Víctor Manuel Barrón Murguía

Expediente 744/2021 tramitado ante el Juzgado Decimoprimero de Distrito de Amparo en Materia Penal en la Ciudad de México. 11 actuaciones registradas, la última del 11 de marzo de 2022.

Datos del expediente

Expediente
744/2021
Año
2021
Actuaciones
11
Última actuación
11/03/2022

Partes del expediente

  • Víctor Manuel Barrón Murguía
  • VÍCTOR MANUEL BARRÓN MURGUÍA y Otros.

Actuaciones

Las 4 más recientes de 11.

  1. Principal

    Ciudad de México, once de marzo de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por la Secretaria de Acuerdos del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, mediante el cual solicita se acuse de recibido el testimonio de resolución correspondiente a la sesión ordinaria de veinte de enero de dos mil veintidós. Atento a lo anterior, se acúsese de recibido testimonio mencionado en párrafo que antecede, lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese.

  2. Principal

    Ciudad de México, cuatro de febrero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio suscrito por la Secretaria de Acuerdos del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, por medio del cual remite copia certificada de la resolución ordinaria a distancia de veinte de enero de dos mil veintidós, en el C.C.P. 1/2022, suscitado entre el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Administrativa de esta Ciudad y este juzgado, ejecutoria en la que se determinó: "ÚNICO. Se declara que el Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México es legalmente competente para conocer de la demanda de amparo promovida por Víctor Manuel Barrón Murguía, contra el acto reclamado a la Directora General de Asuntos Jurídicos de la Fiscalía General de la República.". Entonces, nada habiendo que cumplimentar, háganse las anotaciones en el libro de gobierno, inclúyase a este expediente el oficio y testimonio de referencia y archívese el expediente como asunto concluido. Ahora bien, de conformidad al Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, y conforme al Manual para la Organización de los Archivos Judiciales Resguardados por el Consejo de la Judicatura Federal, aprobado por el Pleno del Consejo de la Judicatura Federal el veintiséis siguiente. Valoración del expediente De conformidad con el artículo 15 del mencionado acuerdo y al prudente arbitrio del suscrito, este asunto no es de relevancia documental. Asimismo, se advierte que se trata de un EXPEDIENTE AUXILIAR (cuaderno de antecedentes); en consecuencia, es susceptible de DESTRUCCIÓN, en términos de lo dispuesto por el artículo 20, fracción I, inciso a), del referido Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, así como el apartado 8.1.1, fracción I, inciso a), del aludido Manual, por lo que tal valoración deberá constar en la carátula. De conformidad con lo dispuesto en el citado numeral, consérvese por el término de seis meses en el archivo de este juzgado de Distrito, contado a partir de que se ordenó su archivo, una vez concluido dicho plazo, procédase a su destrucción, previa desincorporación. Notifíquese.

  3. Principal

    Ciudad de México, diez de enero de dos mil veintidós. Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario de Acuerdos del Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, mediante el cual remite copia del acuerdo dictado en el expediente C.C.P. 1/2022, del que se advierte que se admitió el conflicto competencial que precisa; circunstancia de la que se toma conocimiento, para los efectos legales conducentes. Notifíquese.

  4. Principal

    Ciudad de México, catorce de diciembre de dos mil veintiuno. Agréguese para que obre como corresponda, el oficio de cuenta, por medio del cual la Secretaria del Juzgado Décimo Cuarto de Distrito en Materia Administrativa en la Ciudad de México, comunica el auto de dos de diciembre último, dictado en autos del juicio de amparo 1696/2021, de su índice, por medio del cual el juzgado de su adscripción determinó no aceptar la competencia que declinó este Juzgado, por las razones que ahí expone. ACÚSESE EL RECIBO DE ESTILO CORRESPONDIENTE. No obstante, este juzgado federal insiste en declararse legalmente incompetente, por las razones y consideraciones expuestas en el proveído de dieciocho de noviembre último, dictado en el presente juicio de amparo. De la lectura del acuerdo de dos de diciembre siguiente, dictado por el Juzgado oficiante, se colige que determinó no aceptar la competencia para conocer del presente asunto, bajo el argumento toral de que el acto reclamado, de que el acto aquí reclamado es de naturaleza penal, toda vez que ante las manifestaciones expuestas por la parte quejosa, menciona que la autoridad responsable no le brindó la información solicitada, en relación a si existe alguna averiguación previa o carpeta de investigación incoadas en su contra. En ese sentido, este juzgador no comparte los motivos expuestos por el oficiante, toda vez que como se señaló en el auto de dieciocho de noviembre último, se considera que el acto reclamado es de naturaleza administrativa, toda vez que el oficio reclamado por el quejoso en el que solicitó a la autoridad responsable le informara en ejercicio de su derecho a la transparencia y acceso a la información, el conocimiento y resolución de la instancia constitucional de que se trata, no es de la competencia de un juzgado de distrito de amparo en materia penal, pues el acto reclamado en el caso a estudio, es formal y materialmente administrativo en razón de su naturaleza y procedimiento del cual deriva, así como por la legislación aplicada, esto es, la Ley de Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, y la autoridad que lo emitió. Asimismo, el Alto Tribunal ha determinado que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, así como los Institutos y Organismos de Transparencia y Acceso a la Información, son organismos con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión, encargados de promover y difundir el ejercicio del derecho a la información pública gubernamental. Criterio que ha sostenido la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en las jurisprudencias 2ª./J. 166/2012 (10ª) y 2ª. /J. 91/2012 (10ª.), de rubro y textos siguientes: "INSTITUTO FEDERAL DE ACCESO A LA INFORMACIÓN Y PROTECCIÓN DE DATOS. ESTÁ LEGITIMADO PARA INTERPONER EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LAS SENTENCIAS DICTADAS EN EL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO DONDE FIGURE COMO AUTORIDAD RESPONSABLE, AUNQUE HUBIERE EJERCIDO FUNCIONES MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. El citado Instituto tiene legitimación para interponer revisión en amparo indirecto donde figure como autoridad responsable, porque aunque hubiere ejercido funciones materialmente jurisdiccionales, no es un tribunal jurisdiccional, sino un órgano de la Administración Pública Federal con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión, encargado de promover y difundir el ejercicio del derecho a la información pública gubernamental; además, para efectos de sus resoluciones no está subordinado a autoridad alguna y adopta sus decisiones con plena independencia, y entre otras facultades tiene la de resolver recursos y formular resoluciones conforme a la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental. "INSTITUTOS DE TRANSPARENCIA Y ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA DE LOS ESTADOS DE JALISCO Y TABASCO. ESTÁN LEGITIMADOS PARA INTERPONER RECURSO DE REVISIÓN CONTRA LA SENTENCIA DE AMPARO DONDE INTERVINIERON COMO AUTORIDAD RESPONSABLE, AUNQUE HAYAN EJERCIDO FUNCIONES MATERIALMENTE JURISDICCIONALES. Los indicados Institutos tienen legitimación para interponer recurso de revisión contra la sentencia de amparo donde intervinieron como autoridad responsable, inclusive en los casos en que hayan emitido actos materialmente jurisdiccionales, pues no son tribunales judiciales ni jurisdiccionales, sino organismos autónomos, dotados de personalidad jurídica, patrimonio, autonomía de gestión y presupuestaria, en términos de las respectivas Constituciones locales y además porque tienen como interés preponderante resguardar los objetivos administrativos de orden público que se les encomiendan legalmente; esto es, no son autoridades jurisdiccionales, aun cuando dentro de sus facultades está la de resolver los recursos interpuestos contra actos y resoluciones dictados por los sujetos obligados, con relación a las solicitudes de acceso a la información, pues aun en tales extremos no tienen la naturaleza de un tribunal ni pueden equiparársele. Al respecto, en la ejecutoria dictada en la contradicción de tesis 241/2012, que originó la jurisprudencia 2ª./J. 166/2012 (10ª) transcrita, se señala: "(.) Por regla general, la autoridad responsable en el juicio de amparo tiene legitimación para interponer la revisión con el propósito de que subsista el acto que de ella hubiera emanado, y cuya inconstitucionalidad se cuestiona, lo cual es particularmente notorio tratándose de autoridades administrativas, por cuanto sus atribuciones en relación con los particulares son múltiples, pues no sólo reglamentan su actividad privada, sino que también la fomentan o la restringen y, en ocasiones, como deriva de los artículos 25, 27 y 28, entre otros, de la Constitución Federal, se combinan con la actividad de los gobernados, e incluso la sustituyen, debiendo observarse que los casos en que el ejercicio de estas atribuciones entra en colisión con los derechos de los gobernados, la regla es que la autoridad administrativa propugne porque prevalezca su pretensión, en aras del orden público que persigue, o bien, cuando como en el supuesto que se examina, defiende la resolución que dictó con el propósito de salvaguardar el derecho a la transparencia y acceso a la información. (.) Por tanto, es procedente concluir que el Instituto Federal de Acceso a la Información y Protección de Datos, tiene legitimación para interponer recurso de revisión en contra de las sentencias dictadas en los juicios de amparo indirecto donde figure como autoridad responsable, porque no es un tribunal jurisdiccional, sino un órgano de la Administración Pública Federal, con autonomía operativa, presupuestaria y de decisión, encargada de promover y difundir el ejercicio del derecho a la información pública gubernamental; para efectos de sus resoluciones, no se encuentra subordinado a autoridad alguna y adoptará sus decisiones con plena independencia, que entre otras facultades tiene la de resolver recursos y formular resoluciones, de conformidad con la ley que lo rige. (.)". En idénticos términos resolvió el Octavo Tribunal Colegiado en Materia Penal de este Primer Circuito, en el amparo en revisión 230/2017, en sesión de once de octubre de dos mil diecisiete. Por lo anterior, este juzgador federal insiste en declinar competencia para conocer y resolver este juicio de amparo, por lo que con fundamento en los artículos 48 y 49 de la Ley de Amparo, mediante atento oficio, remítanse los presentes autos al Tribunal Colegiado en Materia Penal del Primer Circuito, en turno, para que proceda a resolver lo conducente respecto a la contienda de competencia suscitada. Finalmente, háganse las anotaciones pertinentes en el libro de gobierno. Notifíquese.

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