia si ésta no encuentra justificación con las necesidades de los acreedores alimentarios y la suspensión no los priva de recibir lo necesario para su subsistencia. En el caso, no hay elementos de prueba que permitan afirmar esa situación. El quejoso no ofreció ningún medio de convicción en ese sentido. Si este juzgador otorgara la medida suspensional, estaría alentando a los deudores alimentistas para que eludieran su obligación mediante la obtención de diferentes tipos de obligaciones, con el ánimo de reducir sus ingresos y pagar una pensión menor. Esto, además, es acorde con el requisito 5, atinente al análisis ponderado de la apariencia del buen derecho y el peligro en la demora, ya que en el caso concreto, se reclama una determinación donde se calificó la admisión de un recurso, y no se advierte del análisis de las constancias, que la autoridad haya disminuido, negado o impedido el ejercicio de un derecho sustantivo previamente reconocido al peticionario de amparo ni a sus menores hijos; ni que el tiempo que dure el trámite del juicio de amparo, implica afectaciones de imposible reparación para ellas. Todo esto lleva a este juzgador a negar la suspensión definitiva solicitada. Con fundamento en el artículo 144 de la Ley de Amparo, mientras no existan elementos suficientes sobre la apariencia de la violación alegada. Hágase del conocimiento de las partes que con fundamento en lo previsto por el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales se ordena la destrucción del duplicado del presente incidente de suspensión, transcurridos seis meses a partir de la notificación de esta resolución. Por lo expuesto y fundado, se RESUELVE Primero. Se niega la suspensión definitiva a Víctor Manuel Bretón Castillo, por las razones expresadas en el apartado V de esta resolución. Segundo.- Hágase del conocimiento de las partes que con fundamento en lo previsto por el numeral 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales el duplicado de este incidente será destruido, una vez que cumpla con el plazo de archivo como asunto concluido. Notifíquese.

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