Victor Manuel Arroyo Pérez
Expediente 1052/2016 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito en Materias de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México. 10 actuaciones registradas, la última del 20 de octubre de 2016.
Datos del expediente
- Expediente
- 1052/2016
- Año
- 2016
- Actuaciones
- 10
- Última actuación
- 20/10/2016
Partes del expediente
- Victor Manuel Arroyo Pérez
Actuaciones
Las 4 más recientes de 10.
- Principal
VIII. Periciales de la Procuraduría General de la República de la Delegación Estatal en el Estado de México, a través del cual manifiesta la imposibilidad para designar perito en la materia solicitada por este órgano jurisdiccional, por las manifestaciones vertidas. Atento a lo anterior, y dado que se advierte que en el juicio de amparo 1052/2016-VIII, del índice de este juzgado de distrito no se le hizo algún requerimiento a la autoridad oficiante; con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se ordena agregar copia certificada del oficio de cuenta para obre como corresponda, y envíese el original al Coordinador Estatal de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República de la Delegación Estatal en el Estado de México.
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VIII. La certificación de cuenta evidencia que el quejoso Víctor Manuel Arroyo Pérez no interpuso recurso de revisión dentro del plazo estipulado en el artículo 86, en relación con el 81, fracción I, inciso e), de la Ley de Amparo contra la sentencia de veintidós de agosto pasado (fojas 22 a 27), en el cual se sobreseyó este juicio de amparo; por tanto, con fundamento en el artículo 356, fracción II, del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la legislación citada por disposición expresa de su artículo 2°, se declara que ha adquirido firmeza procesal para todos los efectos legales correspondientes. En el Libro de Gobierno realícense las anotaciones correspondientes. Ahora, el estado procesal del presente juicio de amparo evidencia que se encuentra totalmente integrado y no existe más por cumplimentar, por tanto, archívese como concluido; las anotaciones respectivas háganse en el libro de gobierno. Por ende, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, se hacen las indicaciones siguientes: 1. El cuaderno principal es destruible, pués se sobreseyó en el presente juicio de amparo (punto vigésimo, inciso III). 2. El original del incidente es susceptible de destruible, toda vez que se negó la medida cautelar (punto vigésimo primero, inciso II). 3. El duplicado del incidente de suspensión es susceptible de destrucción. En el entendido que no existen documentos originales de los referidos en el punto segundo, inciso XVIII, del Acuerdo General Conjunto número 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; asimismo, a consideración de este órgano jurisdiccional, el presente carece de relevancia documental, y no encuadra en supuesto alguno de los establecidos en el último párrafo del punto vigésimo primero del citado Acuerdo General Conjunto. Se comunica a las partes que de conformidad en el artículo 11 del referido Acuerdo, el presente expediente, permanecerá en el archivo de este juzgado federal durante el plazo de tres años, ya que después de este lapso, con base en los artículos 20 y 21 del Acuerdo antes citado, se remitirá al Centro de Documentación y Análisis, y una vez que transcurran cinco años contados a partir de la presente orden de archivo, procederá a la destrucción del mismo, pues no constituye un asunto de trascendencia relevante. En el entendido de que una vez que se cuente con los acuses de recibo de notificación del presente proveído, este asunto de enviará materialmente al archivo.
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VIII) VISTOS, para resolver los autos relativos al juicio de amparo 1052/2016-VIII, promovido por Víctor Manuel Arroyo Pérez, contra actos del Director General y Jefa del Departamento de Servicios Médicos, ambos del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano", en Almoloya de Juárez, Estado de México. R E S U L T A N D O: PRIMERO. Demanda de amparo. Por escrito recibido el ocho de julio de dos mil dieciséis, en la Oficina de Correspondencia Común a los Juzgados de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, turnada a este órgano jurisdiccional en esa misma fecha, Víctor Manuel Arroyo Pérez, solicitaron el amparo y protección de la Justicia Federal, contra las autoridades y por los actos que a continuación se indican: "III.- AUTORIDADES RESPONSABLES: Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano. Jefa del Departamento de Servicios Médicos del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano. IV.- ACTO RECLAMADO: A.- DE AUTORIDADES ORDENADORAS: 1.- Se reclama la negativa de proporcionarle atención médica en la especialidad de psiquiatría. 2.- Negativa de proporcionarle medicamentos para los padecimientos que tiene. SEGUNDO. Derechos invocados. La parte inconforme señaló como derechos fundamentales violados los contenidos en los artículos 1°, 14, 16, 17, 18, 19, 20 22, 103 y 107, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. TERCERO. Auto admisorio. En auto de ocho de julio de dos mil dieciséis (fojas 4 a 6) se admitió a trámite la demanda respecto de los actos reclamados; se dio la intervención que legalmente compete al Agente del Ministerio Público de la Federación adscrito, se solicitó de las responsables sus informes justificados; y se fijó fecha para la celebración de la audiencia constitucional, la cual se llevó a cabo en términos del acta que antecede. C O N S I D E R A N D O PRIMERO. Competencia. Este Juzgado de Distrito es competente para conocer y resolver el presente juicio, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 107, fracción VII, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, 33, 37, párrafo segundo y 107, fracción V, de la Ley de Amparo; 48 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación; y el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana; y al número, a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, pues los actos reclamados por el quejoso y su ejecución, se atribuyen a autoridades que se encuentran dentro de la jurisdicción territorial de este órgano de control constitucional. SEGUNDO. Precisión de los actos. En términos de lo dispuesto en el artículo 74, fracción I, de la Ley de Amparo, se hace la indicación que los actos reclamados en esta instancia son: La negativa de proporcionarle atención médica en la especialidad de psiquiatría. La negativa de proporcionarle medicamentos para los padecimientos que tiene. Se hace la precisión anterior, en atención a la lectura íntegra de la demanda, pues este juzgador de amparo determina tomar en consideración los datos del escrito inicial de demanda, en un sentido congruente con todos sus elementos, así como la totalidad de la información del presente juicio, lo que incluye la intencionalidad del quejoso, es decir, lo que quiso decir, porque sólo de esta manera se logra congruencia entre lo pretendido y lo resuelto. Al caso se estima aplicable, la tesis VI/2004, publicada en la página 255, del Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Tomo XIX, Abril de 2004, Novena Época, con el registro número 181810 y rubro siguiente: "ACTOS RECLAMADOS. REGLAS PARA SU FIJACIÓN CLARA Y PRECISA EN LA SENTENCIA DE AMPARO." TERCERO. Existencia de los actos reclamados. Las autoridades responsables: - Director General del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano (fojas 10 y 11). - Jefa del Departamento de Servicios Médicos del Centro Federal de Readaptación Social Número Uno "Altiplano (fojas 10 y 11). Al rendir su informe justificado, negaron la existencia de los actos reclamados. Negativa que a juicio del suscrito no es de tomarse en consideración, porque las autoridades responsables al rendir su informe justificado, adjuntaron copia certificada de la constancia de la que se advierte que el veinte de julio de dos mil dieciséis, se brindó atención médica en la especialidad de psiquiatría al aquí quejoso suministrándole el medicamento de acuerdo a su padecimiento; la cual por tratarse de documento público tiene valor probatorio en términos de los artículos 129, 197 y 202 del Código Federal de Procedimientos Civiles, aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo. En tal virtud, de dicha documental se advierte que la atención médica y tratamiento fueron proporcionados al referido quejoso en una fecha posterior a la de la presentación de la demanda, lo que evidencia la existencia del acto que por esta vía se reclama. Es aplicable, en lo conducente, la tesis del Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, publicada en la página 391, del Semanario Judicial de la Federación, Tomo XIV, julio de 1994, Octava Época, cuyo rubro y texto son: "ACTO RECLAMADO. DEBE TENERSE POR CIERTO CUANDO LA AUTORIDAD EN SU INFORME LO NIEGA, Y A CONTINUACIÓN HACE MANIFESTACIONES QUE EVIDENCIAN SU CERTEZA. En el juicio de garantías, debe sobreseerse cuando las responsables al rendir sus informes nieguen la certeza del acto que se les atribuye, ya sea de manera lisa y llana, o bien expongan razones tendientes a reforzar esa negativa, empero, no puede procederse así cuando las autoridades niegan la existencia de los actos reclamados y, además, expongan razones o circunstancias de las que se desprende que esos actos sí existen, pues en ese caso, lo expuesto al respecto desvirtúa su negativa y el órgano de control constitucional debe tener por ciertos los actos reclamados con base en el examen de dicho informe." CUARTO. Estudio de la procedencia o improcedencia del juicio. Previo al estudio de fondo del asunto procede analizar las causales de improcedencia, cuyo análisis es oficioso para el suscrito, de conformidad con lo establecido en el último párrafo del artículo 62 de la Ley de Amparo; máxime porque al actualizarse alguna causal de inejercitabilidad de la acción, se obstaculizaría el examen de los actos reclamados a la luz de los conceptos de violación propuestos. Tiene aplicación en este apartado, la jurisprudencia 228 del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, en su anterior integración, que dispone: "IMPROCEDENCIA DEL AMPARO, AUN CUANDO LA RESPONSABLE ADMITA LA EXISTENCIA DE LOS ACTOS RECLAMADOS. La circunstancia de que las responsables admitan la certidumbre de los actos reclamados no impide a los órganos del Poder Judicial Federal que conozcan de los juicios de amparo, que analicen las causas de improcedencia, pues admitir lo contrario sería tanto como proscribir la operancia de las causas de improcedencia, dado que para que éstas se actualicen es necesario que previamente se encuentren probados los propios actos que se tachen de inconstitucionales." En el caso en estudio, el suscrito considera actualizada la causal de improcedencia contenida en la fracción XXI, del artículo 61 de la Ley de Amparo, el cual establece: "Artículo 61. El juicio de amparo es improcedente: XXI. Cuando hayan cesado los efectos del acto reclamado; ." El análisis gramatical de tal disposición permite precisar que según el Diccionario de la Real Academia de la Lengua Española, el verbo "cesar" significa dejar de hacer lo que se está haciendo, y el término "efecto" significa lo que sigue en virtud de una cosa, el fin para el que se hace una cosa. De las precisiones realizadas se arriba a la conclusión de que los efectos de un acto reclamado no cesan sino cuando la autoridad responsable deroga o revoca el acto mismo y esto da lugar a una situación idéntica a aquella que existía antes del nacimiento del acto tildado de inconstitucional; o también, cuando la autoridad, sin revocar o dejar insubsistente el acto, constituye una situación jurídica que definitivamente destruye la que dio motivo al amparo y repone al quejoso en el goce del derecho violado. En esas condiciones, la cesación de efectos del acto reclamado significa que la autoridad que lo emitió deja de afectar la esfera jurídica del quejoso al cesar su actuación, lo cual implica no sólo la detención definitiva de los actos de autoridad, sino la desaparición total de los efectos del acto, que puede verse acompañada o no de la insubsistencia misma del acto, pues es patente que la razón que justifica la improcedencia de que se habla no es la simple paralización del acto de autoridad, sino que hace innecesario examinar la constitucionalidad de un acto que ya no está surtiendo sus efectos, ni los surtirá, y que no dejó huella alguna en la esfera jurídica del particular que amerite ser borrada por el otorgamiento de la protección de la Justicia Federal. En efecto, la improcedencia de referencia se encuentra orientada por la imposibilidad de cristalizar el fin que justifica la existencia e importancia del juicio de amparo, que es el de obtener la reparación constitucional a que se refiere el artículo 77, fracción I, de la Ley de Amparo, es decir, la restitución al agraviado en el pleno goce del derecho violado, restableciendo las cosas al estado que guardaban antes de la transgresión, cuando el acto reclamado sea de carácter positivo; y cuando sea de carácter negativo, el de obligar a la autoridad responsable a que obre en el sentido de respetar el derecho de que se trate y a cumplir, por su parte, lo que el mismo exija. Por tanto, en términos de la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, no existe motivo para la resolución del juicio de amparo, cuando no pueda alcanzar su objetivo protector dada la inmediata, total e incondicional desaparición de los efectos del acto impugnado, es decir, cuando por virtud de la cesación de esos efectos la reparación constitucional carezca de materia. En esa tesitura, es patente que de la interpretación relacionada de lo dispuesto por los artículos 61, fracción XXI y 77, fracción I, de la Ley de Amparo, se arriba a la convicción de que la causa de improcedencia del juicio de amparo, consistente en la cesación de efectos de los actos reclamados, se actualiza cuando ante la insubsistencia del acto reclamado, todos sus efectos han desaparecido o se han destruido en forma inmediata, total e incondicional, de modo tal que las cosas han vuelto al estado que tenían antes de la violación constitucional, como si se hubiera otorgado el amparo, es decir, como si el acto no hubiere invadido la esfera jurídica del particular, o habiéndola irrumpido, la cesación no deje ahí ninguna huella. Ahora bien, mediante la demanda de amparo recibida en este juzgado el ocho de julio de dos mil dieciséis, el quejoso reclamó de las responsables la negativa a proporcionarle atención médica general y en la especialidad de psiquiatría, así como suministrarle los medicamentos acorde a los padecimientos que presenta. Por su parte, las autoridades responsables del Centro Penitenciario en donde se encuentra recluido el quejoso, remitieron copia certificada de la constancia médica realizada al quejoso en la especialidad de psiquiatría en la que se le diagnosticó trastorno de ansiedad suministrándole el medicamente respectivo. De las que, como se precisó, por tratarse de documentos públicos tienen valor probatorio y de las que se advierte que fue proporcionada la atención médica al agraviado, en la especialidad solicitada por éste y el medicamente adecuado a su padecimiento. Entonces, si en el presente juicio de amparo, las autoridades responsables brindaron la atención médica y medicamento requerido por el quejoso de acuerdo a sus padecimientos de ansiedad, cuya falta y/o negativa constituye el acto reclamado, es evidente que se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61, fracción XXI de la Ley de Amparo. Apoya la consideración anterior, por analogía, la jurisprudencia VI.2oJ/339, sustentada por el Segundo Tribunal Colegiado del Sexto Circuito, visible en la página 83, Noviembre 1994, del Semanario Judicial de la Federación, Octava Época, cuyo texto establece: "ACTO RECLAMADO. CESACIÓN DE SUS EFECTOS. Debe estimarse que cesan los efectos del acto reclamado, cuando contra la resolución impugnada en el juicio de garantías, se interpuso recurso al cual recayó nueva resolución, que vino a sustituir procesalmente a la anterior; por lo que debe sobreseerse en el amparo, con fundamento en lo dispuesto por la fracción XVI del artículo 73 de la ley que lo reglamenta". En esas condiciones, ante la actualización de la causa de improcedencia prevista en la fracción XXI del artículo 61 de la Ley de Amparo, el juicio de amparo debe sobreseerse con fundamento en lo dispuesto en el artículo 63, fracción V, del mismo ordenamiento legal. Por lo anteriormente expuesto, fundado y con apoyo en los artículos 103 y 107 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, así como en los numerales 1, fracción I, 73, 74, 77 y demás relativos de la Ley de Amparo, se: R E S U E L V E ÚNICO. Se sobresee en el juicio de amparo promovido por Víctor Manuel Arroyo Pérez, contra las autoridades, por los actos y motivos expuestos en la parte considerativa de esta resolución. Notifíquese. Así lo acordó y firma Israel Díaz Reyna, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/2966/2016, quien actúa con el Secretario Nicolás de Luna González, que autoriza, firma y da fe. Doy fe.
- Principal
VIII) Toluca, Estado de México; diecisiete de agosto de dos mil dieciséis. Con fundamento en el artículo 221 del Código Federal de Procedimientos Civiles aplicado supletoriamente a la Ley de Amparo por disposición expresa de su artículo 2º, agréguense a los autos el oficio signado por la Encargada del Despacho de la Coordinación de Servicios Periciales de la Procuraduría General de la República en el Estado de México, por medio del cual solicita se proporcione un lapso de sesenta días al perito oficial que sea propuesto a fin de que desahogue diversas diligencias que son fundamentales pare emitir los dictámenes correspondientes. Sin que se realice mayor pronunciamiento, en virtud de que en el presente asunto no se requirió perito alguno a la autoridad oficiante. Notifíquese. Así lo acordó y firma Israel Díaz Reyna, Secretario Encargado del Despacho del Juzgado Segundo de Distrito en Materia de Amparo y Juicios Federales en el Estado de México, por vacaciones del titular, en términos del artículo 161 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación y conforme a lo acordado por la Comisión de Carrera Judicial del Consejo de la Judicatura Federal, según oficio CCJ/ST/2966/2016, quien actúa con el Secretario Nicolás de Luna González, que autoriza, firma y da fe. Doy fe.
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