Victor Manuel Ayala Rivero

Expediente 999/2021 tramitado ante el Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México. 2 actuaciones registradas, la última del 10 de septiembre de 2021.

Datos del expediente

Expediente
999/2021
Año
2021
Actuaciones
2
Última actuación
10/09/2021

Partes del expediente

  • Victor Manuel Ayala Rivero
  • Gobernador Constitucional del Estado de México

Actuaciones

  1. Principal

    Se tiene por recibido el oficio signado por la Actuaria Judicial adscrita al Juzgado Primero de Distrito en el Estado de México, con residencia en Naucalpan de Juárez, Estado de México, por medio del cual, confirma la recepción del juicio de amparo 999/2021-V-A, promovido por Víctor Manuel Ayala Rivero, contra actos del Gobernador Constitucional del Estado de México y otras autoridades; y hace del conocimiento que en auto de dos de septiembre de dos mil veintiuno, emitido en el juicio 817/2021 de su índice, determinó aceptar la competencia planteada para conocer del juicio de amparo en cita; circunstancia de la que se toma conocimiento para los efectos legales conducentes. Orden de archivo. archívese como asunto concluido, haciéndose las anotaciones respectivas en el libro de gobierno, así como en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (S.I.S.E.). Orden de depuración y/o destrucción. se considera que el presente asunto no es de relevancia documental, por lo que es destruible, y se tendrá que conservar por el término de tres años, toda vez que este juzgado se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo. Lo anterior, al tomar en consideración el criterio emitido por el Director General de Archivo y Documentación del Consejo de la Judicatura Federal, como respuesta a la consulta formulada por este órgano jurisdiccional, en el que se señala: ".ese cuaderno deberá ser valorado como destruible de acuerdo a lo indicado en el Artículo 21, inciso j), pues independientemente de que en él se integre copia de la suspensión de plano, ésta fue concedida en el cuaderno principal y por tanto obra en el mismo aunque radicado en diverso órgano jurisdiccional derivado de la incompetencia planteada; por tanto, el cuaderno de antecedentes deja de tener valor archivístico para su resguardo al momento de que se aceptó la competencia por ese otro órgano jurisdiccional." Información reservada. Hágase saber para los efectos establecidos en el citado acuerdo que el presente expediente no contiene información reservada, como tampoco información de relevancia documental e histórica. Oposición de datos personales. De la certificación de cuenta se advierte que las partes no manifestaron oposición a que sus datos personales se incluyeran en la publicación con motivo de las consultas solicitadas por terceros. Relevancia documental. Debe decirse que el presente juicio de amparo no se considera de relevancia documental. Devolución de documentos. De conformidad con lo dispuesto por el artículo 21 del referido acuerdo general, se hace constar que no hay documentos pendientes por devolver a las partes.

  2. Principal

    Nezahualcóyotl, Estado de México, dieciocho de agosto de dos mil veintiuno. Ejecutoria. Vista la certificación que antecede, se advierte que transcurrió el plazo que señala el artículo 86, párrafo primero, de la Ley de Amparo, sin que alguna de las partes interpusiera recurso de revisión, contra la sentencia dictada en autos, en la que se concedió el amparo y protección de la justicia federal, a Edwin Iván Cruz Castillo y Jonathan Yael Cruz Castillo, por derecho propio, contra el acto que reclaman del Segundo Tribunal de Alzada en Materia Penal de Texcoco, Estado de México y otra autoridad. En consecuencia, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de la Materia, se declara que ha causado ejecutoria, la citada resolución. Requerimiento por cumplimiento. En virtud de que en el único resolutivo de la sentencia se concedió el amparo y protección de la justicia federal a la parte quejosa, con fundamento en el artículo 192 de la ley de la materia, requiérase a las autoridades responsables, para que den cumplimiento a la sentencia de amparo dictada por este juzgado federal. El artículo citado establece, por regla general un plazo de tres días para que la responsable de cumplimiento a la sentencia concesoria de amparo; a su vez, esta juzgadora se encuentra facultada para ampliar el plazo de acuerdo con la complejidad de los lineamientos. Por tanto, la autoridad obligada de un órgano jurisdiccional debe atender a los plazos previstos por la propia legislación que rige el acto. Efectos. Para establecer objetivamente en qué radica la complejidad o dificultad de una ejecutoria de amparo que deba cumplimentarse, es necesario realizar un análisis integral de la serie de factores que se presentan en el particular; así de la revisión de las constancias del presente asunto, se desprende que en sentencia de treinta de junio de dos mil veintiuno, se determinó conceder la protección constitucional a los quejosos, para el efecto de que las autoridades responsables: 1. La autoridad responsable, deje insubsistente la resolución reclamada de catorce de octubre de dos mil veinte. 2. En términos de los preceptos invocados en esta sentencia, deberá citar a las partes a la audiencia en la que podrán exponer sus alegatos en forma verbal. 3. En la misma audiencia, con plenitud de jurisdicción, resuelva de forma oral lo conducente, incluso en el mismo sentido, sin perjuicio de que también lo haga por escrito, sin rebasar las consideraciones vertidas en la oral, en términos del artículo 67 del Código Nacional de Procedimientos Penales. Concesión que se hace extensiva a las autoridades ejecutoras, por no habérsele atribuido vicios propios. Ahora, de la lectura de la ejecutoria de amparo, se desprende que los lineamientos de la concesión imponen la obligación a la responsable de realizar diversas acciones, lo que podría traducirse en que las mismas se deben llevar a cabo en el plazo previsto por el artículo 192 de Ley de Amparo, por lo que no es necesario conceder un mayor plazo de tres días para acatar el fallo protector. Apercibidas las responsables que, de no dar cumplimiento en el plazo otorgado, se llevará a cabo el procedimiento previsto en el artículo 193 de la Ley de Amparo. NOTIFÍQUESE; Y POR OFICIO A LAS AUTORIDADES RESPONSABLES. Así lo proveyó y firma Danilo Ernesto Gallegos Rivas, secretario en funciones de Juez, del Juzgado Noveno de Distrito en el Estado de México, con residencia en Nezahualcóyotl, conforme a lo dispuesto en los artículos 43, párrafo segundo y 81, fracción XXII, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, publicada en el Diario Oficial de la Federación del 26 de mayo de 1995, en relación con el artículo 40, fracción V, del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que reglamenta la organización y funcionamiento del propio Consejo y el oficio CCJ/ST/2731/2021, emitido por la Secretaría Técnica de la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, en que se autorizó la designación relativa, hasta en tanto dicha Comisión lo determine o el Pleno referido adscriba titular, ante Sonia Karen Jiménez Garrido, Secretaria que autoriza y da fe. Doy fe.

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