Victor Manuel Ayala Villalobos
Expediente 710/2020 tramitado ante el Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán. 15 actuaciones registradas, la última del 12 de abril de 2021.
Datos del expediente
- Expediente
- 710/2020
- Año
- 2020
- Actuaciones
- 15
- Última actuación
- 12/04/2021
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Victor Manuel Ayala Villalobos
Actuaciones
Las 4 más recientes de 15.
- Principal
Morelia, Michoacán, doce de abril de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, téngase por recibido el oficio de la secretaria de Acuerdos de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, mediante el cual acusa de recibo del oficio 3811, por el cual se le remitieron las constancias que anexó a su informe justificado; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese por lista. Así lo acordó y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, quien actúa asistido del licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
El licenciado Javier Morales Guzmán, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hago constar y certifico: Que concluyó el plazo de diez días que establece el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia dictada dentro del juicio de amparo 710/2020, pues transcurrió del diez al veinticuatro de marzo del año en curso, tomando en consideración únicamente los días hábiles correspondientes, de conformidad con los artículos 19 y 22 de la misma ley, sin que a la fecha se haya recibido recurso alguno. Morelia, Michoacán, veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. Doy fe. En la misma fecha, se da cuenta al secretario encargado del despacho dentro del juicio de amparo 710/2020, con la certificación secretarial que antecede y el estado de autos. Conste. Morelia, Michoacán, veinticinco de marzo de dos mil veintiuno. Vista la cuenta precedente, se advierte que transcurrió el plazo de diez días previsto en el artículo 86 de la Ley de Amparo, para que la parte quejosa interpusiera recurso de revisión contra la sentencia por la que por una parte sobreseyó y por otro lado se negó el amparo y protección de la Justicia de la Unión, sin que lo haya realizado; por tanto, con fundamento en los artículos 356, fracción II y 357, del Código Federal de Procedimientos Civiles, se declara que dicha resolución ha causado ejecutoria. En virtud de lo anterior, con fundamento en los artículos 12 y 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de valoración, depuración, destrucción, digitalización, transferencia y resguardo de los expedientes judiciales generados por los órganos jurisdiccionales, se ordena el archivo del expediente en que se actúa como asunto totalmente concluido, el cual es susceptible de depuración dentro del plazo de tres años, contado a partir de esta propia fecha, ya que no resulta de relevancia documental, pues no encuadra en ninguna de las hipótesis que prevé el diverso numeral 15 del mismo Acuerdo. JAVIER MORALES GUZMAN 70.6a.66.20.63.6a.66.00.00.00.00.00.00.00.00.00.00.01.2e.60 28/09/21 14:52:34 Con fundamento en el artículo 21, inciso c), del Acuerdo referido, el original del incidente de suspensión es susceptible de destruirse, ya que se negó la medida cautelar solicitada. Realícense las anotaciones correspondientes en el libro de gobierno respectivo, una vez que se cumplan los tres años del periodo de conservación, dentro de los noventa días siguientes, depúrese el juicio y transfiéranse éste a la Dirección General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como lo establecen los artículos 18, 27 y 28 del aludido Acuerdo General. En relación con el duplicado del incidente, de conformidad con el artículo 20, fracción II, inciso a), del Acuerdo en mención, destrúyase el mismo dentro de los treinta días siguientes a que concluya el periodo de archivo de seis meses, contado a partir de esta propia fecha. Devuélvase a la autoridad responsable la documental que allegó al presente asunto, misma que obra en un tomo de pruebas, por considerar innecesaria su retención. Notifíquese por lista y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo acordó y firma el licenciado Oscar Hernández García, secretario del Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, encargado del despacho, en términos del párrafo primero del artículo 43 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, en relación con el artículo Quinto de la publicación de la lista de aspirantes aceptados al Quinto Concurso de Oposición Libre para la Designación de Magistradas y Magistrados de Circuito, en virtud de que el titular de este órgano jurisdiccional participa en el mismo, de acuerdo con el numeral 18 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la carrera judicial y las condiciones de los funcionarios judiciales, ante el licenciado Javier Morales Guzmán, secretario que autoriza y da fe.
- Principal
Se notifica a la parte quejosa por medio de lista que se fija en un lugar visible de este juzgado, así como en el sistema del SISE, el auto y/o resolución de dos de marzo de dos mil veintiuno, lo anterior de conformidad con el artículo 27 fracción I, inciso c),de la Ley de Amparo.
- Principal
VISTOS los autos para dictar sentencia dentro del juicio de amparo 710/2020, promovido por Víctor Manuel Ayala Villalobos, por su propio derecho; y, R E S U L T A N D O: Primero. Presentación de la demanda. Mediante escrito presentado el veinticinco de septiembre de dos mil veinte, ante la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito en el Estado, con residencia en esta ciudad, Víctor Manuel Ayala Villalobos, por su propio derecho, solicitó el amparo y protección de la Justicia Federal, contra actos del Magistrado de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, con residencia en esta ciudad, y de otras autoridades. La parte quejosa invocó como derechos fundamentales violados en su perjuicio, los contenidos en los artículos 1, 8º, 14, 16, 17, 18 penúltimo párrafo, 20, 21, 22 y 133 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Segundo. Admisión y trámite. Mediante auto de veintinueve de septiembre de dos mil veinte, se admitió a trámite la demanda en los términos propuestos por el promovente y se registró bajo el número 710/2020, se pidió el informe justificado a las autoridades responsables; se dio a la agente del Ministerio Público de la Federación adscrita a este juzgado la intervención legal que le compete, y finalmente, se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional. Finalmente, se celebró la audiencia constitucional correspondiente con el resultado consignado en el acta que antecede; y, ahora procede resolver de acuerdo a las siguientes C O N S I D E R A C I O N E S: Primera. Competencia. Este Juzgado Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, con residencia en Morelia, es legalmente competente para conocer del presente asunto, conforme a lo dispuesto en los artículos 103 fracción I y 107 fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 1º, 37 y 107 de la Ley de Amparo, 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, así como el Acuerdo General 3/2013 y sus modificaciones, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación de competencia, número y límites territoriales de los Circuitos en que se divide la República Mexicana, la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, en virtud de que los actos reclamados fueron dictados y ejecutados dentro de ámbito territorial donde este órgano de control constitucional ejerce jurisdicción. Segunda. Fijación del acto reclamado. De conformidad con lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se procede a fijar los actos reclamados por la parte quejosa. Al respecto, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha establecido algunos lineamientos que el juzgador de amparo debe observar para establecer cuáles son los actos reclamados, a saber: a) analizar en su integridad el escrito de demanda y sus anexos con un criterio amplio y no restrictivo, para determinar la verdadera intención del promovente, pero sin cambiar su alcance y contenido; y, b) prescindir de los calificativos relativos a la constitucionalidad o inconstitucionalidad que se hagan al anunciar los actos reclamados en la demanda. Lo anterior, conforme a la jurisprudencia P./J 40/2000, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, que dice: "DEMANDA DE AMPARO. DEBE SER INTERPRETADA EN SU INTEGRIDAD. Este Alto Tribunal, ha sustentado reiteradamente el criterio de que el juzgador debe interpretar el escrito de demanda en su integridad, con un sentido de liberalidad y no restrictivo, para determinar con exactitud la intención del promovente y, de esta forma, armonizar los datos y los elementos que lo conforman, sin cambiar su alcance y contenido, a fin de impartir una recta administración de justicia al dictar una sentencia que contenga la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, conforme a lo dispuesto en el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo". Así como la tesis VI/2004, emitida por el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuyo texto dice: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO. El artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo establece que las sentencias que se dicten en el juicio de garantías deberán contener la fijación clara y precisa de los actos reclamados, así como la apreciación de las pruebas conducentes para tenerlos o no por demostrados; asimismo, la Suprema Corte de Justicia de la Nación ha sostenido el criterio de que para lograr tal fijación debe acudirse a la lectura íntegra de la demanda sin atender a los calificativos que en su enunciación se hagan sobre su constitucionalidad o inconstitucionalidad. Sin embargo, en algunos casos ello resulta insuficiente, por lo que los juzgadores de amparo deberán armonizar, además, los datos que emanen del escrito inicial de demanda, en un sentido que resulte congruente con todos sus elementos, e incluso con la totalidad de la información del expediente del juicio, atendiendo preferentemente al pensamiento e intencionalidad de su autor, descartando las precisiones que generen oscuridad o confusión. Esto es, el juzgador de amparo, al fijar los actos reclamados, deberá atender a lo que quiso decir el quejoso y no únicamente a lo que en apariencia dijo, pues sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto". En ese sentido, analizada íntegramente la demanda de amparo, se advierte que Víctor Manuel Ayala Villalobos, reclama: La sentencia de veintiocho de agosto de dos mil veinte, dictada en el toca penal 22/2020, formado con motivo del recurso de apelación interpuesto por el quejoso dentro del procedimiento ordinario de ejecución de sentencia POSI-293/2018. En dicha resolución se confirmó el auto de veintiséis de marzo de dos mil veinte, emitido por la Juez de Ejecución de Sanciones Penales de la Región Morelia, por el que calificó de legal la determinación administrativa de traslado involuntario del quejoso, al centro penitenciario de Tacámbaro, Michoacán. Acto que atribuye a la autoridad: Magistrado de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado; y, La elaboración y aprobación del acta extraordinaria del comité técnico del centro penitenciario "Lic. David Franco Rodríguez" de Charo, Michoacán, celebrada el veinticuatro de marzo de dos mil veinte y tarjetas informativas elaboradas al respecto, así como el acuerdo que recayó a la referida sesión extraordinaria, el cual ordenó su traslado; asimismo, el auto que calificó de legal dicha determinación sobre traslado involuntario. Actos que atribuye a las siguientes autoridades: Director del Centro de Reinserción Social "Lic. David Franco Rodríguez"; Jefe de Seguridad y Custodia del Centro de Reinserción Social "Lic. David Franco Rodríguez"; Comité Técnico Interdisciplinario del Centro de Reinserción Social "Lic. David Franco Rodríguez"; Todos con residencia en Charo, Michoacán. Coordinador del Sistema Penitenciario; y, Juez de Ejecución de Sanciones Penales, Región Morelia. Estos últimos con residencia en esta ciudad de Morelia, Michoacán. Tercera. Certeza de los actos reclamados. Son ciertos los actos reclamados a la totalidad de las autoridades señaladas como responsables, pues así lo manifestaron al rendir sus informes justificados. Lo que se corrobora con las constancias que remitió el Magistrado responsable como soporte del mismo, relativas al original del toca penal 22/2020 [un tomo de pruebas], y las restantes autoridades diversas constancias relativas al traslado definitivo del quejoso, determinado y calificado por dichas autoridades, documentales con valor probatorio pleno, de conformidad con lo dispuesto en los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, en términos de su dispositivo 2º (fojas 58 a 76). En ese sentido, se tienen por ciertos los actos reclamados a las autoridades precisadas en esta consideración en esta instancia constitucional, como indica la jurisprudencia 278, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, publicada en el Tomo VI, Común, Jurisprudencia SCJN, del Apéndice 2000, al Semanario Judicial de la Federación, Quinta Época, materia común, con número de registro 917812, que dice: "INFORME JUSTIFICADO AFIRMATIVO. Si en él confiesa la autoridad responsable que es cierto el acto que se reclama, debe tenerse éste como plenamente probado, y entrarse a examinar la constitucionalidad o inconstitucionalidad de ese acto." Por lo que respecta al valor acreditativo de los documentos públicos, es ilustrativa la jurisprudencia número 226, del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, del tenor siguiente: "DOCUMENTOS PÚBLICOS, CONCEPTO DE Y VALOR PROBATORIO. Tienen ese carácter los testimonios y certificaciones expedidos por funcionarios públicos, en el ejercicio de sus funciones y, por consiguiente, hacen prueba plena". Cuarta. Procedencia. Determinada la certeza del acto reclamado, procede examinar la procedencia del juicio en términos de lo instituido en el artículo 62 de la Ley de Amparo, que prevé el estudio oficioso y preferente de las causales de improcedencia, lo aleguen o no las partes, por ser una cuestión de orden público; lo anterior, con apoyo además en la jurisprudencia 814 visible a fojas 553, tomo VI, Materia Común del Apéndice al Semanario Judicial de la Federación 1917-1995, que dispone: "IMPROCEDENCIA, CAUSALES DE. EN EL JUICIO DE AMPARO. Las causales de improcedencia del juicio de amparo, por ser de orden público deben estudiarse previamente, lo aleguen o no las partes, cualquiera que sea la instancia." En el caso, respecto de los actos identificados con el inciso b), este juzgador -de oficio- estima actualizada la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI, de la Ley de Amparo, que instituye: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: [...] XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; [...]" En efecto, la improcedencia en comento tiene dos hipótesis de actualización, a saber: Por revocación, cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, siendo el gobernado restituido en el goce de sus derechos fundamentales, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. Por sustitución, cuando sobreviene un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del acto reclamado. Criterio que se sustenta en la tesis I.3o.C.92 K, del Tercer Tribunal Colegiado en Materia Civil del Primer Circuito, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XXX, Diciembre de 2009, Página: 1491, Novena Época, que establece lo siguiente: "CESACIÓN DE EFECTOS EN EL JUICIO DE AMPARO. HIPÓTESIS DE LA FRACCIÓN XVI DEL ARTÍCULO 73 DE LA LEY DE AMPARO. De la interpretación que se realiza de la fracción XVI del artículo 73 de la ley de la materia, se tiene que existen dos hipótesis de cesación de efectos a saber: a) por revocación y b) por sustitución. El primer supuesto se actualiza cuando los efectos del acto reclamado desaparecen o se destruyen en forma inmediata, total, incondicional y material, con lo que el gobernado es restituido en el pleno goce de sus garantías, sin dejar huella en su esfera jurídica ni patrimonial. El segundo supuesto se actualiza por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad del reclamado, mismo que se encontraba en suspenso y cuya firmeza se da por el ulterior acto por el cual fue sustituido, que es la materia del amparo; verbigracia, la sentencia que decide un recurso da firmeza y sustituye el auto o resolución impugnado en la vía ordinaria, por lo que para efectos del juicio de garantías respecto de este último el amparo resulta improcedente." Precisado lo anterior, se concluye que respecto de los actos reclamados por el quejoso, relativos al trámite administrativo de traslado involuntario, consistentes en la elaboración de tarjetas informativas, elaboración y aprobación del acta extraordinaria celebrada el veinticuatro de marzo de dos mil veinte por el comité técnico del centro penitenciario "Lic. David Franco Rodríguez", y el auto en el que se calificó de legal la determinación administrativa de traslado al diverso centro penitenciario de Tacámbaro, Michoacán, -como actos destacados- existe una cesación de efectos por sustitución procesal. Es así, porque tales actuaciones realizadas dentro del procedimiento administrativo de que se trata, fueron sustituidos primeramente, por la Juez de Ejecución de Sanciones Penales Región Morelia, al dictar el auto de veintiséis de marzo de dos mil veinte dentro del expediente de ejecución POSI-293/2018, mediante el cual calificó de legal la determinación administrativa de trasladar al quejoso al diverso centro penitenciario de Tacámbaro, Michoacán; y a su vez dicho auto de calificación fue sustituido por el Magistrado de la Cuarta Sala Penal Unitaria del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, al resolver el recurso de apelación 22/2020, interpuesto por el impetrante del amparo contra la calificación en cita. En consecuencia, la determinación administrativa de traslado involuntario y la decisión judicial que calificó de legal dicho traslado, perdieron su vigencia con motivo de la resolución dictada por el Magistrado responsable al resolver el recurso de apelación 22/2020; por lo que es esta última la que ahora cuenta con esa vigencia y ejecutividad, ya que se convierte en el medio que rige la situación jurídica actual del quejoso. En tales condiciones, es evidente que cesaron los efectos del procedimiento administrativo de traslado involuntario y su calificación de legal, reclamados a las autoridades administrativas y a la Juez de Ejecución de Sanciones Penales Región Morelia, respectivamente, por sobrevenir un nuevo acto de autoridad que incide en la vigencia y ejecutividad de los inicialmente reclamados. Por tanto, como actos destacados, ese procedimiento de traslado y su calificación ya no pueden ser analizados a través del juicio de amparo indirecto, como lo pretendió la parte quejosa; dado que no podría estudiarse la legalidad de los mismos, sin afectar el nuevo pronunciamiento hecho por el Magistrado de apelación, al haber sido sustituidos procesalmente tales actos reclamados, como ya se evidenció. Lo anterior, sin perjuicio de que al estudiar la resolución de la Sala Penal, que es la que actualmente le causa agravio al quejoso, esos actos puedan ser analizados al resolver el recurso de apelación respectivo. En consecuencia, con fundamento en lo dispuesto en el artículo 61, fracción XXI, en relación con el diverso 63, fracción V, de la Ley de Amparo, procede sobreseer en el juicio de amparo, respecto de los actos y autoridades materia de este apartado. Al no advertir de oficio diversa causa de improcedencia y toda vez que las autoridades no hicieron valer alguna de ellas, procede el estudio de fondo respecto del acto que se hace consistir en la sentencia de veintiocho de agosto de dos mil veinte, dictada por el Magistrado de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, dentro del toca penal 22/2020. Quinta. Análisis de la constitucionalidad del acto reclamado identificado con el inciso a). El promovente del amparo hizo valer los conceptos de violación expuestos en su demanda, mismos que se tienen aquí por reproducidos como si al efecto se transcribiesen, en obvio de repeticiones innecesarias, pues este juzgador no se encuentra obligado a hacerlo al no existir artículo expreso en la Ley de Amparo que obligue a su transcripción en la sentencia. "CONCEPTOS DE VIOLACIÓN O AGRAVIOS. PARA CUMPLIR CON LOS PRINCIPIOS DE CONGRUENCIA Y EXHAUSTIVIDAD EN LAS SENTENCIAS DE AMPARO ES INNECESARIA SU TRANSCRIPCIÓN. De los preceptos integrantes del capítulo X "De las sentencias", del título primero "Reglas generales", del libro primero "Del amparo en general", de la Ley de Amparo, no se advierte como obligación para el juzgador que transcriba los conceptos de violación o, en su caso, los agravios, para cumplir con los principios de congruencia y exhaustividad en las sentencias, pues tales principios se satisfacen cuando precisa los puntos sujetos a debate, derivados de la demanda de amparo o del escrito de expresión de agravios, los estudia y les da respuesta, la cual debe estar vinculada y corresponder a los planteamientos de legalidad o constitucionalidad efectivamente planteados en el pliego correspondiente, sin introducir aspectos distintos a los que conforman la litis. Sin embargo, no existe prohibición para hacer tal transcripción, quedando al prudente arbitrio del juzgador realizarla o no, atendiendo a las características especiales del caso, sin demérito de que para satisfacer los principios de exhaustividad y congruencia se estudien los planteamientos de legalidad o inconstitucionalidad que efectivamente se hayan hecho valer". Primeramente, es necesario precisar que la parte quejosa, en sus tres motivos de disenso aduce violación a sus derechos humanos dado que -refiere- las autoridades administrativas que ordenaron y realizaron su traslado del Centro de Reinserción Social "Lic. David Franco Rodríguez" de Charo, Michoacán, al diverso ubicado en Tacámbaro, Michoacán, incumplieron con las formalidades esenciales del procedimiento porque su decisión no se ajusta lo que establecen los artículos 49, 51 y 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y en esa virtud, sus resoluciones carecen de fundamentación y motivación. Al respecto, quien aquí resuelve determina que tales argumentos tendientes a atacar lo resuelto por las autoridades administrativas del centro penitenciario "Lic. David Franco Rodríguez", con sede en Charo, Michoacán, y por la Juez de Ejecución de Sanciones Penales de la Región Morelia, Michoacán, al calificar de legal la determinación administrativa sobre el traslado involuntario del aquí quejoso, devienen inoperantes por inatendibles dado el sobreseimiento decretado en el apartado que antecede respecto de las citadas autoridades y actos reclamados. En apoyo a lo anterior, se invoca la jurisprudencia I.6o.C. J/4, visible en la página 121, del Tomo III, Enero de 1996, Materia Común, Novena Época, Tribunales Colegiados de Circuito, registro 203515 que dice: "CONCEPTOS DE VIOLACION INOPERANTES, CUANDO IMPUGNAN UNA SENTENCIA DE PRIMERA INSTANCIA QUE YA FUE SUSTITUIDA POR OTRA DE SEGUNDO GRADO. Si los conceptos de violación se encuentran orientados a impugnar la valoración que de un hecho hizo el Juez de primera instancia, en la sentencia que cesó en sus efectos puesto que se apeló la misma y se dictó fallo de segundo grado, los conceptos señalados resultan inoperantes, por no poderse analizar una sentencia que ya fue sustituida por la de segunda instancia." En segundo término, analizados los aludidos argumentos, en la parte que impugnan la resolución pronunciada por el Magistrado de la Cuarta Sala Penal del Supremo Tribunal de Justicia del Estado, al resolver el recurso de apelación interpuesto por el quejoso, se concluye que deben calificarse como infundados, sin que se advierta deficiencia alguna que este juzgador deba suplir de oficio. Se afirma lo anterior, toda vez que en dicha resolución el Magistrado responsable calificó de infundados los mismos motivos de inconformidad que aquí hizo valer el quejoso en vía de agravios al interponer el recurso de apelación. Así, contrario a lo que aduce el quejoso, la autoridad responsable en atención al argumento relativo a que su traslado no cumple con lo previsto en los numerales 45, 51 y 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, luego de plasmar diversas consideraciones relativas a la modificación y duración de las penas, así como a la competencia exclusiva de las autoridades judiciales relativas a los traslados de los sentenciados, estableció que la orden de traslado emitida por autoridad dependiente del Ejecutivo Federal o local, sea cumpliendo una pena, o bien, en prisión preventiva, debe ser autorizada por el juez de ejecución, en el primer caso, y en el último, por el juez de control o tribunal de enjuiciamiento, dependiendo de la etapa procesal en que se encuentre la causa penal. A continuación, transcribió los preceptos legales 51 y 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, y señaló que respecto a los traslados involuntarios, el artículo 51 prevé como regla general a efecto de poder autorizar un traslado involuntario de una persona privada de su libertad, ya sea procesada o sentenciada, que sea autorizado previamente por el juez competente en audiencia pública. Sin embargo -puntualizó el magistrado responsable- la misma legislación estableció casos de excepción, en los que la autoridad penitenciaria, acorde a lo dispuesto por los numerales 15 y 52, puede ordenar y ejecutar mediante resolución administrativa el traslado de personas privadas de la libertad, con base en las hipótesis que refiere el segundo de los numerales, como son: i) delincuencia organizada u medidas especiales de seguridad; ii) riesgo objetivo para la integridad y la salud de la persona privada de su libertad; y, iii) que se ponga en riesgo la seguridad o gobernabilidad del centro penitenciario. De igual forma, -estableció el tribunal de alzada- que en el caso a estudio, la autoridad penitenciaria coordinadora del Sistema Penitenciario del Estado, el veinticuatro de marzo de dos mil veinte, ordenó el traslado del sentenciado Víctor Manuel Ayala Villalobos, del Centro de Reinserción Social "Lic. David Franco Rodríguez" de Charo, Michoacán, al diverso Centro Penitenciario de Tacámbaro, Michoacán, mediante determinación administrativa, al justificarse a su consideración, la hipótesis de la fracción III del artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, es decir, la existencia de un riesgo para la seguridad y gobernabilidad del centro penitenciario, debido al evento ocurrido el veintitrés de marzo de dos mil veinte, en donde el sentenciado y otras personas intentaron generar un motín en el referido centro, aunado a la falta de capacidad operativa, dicho traslado se materializó el veinticinco del mismo mes y año. Asimismo, señaló la autoridad responsable que, la autoridad penitenciaria, el veintiséis de marzo de dos mil veinte, mediante oficio CPDFR/911/2020, hizo dicha orden administrativa del conocimiento de la jueza de ejecución región Morelia, ante quien se encontraba el sentenciado dentro de un procedimiento de vigilancia de la ejecución de la sanción y, en esa misma data, previa notificación de las partes en el citado procedimiento, la juez de ejecución emitió auto en el que calificó de legal la determinación administrativa de traslado del sentenciado, bajo el argumento de que la autoridad penitenciaria justificó el supuesto de la fracción III del artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal. Por tanto, -determinó el tribunal de alzada- que contrario a lo que afirma el sentenciado, en su traslado no se advierte que se hubieren violentado las leyes del procedimiento, dado que nos encontramos ante un caso de excepción de traslado sin autorización previa, que se siguió bajo el supuesto previsto en el artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, esto es, al advertir la autoridad penitenciaria la existencia de un riesgo para la seguridad y gobernabilidad del centro penitenciario donde se encontraba recluido el sentenciado, emitió resolución administrativa de traslado, lo cual notificó a la jueza dentro de las veinticuatro horas siguientes quien en el plazo de las cuarenta y ocho horas siguientes dictó resolución en la que expuso las razones para calificar la legalidad de dicha determinación. Igualmente, respecto al tema relativo a que la determinación administrativa de traslado carece de fundamentación y motivación, porque debió ser autorizado previamente en audiencia por el juez de control, tal como lo dispone el artículo 51 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, el magistrado puntualizó que dicho traslado no se efectuó bajo el supuesto de traslado involuntario que describe el precepto 51 citado, sino bajo el supuesto de excepción de traslado voluntario a que se refiere el diverso numeral 52 de la misma ley, donde no se prevé la existencia de la referida audiencia, sino como procedimiento se establece que una vez que el juez de ejecución sea notificado del traslado por la autoridad administrativa, se encuentra obligado a pronunciarse -dentro de cuarenta y ocho horas- sobre la legalidad de la orden de traslado, con base en lo expuesto por la autoridad penitenciaria y las constancias que adjunte para sustentar su acción. También destacó la autoridad responsable que, -contrario a lo que afirma el sentenciado- la resolución administrativa de traslado se encuentra debidamente fundada y motivada, ya que como lo determinó la jueza de ejecución en la resolución apelada, la autoridad penitenciaria justificó el supuesto de excepción de la fracción III (riesgo para la seguridad y gobernabilidad del centro penitenciario), del artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal para el traslado de las personas privadas de la libertad, ya que además de exponer las circunstancias por las cuales consideró acreditado el supuesto de excepción, las constancias que acompañó eran suficientes para concluir la necesidad urgente de traslado. Ello, porque la autoridad penitenciaria determinó el traslado el sentenciado por dos cuestiones, la primera, la intervención del sentenciado en lo que definió como un intento de motín con otras personas privadas de la libertad, y la segunda, por la falta de capacidad operativa por la existencia de sobrepoblación en el centro penitenciario. Ambas circunstancias -concluyó el magistrado- permiten considerar como acertadamente lo determinó la juez de ejecución, que con la permanencia del sentenciado en el centro penitenciario, se justifica el supuesto de excepción que previene la fracción III del artículo 52 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, para el traslado sin previa autorización judicial. De tal suerte, como acertadamente lo señaló el Magistrado responsable, no se soslaya que de acuerdo al artículo 18 Constitucional y 49 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, las personas sentenciadas tienen el derecho de compurgar sus penas en los centros penitenciarios más cercanos a su domicilio, cuya finalidad es propiciar su reintegración a la sociedad; sin embargo, ese derecho no es absoluto, en el caso a estudio, tal como lo estableció la jueza de control, las circunstancias de riesgo en las seguridad institucional generada por el sentenciado, se pondera frente al derecho a cumplir su pena en el lugar más cercano a su domicilio, porque con su traslado no solo se garantiza la seguridad y gobernabilidad del centro penitenciario, sino también se asegura la integridad física del sentenciado. De manera que, al repetir sustancialmente el quejoso los mismos argumentos que hizo valer en sus agravios vía apelación, mismos que ya fueron analizados y resueltos por el tribunal de apelación, se estima ajustada a derecho la determinación de confirmar la resolución de veintiséis de marzo de dos mil veinte, emitida por la jueza de ejecución de sanciones penales de la Región Morelia, en la que calificó de legal la determinación administrativa de traslado involuntario del sentenciado Víctor Manuel Ayala Villalobos, dentro del procedimiento ordinario de ejecución de sentencia POSI-293/2018, relativo a la causa penal 42/2015, del índice del Juzgado de Primera Instancia en Materia Penal del Distrito Judicial de Morelia, Michoacán, por el delito de homicidio calificado. En las relatadas circunstancias, ante lo infundado de los conceptos de violación aducidos y no advertirse deficiencia alguna que deba suplirse de oficio, procede negar la protección de la Justicia Federal solicitada. Sexta. Forma de publicación de la sentencia. En virtud de que las partes en este juicio no hicieron manifestación alguna respecto del derecho que les asiste para oponerse a la publicación de sus datos personales, como se les hizo saber en el proveído en que se admitió la demanda de amparo; por tanto, esta sentencia estará a disposición del público para su consulta cuando así lo soliciten, de conformidad con el procedimiento de acceso a la información gubernamental que contiene el nombre y datos personales, que se señala en el artículo 113, fracción I, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública; en la inteligencia de que dichos datos se proporcionarán sin ser necesario su consentimiento cuando se actualice cualquiera de las hipótesis que precisa el precepto 117 de la ley referida, atento a los numerales 6° y 7° del Reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal para la aplicación de la Ley Federal de Transparencia antes mencionada. Por lo expuesto, fundado, motivado y con apoyo además en los artículos 103 y 107 de la Carta Magna; 33, 35, 37, 73, 74, 75, 76, 77, 79, 124 y 217 de la Ley de Amparo; y en el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, se: R E S U E L V E Primero. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Víctor Manuel Ayala Villalobos, contra los actos reclamados y autoridades responsables que precisados quedaron en la consideración cuarta de este fallo. Segundo. La Justicia de la Unión no ampara ni protege a Víctor Manuel Ayala Villalobos, por el acto, autoridad y motivos expuestos en la consideración quinta de esta resolución. Tercero. Publíquese esta sentencia en los términos que se indican en la última consideración. Notifíquese personalmente, y mediante oficio a las autoridades responsables. Así lo resolvió y firma el Maestro en Derecho Procesal Constitucional Armando Díaz López, Juez Séptimo de Distrito en el Estado de Michoacán, hasta hoy dos de marzo de dos mil veintiuno, en que lo permitieron las labores del juzgado, quien actúa asistido de la licenciada Alejandra Álvarez Calderón, secretaria que autoriza y da fe.
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