Víctor Manuel Betancourt Gómez
Expediente 897/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora. 8 actuaciones registradas, la última del 25 de octubre de 2022.
Datos del expediente
- Expediente
- 897/2022
- Año
- 2022
- Actuaciones
- 8
- Última actuación
- 25/10/2022
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora · Sonora
Partes del expediente
- Víctor Manuel Betancourt Gómez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 8.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veinticinco de octubre de dos mil veintidós. Declaración de ejecutoria. De la certificación que antecede y del estado que guardan los autos, se advierte que ha transcurrido el plazo previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, sin que la parte quejosa (quien es la facultada para hacerlo) interpusiera recurso de revisión en contra de la sentencia en la que se sobreseyó en el presente juicio. En consecuencia, con fundamento en los artículos 355 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que ha causado ejecutoria. Háganse las anotaciones correspondientes en el libro uno de juzgado relativo al registro de juicios de amparo, así como las capturas en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. Archivo y valoración del expediente. Con fundamento en los artículos 3, fracción VII y artículo 21, inciso a), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, archívese este asunto como concluido y destrúyase una vez transcurridos tres años. Devolución de documentos. Resulta innecesario dar vista a las partes a fin de que soliciten la devolución de documentos originales, dado que no se advierte la exhibición de éstos. Notifíquese; y por oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Certificación. En Hermosillo, Sonora, cinco de octubre de dos mil veintidós, el secretario del Juzgado Primero de Distrito en el Estado de Sonora, certifico que los autos del presente asunto se integran por lo siguiente: 1) Informe justificado de las autoridades señaladas como responsables; 2) Emplazamiento de la representación social de la adscripción; 3) Pruebas documentales exhibidas por la parte quejosa y la autoridad responsable; 4) En el auto de admisión de demanda, este juzgado determinó que por virtud de la naturaleza del acto reclamado, no existen terceros interesados; y 5) A la fecha ha transcurrido el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que las partes se impongan del contenido de la totalidad de las constancias que integran el presente juicio de derechos, y el plazo otorgado a la parte quejosa en auto de ocho de julio pasado sin que desahogara la vista de mérito. Lo anterior, para los efectos legales correspondientes. Doy fe. Juan de Dios Velasco Romero Secretario de juzgado. Audiencia y resolución constitucional En Hermosillo, Sonora, a las nueve horas con cuarenta y siete minutos del cinco de octubre de dos mil veintidós, en audiencia pública, Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, en unión de Juan de Dios Velasco Romero, secretario con quien actúa y da fe, declaró abierta la presente audiencia. Abierta la audiencia de ley, el secretario relaciona las constancias que obran en autos y da cuenta al juez con el escrito inicial de demanda, con las constancias de emplazamiento a juicio de las partes, con los informes justificados de las responsables, y con el oficio con número de registro 15465. El juez acuerda: téngase por hecha la relación de constancias, y en relación al oficio de cuenta, téngase a la autoridad responsable remitiendo la constancia respectiva. Revisado el estado de autos, se advierte que en proveído de admisión de demanda, se determinó que por virtud de la naturaleza del acto reclamado, no existen terceros interesados. Por otra parte, se hace constar que ha transcurrido a las partes el plazo de ocho días previsto en el artículo 117 de la Ley de Amparo, a fin de que se impongan del contenido de los informes rendidos por las autoridades responsables; así como el plazo otorgado a la parte quejosa en auto de ocho de julio pasado sin que desahogara la vista de mérito. A continuación, se declara abierto el periodo probatorio, se da cuenta con las documentales ofrecidas por la parte quejosa y por las autoridades responsables. El juez acuerda: con fundamento en los artículos 119 y 123 de la Ley de Amparo, se tiene por admitidas y desahogadas por su naturaleza las aludidas probanzas. Cerrada la etapa de pruebas y abierta la de alegatos, se hace constar que las partes no los formularon. El juez acuerda: se tiene por perdido el derecho de las partes para expresar alegatos; se cierra esta fase y se procede a dictar la resolución respectiva. Vistos, para resolver, los autos del juicio de amparo 897/2022 L-I; y, Resultando: Antecedentes y trámite del juicio de amparo Por escrito presentado el cinco de julio de dos mil veintidós, en la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado de Sonora, con sede en esta ciudad, y remitido el siguiente día hábil por razón de turno, a este Juzgado de Distrito, Víctor Manuel Betancourt Gómez solicitó el amparo y protección de la justicia federal contra los actos reclamados a la Junta Especial número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje, de esta ciudad, y la Junta Especial número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, de Toluca, Estado de México. El ocho de julio de dos mil veintidós, se radicó la demanda, se previno a la parte quejosa para efecto de que, en su caso, ampliara la demanda respecto de los actuarios judiciales adscritos a las juntas señaladas como responsables, en virtud de haber señalado como acto reclamado la omisión de llevar acabo el emplazamiento de los demandados en el juicio laboral de origen, y no obstante haber sido legalmente notificado para ese efecto, omitió realizar manifestación alguna. El dos de agosto de dos mil veintidós, y en virtud de haber fenecido el plazo otorgado en auto de ocho de julio pasado, se admitió a trámite la demanda de amparo; se solicitó a las autoridades responsables informe justificado; se dio a la representación social de la adscripción la intervención legal que le compete y se señaló fecha y hora para la celebración de la audiencia constitucional, la cual previo diferimiento, tuvo lugar en términos del acta que antecede y concluye con el dictado de esta sentencia, al tenor de los considerandos siguientes: Competencia Este juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, ello de conformidad con lo previsto en los artículos 103, fracción I, y 107, fracción III, inciso b), de la Constitución Federal; 33, fracción IV, 37, párrafo tercero, 107, fracción V, de la Ley de Amparo; y, 49 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el acuerdo 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, en razón de que se impugnan actos atribuidos a una autoridad cuya residencia se encuentra dentro de la circunscripción territorial de este juzgado federal. Precisión de los actos reclamados Del estudio integral de la demanda de amparo, y con base en lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, los actos reclamados por el quejoso son los siguientes: ". El auto de uno de junio de dos mil veintidós, a través del cual, la Junta señaló fecha para la audiencia a que se refiere el artículo 873 de la ley laboral, para el diecisiete de octubre de dos mil veintidós, fuera del plazo legal; y . La omisión de emplazar a los demandados en el juicio laboral de origen." Existencia del acto reclamado Es cierto el acto reclamado consistente en la emisión del auto de uno de junio de dos mil veintidós, que se reclama a la Junta Especial número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje en el Estado de Sonora, toda vez que al rendir el informe con justificación aceptó su existencia, y dicha certeza se corrobora con la constancia que remitió en apoyo. Causa de improcedencia actualizada (señalamiento de fecha para la audiencia a que se refiere el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo) En la especie se actualiza una causa de improcedencia, cuyo estudio es preferente y de oficio, conforme lo dispone el artículo 62 de la Ley de Amparo, respecto del acto reclamado identificado en el apartado IV que antecede. En efecto, en el caso se advierte que se actualiza la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, que dispone: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado [.]". Esta causa de improcedencia, se encontraba establecida en los mismos términos en la fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo abrogada y fue interpretada por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en la jurisprudencia 2a/J. 59/99, en el sentido de que la hipótesis de improcedencia ahí contenida se actualiza cuando todos los efectos del acto reclamado se destruyen en forma total e incondicional. Resulta de esa manera, porque los efectos del acto reclamado cesan cuando la autoridad o autoridades responsables derogan o revocan el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquélla que existía antes del nacimiento del acto que se ataca o también cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y restituye al quejoso en el goce de la garantía violada. De modo tal que, la cesación de efectos no sea más que el hecho de que la autoridad que haya emitido el acto impugnado deje de afectar la esfera jurídica del quejoso, lo cual debe entenderse en el sentido de que ello debe ser no sólo de manera definitiva, sino que los efectos de aquél deben desaparecer totalmente de la realidad, pues la razón que justifica la causa de improcedencia de mérito no es la simple paralización del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la justicia federal. Es decir, dicha hipótesis normativa se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77 de la Ley de Amparo, esto es, la restitución al agraviado en el pleno goce de la garantía violada, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la violación, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo y, cuando sea de carácter negativo, el de obligar a las autoridades responsables a que obren en el sentido de respetar la garantía de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que esta exija. Tiene aplicación en la especie, la jurisprudencia 2a./J.59/99, consultable en la foja 38, Tomo IX, Junio de 1999, Novena Época, del Semanario Judicial de la Federación, que a la letra dice: "CESACIÓN DE EFECTOS EN AMPARO. ESTA CAUSA DE IMPROCEDENCIA SE ACTUALIZA CUANDO TODOS LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO SON DESTRUIDOS EN FORMA TOTAL E INCONDICIONAL. De la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 73, fracción XVI y 80 de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que para que la causa de improcedencia del juicio de garantías consistente en la cesación de efectos del acto reclamado se surta, no basta que la autoridad responsable derogue o revoque tal acto, sino que es necesario que, aun sin hacerlo, destruya todos sus efectos en forma total e incondicional, de modo tal que las cosas vuelvan al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella, puesto que la razón que justifica la improcedencia de mérito no es la simple paralización o destrucción del acto de autoridad, sino la ociosidad de examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal." En el caso, se llega a la firme convicción de que el acto reclamado, consistente en la omisión de señalar fecha y hora para llevar a cabo la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, en el juicio laboral 946/2021, dentro del plazo legal, ha cesado en sus efectos, ya que se constituyó una nueva situación jurídica que destruyó la que le dio motivo al presente juicio de derechos, al haber corregido la responsable el procedimiento laboral y fijado nueva fecha para el desahogo de la aludida audiencia. En efecto, la parte quejosa combate el citado acto al considerar que le causa agravios el actuar de la responsable, quien fijó fecha para la celebración de la audiencia prevista en el artículo 873 de la Ley Federal del Trabajo fuera del plazo legal para ello, y que resultaba violatorio del artículo 17 Constitucional; sin embargo, de las constancias que en copia certificada adjuntó la Junta laboral de esta ciudad, se advierte que mediante proveído de veinticuatro de agosto de dos mil veintidós, corrigió el procedimiento y señaló el veintitrés de septiembre pasado, a fin de que se llevara a cabo la audiencia bifásica, circunstancia que ordenó hacer del conocimiento de las partes. Consecuentemente, al haber cesado el acto reclamado en el controvertido laboral y señalado nueva fecha para el desahogo de la multicitada audiencia, es incuestionable que durante la tramitación del presente juicio de amparo, cesó en sus efectos el acto impugnado, al haber emitido la responsable la determinación de veinticuatro de agosto del año en curso, la cual definitivamente destruyó lo que motivó la promoción del presente juicio de derechos. Sirve de apoyo a lo anterior, por analogía, la jurisprudencia publicada en la página 198, Tomo XI-Marzo, Octava Época, del Semanario Judicial de la Federación, que expresa: "ACTO RECLAMADO, CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Han cesado los efectos del acto reclamado, cuando la autoridad responsable dicta nueva resolución que substituye procesalmente a la anterior o cuando revoca su propio acto en el que se constituya una situación jurídica que definitivamente destruya la que dio motivo al amparo, de tal manera que con esa nueva situación, se restituya al quejoso en el goce de sus garantías violadas." De igual forma cobra vigencia sobre el particular la tesis emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, consultable en la página 15, Tomo 55, Sexta Parte, Séptima Época, del Semanario Judicial de la Federación, que dice: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. La fracción XVI del artículo 73 de la Ley de Amparo establece que el juicio es improcedente cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado. Ahora bien, en principio debe estimarse que esos efectos han cesado cuando las autoridades responsables comunican al Juez de Distrito que han dejado sin efecto los actos reclamados y han mandado archivar el asunto como totalmente concluido, aunque no le hayan hecho al quejoso ninguna comunicación al respecto, pues aunque sería de desearse que lo hicieran no podría decirse que conforme al precepto indicado los efectos del acto no cesen sino hasta el momento en que se comunique tal cosa al afectado. Es cierto que para sobreseerse el amparo, es menester que se conozca ciertamente la resolución que dejó sin efectos el acto, pero para ello es bastante que se le comunique oficialmente al Juez. Sería contrario a los fines de una expedita administración de justicia entrar al fondo de los negocios, en situaciones como la apuntada. Y, en todo caso, el quejoso puede obtener constancia de la cesación de efectos del acto reclamado, ya solicitando copias certificadas de las constancias pertinentes del juicio de amparo, o ya solicitándolas de las propias autoridades. Y la negligencia de éstas en lo relativo a notificar al quejoso la nueva resolución que dejó sin efectos la reclamada, no puede justificar que se entre al fondo del estudio de la constitucionalidad del acto reclamado. A más de que, cuando las autoridades afirman categóricamente que han archivado el asunto como concluido, resultaría difícil entrar al estudio de la constitucionalidad del acto reclamado, para decidir si se debe conceder la protección federal o no, pues en esta última hipótesis se crearía una situación legal extremadamente confusa. Y sólo podría justificarse el estudio del fondo del negocio, cuando los términos del informe justificado fueran ambiguos en forma tal, que no pudiera saberse el alcance de la cesación de los efectos del acto reclamado." Así, al haber cesado los efectos del acto impugnado, es obvio que debe declararse improcedente el juicio de amparo y decretar el sobreseimiento en términos de lo dispuesto en la fracción V del artículo 63, en relación con el diverso 61 fracción XXl, ambos de la Ley de Amparo, por lo que respecta al reclamo consistente en la omisión de señalar fecha y hora para llevar a cabo la celebración de la audiencia de conciliación, demanda y excepciones, dentro del plazo legal, ello en el juicio laboral 946/2021. Sustenta lo considerado, la jurisprudencia 2a./J. 9/98, visible en la página 210, Tomo VII, Febrero de 1998, de la época y fuente en consulta, que refiere: "SOBRESEIMIENTO. CESACIÓN DE LOS EFECTOS DEL ACTO RECLAMADO. Para aplicar el artículo 73, fracción XVI, de la Ley de Amparo, es necesario que la revocación del acto que se reclama o la cesación de sus efectos sean incondicionales o inmediatas, de tal suerte que restablezcan, de modo total, la situación anterior a la promoción del juicio, produciéndose el resultado que a la sentencia protectora asigna el artículo 80 de la Ley de Amparo." Por último, se hace del conocimiento de la autoridad responsable que la continuación del procedimiento deberá ajustarse a los plazos que indica la Ley Federal del Trabajo, pues de lo contrario resultaría patente que la corrección respecto de la audiencia bifasica, tuvo como única finalidad provocar el sobreseimiento del presente juicio por lo que respecta al acto que se atiende en este apartado, para posteriormente continuar con la violación constitucional reclamada -justicia pronta y expedita-, lo que sin duda podría actualizar los elementos del delito a que se refiere en la fracción II del artículo 262 de la Ley de Amparo. Causa de improcedencia actualizada (omisión de emplazamiento) 22. Por otra parte, respecto del acto reclamado consistente en la omisión de realizar el emplazamiento de las demandada en el juicio laboral de origen (Instituto Mexicano del Seguro Social y Estrategia Empresarial sociedad anónima de capital variable), en la especie, se advierte que sobreviene la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con los diversos 5°, fracción II, y 108, fracción III, todos de la Ley de Amparo, que disponen: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [.] XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." "Artículo 5o. Son partes en el juicio de amparo: [.] II. La autoridad responsable, teniendo tal carácter, con independencia de su naturaleza formal, la que dicta, ordena, ejecuta o trata de ejecutar el acto que crea, modifica o extingue situaciones jurídicas en forma unilateral y obligatoria; u omita el acto que de realizarse crearía, modificaría o extinguiría dichas situaciones jurídicas [.] "Artículo 108. La demanda de amparo indirecto deberá formularse por escrito o por medios electrónicos en los casos que la ley lo autorice, en la que se expresará: [.] III. La autoridad o autoridades responsables [.]". 23. De acuerdo con los numerales transcritos, se obtiene la regla general de que corresponde a la parte quejosa precisar en la demanda de amparo, la autoridad responsable del acto que le irroga perjuicio, para que se esté en aptitud de llamarla a juicio, y que deviene improcedente el juicio de amparo indirecto si aquella a quien se atribuye el acto reclamado no es escuchada, pues para que el propio órgano de control constitucional esté en condiciones de dirimir la controversia que se le plantea, es necesaria la audiencia de dicha autoridad responsable. 24. Ahora bien, si la parte quejosa reclamó la omisión por parte de la Junta Especial número Veintitrés de la Federal de Conciliación y Arbitraje, de esta ciudad, y de la Junta Especial número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, de Toluca, Estado de México, de realizar el emplazamiento de las demandadas en el juicio natural, acto que resultó cierto; empero, debe estimarse que este órgano de control constitucional se encuentra impedido para analizar la constitucionalidad de tal acto. 25. Lo anterior es así, porque las notificaciones y emplazamientos a las partes en el juicio laboral de origen, corresponde y son practicadas por los actuarios adscritos a las Juntas laborales señaladas como responsables. 26. Por lo anterior, el acto reclamado no puede ser analizado en esta instancia constitucional, ya que la parte quejosa no señaló como autoridad responsable al actuario o actuarios adscritos a las Juntas señaladas como responsables, no obstante que este juzgado cumplió con la obligación procesal de darle vista con tal situación a través del auto de ocho de julio del presente (notificado vía citatorio en el domicilio señalado), y se le apercibió legalmente, para que los señalara como responsables sí a su interés convenía, por lo que, en el caso en concreto, no se le tuvo como autoridades responsables por causas imputables a la parte quejosa. 27. Por tanto, se concluye que si el acto reclamado es la omisión de realizar el emplazamiento a las demandadas en el juicio de origen 946/2021, dicha omisión no puede ser analizada, habida cuenta que no se llamó a juicio a las autoridades responsables que deben efectuarlo, por causas imputables al peticionario de amparo. 28. En consecuencia, al no señalar la parte quejosa a la autoridad responsable encargada de las notificaciones y emplazamientos, no obstante la prevención que se le hizo por auto de ocho de julio de dos mil veintidós, lo procedente es sobreseer en el juicio promovido en contra de ese acto, de conformidad con el artículo 61, fracción XXIII, de la Ley de Amparo, en relación con los numerales 5°, fracción II, y 108, fracción III, en términos de lo dispuesto por el normativo 63, fracción V, del ordenamiento legal en cita. 29. Es aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la página 113, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, IX, Enero de 1999, Materia Común del siguiente contenido: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE Y EL JUEZ PREVINO AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA Y ÉSTE NO LO HIZO, DEBE SOBRESEERSE. La Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación integró la tesis de jurisprudencia 2a./J. 30/96 cuyo rubro es: "DEMANDA DE AMPARO. SI DE SU ANÁLISIS INTEGRAL SE VE LA PARTICIPACIÓN DE UNA AUTORIDAD NO SEÑALADA COMO RESPONSABLE, EL JUEZ DEBE PREVENIR AL QUEJOSO PARA DARLE LA OPORTUNIDAD DE REGULARIZARLA.", publicada en la Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo III, junio de 1996, página 250, la cual establece que el órgano de revisión, en el supuesto indicado en la tesis, debe ordenar reponer el procedimiento para el efecto de que se requiera al quejoso la regularización de su demanda; sin embargo, ni de esa jurisprudencia ni de disposición legal alguna, se desprende que el quejoso tenga una segunda oportunidad para regularizar su demanda si en la primera ocasión no lo hizo, señalando a la autoridad responsable, por lo que en ese caso, debe sobreseerse en el juicio con fundamento en las fracciones III, del artículo 74, XVIII del 73 y III del 116 de la Ley de Amparo, toda vez que ha precluido su derecho a enmendar la solicitud de amparo y, consecuentemente, no es el caso de volver a ordenar la reposición del procedimiento." 30. También apoya lo anterior, la Jurisprudencia sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, publicada en la página 738, Novena Época del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, III, Junio de 1996, Materia Común, que dice: "SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE GARANTIAS CUANDO SE RECLAMA EL EMPLAZAMIENTO Y NO SE SEÑALA COMO AUTORIDAD RESPONSABLE AL ACTUARIO QUE LO PRACTICO. Dado que el actuario es autoridad responsable en el amparo promovido contra el emplazamiento, si no se señala a éste como autoridad, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se le llamó a juicio ni fue oído, motivo por el que se actualiza la causa de improcedencia prevista por la fracción XVIII del artículo 73 de la Ley de Amparo, relacionada con las jurisprudencias de la H. Suprema Corte de Justicia de la Nación que bajo los números 22 y 108 y epígrafes: "ACTUARIO. ES AUTORIDAD RESPONSABLE EN EL AMPARO PROMOVIDO CONTRA EL EMPLAZAMIENTO" y "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS", son visibles en las páginas quince y sesenta y nueve del Tomo VI del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación editado en mil novecientos noventa y cinco, lo que obliga a sobreseer el juicio con apoyo en la fracción III del numeral 74 del mismo ordenamiento legal." 31. De igual manera, es aplicable la Jurisprudencia VI. 3o. J/44, publicada en la página 67, Tomo 74, Febrero de 1994, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, sustentada por los Tribunales Colegiados de Circuito, Octava Época, que a la letra dice: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS, SOBRESEIMIENTO DEL JUICIO DE AMPARO. Si el quejoso no señaló como autoridades responsables a quienes suscribieron el acuerdo que constituye el acto reclamado en el juicio de amparo, no es posible examinar la constitucionalidad del mismo, puesto que tales autoridades no fueron llamadas a juicio, incumpliendo el quejoso con lo previsto por el artículo 116 fracción III de la Ley de Amparo, debiendo sobreseer el juicio de garantías conforme a lo dispuesto por el artículo 73, fracción XVIII, en relación con los artículos 11 y 116, fracción III, del mismo ordenamiento legal." 32. Asimismo, se estima aplicable la Jurisprudencia emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, en octubre de mil novecientos noventa y cuatro, página once, cuyo rubro y texto son: "ACTUARIO, HIPÓTESIS EN QUE DEBE SER SEÑALADO COMO AUTORIDAD RESPONSABLE. De conformidad con lo establecido en el artículo 11 de la Ley de Amparo, el actuario tiene la calidad de autoridad responsable, por lo que si en el amparo indirecto, el quejoso se ostenta como extraño al juicio, y le atribuye omisiones o irregularidades respecto al emplazamiento, debe señalarse a ese funcionario como autoridad responsable, toda vez que el mismo está obligado a cumplir cabalmente con los lineamientos legales que regulan tal acto; consecuentemente es el directamente encargado de defender la legalidad de su actuación, puesto que es el que conoce los pormenores de la misma, que lleva a cabo bajo su estricta responsabilidad, ello, con independencia de que el titular del Tribunal que igualmente puede tener el carácter de autoridad responsable, cumpla con su deber de revisar de oficio el actuar de su subalterno." 33. También, sirve de apoyo la Jurisprudencia VI.2o. J/205, visible en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, tomo II, octubre de 1995, (página 468), de rubro y texto siguientes: "AUTORIDADES RESPONSABLES NO DESIGNADAS. Si en la demanda de amparo no se señala a una autoridad como responsable, jurídicamente no es posible examinar la constitucionalidad de sus actos, puesto que no se llamó a juicio ni fue oída; por lo tanto, se surte la causal de improcedencia prevista en el artículo 73 fracción XVIII de la Ley de Amparo, en relación con los artículos 5o., fracción II y 116, fracción III del mismo ordenamiento legal." Decisión 34. Al haberse actualizado la causa de improcedencia establecida en el artículo 61, fracción XXI, así como la XXIII, de la Ley de Amparo, esta última en relación con los numerales 5°, fracción II, y 108, fracción III, en términos de lo dispuesto por el normativo 63, fracción V, del ordenamiento legal en cita; procede sobreseer en el presente juicio de derechos, en términos de lo dispuesto en la invocada fracción V del artículo 63 de la ley de la materia. Por lo anteriormente expuesto y con fundamento en los artículos 73 al 77 y 217 de la Ley de Amparo, se: Resuelve: Único. Se sobresee en el juicio de derechos promovido Víctor Manuel Betancourt Gómez, en relación con los actos plasmados en el considerando III, por las razones expuestas en los diversos V y VI, del presente fallo. Notifíquese. Así lo resolvió y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe. Jvr
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, veinte de septiembre de dos mil veintidós. Informe justificado. Conforme a lo establecido en el artículo 117 de la Ley de Amparo, agréguese a los autos el informe justificado presentado por el presidente de la Junta Especial número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Estado de México, dese vista a las partes con su contenido. Luego, toda vez que el informe de cuenta fue rendido por vía telegráfica, y ya que menciona que adjuntó diversas constancias, se estará a la espera de que llegue el respectivo oficio con los anexos que menciona. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
- Principal
Auto. Hermosillo, Sonora, dos de septiembre de dos mil veintidós. Estado de los autos. Vista la certificación que antecede y el estado procesal que guardan los autos, se advierte que el presente juicio aún no se encuentra debidamente integrado, en virtud de que a la fecha, no obra constancia de notificación del oficio 20049/2022 de ********************(auto de radicación), enviado a la Junta Especial número Veintinueve de la Federal de Conciliación y Arbitraje, con sede en Toluca, Estado de México, a través del cual se ordena su emplazamiento al juicio. Diferimiento de la audiencia constitucional. En consecuencia, se difiere la audiencia constitucional y se señalan las nueve horas con cuarenta y siete minutos del cinco de octubre de dos mil veintidós, para su celebración. Notifíquese. Así lo acordó y firma Fernando Alcázar Martínez, juez Primero de Distrito en el Estado de Sonora, ante Juan de Dios Velasco Romero, secretario que autoriza y da fe. Doy fe.
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