Víctor Manuel Álvarez Soto
Expediente 1079/2019 tramitado ante el Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán. 4 actuaciones registradas, la última del 9 de octubre de 2019.
Datos del expediente
- Expediente
- 1079/2019
- Año
- 2019
- Actuaciones
- 4
- Última actuación
- 09/10/2019
- Órgano jurisdiccional
- Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán · Michoacán
Partes del expediente
- Víctor Manuel Álvarez Soto
- Gabriel Chón López
- Juan Manuel Peralta Cervantes y Otros.
- Juan Manuel Peralta Cervantes
Actuaciones
- Principal
Cúmplase.
- Principal
Juzgado acepta competencia Agréguese a los autos el oficio signado por el Secretario del Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con residencia en Zapopan, mediante el cual informa que el órgano jurisdiccional de su adscripción aceptó la competencia que fue planteada por este Juzgado de Distrito, para conocer la demanda de amparo promovida por Juan Manuel Peralta Cervantes y otros, la cual se radicó con el número 916/2019-4B de su estadística. Remisión de constancias Visto el oficio signado por la Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número Dos "Occidente"; se advierte que pretende rendir el informe relativo a la suspensión de plano decretada en autos. De igual modo, visto el estado procesal que guarda el presente asunto, se advierte que, en proveído de veintiséis de septiembre de dos mil diecinueve, se reservó acordarse lo conducente a las constancias del exhorto 415/2019 (orden 769), en lo relativo a la razón asentada por el fedatario judicial adscrito al Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, quien refirió que le fue informado por "jurídico que no existe persona recluida" bajo el nombre de Javier Herrera Maldonado, hasta en tanto se conociera qué órgano jurisdiccional sería el competente para tramitar el juicio de amparo del que deriva este cuaderno de antecedentes. Ahora, como se desprende del apartado precedente, el Juzgado Cuarto de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con sede en Zapopan, aceptó la competencia planteada y continuará conociendo del juicio de amparo tramitado por Juan Manuel Peralta Cervantes y otros; por tanto, previa copia simple, remítansele las constancias relativas a la diligenciación del exhorto 415/2019 (orden 769), así como el informe relativo a la suspensión de plano, identificadas con el número de promociones 17401 y 17616, a efecto de que aquel órgano jurisdiccional se pronuncie respecto a su contenido, por ser el competente para ello. Archivo En virtud de lo expuesto en el apartado precedente, se considera que el presente asunto se encuentra totalmente concluido, por lo que, no existiendo acuerdo pendiente por dictar, se ordena su archivo definitivo, previas las anotaciones que se hagan en el libro de gobierno de este juzgado. Ahora, ya que carece de relevancia documental e histórica el presente cuaderno, con fundamento en lo dispuesto en la fracción I, del punto vigésimo, del Acuerdo General Conjunto 1/2009, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la Transferencia, Digitalización, Depuración y Destrucción de los Expedientes Generados en los Juzgados de Distrito, se toma nota que es susceptible de depuración; en esa virtud, una vez que transcurran los tres años a que se refiere el punto décimo tercero de aquel ordenamiento, deberá ser transferido al depósito documental que determine la Suprema Corte de Justicia de la Nación, debiendo generarse los documentos que esa disposición prevé. En términos del punto undécimo del acuerdo general en consulta, hágase constar en la carátula los datos precisados con antelación. Integración del expediente electrónico Conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
- Principal
Cúmplase.
- Principal
Radicación de la demanda. Vista la demanda de amparo promovida por Juan Manuel Peralta Cervantes, Víctor Manuel Álvarez Soto, Ángel César Martínez Martínez, José de Jesús Burgos Salazar, Javier Herrera Maldonado, Jesús Uriel Anguiano Estrada, Agustín Pavón Tapia, Gabriel Chon López, Jesús Ilario Hernández Romero, Javier Amanza Cantú, Ramses Alejandro Lugo González, Demetrio de la Luz Rosales, Sergio García Moreno, Francisco Javier Martínez Coronado, Martín Lucio Sandoval, Víctor Manuel Ruiz Real, Faviano Quintero Mendoza, Mariano Sierra Santana, Ricardo Arturo García García, por propio derecho, en la que solicitan el amparo y la protección de la justicia de la Unión en contra del Director General del Centro Federal de Reinserción Social "2" de Occidente, con sede en Puente Grande, Jalisco y otra autoridad. En tales condiciones, por tratarse de un asunto urgente, con fundamento en los artículos 15, 17, fracción IV, 20 y demás relativos de la Ley de Amparo, fórmese expediente y regístrese tanto en el libro de gobierno de juicios de amparo con el número III-1079/2019, como en el sistema integral de seguimiento de expedientes. Incompetencia para conocer del presente asunto. Conviene destacar que los quejosos hicieron consistir el acto reclamado en lo siguiente: La falta de atención médica no obstante haberla solicitado. En el caso, este juzgador estima carecer de competencia legal por razón de territorio, para conocer de la demanda en cuestión, atento a los siguientes razonamientos: El artículo 37 de la Ley de Amparo, prevé: "Artículo 37. Es juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado. Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el juez de distrito ante el que se presente la demanda. Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el juez de distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda". De la anterior trascripción, se desprende que existen tres reglas fundamentales para fijar la competencia de los juicios de amparo: Será competente el juez de distrito del lugar en que deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; Cuando el acto haya comenzado a ejecutarse en un distrito y siga ejecutándose en otro, será competente cualquiera de los jueces de esas jurisdicciones, a prevención; y, Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material, será competente el juez de distrito en cuya jurisdicción resida la autoridad que hubiese dictado la resolución reclamada. Dadas las características y naturaleza de los actos reclamados en este sumario constitucional, se actualiza la hipótesis prevista en el número uno, pues de la lectura íntegra de la demanda de amparo, se advierte que los quejosos se encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social Número 2 de "Occidente", con sede en Puente Grande, Jalisco, por lo que los actos combatidos tienen eminente ejecución en esa ciudad, por lo que el juez competente es aquel que tiene jurisdicción en donde se encuentran recluidos los quejosos directos referidos con antelación. Ahora, el Acuerdo General 3/2013 del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la determinación del número y límites territoriales de los circuitos en que se divide el territorio de la República, aprobado en sesión de veintitrés de enero de dos mil trece, establece que tratándose de la competencia de los Juzgados de Distrito del Sexto Circuito, corresponde a los Juzgados de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con sede Zapopan, ejercer jurisdicción en el lugar en el que se ejecutan los actos reclamados, ello atendiendo a que los quejosos se encuentran recluidos en un centro penitenciario con domicilio en la referida ciudad. Luego, es incuestionable que este órgano jurisdiccional carece de competencia legal para conocer del presente asunto, pues conforme a las reglas previstas por el artículo 37 de la ley invocada, es competente para conocer del juicio de amparo el juez de distrito en cuya jurisdicción deba ejecutarse, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado; en esa virtud, atendiendo a que el acto impugnado se ejecuta en El Salto, Jalisco, lugar donde ejercen jurisdicción los Juzgados de Distrito en el Estado de Jalisco, con residencia en Puente Grande. Es aplicable sobre el particular, la tesis de la Tercera Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, visible en la página 12, tomo 199-204, cuarta parte, Séptima época, Semanario Judicial de la Federación, que dice: "COMPETENCIA DE LOS JUECES DE DISTRITO DE LA JURISDICCIÓN EN DONDE HAYAN DE EJECUTARSE LOS ACTOS RECLAMADOS. Si la autoridad responsable radica en un lugar situado bajo la jurisdicción de un Juez de Distrito; pero los actos reclamados deben ejecutarse en demarcación diferente, que está sujeta a jurisdicción de otro Juez de Distrito, este último es el competente para conocer del amparo indirecto, de acuerdo con el texto reformado del artículo 36 de la Ley de Amparo, en vigor desde el dieciséis de marzo de mil novecientos ochenta y cuatro, que dispone: "Cuando conforme a las prescripciones de esta ley sean competentes los Jueces de Distrito para conocer de un juicio de amparo, lo será aquél en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado", y que suprimió la parte del último párrafo en que se daba competencia al Juez de la residencia de la autoridad ordenadora "siempre que (su acto) se reclame antes de que haya comenzado a ejecutarse". Así como la tesis número I.1, A. 44 A, emitida por el Primer Tribunal Colegiado en Materia Administrativa del Primer Circuito, publicada en la página 1299, tomo XIV, agosto de 2001, Novena época, materia común, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, del rubro y contenido siguientes: "COMPETENCIA. PARA DETERMINARLA DEBE ATENDERSE A LAS CONSECUENCIAS JURÍDICAS DEL ACTO RECLAMADO. Para determinar la competencia entre Jueces de Distrito en el conocimiento del juicio de garantías, debe atenderse a la naturaleza jurídica del acto reclamado, y su análisis integral debe traer como consecuencia la determinación referente a si el acto requiere ejecución material o no, para estar así en posibilidad de asignar la competencia al Juez de Distrito en cuya jurisdicción deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se ejecute o se haya ejecutado el acto reclamado de acuerdo con el artículo 36 de la Ley de Amparo, aunque en la demanda de garantías no se reclame concretamente la ejecución del acto ni se mencione autoridad ejecutora alguna, ya que, de lo contrario, la competencia del Juez quedaría al arbitrio del quejoso, al decidir señalar o no a la autoridad ejecutora". Y la tesis número II.2o.P.16 K (10a.), del segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal del Segundo Circuito, localizable en la página 2093, libro 32, tomo III, julio de 2016, Décima época, de la Gaceta del Semanario Judicial de la Federación, que establece lo siguiente: "COMPETENCIA POR TERRITORIO PARA CONOCER DEL JUICIO DE AMPARO INDIRECTO CONTRA LA NEGATIVA U OMISIÓN DE PROPORCIONAR ATENCIÓN MÉDICA A UN REO RECLUIDO EN UN CENTRO PENITENCIARIO. SE SURTE A FAVOR DEL JUEZ DE DISTRITO EN CUYA JURISDICCIÓN SE UBIQUE ESE CENTRO. Del artículo 37 de la Ley de Amparo se advierten tres reglas para determinar la competencia de los Jueces de Distrito, a saber: a) Es Juez competente el que tenga jurisdicción en el lugar donde el acto que se reclame deba tener ejecución, trate de ejecutarse, se esté ejecutando o se haya ejecutado; b) Si el acto reclamado puede tener ejecución en más de un Distrito o ha comenzado a ejecutarse en uno de ellos y sigue ejecutándose en otro, es competente el Juez de Distrito ante el que se presente la demanda; y, c) Cuando el acto reclamado no requiera ejecución material es competente el Juez de Distrito en cuya jurisdicción se haya presentado la demanda. Ahora bien, la negativa u omisión de proporcionar atención médica a un reo recluido en un centro penitenciario es un acto de naturaleza negativa u omisiva, pero con efectos positivos sobre la salud de aquél, pues lo que pretende el quejoso al promover el amparo es recibir ese cuidado profesional, de manera que las consecuencias de la decisión que se efectúe, beneficiarán o perjudicarán su salud, lo que se producirá, invariablemente, en el lugar donde se encuentre interno. En esas condiciones, al tratarse de un acto que sí requiere ejecución, y conforme a la primera regla establecida en el precepto citado, la competencia por territorio para conocer del juicio de amparo indirecto promovido en su contra, se surte a favor del Juez de Distrito en cuya jurisdicción se ubique ese centro de reclusión". En las relatadas condiciones, este Juzgado Cuarto de Distrito en el Estado de Michoacán, considera carecer de competencia para conocer de la demanda en cuestión. En consecuencia, previo cuaderno de antecedentes que se forme, y en acatamiento a lo previsto por el numeral 48, primer párrafo, de la ley de la materia, procede declinar la competencia para conocer de la demanda de amparo en cuestión en favor del Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con sede Zapopan, en turno; por tanto, remítasele la referida demanda con sus anexos, para los efectos legales correspondientes, solicitándose el acuse de recibo respectivo, toda vez que a consideración de este juzgador, debe atenderse a la naturaleza de los actos reclamados y a las autoridades responsables Háganse las anotaciones en el libro de gobierno que se lleva en este juzgado y fórmese el cuaderno de antecedentes con copia de la demanda para los efectos legales procedentes. Suspensión del acto reclamado. Ahora el artículo 48 de la Ley de Amparo indica que cuando los actos reclamados importen peligro de privación de la vida, ataques a la libertad fuera de procedimiento judicial, deportación o destierro o alguno de los prohibidos por el artículo 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos, o los supuestos del numeral 46 del Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece disposiciones en actividad administrativa de los órganos jurisdiccionales, se proveerá respecto a la suspensión de los actos reclamados. Atento a lo anterior, toda vez que los actos impugnados en esta instancia constitucional consistentes en la falta de atención médica, el cual encuadra en las hipótesis antes referidas, se procede a realizar el siguiente pronunciamiento. Como se adelantó, tal acto se encuentra prohibido por el artículo 15 de la Ley de Amparo y 22 de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos. Por tanto, con fundamento en el numeral 126, párrafo primero, de la Ley de Amparo, se decreta de oficio la suspensión de plano del acto reclamado consistente en: La falta de atención médica a los quejosos. Es decir, la suspensión de plano tiene como efecto que les sea proporcionada la atención médica que han solicitado, con base en los padecimientos que tengan los quejosos directos. Es aplicable a lo expuesto, la jurisprudencia número VIII.2o.P.A.2 A (10a.), del Segundo Tribunal Colegiado en Materia Penal y Administrativa del Octavo Circuito, visible en la página 2410, libro V, febrero 2012, tomo III, Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Décima época, de contenido: "SERVICIOS MÉDICOS DE EMERGENCIA. CUANDO EN EL JUICIO EN QUE SE RECLAMA LA INCONSTITUCIONALIDAD DEL ARTÍCULO 123, FRACCIÓN III, DE LA LEY DEL SEGURO SOCIAL Y SU APLICACIÓN, EN QUE SE APOYÓ LA RESOLUCIÓN POR LA QUE SE NEGÓ UNA PENSIÓN DE INVALIDEZ, EL QUEJOSO SOLICITA LA SUSPENSIÓN PARA QUE NO SE LE PRIVE DEL ACCESO A AQUÉLLOS, EL JUEZ DE DISTRITO NO DEBE CONDICIONAR SU EFECTIVIDAD A QUE SE ACREDITE EL DERECHO A RECIBIR DICHA ATENCIÓN. Si en el juicio de amparo se reclama la inconstitucionalidad del artículo 123, fracción III, de la Ley del Seguro Social y su aplicación, el cual establece que no tiene derecho a disfrutar de pensión de invalidez el asegurado que padezca un estado de invalidez anterior a su afiliación al régimen obligatorio, precepto en que se apoyó la resolución por la que se negó tal beneficio, y el quejoso solicita la suspensión del acto reclamado para que no se le prive del acceso a los servicios médicos en caso de una emergencia, el Juez de Distrito no debe condicionar la efectividad de la medida a que se acredite el derecho a recibir dicha atención, si precisamente el fondo del asunto consiste en dilucidar si el particular tiene derecho a que se le conceda la pensión y, por ende, a seguir gozando de diversas prestaciones entre las que se encuentra el servicio médico. Lo anterior es así, porque si el objeto primordial de esa providencia cautelar es mantener viva la materia del amparo, impidiendo que el acto que lo motiva, al consumarse irreparablemente, haga ilusoria para el agraviado la protección de la Justicia Federal, evitando a éste los perjuicios que la ejecución del acto que reclama pudieran ocasionarle, en caso de negarse la prestación médica se le causaría un daño irreparable, además de que el derecho a la salud debe entenderse como una garantía fundamental e indispensable para el ejercicio, incluso, de los demás derechos humanos". (Lo resaltado es de este juzgado). Condiciones de la suspensión. Esta suspensión surtirá sus efectos, respecto de los actos que los promoventes atribuyen a las autoridades señaladas en el escrito de demanda o, en su caso, también en contra de aquellas autoridades que tengan a su disposición a los promoventes del presente juicio. Requerimiento de informes en relación a la suspensión de plano. Hágase saber lo anterior a las autoridades responsables a quienes se reclama la falta de atención médica; quienes deberán informar dentro del término improrrogable de veinticuatro horas, de conformidad con el artículo 158, en relación con el diverso 236, ambos de la ley de la materia, sobre el cumplimiento de esta determinación; apercibidas que de no cumplir con lo que aquí se ordena, se les impondrá multa por el equivalente a cien unidades de medida y actualización al momento en que no se atienda la encomienda, en los términos del artículo 237, fracción I, en relación al 259, de la Ley de Amparo. Hágase del conocimiento de las autoridades responsables que la violación de este mandato equivale a la comisión de un delito equiparable al abuso de autoridad según dispone el artículo 206, en relación con el 237, fracción III, ambos de la Ley de Amparo, delito que si se llegara a consumar, de inmediato será consignada para el ejercicio de la acción penal en contra de los responsables. Comuníquese a las autoridades responsables que deberán hacer uso de la vía telegráfica o fax al número 014433226960, extensión 1162, en el entendido que los informes y demás promociones que se realicen con base en la última de las tecnologías enunciadas, sólo será válida una vez que cualquiera de los secretarios del juzgado, confirme el envío y recepción; motivo por el cual la utilización de la misma es responsabilidad exclusiva del servidor público requerido; por tanto, debe confirmar, sin excepción, la recepción del documento transmitido por fax. Tiene aplicación al caso la tesis 2a. CXVI/99 de la Segunda Sala de la Suprema Corte de Justicia de la Nación cuyo contenido es el siguiente: "RESOLUCIÓN ENVIADA POR FAX (TELEFACSÍMIL). PUEDE TOMARSE EN CUENTA SI SÓLO CORROBORA LOS DEMÁS ELEMENTOS QUE CONSTAN EN EL EXPEDIENTE. Si en un expediente de un conflicto competencial, el proveído por el que una Junta Local de Conciliación y Arbitraje consta en un documento enviado por fax y el mismo sólo corrobora los datos que derivan de otros medios probatorios, como la resolución de la Junta Federal que también se consideró incompetente y que ordenó enviar el asunto a la Suprema Corte para que definiera a qué órgano jurisdiccional le correspondía conocer del asunto, la solicitud de la Secretaría de Acuerdos de la Sala al presidente de la Junta de que remitiera copia certificada del proveído en el que se declaró incompetente así como tales medios de comprobación llevan a la plena convicción de que el referido documento enviado por fax procede del funcionario que lo remitió. El criterio se sustenta, además por una parte en que si bien la legislación procesal aplicable no contempla de manera específica el fax (telefacsímil) como medio probatorio, ello se debe a que cuando se emitió no existía ese adelanto y, por otra, en que contribuye a salvaguardar el principio de justicia pronta que consagra el artículo 17 de la Constitución y que tiene especial aplicación en conflictos competenciales que al plantearse suspenden la tramitación del juicio respectivo". Si las autoridades responsables cuentan con la firma electrónica avanzada (FIREL) del Poder Judicial de la Federación, el informe y en su caso los anexos podrán ser remitidos al correo electrónico 4jdo11cto@correo.cjf.gob.mx, en el entendido que ninguna otra firma es válida para este efecto. Domicilio y autorizados. Se tiene por señalado como domicilio de la parte quejosa para oír y recibir notificaciones el que cita en su escrito de demanda. Notificación a los quejosos. Ahora, toda vez que los quejosos, se encuentran recluidos en el Centro Federal de Readaptación Social Número 2, con sede en El Salto, Jalisco, con fundamento en los artículos 27 fracción II y 116 de la Ley de Amparo, 158, párrafo segundo, de la Ley Orgánica del Poder Judicial de la Federación, 298, 300, 303, 305, 306, y 314 del Código Federal de Procedimientos Civiles de aplicación supletoria en materia de amparo. Gírese Exhorto a través del Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE) al Juez de Distrito de Amparo en Materia Penal en el Estado de Jalisco, con sede Zapopan, en turno, para que en auxilio y delegación de las labores de este juzgado, se sirva comisionar al actuario de su adscripción para que se constituya en el aludido centro de reclusión y notifique a los quejosos este acuerdo. De igual forma se solicita al juez requerido para que notifique el presente proveído a las autoridades siguientes: Directora General del Centro Federal de Readaptación Social Número 2 de "Occidente", con sede en Puente Grande, Jalisco; Titular o Encargado del Área de Medicina del Centro Federal de Readaptación Social Número 2 de "Occidente", con sede en Puente Grande, Jalisco. Y una vez hecha la entrega de los oficios correspondientes remita a esta potestad federal, los acuses respectivos, con la finalidad de computar el plazo de veinticuatro horas otorgado a las autoridades responsables. Se faculta al juez exhortado para que, en términos del numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, en caso de ser necesario habilite días y horas inhábiles a efecto de que el Actuario de su adscripción esté en posibilidad de realizar la diligencia de notificación encomendada. Hecho lo anterior, se solicita al juez auxiliar que devuelva la comunicación oficial con las constancias que acrediten su diligenciación. Habilitación de días y horas inhábiles; autorización de firma de comunicaciones oficiales; capturas y anotaciones del expediente. A fin de dar puntual cumplimiento al derecho fundamental consagrado en el artículo 17 Constitucional, con fundamento en el numeral 21, último párrafo, de la Ley de Amparo, se habilitan días y horas inhábiles para que los actuarios de la adscripción estén en posibilidad de realizar la práctica de todas aquellas diligencias de notificación que les sean encomendadas con motivo de la tramitación de este juicio. Se autoriza a los Secretarios de este Juzgado para firmar toda comunicación oficial que derive del presente juicio. Háganse las notaciones en el Libro de Gobierno, así como las capturas correspondientes en el Sistema Integral de Seguimiento de Expedientes (SISE). Por otra parte, toda vez que se advierte que la demanda de amparo que dio origen al presente expediente fue remitida directamente a este juzgado, de conformidad con el Acuerdo General del Pleno del Consejo de la Judicatura Federal, que establece las disposiciones en materia de actividad administrativa; por tanto, remítase a la Oficina de Correspondencia Común de los Juzgados de Distrito, con sede en esta ciudad, copia de la demanda de amparo, a efecto de que se proceda a la compensación correspondiente. Finalmente, conforme con lo establecido en los artículos 3° y Décimo Primero Transitorio de la Ley de Amparo, procédase a realizar la digitalización del presente auto en el expediente electrónico.
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