Víctor Manuel Álvarez Soto
Expediente 505/2019 tramitado ante el Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 30 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 505/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 30/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Octavo de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Víctor Manuel Álvarez Soto
Actuaciones
- Principal
Uruapan, Michoacán, treinta de octubre de dos mil diecinueve. Téngase por recibido el oficio signado por la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social N. 2 "Occidente", con residencia en el Salto, Jalisco, mediante el cual, en cumplimiento a lo ordenado el cuatro de octubre del año en curso, rinde el informe relativo a la suspensión de plano decretada en autos. Ahora bien, visto el estado de los presentes autos se advierte que el Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, mediante proveído de veintitrés de octubre actual se avocó al conocimiento de la demanda de amparo promovida por ********************, registrándola bajo el número 983/2019-II, en virtud de lo anterior, previa copia simple que se agregue al presente cuaderno, remítase el oficio de cuenta al mencionado órgano jurisdiccional, para los efectos legales a que haya lugar. Notifíquese
- Principal
Agréguese el oficio que remite la Secretaria del Juzgado Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande, mediante el cual, acusa recibo del diverso 18988, por el que este órgano jurisdiccional remitió el original del juicio de amparo en que se actúa, asimismo, se desprende que dicho Juzgado se avocó al conocimiento del citado juicio registrándolo bajo el número 983/2019-II; de lo que se toma conocimiento para los efectos legales a que haya lugar. Por otra parte, glósese el oficio signado por la Secretaria del Juzgado Noveno de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande, y anexo, mediante el cual devuelve diligenciado el exhorto 1538/2019 (712/2019-E-A-P), derivado del auto de cuatro de octubre de dos mil diecinueve, dictado en el presente juicio, para que en auxilio y delegación de las labores de este juzgado, notificara al quejoso el dicho proveído, situación que aconteció el veintitrés de octubre siguiente. Asimismo, el quejoso al momento de dicha diligencia realizó diversas manifestaciones, en virtud de lo anterior, remítase copia simple de la diligencia descrita en el párrafo que antecede al Juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, para los efectos legales a que haya lugar. Finalmente, visto lo actuado dentro del presente juicio de amparo, del que se advierte que a la fecha se encuentra totalmente concluido, toda vez que en auto de tres de junio actual este órgano jurisdiccional, se declaró incompetente para conocer de la demanda de amparo que dio origen al presente cuadernillo y ordenó remitir los autos al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, en turno, y como se advierte de los párrafos que anteceden, el Juez Séptimo de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande, asumió el conocimiento del líbelo constitucional de que se trata; por tanto, al no existir actuación procesal pendiente de desahogo, con apoyo en el numeral 113, de la Ley de Amparo aplicable, en términos del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito, el cual entró en vigor el veintiséis de noviembre de dos mil nueve; se ordena el archivo de este juicio. Con la precisión de que el presente asunto no se considera de relevancia documental, pues no se encuentra en ninguno de los supuestos a que hace mención el último párrafo del punto vigésimo primero del referido Acuerdo General Conjunto número 1/2009; sin que sea el caso proceder en los términos señalados en el último párrafo del punto vigésimo del citado acuerdo, toda vez como consta de la certificación secretarial que antecede, en el presente asunto no existen documentos originales por entregar. En la inteligencia de que este asunto es destruible de conformidad con el punto vigésimo del acuerdo general 1/2009 anteriormente mencionado. Por otro lado, conforme a lo dispuesto en el párrafo segundo del punto décimo primero del acuerdo que nos ocupa, los datos anteriores háganse constar en la carátula del expediente. Háganse las anotaciones respectivas en el libro de gobierno correspondiente. NOTIFÍQUESE.
- Principal
Vistas las piezas devueltas de mensajería de la empresa denominada ESTAFETA que contienen el oficio 18402, así como el exhorto 1538/2019 (712/2019-E-A-P) derivados del proveído de cuatro de octubre actual, por el que se pretendió remitir a los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, en turno, la incompetencia planteada por este Juzgado de Distrito, así como realizar la notificación respectiva al quejoso directo, de la que se advierte la imposibilidad de la empresa denominada ESTAFETA para su entrega, por los motivos plasmados en dichos paquetes "(FALTA DE DATOS O DOMICILIO INCORRECTO)". Ahora bien, en virtud de que es del conocimiento de este Juzgado que se envió al domicilio diverso al correcto, en obvio de dilaciones procesales, mediante atento oficio que al efecto se gire, reenvíense las piezas devueltas a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, a fin de que el Juzgado respectivo acuerde lo conducente en el Juicio de Amparo en que se actúa y se lleve a cabo la encomienda planteada en auto de cuatro de octubre de la anualidad que transcurre; lo anterior para los efectos legales a que haya lugar. NOTIFÍQUESE.
- Principal
DEMANDA Y RADICACIÓN. Vista la demanda de amparo presentada por Víctor Manuel Álvarez Soto, contra actos que atribuyen al Director General y Presidente del Comité Técnico del Centro Federal de Readaptación Social No. 2 "Occidente", con residencia en el Salto, Jalisco y otra autoridad; toda vez que la demanda de amparo fue turnada a este Juzgado de Distrito, fórmese y regístrese en el Libro de Gobierno bajo el número 505/2019. DECLARACIÓN DE INCOMPETENCIA. Ahora bien, conviene establecer que la competencia es un presupuesto procesal de orden público, a cuyo estudio se encuentra obligado el Juzgado de Distrito, previamente a resolver cualquier otra cuestión relacionada con el juicio constitucional, pues de no hacerlo contravendría las reglas fundamentales que norman el procedimiento del juicio de amparo y consolidaría una violación procesal. La Ley de Amparo prevé diversos tipos de competencia: Competencia por territorio; Competencia por grado; Competencia auxiliar; y, Competencia concurrente. De esos factores que delimitan la competencia de los Tribunales de la Federación, interesa destacar la competencia por territorio, esto es, que para determinar si un órgano judicial federal es competente por razón de territorio, se debe tomar en consideración la naturaleza de la acción, lo que regularmente se puede obtener mediante el análisis cuidadoso de las pretensiones reclamadas, de los hechos narrados, de las pruebas aportadas y de los preceptos legales en que se apoye la demanda. Con el propósito de verificar si efectivamente corresponde a este órgano el conocimiento del asunto, se considera conveniente puntualizar que los artículos 107, fracción VII, de la Constitución y 37, párrafo primero, de la Ley de Amparo, señalan lo siguiente: CONSTITUCIÓN POLÍTICA DE LOS ESTADOS UNIDOS MEXICANOS. "Artículo 107. Las controversias de que habla el artículo 103 de esta Constitución, con excepción de aquellas en materia electoral, se sujetarán a los procedimientos que determine la ley reglamentaria, de acuerdo con las bases siguientes: (.) VII. El amparo contra actos u omisiones en juicio, fuera de juicio o después de concluido, o que afecten a personas extrañas al juicio, contra normas generales o contra actos u omisiones de autoridad administrativa, se interpondrá ante el Juez de Distrito bajo cuya jurisdicción se encuentre el lugar en que el acto reclamado se ejecute o trate de ejecutarse, y su tramitación se limitará al informe de la autoridad, a una audiencia para la que se citará en el mismo auto en el que se mande pedir el informe y se recibirán las pruebas que las partes interesadas ofrezcan y oirán los alegatos, pronunciándose en la misma audiencia la sentencia; (.)" LEY DE AMPARO "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda." De los preceptos legales reproducidos, se advierte que la competencia por territorio en materia de amparo, obedece a un criterio unitario: la naturaleza del acto reclamado; por lo que, en principio debe clasificarse ésta, a fin de determinar si posee ejecución material, o bien, si se trata de actos meramente declarativos o carentes de ejecución; esto con la finalidad de analizar posteriormente las características de la ejecución. El análisis de la ejecución de los actos reclamados se lleva a cabo considerando sus consecuencias directas e inmediatas, no así las cuestiones mediatas o posteriores que con motivo de él se generen; así como el lugar en que deba ejecutarse el acto. Al respecto es aplicable la tesis 1a. II/92 consultable en la página 94, tomo IX, mayo de 1992, del Semanario Judicial de la Federación, emitida por la Primera Sala del más Alto Tribunal del país, cuyo texto dice: "COMPETENCIA, EL JUEZ DE DISTRITO DEBE ANALIZAR DE MANERA INTEGRAL EL CONTEXTO DE LA DEMANDA DE AMPARO, ASÍ COMO DE LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE SE ALLEGUEN A LA MISMA, PARA FIJAR SU." En este contexto, de la lectura integra de las constancias que conforman el presente sumario constitucional, que se advierte en la demanda de amparo se señala como acto reclamado el siguiente: "IV.- Acto Reclamado: De las autoridades señaladas, reclamo las siguientes acciones y omisiones, que derivan en condiciones indignas en las que se me tienen sometido en el Centro Penitenciario al Privarme de las actividades (deportivas, culturales, educativas y laborales, así como acudir al comedor para recibir y consumir alimentos tres veces al día, con lo cual se violentan mis derechos humanos consagrados en el artículo 18 Constitucional y 63 del Reglamento de Centros Federales de Readaptación Social. La incomunicación de privarme de la visita familiar e íntima así como la llamada telefónica consagradas en los artículos 59 y 60 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, la violación de mi garantía de audiencia y mi derecho de defensa, ya que no hay una sanción o medida disciplinaria por parte del Comité Técnico que justifique la restricción de tránsito a los límites de la estancia o el aislamiento." Donde se advierte que el acto antes precisado (la privación de actividades deportivas, culturales, educativas y laborales, así como la incomunicación de privar al quejoso de la visita familiar e íntima así como la llamada telefónica y acudir al comedor para recibir y consumir alimentos tres veces al día), según la narrativa de la demanda, se está ejecutando en el Centro Federal de Readaptación Social número 2 "Occidente", con residencia en Zapotlanejo, Jalisco, lugar donde se encuentra recluido el quejoso. Motivo por el cual, se concluye que el Juez de Distrito competente para conocer del presente asunto, es aquel que ejerza jurisdicción en donde se comenzó a materializar el acto que por esta vía se reclama en agravio de Víctor Manuel Álvarez Soto, que en el caso, son los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan. Consecuentemente, con fundamento en lo dispuesto en los artículos 37 y 48, de la Ley de Amparo y el Acuerdo General 3/2013, del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República Mexicana y a la jurisdicción territorial y especialización por materia de los Tribunales Colegiados y Unitarios de Circuito y de los Juzgados de Distrito, ESTE JUZGADO DECLARA CARECER DE COMPETENCIA CONSTITUCIONAL Y LEGAL PARA CONOCER DEL PRESENTE ASUNTO. En ese tenor, previo cuaderno de antecedentes que se forme y deje en este juzgado, remítase el presente juicio al Juez de Amparo competente. Solicitándose al Juez que corresponda conocer de la demanda de amparo, ACUSE DE RECIBO en el que se precise el sentido que recaiga a este acuerdo, a fin de integrar debidamente el presente expediente. SUSPENSIÓN DE PLANO. Ahora bien, de las manifestaciones vertidas bajo protesta de decir verdad por el quejoso en el escrito de demanda, se advierte que se reclama: "IV.- Acto Reclamado: De las autoridades señaladas, reclamo las siguientes acciones y omisiones, que derivan en condiciones indignas en las que se me tienen sometido en el Centro Penitenciario al Privarme de las actividades (deportivas, culturales, educativas y laborales, así como acudir al comedor para recibir y consumir alimentos tres veces al día, con lo cual se violentan mis derechos humanos consagrados en el artículo 18 Constitucional y 63 del Reglamento de Centros Federales de Readaptación Social. La incomunicación de privarme de la visita familiar e íntima así como la llamada telefónica consagradas en los artículos 59 y 60 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, la violación de mi garantía de audiencia y mi derecho de defensa, ya que no hay una sanción o medida disciplinaria por parte del Comité Técnico que justifique la restricción de tránsito a los límites de la estancia o el aislamiento." En tal virtud, con fundamento en lo dispuesto por los artículos 125 y 126, en relación con el 15, de la Ley de Amparo, se decreta de oficio la suspensión para el efecto de que cese de plano el acto de INCOMUNICACIÓN y se permita al quejoso contar con la visita familiar e íntima, así como a la llamada telefónica a la que tiene derecho. En cambio, como los diversos actos de privación de actividades deportivas, culturales, educativas y laborales, así como acudir al comedor para recibir y consumir alimentos que reclama, están relacionados con las condiciones de internamiento, no procede suspenderlos por no estar incluidos en el artículo 15 de la Ley de Amparo, y en todo caso corresponde su atención a diversas autoridades, en términos de los artículos 107 al 115 de la Ley Nacional de Ejecución Penal, de los que se colige lo siguiente: 1. Que las personas privadas de la libertad podrán formular peticiones administrativas ante la autoridad penitenciara contra los hechos, actos u omisiones relacionados con las condiciones de internamiento. 2. Las peticiones tendrán como finalidad que la autoridad penitenciara resuelva si existió o no una afectación a las condiciones de vida digna y en su caso subsanarla. 3. Si la determinación administrativa es contraria a los intereses del peticionario, éste podrá controvertirla ante el Juez de Ejecución o de Control (en caso de que se encuentre sujeto al nuevo sistema de justicia penal), el Juez de su causa (si está siendo procesado) o el Juez de Ejecución a cuya disposición se encuentre interno (si ya está sentenciado). 4. Si la petición no es resuelta en el término de cinco días, el promovente podrá demandar dicha omisión ante el Juez de Ejecución. 5. En casos urgentes, el afectado podrá acudir directamente ante el Juez de Ejecución a plantear la petición, caso en el que el órgano jurisdiccional suspenderá el hecho que motivó la petición hasta en tanto resuelva en definitiva, ordenando incluso que las autoridades administrativas realicen las acciones necesarias a fin de los actos cesen o dejen de existir, con lo cual quedan tutelados los derechos de la persona privada de la libertad, aún en los casos de mayor gravedad, en que incidan en su esfera jurídica las condiciones de internamiento. 6. Que los Jueces de Ejecución conocerán de las controversias relacionadas con las condiciones de internamiento y las relacionadas con ellas. 7. Que para la controversia ante el Juez de Ejecución, constituye un requisito indispensable que se haya agotado la petición administrativa. REQUERIMIENTO DE INFORMES EN RELACIÓN A LAS DIVERSAS SUSPENSIONES DE PLANO. Hágase saber la suspensión de plano a las autoridades responsables, quienes deberán informar a la brevedad posible como lo establece el artículo 158 de la ley de la materia, sobre el cumplimiento de esta determinación, apercibidas que de no cumplir con lo que aquí se ordena, se les impondrá MULTA equivalente a cincuenta unidades de medida y actualización al momento en que no se atienda la encomienda, de conformidad con el decreto publicado en el Diario Oficial de la Federación el veintisiete de enero de dos mil dieciséis, en términos de los artículos 237, fracción I, en relación con el 259 de la Ley de Amparo. De igual forma, se les apercibe, que de no cumplir con la suspensión, se dará vista al representante social federal, por la responsabilidad en que incurran, pues la violación a este mandato equivale a la comisión del delito equiparable al abuso de autoridad, según lo dispone el artículo 237 de la Ley de Amparo, delito que si llegara a consumarse, de inmediato será consignado para el ejercicio de la acción penal en contra de los responsables, para lo cual, se ordena girar atento oficio. NOTIFICACIÓN A LOS QUEJOSOS. Por otro lado, toda vez que el quejoso Víctor Manuel Álvarez Soto, se encuentra recluido en el Centro Federal de Readaptación Social No. 2 "Occidente", con residencia en el Salto, Jalisco; con fundamento en los artículos 158 de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298 y 300 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, gírese atento EXHORTO al Juzgado de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, en turno, para que en auxilio y delegación de las labores de este juzgado, comisione a cualquiera de los actuarios judiciales de su adscripción, se constituya en el Centro Federal antes referido, y notifique personalmente este proveído al referido quejoso. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles con excepción de los días que se llegaren a declarar inhábiles no laborables para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Con apoyo en el artículo 3° de la Ley de Amparo, se autoriza desde éste momento la expedición de copias simples y certificadas a las partes, de las constancias que obren en el expediente, salvo aquéllas respecto de las que deba guardarse sigilo, previa identificación y recibo que del mismo se deje en autos. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Por otra parte, de conformidad con el reglamento de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, para la aplicación de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, hágase del conocimiento de las partes que tienen expedito su derecho para oponerse a la publicación de sus datos personales en términos del artículo 8° de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública Gubernamental, cuando se presente la solicitud de acceso a alguna de las resoluciones o las pruebas y demás constancias que obren en el expediente respectivo, siempre y cuando la Unidad Administrativa que lo tenga bajo su resguardo determine si tal posición puede o no surtir efectos, tomando en cuenta para ello si la resolución solicitada, las pruebas o las demás constancias contienen información considerada como reservada en términos de lo previsto en la fracción IV del artículo 13 de la Ley referida. Finalmente, háganse las anotaciones en el libro de gobierno y las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). NOTIFÍQUESE.
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