Víctor Manuel Barrera Alcántara

Expediente 691/2022 tramitado ante el Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México. 3 actuaciones registradas, la última del 1 de septiembre de 2022.

Datos del expediente

Expediente
691/2022
Año
2022
Actuaciones
3
Última actuación
01/09/2022

Partes del expediente

  • Víctor Manuel Barrera Alcántara
  • Magistrada de la Tercera Sala Regional Tlalnepantla del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México

Actuaciones

  1. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, Estado de México, uno de septiembre de dos mil veintidós. Vista la certificación, se aprecia que dentro del término legal no se interpuso recurso de queja contra el proveído por el que se desechó de plano por notoriamente improcedente la demanda de amparo. En consecuencia, con fundamento en los artículos 288 y 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la ley de la materia, se declara que dicho auto queda firme, para todos los efectos legales a que haya lugar. Cabe señalar que el presente asunto no cuenta con documentos originales, y no es de relevancia documental, debido a que carece de valor jurídico e histórico. Además, se desechó la demanda de amparo. Por tanto, de conformidad con lo que establece el artículo 21, inciso d), del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte, este cuaderno es susceptible de destrucción. Finalmente, de la certificación que antecede se advierte que después de haber realizado una exhaustiva revisión de todas y cada una de las constancias que integran el presente juicio, no existe prueba por desahogar, diligencia por practicar, recurso por resolver, billete de depósito ni póliza de fianza que devolver. En consecuencia, procede archivarlo definitivamente, como asunto totalmente concluido, previo cotejo que se realice de que la versión electrónica del expediente en que se actúa coincide con la impresa, en términos de lo previsto en el artículo 25, segundo párrafo, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinaria de diecinueve de febrero de dos mil veinte, publicado en el Diario Oficial de la Federación el veinticinco de marzo de dos mil veinte. Háganse las anotaciones en el libro de gobierno correspondiente. En su oportunidad, realícese el trámite para su destrucción. Notifíquese: por lista a la parte quejosa.Así lo proveyó y firma Aurelio Damián Magaña, Juez Primero de Distrito en el Estado de México, asistido de Armando Gómez Segura, secretario que firma y da fe. /Luis*

  2. Principal

    Con fundamento en el artículo 27, fracción I, inciso c) Y 29 de la Ley de Amparo, se hace efectivo el apercibimiento decretado en el aviso y se procede notifica a la parte quejosa, DEL ACUERDO DE QUINCE DE JUNIO DEL AÑO EN CURSO, en virtud de que no acudió a notificarse personalmente a este juzgado. Y que lo conducente dice: " ... Acuerdo. Naucalpan de Juárez, México, quince de junio de dos mil veintidós. - - - V i s t o el escrito de demanda de amparo que promueven ***, personalidad que acreditan en términos del acuerdo expedido por el Ayuntamiento de Zumpango de Ocampo, Estado de México; en la Primera Sesión Ordinaria de Cabildo, de fecha primero de enero de dos mil veintidós, donde se aprobó la integración e instalación de la Comisión de Honor y Justicia de la Dirección de Seguridad Pública y Vialidad Municipal del Ayuntamiento de Zumpango, Estado de México; quienes solicitan el amparo y protección de la Justicia de la Unión, contra el acto y autoridad que enseguida se precisan: Acto reclamado El acuerdo de doce de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 301/2020, por el cual se les requiere el cumplimiento a la sentencia, apercibiéndolos en caso de omisión de imponer una multa por el equivalente de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Autoridad responsable Magistrada de la Tercera Sala Regional Tlalnepantla de Baz del Tribunal de Justicia Administrativa del Estado de México. Radicación y registro de la demanda Con apoyo en los artículos 11, 21 y 22 del Acuerdo General 12/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que regula la integración y tramite de expediente electrónico y el uso de videoconferencias en todos los asuntos competencia de los órganos jurisdiccionales a cargo del propio Consejo, fórmese expediente impreso y electrónico, con el numero consecutivo 691/2022-III. Anótese su ingreso en el libro de gobierno del juzgado y en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes SISE. Causal de improcedencia Ahora bien, previamente a la admisión de la demanda de cuenta, es necesario examinar si colma los requisitos indispensables para su procedencia; o bien, si se encuentra algún motivo manifiesto e indudable de improcedencia, de acuerdo con lo establecido en el artículo 113 de la Ley de Amparo. Al respecto, es necesario establecer que un motivo de improcedencia es manifiesto cuando aparece de lo expresado en la demanda constitucional y es indudable cuando no puede ser desvirtuado con ningún medio de prueba que eventualmente ofrecieran las partes durante la sustanciación del juicio de amparo. En la especie, se actualiza de manera manifiesta e indudable la causa de improcedencia del juicio de amparo que prevé el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6, ambos de la Ley de Amparo, concatenados con el diverso 107, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Esto es así, pues dichos numerales establecen que el juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I, del artículo 5 de la misma ley. Es decir, por quien resulta agraviado en su esfera jurídica en forma actual, directa e inmediata, por la ley o actos reclamados. Para explicarlo, es necesario destacar el contenido de los citados numerales, que en lo que interesa, señalan: "Art. 107.- Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: I.- El juicio de amparo se seguirá siempre a instancia de parte agraviada, teniendo tal carácter quien aduce ser titular de un derecho o de un interés legítimo individual o colectivo, siempre que alegue que el acto reclamado viola los derechos reconocidos por esta Constitución y con ello se afecte su esfera jurídica, ya sea de manera directa o en virtud de su especial situación frente al orden jurídico. Tratándose de actos o resoluciones provenientes de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, el quejoso deberá aducir ser titular de un derecho subjetivo que se afecte de manera personal y directa; [.]" "Artículo 6o. El juicio de amparo puede promoverse por la persona física o moral a quien afecte la norma general o el acto reclamado en términos de la fracción I del artículo 5o. de esta Ley. El quejoso podrá hacerlo por sí, por su representante legal o por su apoderado, o por cualquier persona en los casos previstos en esta Ley. Cuando el acto reclamado derive de un procedimiento penal, podrá promoverlo, además, por conducto de su defensor o de cualquier persona en los casos en que esta Ley lo permita". "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: (.) XXIII. En los demás casos en que la improcedencia resulte de alguna disposición de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o de esta Ley." Las referidas disposiciones normativas hacen referencia, entre otras cosas, al juicio de amparo promovido contra actos judiciales, esto es, contra actos dictados en un procedimiento jurisdiccional; además, establecen que el juicio de amparo indirecto únicamente lo puede promover la parte a quien le perjudique el acto reclamado, en forma personal, actual y definitiva. Contrario sensu, el juicio de amparo indirecto es improcedente cuando el acto reclamado no produce una afectación de ese tipo. Ahora bien, sobre el concepto de agravio personal y directo para la procedencia del juicio de amparo, debe destacarse que la extinta Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación estableció que el acto reclamado debe causar un perjuicio definitivo a la persona física o moral que se estime afectada, ya sea en su persona o en su patrimonio y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional; sin que pueda hablarse de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente amparados, sino solo de manera eventual, o provisional. Así se desprende de la tesis publicada en la página 224, del Tomo II, Primera Parte, julio a diciembre de 1988, Octava Época del Semanario Judicial de la Federación, del tenor siguiente: "INTERÉS JURÍDICO EN EL AMPARO QUE LO CONSTITUYE. El artículo 4o. de la Ley de Amparo contempla, para la procedencia del juicio de garantías, que el acto reclamado cause un perjuicio a la persona física o moral que se estime afectada, lo que ocurre cuando ese acto lesiona sus intereses jurídicos, en su persona o en su patrimonio, y que de manera concomitante es lo que provoca la génesis de la acción constitucional. Así, como la tutela del derecho sólo comprende a bienes jurídicos reales y objetivos, las afectaciones deben igualmente ser susceptibles de apreciarse en forma objetiva para que puedan constituir un perjuicio, teniendo en cuenta que el interés jurídico debe acreditarse en forma fehaciente y no inferirse con base en presunciones; de modo que la naturaleza intrínseca de ese acto o ley reclamados es la que determina el perjuicio o afectación en la esfera normativa del particular, sin que pueda hablarse entonces de agravio cuando los daños o perjuicios que una persona puede sufrir, no afecten real y efectivamente sus bienes legalmente amparados". Lo anterior significa, que el juicio de amparo sólo podrá promoverse cuando el acto reclamado cause un perjuicio real y efectivo a la persona física o moral que se estime afectada, y de no ser así, se actualiza la causal de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el 6o, de la Ley de Amparo, y 107, fracción I, Constitucional. En resumen, para la procedencia de la acción constitucional, es un presupuesto indispensable que la ley o el acto reclamado cause perjuicio o afecte la esfera jurídica del quejoso, cuya noción presupone la existencia de un derecho legítimamente tutelado. Ahora bien, en la especie el acto reclamado en el presente expediente, se hace consistir en: El acuerdo de doce de mayo de dos mil veintiuno, dictado en el expediente 301/2020, por el cual se les requiere el cumplimiento a la sentencia, apercibiéndolos en caso de omisión de imponer una multa por el equivalente de cien veces el valor diario de la Unidad de Medida y Actualización. Precisado lo anterior, debe decirse que el auto por el cual se requiere a la autoridad demandada el cumplimiento a la sentencia en el juicio administrativo de origen, y se les apercibe de imponer una multa en caso de incumplimiento, no le causa un agravio personal y directo en forma real y actual que lo legitime para solicitar la protección constitucional. En efecto, la determinación reclamada en la cual se apercibe a la parte promovente, como integrante de la comisión de Honor demandada, con la imposición de una multa en caso de incumplir con la sentencia dictada en el juicio administrativo, no causa un perjuicio personal y directo a la quejosa, en la medida en que en dicho auto no se está haciendo efectivo el apercibimiento que en él se contiene, pues la imposición de éste es de realización futura e incierta pues depende de la conducta que tome la impetrante hacia el requerimiento formulado para que en su caso se haga efectivo. En este sentido, es claro que el perjuicio ocurrirá sólo en caso de que la demandada no dé cumplimiento al auto de apercibimiento y éste se le haga efectivo, por lo que constituye un acto futuro de realización incierta, toda vez que no necesariamente tendría que hacerse efectivo el apercibimiento decretado, puesto que puede ocurrir que el requerido dé cumplimiento a lo ordenado por la sala responsable, de ahí que no exista la certeza necesaria de que se le impondrá sanción alguna, dado que se insiste, es claro que el perjuicio se producirá hasta que se le haga efectivo el apercibimiento, lo que ocurrirá si no da cumplimiento a lo requerido. Por otro lado, el derecho sólo tutela bienes jurídicos reales u objetivos, por lo que es incuestionable que cuando los daños o perjuicios que una persona pueda sufrir en sus bienes jurídicos no afecten real y objetivamente a éstos, no se entraña agravio alguno en términos jurídicos. Ello es así, toda vez que el amparo procede contra actos que aun cuando no se han realizado existe plena certeza que se llevarán a cabo, es decir, que tienen el carácter de inminentes, pero tratándose de aquellos respecto de los cuales no existe la seguridad de que se producirán actos futuros probables o remotos, el amparo es improcedente, ya que su inexistencia material no producen agravios en la esfera jurídica del solicitante, lo que acontece en el presente asunto, puesto que el apercibimiento decretado se encuentra condicionado a que se incumpla lo requerido mediante auto dictado en doce de mayo de dos mil veintiuno. Por lo que no es posible estimar que el sólo apercibimiento que se impugna afecte en forma real y actual la esfera jurídica de la promovente, al no ser un acto seguro o inminente en su realización de esa determinación, por depender de la conducta de la persona a la que se dirige y de lo que finalmente resuelva la autoridad al respecto. Por su parte, los actos futuros y de realización incierta, son los que pueden o no suceder, porque no se tiene certeza jurídica de que se materialicen; de tal forma que no pueden producir efectos de derecho y, por ende, no le causa perjuicio a quien está dirigido; además, se debe tomar en consideración que la autoridad responsable goza de la potestad legal para materializar los apercibimientos que formule a las partes o terceros vinculados al proceso jurisdiccional del que conoce y será hasta ese momento, en que los efectos jurídicos que generen puedan o no vulnerar la esfera jurídica del gobernado y en su caso combatirlos. Aunado a lo anterior, se dice que el juicio de amparo es improcedente en contra de la resolución que constituye el acto reclamado, porque de una interpretación en sentido contrario del artículo 77 de la Ley de Amparo, que establece que el efecto de las sentencias de amparo será el de retrotraer las cosas al estado en que se encontraban hasta antes de la violación de derechos fundamentales, restituyendo al quejoso en el goce íntegro de éstas; resultaría contrario a dicha norma conocer de actos futuros de realización incierta, dado que no se podría restituir al gobernado en el goce de un derecho que nunca fue conculcado. Al respecto, es menester destacar que el Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito determinó que el apercibimiento de multa no produce una afectación actual, real y directa, por ser un acto futuro e incierto, lo cual actualiza una causa manifiesta e indudable de improcedencia. Consideraciones que están plasmadas en la jurisprudencia PC.I.L. J/14 L (10a.), del Pleno en Materia de Trabajo del Primer Circuito, del rubro y texto siguientes: MULTA. APERCIBIMIENTO DE. NO PRODUCE UNA AFECTACIÓN ACTUAL, REAL Y DIRECTA, POR SER UN ACTO FUTURO E INCIERTO, QUE ACTUALIZA UNA CAUSA MANIFIESTA E INDUDABLE DE IMPROCEDENCIA. El apercibimiento de multa en caso de incumplimiento a lo ordenado por una Autoridad no produce una afectación actual, real y directa al impetrante, conforme al artículo 5o., fracción I, de la Ley de Amparo, vigente a partir del tres de abril de dos mil trece, ni constituye un acto de molestia, por ser futuro e incierto, en razón de que la imposición de multa no se decreta como consecuencia inmediata del apercibimiento, sino que está condicionada a que el obligado cumpla o no con la medida, así como de que la Autoridad decida llevar a cabo lo ordenado, por lo que no es inminente, al no existir certeza de que se va a ejecutar; lo cual actualiza la causa manifiesta e indudable de improcedencia prevista por el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral citado, pues basta el escrito de demanda para tener conocimiento de cuál es el acto reclamado y advertir su naturaleza, por lo que, aun sustanciándose el procedimiento no sería posible arribar a una convicción diversa con los elementos que pudieran aportar las partes; lo que da lugar al desechamiento de la demanda con fundamento en el artículo 113 de la misma ley. Sobre esa base, y de conformidad con la jurisprudencia PC.I.L. J/14 L (10a.) antes transcrita, es factible advertir que el acto reclamado no ocasiona perjuicio alguno a la quejosa, en tanto constituye una cuestión futura de realización incierta; por ende, resulta improcedente el presente juicio de amparo. En consecuencia, dado que el acto reclamado consiste en el requerimiento para cumplir con la sentencia dictada en el juicio administrativo y apercibimiento de multa para el caso de que no sea atendida la determinación de la sala responsable, es evidente que el posible agravio, es de realización futura e incierta, y no colma el presupuesto de la Ley de Amparo relativo a la existencia de una afectación real y actual en perjuicio de la parte quejosa; en este sentido, el amparo promovido contra ese acto es improcedente, pues la pretendida afectación se actualizará hasta el momento en que se imponga la sanción correspondiente. Resulta aplicable a lo anterior, la Jurisprudencia 2a./J. 36/97, de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido siguiente: MEDIDAS DE APREMIO. EL REQUERIMIENTO, CON APERCIBIMIENTO GENÉRICO DE IMPONERLAS, ES ACTO DE APLICACIÓN DE LA LEY RECLAMADA, QUE NO AFECTA EL INTERÉS JURÍDICO PARA LA PROCEDENCIA DEL AMPARO. Si en el juicio de amparo se reclama la inconstitucionalidad de una disposición que establece medidas de apremio de que el juzgador puede hacer uso para que se cumplan sus determinaciones, y de la resolución que se señala como acto de aplicación se advierte que sólo contiene un requerimiento en el que de manera genérica y no específica se indica que, de no darse cumplimiento a lo ordenado en el proveído respectivo, se hará uso de las medidas de apremio a que se refiere la norma reclamada, de ello se deduce que no se ha actualizado, en perjuicio del requerido, alguna de las hipótesis previstas por el precepto legal, por lo que ninguna afectación ocasiona a su interés jurídico y, en tales condiciones, al operar la causal de improcedencia a que se refiere el artículo 73, fracción V, de la Ley de Amparo, debe sobreseerse en términos del artículo 74, fracción III, del propio ordenamiento legal. Así como la Jurisprudencia,emitida por la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de rubro y contenido: MULTAS DE QUE SE APERCIBE AL POSIBLE INFRACTOR, QUE DEPENDE LA ACTIVIDAD DE ESTE. SON ACTOS FUTUROS E INCIERTOS QUE NO TIENEN CARACTER DE INMINENTES. El acto reclamado que se hace consistir en el apercibimiento de que se impondrán multas diarias al quejoso de seguir realizando una promoción de ventas, es un acto futuro e incierto, porque para su realización sería necesario que la persona apercibida continuara realizando la promoción de ventas sancionada y, además, que las autoridades constataran tal hecho y determinaran hacer efectivo el apercibimiento decretado, lo cual bien podría no acontecer. Como no hay certeza de que el acto se produzca y su posible existencia dependería, en todo caso, del modo de actuar del quejoso, por ello debe considerársele como futuro y de realización incierta; por lo tanto, respecto de dicho acto procede el sobreseimiento del juicio de amparo. Cuenta habida que, en caso de que se impusiera la medida de apremio, la parte agraviada puede hacer valer las violaciones que estime pertinente en contra de tal prevención, sin que pueda decirse que éste es un acto derivado consentido por no haberse impugnado oportunamente. En tales condiciones, como en el caso concreto se actualiza de modo manifiesto e indudable la causal de improcedencia que prevé el artículo 61, fracción XXIII, en relación con el numeral 6, ambos de la Ley de Amparo; con fundamento en el artículo 113 del propio ordenamiento legal, se desecha de plano por ser notoriamente improcedente la demanda de que se trata. Domicilio La parte quejosa señala domicilio para oír y recibir citas y notificaciones en Zumpango de Ocampo, Estado de México, el cual se encuentra fuera de la residencia de este juzgado de distrito; en consecuencia, se le requiere para que dentro del término de tres días legalmente computados, señale domicilio para tal efecto en el municipio de Naucalpan de Juárez. Apercibida que de no hacerlo así se tendrá como tal la lista que se fija en los estrados de este juzgado, en términos de la fracción II del artículo 27 de la Ley de Amparo. Notificación a la parte quejosa. Dada la trascendencia del presente proveído, con fundamento en el artículo 26, fracción I, inciso c), de la Ley de Amparo, por única ocasión, comisiónese a cualquiera de los actuarios adscritos a este juzgado, para que notifique a la parte quejosa el presente proveído en el domicilio ubicado en Boulevard Luis Donaldo Colosio, sin número, Barrio de San Juan, código postal 55600, Zumpango de Ocampo, Estado de México. Asimismo, deberá requerirle para que en el momento de la diligencia respectiva o dentro del plazo de tres días contados a partir de la notificación del presente proveído, señale domicilio para oír y recibir notificaciones, en el Municipio de Naucalpan de Juárez. Con el apercibimiento que en caso de no hacerlo, las subsecuentes notificaciones, aún las de carácter personal, se le harán por medio de la lista que se fija en los estrados de este juzgado, con fundamento en los artículos 27, fracción II, de la Ley de Amparo, en relación con los diversos preceptos 305, 306 y 308 del código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo. Juicio en línea Con fundamento en los artículos 22, 28 y 29 del Acuerdo General 21/2020, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la reanudación de plazos y al regreso escalonado en los órganos jurisdiccionales ante la contingencia por el virus COVID-19, se exhorta a las partes para que, de ser posible y tomando en consideración las potenciales dificultades que actualmente enfrentamos, con motivo de la contingencia sanitaria, hagan uso de las herramientas tecnológicas que se ofrecen desde el portal de servicios en línea y continúen con la tramitación del presente asunto mediante el esquema de "Juicio en Línea"; esto es, soliciten la consulta del expediente electrónico, así como las notificaciones, a través de la vía electrónica. Cabe destacar que para este fin es necesario, la utilización de una firma electrónica FIREL vigente. Para el efecto, el Consejo de la Judicatura Federal mediante comunicado 28/2020 de quince de julio de dos mil veinte, indicó que a partir de esa data, se encuentra disponible la APP (aplicación) para tramitar en línea la Firma Electrónica Certificada (FIREL), para lo cual se necesita iniciar el proceso desde el portal www.firel.pjf.gob.mx, y contar con la credencial para votar con fotografía como identificación oficial. En ese sentido, a través de esa aplicación se podrá obtener la firma electrónica a distancia, sin la necesidad de acudir a las instalaciones del Poder Judicial de la Federación, empero, en caso de que los datos no se puedan verificar o bien exista cualquier duda o problema, se podrá brindar la atención remota a través de los teléfonos (55) 56477605, 018008369525 o bien al correo electrónico firelenlinea@correo.cjf.gob.mx. Medios alternativos de contacto Con fundamento en los artículos 5, fracción I, y 22, fracción II, del propio Acuerdo General 21/2020, se tiene como medio alternativo de contacto la cuenta de correo electrónico que refiere, por el momento y hasta que cese la emergencia sanitaria que se vive en el país. Captura de resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de expedientes y elaboración de versión pública. De conformidad con los artículos 191 y 192 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, aprobado en sesión ordinara de doce de noviembre de dos mil catorce, publicado en el Diario Oficial de la Federación el quince de enero de dos mil quince, captúrese el día de su publicación la presente resolución en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE), con la certificación secretarial respectiva. Agréguese al expediente el acuse de recibo electrónico que justifique su registro. En términos de lo que establecen los artículos 42 y 43 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de transparencia y acceso a la información pública en el Consejo, aprobado en sesión ordinaria de veintinueve de mayo de dos mil diecinueve, publicado en el Diario Oficial de la Federación el seis de septiembre de dos mil diecinueve, se instruye al coordinador de actuarios de este órgano jurisdiccional capture en la integración de expedientes en el SISE la fecha en que cada una de las partes de este juicio quedaron notificadas de la sentencia, para que quede a disposición del público en versión pública, a través del Portal de Servicios en Línea del Poder Judicial de la Federación. Asimismo, se instruye a la Oficial Judicial "A", para que realice las gestiones necesarias a efecto de que se integre la versión pública de esta determinación al Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes. En el entendido de que es obligación del secretario encargado de este asunto verificar que dicha publicación se haya efectuado de manera correcta. Supresión de datos personales. De conformidad con los artículos 106, 108, 109, 110 y 113 de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 3, fracciones IX, X, XXVIII y XXX, de la Ley General de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados, se ordena suprimir en la versión pública los datos personales de las partes en el presente juicio, así como la información reservada. Autorización de firma de oficios. Se autoriza a los secretarios y actuarios adscritos a este juzgado federal a efecto de que firmen los oficios derivados del presente asunto. Habilitación de días y horas Inhábiles. Con fundamento en el artículo 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, desde este momento se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios judiciales adscritos realicen las notificaciones personales que se ordenen, incluso emplazamientos a cualquiera de las partes en el presente juicio de amparo; y para que entreguen los oficios que deriven de este expediente. Notifíquese: personalmente a la parte quejosa..." Lo anterior para los efectos conducentes.

  3. Principal

    Acuerdo. Naucalpan de Juárez, México, quince de junio de dos mil veintidós. Visto el estado procesal que guardan los presentes autos, se advierte que a la fecha en que se actúa, no obra constancia de emplazamiento a la tercero interesado Rosa María Rosbeth Jiménez Guerrero; además, que se ordenó la búsqueda oficiosa de la misma, girándose los oficios correspondientes a diversas autoridades, a fin de que informen a este juzgado si en sus registros aparecen el nombre de la citada tercero; sin que al día de la fecha obren la totalidad de las misivas relacionadas. En razón a lo anterior resulta procedente diferir la audiencia constitucional señalada para el día de hoy y en su lugar se fijan las diez horas con cuarenta minutos del siete de julio de dos mil veintidós, para que tenga verificativo. Notifíquese: por lista a las partes.

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