Víctor Manuel Álvarez García
Expediente 1342/2017 tramitado ante el Juzgado Segundo de Distrito de Amparo y Juicios Federales en el Estado de Chiapas, con residencia en Tuxtla Gutiérrez. 5 actuaciones registradas, la última del 22 de diciembre de 2017.
Datos del expediente
- Expediente
- 1342/2017
- Año
- 2017
- Actuaciones
- 5
- Última actuación
- 22/12/2017
Partes del expediente
- Víctor Manuel Álvarez García
- Víctor Manuel Álvarez García y Otros.
Actuaciones
Las 4 más recientes de 5.
- Principal
Con fundamento en la fracción II del artículo 356 del Código Federal de Procedimientos Civiles, de aplicación supletoria a la Ley de Amparo, se declara que el mismo ha quedado firme, para todos los efectos legales conducentes. ARCHIVO Toda vez que no existe diligencia alguna por desahogar, con apoyo en lo dispuesto por el artículo 214 de la Ley de Amparo, interpretado a contrario sensu, se ordena el archivo definitivo de este expediente; háganse las anotaciones en el Libro de Gobierno respectivo. VALORACIÓN DEL EXPEDIENTE De conformidad con el Acuerdo General Conjunto 1/2009, de veintiocho de septiembre de dos mil nueve, de los Plenos de la Suprema Corte de Justicia de la Nación y del Consejo de la Judicatura Federal, relativo a la transferencia, digitalización, depuración y destrucción de los expedientes generados en los Juzgados de Distrito; este expediente es susceptible de destrucción, en virtud de que se ubica en la hipótesis establecida en la fracción II, del diverso punto Vigésimo Primero, ambos del Capitulo Quinto, de dicho acuerdo, pues se trata de un asunto en el que se desechó la demanda; además a juicio del suscrito no tiene relevancia documental para su conservación. INCIDENTE DE SUSPENSIÓN Sin que haya lugar a pronunciar en relación al cuaderno incidental, toda vez que del presente juicio de amparo, se advierte que no se formaron los cuadernos incidentales. REGISTROS CORRESPONDIENTES Como lo disponen los puntos Décimo, fracción I, Primero, segundo párrafo, y Décimo Tercero, todos del Capítulo Tercero y Vigésimo Quinto, del Capítulo Quinto, del acuerdo en comento, háganse las anotaciones correspondientes en el presente juicio, en la carátula del mismo y en el libro de gobierno; y, una vez que transcurran tres años, deberán transferirse al Centro de Documentación y Análisis. DOCUMENTOS PARA DEVOLVER A LAS PARTES Toda vez que no se advierten constancias exhibidas por las partes, se deja de proveer lo relativo.
- Principal
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cuatro de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el escrito de cuenta, signado por *** y ***, por medio del cual da cumplimiento a la prevención decretada en proveído de veintitrés de noviembre del año en curso . CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Antes de proveer sobre la admisión de la demanda debemos tomar en consideración que el artículo 113 de la Ley de la Materia, impone ante todo la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. Cobra aplicación la tesis del texto y rubro: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTICULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 145 de la ley de la materia, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías, deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse. Amén, de que cuando los actos reclamados en la respectiva demanda de amparo están fuertemente ligados entre sí formando una unidad o un todo de la que no es posible desmembrar, es necesario admitir la demanda y seguir los trámites correspondientes para dar oportunidad a que mediante los informes de las autoridades responsables y las pruebas que se rindan puedan confirmarse o desvanecerse los posibles motivos de improcedencia advertidos desde la iniciación del juicio y, de esa manera, evitar perjuicios irreparables al quejoso. La tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En vinculación, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es obligación del juzgador, realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa combate: El auto de cuatro de enero de dos mil diecisiete, dentro del juicio Especial Hipotecario 1107/2014, mediante el cual les requirieron a los promoventes del amparo que exhibieran el avalúo para que sirviera como base del remate. Expuesto lo anterior, este juzgador estima que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, segundo párrafo, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo vigente. Los anteriores preceptos legales, revelan que el juicio de amparo que se tramita ante el Juez de Distrito, sólo procederá contra los actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, ejecutados fuera de juicio o después de concluido; y que en el supuesto que se trate de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse contra la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo, es decir, como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Ahora bien, analizada que fue la demanda de amparo y el escrito aclaratorio, se advierte que la parte quejosa reclama el auto de cuatro de enero de dos mil diecisiete, dentro del juicio Especial Hipotecario 1107/2014 del índice del Juzgado Primero de lo Civil, con residencia en Comitán de Domínguez, Chiapas. Exponen los promoventes, bajo protesta de decir verdad, que el acto reclamado, deriva del juicio especial hipotecario en el cual figuran como demandados; proceso que se encuentra en fase de ejecución, toda vez que aquéllos señalan que les requirieron el avalúo correspondiente para ser tomado en consideración como base del remate. Luego entonces, de manera incuestionable podemos establecer que el acto reclamado se trata de un acto de ejecución de sentencia; sin embargo, no es la última resolución dictada en dicha fase, toda vez que no aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, tampoco declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni ordena el archivo definitivo del expediente. En ese tenor, se reitera que en la especie se surte plenamente la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el artículo 107 fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, ya que respecto al acto reclamado, el juicio de amparo es notoriamente improcedente, toda vez que aún no se ha dictado la última resolución en la etapa de ejecución; sino por el contrario, es un acto dictado dentro del proceso de dicha ejecución, de los que se sigue que el amparo promovido en contra de aquel acuerdo es improcedente, porque en este caso no se surte la exigencia prevista en el citado artículo 107, fracción IV, de la Ley de la Materia. Por identidad jurídica sustancial, guarda aplicación la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la literalidad siguiente: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Así también es aplicable por analogía, la Jurisprudencia con el rubro y textos siguientes: AMPARO INDIRECTO. NO PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO O IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA ACTOS DEL PRESIDENTE O ACTUARIOS DE LA JUNTA REALIZADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, POR NO CONSTITUIR LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN. De conformidad con el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, cuando se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la demanda de garantías las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieran dejado sin defensa al quejoso. Por otra parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 32/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 31, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", determinó que por "última resolución" dictada en la fase ejecutiva debe entenderse aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Ahora bien, la resolución que declara infundado o improcedente el recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo contra los actos del presidente o actuarios de la Junta realizados dentro del procedimiento de ejecución del laudo, no es la última resolución con la que concluye el citado procedimiento de ejecución y, por ende, en su contra no procede el amparo indirecto. Sin que sea obstáculo a lo anterior que la promovente manifestó ser tercera extraña a juicio por tratarse de una nueva administración municipal, pues dicho Ayuntamiento fue parte demanda en el juicio laboral. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el artículo 107 fracción IV, segundo párrafo, a contrario sensu, de la Ley de Amparo en vigor, procede desechar la presente demanda de amparo, atento a lo dispuesto en el artículo 113 de la ley de la materia. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de Amparo y en la estadística del juzgado.
- Principal
SE NOTIFICA POR LISTA A LA PARTE QUEJOSA; Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, cuatro de diciembre de dos mil diecisiete. Visto el escrito de cuenta, signado por *** y ***, por medio del cual da cumplimiento a la prevención decretada en proveído de veintitrés de noviembre del año en curso . CAUSA DE IMPROCEDENCIA. Antes de proveer sobre la admisión de la demanda debemos tomar en consideración que el artículo 113 de la Ley de la Materia, impone ante todo la obligación de examinar la demanda de amparo para que, en caso de que se encuentre un motivo manifiesto e indudable de improcedencia, se deseche de plano; a continuación se procede a efectuar el análisis respectivo. Cobra aplicación la tesis del texto y rubro: DEMANDA DE AMPARO, DESECHAMIENTO DE LA; INTERPRETACION AL ARTICULO 145 DE LA LEY DE AMPARO. De lo dispuesto por el artículo 145 de la ley de la materia, se deduce que los motivos manifiestos e indudables de improcedencia que afecten a la demanda de garantías, deben ser evidentes por sí mismos, o sea, que sin ulterior comprobación surjan a la vista haciendo inejercitable la acción de amparo, pues si se invocan en el auto desechatorio de la demanda razones que puedan ser materia de debate, ya no se está en presencia de los supuestos exigidos por el precepto citado, dado que los adjetivos "manifiesto", significa claro, evidente y el "indudable", a su vez indica cierto, seguro, que no puede dudarse. Amén, de que cuando los actos reclamados en la respectiva demanda de amparo están fuertemente ligados entre sí formando una unidad o un todo de la que no es posible desmembrar, es necesario admitir la demanda y seguir los trámites correspondientes para dar oportunidad a que mediante los informes de las autoridades responsables y las pruebas que se rindan puedan confirmarse o desvanecerse los posibles motivos de improcedencia advertidos desde la iniciación del juicio y, de esa manera, evitar perjuicios irreparables al quejoso. La tesis en cuestión explica que para el desechamiento de plano de una demanda de amparo es necesario que se encuentre motivo de improcedencia del juicio constitucional; además, que este motivo sea manifiesto, es decir cuando se advierte en forma patente y absolutamente clara de la lectura del libelo y, finalmente, que también sea indudable, lo cual resulta de la certidumbre y plena convicción de que la causa de improcedencia de que se trata es operante en el caso concreto. En vinculación, de conformidad con el artículo 74, fracción I, de la ley de la materia, es obligación del juzgador, realizar la fijación clara y precisa del acto o actos reclamados, por lo que de la lectura integral de la demanda de amparo, se desprende que la parte quejosa combate: El auto de cuatro de enero de dos mil diecisiete, dentro del juicio Especial Hipotecario 1107/2014, mediante el cual les requirieron a los promoventes del amparo que exhibieran el avalúo para que sirviera como base del remate. Expuesto lo anterior, este juzgador estima que en el presente asunto se actualiza la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el 107, fracción IV, segundo párrafo, aplicado a contrario sensu, de la Ley de Amparo vigente. Los anteriores preceptos legales, revelan que el juicio de amparo que se tramita ante el Juez de Distrito, sólo procederá contra los actos de tribunales judiciales, administrativos o del trabajo, ejecutados fuera de juicio o después de concluido; y que en el supuesto que se trate de actos de ejecución de sentencia, sólo podrá promoverse contra la última resolución que se dicte en el procedimiento respectivo, es decir, como aquélla que aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado o declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, o las que ordenan el archivo definitivo del expediente, pudiendo reclamarse en la misma demanda las violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieren dejado sin defensa al quejoso y trascendido al resultado de la resolución. Ahora bien, analizada que fue la demanda de amparo y el escrito aclaratorio, se advierte que la parte quejosa reclama el auto de cuatro de enero de dos mil diecisiete, dentro del juicio Especial Hipotecario 1107/2014 del índice del Juzgado Primero de lo Civil, con residencia en Comitán de Domínguez, Chiapas. Exponen los promoventes, bajo protesta de decir verdad, que el acto reclamado, deriva del juicio especial hipotecario en el cual figuran como demandados; proceso que se encuentra en fase de ejecución, toda vez que aquéllos señalan que les requirieron el avalúo correspondiente para ser tomado en consideración como base del remate. Luego entonces, de manera incuestionable podemos establecer que el acto reclamado se trata de un acto de ejecución de sentencia; sin embargo, no es la última resolución dictada en dicha fase, toda vez que no aprueba o reconoce el cumplimiento total de lo sentenciado, tampoco declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, ni ordena el archivo definitivo del expediente. En ese tenor, se reitera que en la especie se surte plenamente la causal de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el artículo 107 fracción IV, segundo párrafo, de la Ley de Amparo en vigor, ya que respecto al acto reclamado, el juicio de amparo es notoriamente improcedente, toda vez que aún no se ha dictado la última resolución en la etapa de ejecución; sino por el contrario, es un acto dictado dentro del proceso de dicha ejecución, de los que se sigue que el amparo promovido en contra de aquel acuerdo es improcedente, porque en este caso no se surte la exigencia prevista en el citado artículo 107, fracción IV, de la Ley de la Materia. Por identidad jurídica sustancial, guarda aplicación la jurisprudencia del Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación, de la literalidad siguiente: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA. La referida disposición exige para la impugnación de los actos dictados en un procedimiento de ejecución de sentencia, como presupuesto de procedencia de la vía indirecta, que se reclame la última resolución dictada en dicho procedimiento. Ahora bien, este requisito tiene como finalidad, de conformidad con lo previsto en la exposición de motivos de la ley citada, evitar que se abuse del juicio de garantías, lo que se obtiene si la procedencia de éste contra violaciones sufridas en la ejecución de una sentencia, se limita a la impugnación de la "última resolución" que se dicte en esa fase ejecutiva, resolución que debe ser entendida como aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento, de acuerdo con lo dispuesto en el artículo 113 de la legislación invocada, al que se acude en forma analógica, ante la inexistencia de otro ordenamiento que proporcione una interpretación diferente." Así también es aplicable por analogía, la Jurisprudencia con el rubro y textos siguientes: AMPARO INDIRECTO. NO PROCEDE CONTRA LA RESOLUCIÓN QUE DECLARA INFUNDADO O IMPROCEDENTE EL RECURSO DE REVISIÓN CONTRA ACTOS DEL PRESIDENTE O ACTUARIOS DE LA JUNTA REALIZADOS DENTRO DEL PROCEDIMIENTO DE EJECUCIÓN DEL LAUDO, POR NO CONSTITUIR LA ÚLTIMA RESOLUCIÓN. De conformidad con el segundo párrafo de la fracción III del artículo 114 de la Ley de Amparo, cuando se trata de actos de ejecución de sentencia sólo podrá promoverse el amparo contra la última resolución dictada en el procedimiento respectivo, pudiendo reclamarse en la demanda de garantías las demás violaciones cometidas durante ese procedimiento que hubieran dejado sin defensa al quejoso. Por otra parte, el Pleno de la Suprema Corte de Justicia de la Nación en la jurisprudencia P./J. 32/2001, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta, Novena Época, Tomo XIII, abril de 2001, página 31, de rubro: "AMPARO INDIRECTO. SIGNIFICADO DE LA EXPRESIÓN 'ÚLTIMA RESOLUCIÓN', A QUE SE REFIERE EL PÁRRAFO SEGUNDO DE LA FRACCIÓN III DEL ARTÍCULO 114 DE LA LEY DE LA MATERIA.", determinó que por "última resolución" dictada en la fase ejecutiva debe entenderse aquella en la que se aprueba o reconoce de manera expresa o tácita el cumplimiento total de la sentencia o se declara la imposibilidad material o jurídica para darle cumplimiento. Ahora bien, la resolución que declara infundado o improcedente el recurso de revisión previsto en el artículo 849 de la Ley Federal del Trabajo contra los actos del presidente o actuarios de la Junta realizados dentro del procedimiento de ejecución del laudo, no es la última resolución con la que concluye el citado procedimiento de ejecución y, por ende, en su contra no procede el amparo indirecto. Sin que sea obstáculo a lo anterior que la promovente manifestó ser tercera extraña a juicio por tratarse de una nueva administración municipal, pues dicho Ayuntamiento fue parte demanda en el juicio laboral. DESECHAMIENTO DE LA DEMANDA. Por tanto, al actualizarse la causa de improcedencia prevista en el artículo 61 fracción XXIII, en relación con el artículo 107 fracción IV, segundo párrafo, a contrario sensu, de la Ley de Amparo en vigor, procede desechar la presente demanda de amparo, atento a lo dispuesto en el artículo 113 de la ley de la materia. Háganse las anotaciones respectivas en el Libro de Gobierno de Amparo y en la estadística del juzgado.
- Principal
Visto; el escrito signado por ******, autorizado de la parte quejosa en el presente juicio, por medio del cual ofrece prueba documental consistente en copia simple del convenio de ocupación previa de tierras parcelarias. Al efecto se acuerda: Agréguese a los autos para que obre como corresponda, con apoyo en el precepto 119, de la Ley de la Materia, se tiene por admitida la documental que exhibe el autorizado de la parte quejosa, misma que se desahoga atenta a su propia y especial naturaleza jurídica, la que será valorada al momento de emitir el fallo correspondiente.
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